PIDEN QUE BONFATTI "TOME MEDIDAS" CONTRA POLICIAS
"Sedición inaceptable"
El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, solicitó que el gobernador exonere o pase a retiro a los cabecillas del motín. "Dejaron sin seguridad a los santafesinos", dijo.
Desde Santa Fe
Rossi afirmó que la situación hubiera sido más grave, de no ser por las fuerzas nacionales.Imagen: Sebastián Granata
El ministro de Defensa Agustín Rossi dijo que el alzamiento en armas de la Policía santafesina contra el gobierno de la provincia "es inaceptable para la vida en democracia", advirtió que el "estado de asamblea" en la fuerza "quebró la cadena de mandos", que "será muy difícil recomponer" y le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que "tome todas las medidas que sean necesarias" para exonerar y pasar a retiro a los cabecillas del motín. Bonfatti lo calificó como "una sedición". "Lo que sucedió en la provincia no se puede admitir bajo ningún punto de vista porque dejaron sin seguridad a los santafesinos. Y en Rosario, la situación no fue más grave porque hubo una fuerte presencia de Gendarmería y fuerzas nacionales", agregó Rossi.
En declaraciones a la FM 91.5, Rossi dijo que "después de poner en jaque a la provincia durante cuatro días", la Policía de Santa Fe "salió más desprestigiadas de lo que estaba. Y nosotros necesitamos fuerzas de seguridad prestigiadas, que tengan un nivel de ponderación ante el conjunto de la sociedad porque si no la sociedad cree que son parte del problema y no de la solución".Rossi cree que no hubo "efecto contagio" por lo que sucedió en Córdoba y se extendió a otras provincias, con lo cual avaló la hipótesis de que los planteos fueron parte de un plan. "No son reclamos salariales, punto y aparte. Ningún policía puede ignorar que una decisión de estas características convierten a ciudades como Rosario y Santa Fe en zonas liberadas y las zonas liberadas son para que actúen los grupos violentos y los grupos criminales. Eso es absolutamente obvio. Después, si me dicen que tiene una coordinación previa, es difícil demostrar, pero a los efectos prácticos, es claramente así. Ninguna fuerza de seguridad en el mundo genera situaciones como las que se generaron en Santa Fe y en otras provincias. Y eso las aleja de cumplir su misión básica".
Una de las claves es "garantizar el control político y civil de la fuerza de seguridad, la conducción política de la fuerza de seguridad, que exige una cantidad de políticas que hay que llevar adelante", dijo el ministro. "La política tiene que reafirmar su conducción de la fuerza de seguridad y exigir una fuerte disciplina" de los cuadros.
Ante una pregunta sobre los cabecillas del alzamiento policial, Rossi recordó los golpes carapintadas de los '80. "Más allá de las valoraciones que se puedan hacer, en ese momento hubo instrucciones y sumarios militares a los principales jefes del alzamiento que terminaron en sanciones y retiros. Esta es una situación clara. Yo espero que ahora, (el gobernador Bonfatti) actúe de la misma manera hacia el interior de la fuerza policial. Cuando se produjo lo de Gendarmería, hubo una cantidad de oficiales que pasaron a retiro por situaciones de esas características. Y en esto también tiene que haber una decisión política del gobierno de la provincia. En un diario de Rosario salió la imagen de un policía con una foto que satirizaba a Bonfatti. Eso es inaceptable. El gobernador es la máxima autoridad constitucional de la provincia y tiene la responsabilidad de conducir la Policía, que le debe obediencia. Esto es así. La fuerza de seguridad le debe obediencia al gobernador, no le debe otra cosa. Entonces, esas situaciones se deben resolver desde otro lugar y de otra manera, no hay ninguna duda", apuntó.
-Cree que el gobierno de Santa Fe terminará con esa cantinela de echarle la culpa de todo a la Nación? Que la detención de Tognoli era un operativo político. Que querían intervenir la provincia.
-Esa es otra historia. Lo dije cuando balearon la casa de Bonfatti y lo reafirmo. Me alegro que ahora todos tengamos la misma visión de lo que es el fenómeno narco en la provincia y de los niveles de connivencia que hay en las fuerzas de seguridad con el delito narco. Pero esa coincidencia no es óbice para que me olvide de todos aquellos, incluso periodistas, que calificaron al ex jefe de Policía de la provincia (Hugo Tognoli) como un preso político. Me parece que ese escenario y esa valoración fue un error. Lo tomo como eso, como un error, un mal análisis que retrasó acciones que se podrían haber realizado mucho antes. Si en lugar de ver una operación política o una mano negra, se hubiese tomado lo que pasó como una advertencia y un hecho que obligaba a modificar políticas quizás las reacciones hubiesen sido mejores y hoy estaríamos en una mejor situación. Celebro hoy hagan ese análisis porque cuando yo lo decía en soledad me descalificaban y me decían que era tremendista.
-Hasta lo acusaron de haber armado la detención de Tognoli.
-Cada vez que se excusaban o tiraban responsabilidad en otro lado, yo sentía que nos alejábamos de la resolución del problema. Bueno, esa historia ya pasó. Hoy la situación es otra y uno ve en el gobierno provincial y en sus funcionarios una actitud más decidida en el combate contra el delito narco y nos aproximamos a una coincidencia sobre la gravedad de la situación.
EL GOBIERNO DESESTIMA LA AGREMIACION POLICIAL Y LANZA OTRAS INSTANCIAS
Terminar con el autogobierno
El ministro de Seguridad aseguró que la formación de comités de higiene y seguridad mixtos será una instancia de diálogo "inédita". El diputado Eduardo Toniolli reflota su proyecto de sindicalización y reforma integral de la fuerza.
Por Luis Bastús
El levantamiento policial de la semana pasada volvió a poner en debate el derecho de agremiación.Imagen: Alberto Gentilcore
La rebelión policial que prendió en varias provincias durante los últimos días volvió a poner en agenda el debate sobre el derecho y la viabilidad de una fuerza pública armada por acceder a alguna forma legítima y legal que la represente en sus reclamos, y de fondo, la hora de aplicar una reforma estructural de la institución, tradicionalmente militarizada. El gobierno provincial desestima la posibilidad de otorgar derecho a la agremiación de sus uniformados. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, reveló que la coyuntura apuró la constitución de los comités mixtos de higiene y seguridad, con representantes que los policías elegirán de sus propias filas, por voto secreto. "En dos o tres meses, deberían estar funcionando y esa será una primera instancia de diálogo, inédita en el país", destacó. En Diputados aguarda desde mediados del año pasado un proyecto de ley que aborda esta cuestión y que perderá estado parlamentario cuando concluya el período de extraordinarias. Su autor, Eduardo Toniolli, quiere reflotarlo pero en el marco de "una reforma policial integral" que apunte a desarticular el histórico autogobierno de la institución, que hoy cuenta con unos 18.000 hombres en toda la provincia.
Lamberto explicó que en este debate abierto la posición oficial es la decisión contenida en el Plan de Seguridad Democrática presentado el año pasado, y que apunta a crear comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo de policías y agentes del Servicio Penitenciario. Esta medida ya tiene resolución del Ejecutivo, y en el decreto de esta semana con la que Antonio Bonfatti puso punto final a la rebelión también se instó a habilitar los registros de postulantes en cada una de las 19 unidades regionales que aún persisten.
De esas nóminas la tropa elegirá por voto secreto y universal a sus representantes que integrarán los comités de seguridad e higiene. "Santa Fe es la primera provincia en prever esta instancia de diálogo en la que se discutirán las condiciones del trabajo policial y penitenciario, que delinea la representación válida de la fuerza y le da legitimidad a sus demandas. También servirá como una instancia para contener asuntos relacionados con lo salarial", dijo Lamberto a Rosario/12. "En dos o tres meses deberían estar implementados", agregó el ministro.
Desde otro punto de vista, el diputado Toniolli interpretó que los alzamientos policiales empezaron como reclamos válidos y que acabaron mostrando "vocación sediciosa, con saqueos disparados por esa misma lógica". Por eso, el autor del proyecto de ley de sindicalización policial y penitenciaria para Santa Fe propuso "discutir ahora sí de una vez por todas la necesidad de desarticular el autogobierno policial. La democracia tiene autoridades constituidas por voto popular y es la que tiene que conducir a la policía en todos sus distritos", indicó.
El legislador kirchnerista promovió un paquete de medidas que abordan la cuestión policial. El único que obtuvo aprobación ha sido la creación de un organismo de investigación policial por fuera de toda autoridad de la fuerza, y a las órdenes directas del Ministerio Público Fiscal de la provincia, hoy a cargo del fiscal general Julio De Olazábal. Lo que vulgarmente se le ha dado en llamar "la policía judicial". Otra iniciativa es la quita de la facultad que hoy se arroga la policía de interrogar a los detenidos y que esa acción tenga valor en el expediente como una declaración indagatoria. La última propuesta es la que apunta a conceder ciertas formas de sindicalización de policías y penitenciarios. Este proyecto, que no ha sido atendido aún por la agenda política pero que los sucesos de la semana pasada desempolvaron, apunta a modificar la ley 12.521 que establece las funciones y atribuciones del personal policial. En este sentido, propone habilitar la constitución de "organizaciones sindicales para la defensa de sus intereses profesionales, así como afiliarse a las mismas y participar activamente de ellas en los términos previstos en la legislación". Pero en el mismo gesto de apertura, el proyecto marca el límite particular del servicio esencial que detenta la fuerza de seguridad pública: "No podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios". En la misma dirección, la iniciativa propone que "las licencias gremiales que se otorguen al personal policial se rijan por las disposiciones pertinentes vigentes para el personal de la administración pública provincial".
La idea persigue la necesidad que en los últimos días marcaron distintos protagonistas y observadores de la asonada policial: la falta de oficio político, de coordinación, y de representantes propios que demostró el colectivo de agentes y suboficiales para saber conducir la discusión de su reclamo salarial.
Toniolli aclaró que "lo primero sería discutir seriamente una reforma policial integral, que erradique el autogobierno de la fuerza, y no largar sólo con la agremiación porque eso solo alentaría la vocación corporativa de los sediciosos". El legislador se pronunció "conceptualmente de acuerdo con el derecho de sindicalización, pero con limitaciones a discutir y en el marco de una reforma que garantice una policía con mayor conducción política y mayor control social de la misma". En ese sentido, reiteró su objeción de que los policías sospechados de delitos sean investigados por colegas, como los de Asuntos Internos.
Toniolli propuso abrir este debate. "No era común que en política se planteara esto, es mejor tener ámbitos orgánicos de representación, con acceso a paritaria, y no propiciar conspiraciones. Podría darse la figura del defensor que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que canaliza los reclamos del personal. La cuestión central es romper el autogobierno", concluyó.
Fuente:Rosario12
14.12.2013
DECLARACIONES
Ángel Sciara dijo que para pagar el aumento policial no "cargará a la gente con nuevos tributos"
El Ministro de Economía de Santa Fe negó de plano que se disponga un aumento de impuestos para cumplir con las obligaciones que se contrajeron con las fuerzas de seguridad. "Hubo comentarios inoportunos. No vamos a cargar a la gente con nuevos tributos. Nosotros tendremos que hacer una ejecución presupuestaria con todo el rigor la responsabilidad que nos caracteriza. Además, vamos a trabajar para no resentir la obra pública", sostuvo el mandatario provincial.
Sciara, Ángel - Foto Agenciafe
En declaraciones a Radio Universidad de la capital provincial, el funcionario explicó que "hubo comentarios inoportunos. No vamos a cargar a la gente con nuevos tributos. Nosotros tendremos que hacer una ejecución presupuestaria con todo el rigor la responsabilidad que nos caracteriza. Además, vamos a trabajar para no resentir la obra pública".
Acerca de la aprobación del Presupuesto 2014 realizada ayer por la Cámara de Diputados, Sciara expresó que "nosotros trabajamos para tener el presupuesto aprobado y comenzar su ejecución el 1º de enero. Afortunadamente, así lo hizo la Legislatura y estamos muy complacidos. Si bien tuvimos algunas modificaciones en el Senado, tenemos un buen presupuesto".
Acerca de si el presupuesto le servía a la provincia para hacer frente a los aumentos salariales del año venidero indicó que "en el presupuesto uno estima los montos que van a ingresar y lo que podría llegar a gastar. En este sentido, la ejecución del presupuesto es clave. Nosotros tenemos una gran experiencia de ejecución presupuestaria para poder hacer frente a las recomposiciones salariales".
Sobre el impuesto verde que quedó afuera del presupuesto, el ministro de Economía señaló que “seguiremos estudiando este tema y trataremos de tener un proyecto para presentar, con las observaciones que se hicieron en su manera de implementación. La decisión política la tomará el gobernador”.
Fuente:AgenciaFe
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