Una masiva marcha esperan realizar el próximo miércoles 29 de enero, a partir de las 08:00 am desde el sector Caunahue hasta Calcurrupe (Futrono) comunidades mapuche williche pertenecientes a la Alianza Territorial Puelwillimapu en rechazo a la instalación de centrales hidroeléctricas y pisciculturas en las comunas de Lago Ranco y Futrono.
La manifestación responde a la parcialidad que ha tenido el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para favorecer a las empresas que buscan instalar mega proyectos sobre las tierras de las comunidades de calcurrupe, lof huequecura, curriñe, chabranco, maihue y rupumeika.
Otro problema está relacionado con el actuar de la CONADI Los Ríos, quien está tratando de favorecer la creación de comunidades indígenas proclives a negociar con empresas que buscan invertir a través de distintos mega proyectos en el territorio de las comunidades mapuche williche.
“Es un llamado de atención a la población porque estamos siendo amenazadas por 3 o 4 hidroeléctricas que se quieren instalar en el rio florín de caunahue, a la vez 2 pisciculturas en el río calcurrupe, paralelamente ya se autorizó una central hidroeléctrica en el sector de curriñe-chabranco y la empresa Totoral pretende intervenir 8 ríos con la construcción de una central hidroeléctrica que afectará gravemente a las comunidades de la cuenca del lago maihue”, señaló José Gómez, werken del lof huequecura que agrupa a 4 comunidades mapuche-williche de la comuna de Futrono.
“Necesitamos estar más informados sobre el papel que están cumpliendo algunos servicios públicos en cuanto a los procesos de consulta que le competen a las comunidades indígenas, pues no se están cumpliendo los estándares mínimos que establece el convenio 160 de la OIT”, agregó el dirigente.
Finalmente, junto con valorar la posición de rechazo que ha tenido la alcaldesa de Futrono Sara Jaramillo ante la llegada de mega proyectos empresariales, también alertaron sobre los peligros y afectaciones que se producirán para productores locales, micro y pequeños empresarios turísticos y agrícolas, puesto que las aguas de los ríos calcurrupe y caunahue, desembocan directamente en el lago ranco. Por otro lado, la instalación de la central hidroeléctrica en el rio curriñe y la posible construcción del proyecto hidroeléctrico de la empresa totoral afectarán de la misma manera en la desembocadura del lago maihue y las comunidades de la zona.
Por José Luis Vargas
Cero avance en DD.HH. durante período Piñera
Esta mañana Chile debió presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el contexto de su segundo Examen Periódico Universal (EPU). La instancia dejó en claro que poco y nada ha cambiado desde la rendición anterior, a cuatro años y medio las recomendaciones sobre Chile vuelven a coincidir. Al igual que en el primer ciclo del año 2009, las principales materias ante las cuales los otros Estados hicieron su llamado de atención fueron: Pueblos indígenas, violencia contra la mujer, el ejercicio de torturas, justicia militar, entre los más destacados.
En este contexto el Observatorio Ciudadano, decidió compartir con la prensa lo que fue el informe 2013 de la Sociedad Civil en materias de D.D.H.H, el cual entrega el balance de las distintas organizaciones ciudadanas. Ya lo venían anunciando las distintas Organizaciones No Gubernamentales de nuestro país, el cumplimiento de Chile en cuanto a sus avances en materia de Derechos Humanos ha sido insuficiente. “No podemos afirmar que haya algún avance sustantivo durante la administración de Sebastián Piñera”, afirmó José Araya del Observatorio Ciudadano, quien se refirió especialmente a lo que fue el año 2013. Todo esto se vio reflejado esta mañana cuando Chile debió enfrentar el Examen Periódico Universal (EPU), donde muchas de las recomendaciones efectuadas por el resto de los Estados coincidieron con aquellas recibidas el año 2009 en la primera rendición de cuenta.
Por su parte, las organizaciones ciudadanas se dieron a la tarea de realizar diferentes informes alternativos, pues estos son considerados dentro del EPU, al mismo tiempo que confluyeron en la elaboración de un informe conjunto con los puntos más relevantes sobre la situación de Derechos Humanos en Chile. El informe de Sociedad Civil referido al año 2013, aborda derechos civiles y políticos, libertad de expresión, derecho a manifestación, pueblos indígenas, inmigración, derechos de la mujer, diversidad sexual, derechos de niños y niñas, derechos económicos sociales y culturales, diversidad de ingresos, entre otros.
El diagnósticos es transversal y compartido por todas las organizaciones, y así lo manifiesta Araya, “básicamente el informe da cuenta de una insuficiencia total en avance de materias de D.D.H.H en Chile”. Por otro lado si bien no existieron superaciones por parte del Estado, sí existieron por el lado de la ciudadanía, “creemos que el 2013 fue un año que finalmente consolidó un avance en la discusión pública en distintos aspectos de derechos humanos y eso demuestra un cambio sustantivo en la conciencia ciudadana pro derechos humanos”, postula José Araya.
En ese mismo contexto, el informe destaca como el mayor logro en materia de Derechos Humanos: la instalación de la necesidad de un cambio constitucional y el debate sobre la Asamblea Constituyente.
“Por primera vez desde el retorno a la democracia el tema del cambio de la Constitución pasa a ser un punto relevante en un programa de gobierno, y eso sin duda es el hecho más destacado que ocurrió el 2013”, dice el coordinador del Observatorio Ciudadano.
A la conferencia asistieron también algunos representantes de los redactores del informe en distintas materias de Derechos Humanos.
En cuanto a la infancia y la adolescencia, Paulina Solis de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), enfocó su explicación en esclarecer que Chile es un Estado que ya lleva casi un cuarto de siglo sin ser capaz de tener y contar con una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una deuda acarreada desde los años ‘90 con la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños. A su vez, hizo referencia al proyecto de ley enviado por el ejecutivo el año pasado -aún estancado-, “este es un proyecto que no da cuenta de los mecanismos necesarios para la plena satisfacción y el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto que supedita el reconocimiento y condiciona el ejercicio de los D.D.H.H de la infancia y la adolescencia al cumplimiento de deberes, por lo tanto debiera ser completamente desechado”. Finalmente el hincapié fue a la necesidad que tiene este país de cambiar su paradigma, “hemos identificado que todas las apuestas del gobierno saliente han estado enfocadas al tratamiento de los niños y niñas como objeto de tutela estatal y no como sujetos de derechos”, afirma Solis quien destaca el hecho de que Chile es el único de Latinoamérica que aún no tiene una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, en lo que refiere a los derechos económicos y sociales, se refirió Martín Pascual del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), “los derechos laborales y previsionales siguen siendo vulnerados de distintas maneras en este país…El sistema de las AFP, obligatorio e impuesto durante la dictadura, vulnera de manera significativa el derecho a la seguridad social”. Para Pascual claramente no ha habido cambios y más bien lo que se ha conseguido es perpetuar la evidencia de los niveles de desigualdad y precariedad del empleo en nuestro país. El coordinador de CENDA destacó, respaldado de informes, los datos de que el 1 por ciento de este país se lleva el 30 por ciento de los ingresos totales a la vez que el 45,5 por ciento de los empleos creados por el gobierno de Sebastián Piñera corresponden a empleos tercerizados.
En cuanto a la situación de los derechos de migración, Manuel Hidalgo de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y el Caribe (APILA), dio cuenta de la inadecuada normativa de inmigración, una de las más antiguas de Latinoamérica, que sostiene Chile. Todo esto, explica Hidalgo, no es más que una vulneración constante a los derechos de educación, salud, infancia, laboral y vivienda, de los tantos inmigrantes en este país, cuyo principal problema es la situación de irregularidad que incluso ha llevado a dejar niños sin nacionalidad. En cuanto al proyecto de ley presentado por el ejecutivo, Manuel afirma, “éste más que estar centrado en los derechos de las personas se propone una política migratoria adecuada al marco neoliberal”.
Finalmente, dentro de todo este marco de críticas en torno a Chile a la hora de hablar de Derechos Humanos, se destaca el empoderamiento ciudadano, la arista más relevante dentro del Informe de Sociedad Civil. El énfasis recae en lo que este despertar puede significar en un próximo gobierno con tres ejes programáticos centrales: educación, reforma tributaria y nueva Constitución. “Cuán profundas serán estas reformas y cambios, es un desafío que no puede quedar en manos de quienes asuman la administración de este gobierno. La ciudadanía activa que se ha expresado con fuerza en los últimos años, deberá seguir siendo un actor demandante y propositivo”.
Por María Jesús Ibáñez Canelo
El Ciudadano
Opinión 797
El pueblo te llama Michelle
En las elecciones presidenciales de 1946, Pablo Neruda dedicó unos versos al candidato radical Gabriel González Videla, apoyado por el Partido Comunista: “Desde la arena hasta la altura,/desde el salitre a la espesura,/el pueblo te llama Gabriel,/con sencillez y con dulzura/como a un hermano, hermano fiel”.
El resto de la historia es conocido. Con el inicio de la guerra fría, González Videla se alineó con Washington e ilegalizó al PC. La política de alianzas con la burguesía “democrática”, levantada por el PC desde los años 30, se reveló como una ilusión y terminó en un completo fracaso.
Aunque no es probable un desenlace tan catastrófico, las mismas ilusiones se repiten hoy con el apoyo del PC a Michelle Bachelet y su decisión de entrar a formar parte del gobierno de la Nueva Mayoría (la antigua Concertación más el PC). En el pleno del comité central realizado el 21 de diciembre pasado, el PC fijó su postura partiendo de varios supuestos falsos.
El primero de estos supuestos es que el programa de Bachelet “propone una transformación estructural del país, actuando sobre tres ejes principales: nueva Constitución, Reforma Educacional y Reforma Tributaria”.
Cualquier examen del programa revela que éste deja intocados pilares fundamentales del capitalismo neoliberal instaurado por la dictadura y profundizado por los gobiernos de la Concertación. Los cambios que se plantean no proponen terminar con el modelo, sino, como reconoció Ricardo Solari al diario español
El País el 1° de diciembre pasado, salvarlo: “Lo único que pone en riesgo el modelo chileno es no hacer cambios”.
En primer lugar, el programa no propone cambios en aspectos como legislación minera (ni menos revertir el 70% de privatización del cobre), las Isapres, las AFPs y su régimen de capitalización individual ni el Código del Trabajo (Fundación Sol ha calificado las medidas laborales del programa de Bachelet como “tibias”).
En segundo lugar, en las áreas en que el programa sí plantea cambios, éstos vienen con letra chica. La Reforma Tributaria se acompaña de una reducción de los impuestos a los más ricos desde el 40% al 35%: con la “reforma” de Bachelet, Andrónico Luksic pagará menos impuestos.
En la Reforma Educacional, se busca legitimar las posiciones que ha conseguido la educación privada por el medio espúreo de declararlas “de interés público”, siguiendo un engendro conceptual denominado “régimen de lo público”, pergeñado por ideólogos concertacionistas como Alfredo Joignant, inspirado en las políticas del neolaborismo de Tony Blair para privatizar servicios sociales británicos.
En materia constitucional, la redacción de la nueva Constitución quedará en manos del Parlamento binominal, condimentada con “consultas” a los actores sociales, que no son ni vinculantes ni resolutivas. Un escenario similar al que tuvo en su momento la Comisión Asesora Presidencial por la Educación, creada por Bachelet para desmovilizar la rebelión de los “pingüinos” y terminar pactando la LGE con la Alianza.
Ese es el programa que el PC ha hecho suyo y al que jura lealtad política: el programa de la burguesía “progresista” para reconstituir la gobernabilidad del capitalismo neoliberal.
El segundo y decisivo supuesto del PC se deduce de lo siguiente: “Debe quedar claro que no surge del programa un cuestionamiento del capitalismo como sistema. No se visualiza la contradicción capital-trabajo como la generadora principal del conflicto social”.
No es el momento de poner en el centro la contradicción capital-trabajo y por lo tanto, hay que subordinarse a la “burguesía democrática”.
La del PC es la posición clásica del menchevismo: en una revolución democrática, el partido obrero debe subordinarse a la burguesía. El Lenin de Dos tácticas y el Marx de Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas proponían algo diametralmente opuesto: en una revolución democrática, el proletariado debe ir mucho más allá del programa que está dispuesta a respaldar la “burguesía democrática” y debe mantener una orientación política independiente.
Es lo mismo que dice la experiencia latinoamericana reciente: la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez pudo avanzar porque desde el principio rompió con Copei y Acción Democrática -el socialcristianismo y la socialdemocracia venezolanas-, avanzando con su propio programa de reformas democráticas radicales de horizonte emancipatorio.
Allí donde el PC plantea subordinación, la Izquierda anticapitalista debe plantear la independencia del movimiento social. Allí donde aquél se limita al programa de la burguesía “progre”, la Izquierda anticapitalista debe levantar las demandas más avanzadas del movimiento social, aquéllas que rompen efectivamente con los pilares del capitalismo neoliberal: Asamblea Constituyente, renacionalización del cobre, fin de las AFPs, educación y salud gratuitas y otras medidas realmente de fondo, que desde marzo deben volver a sonar fuertes en las calles.
Iván Vitta
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 797, 10 de enero, 2014)
Enviado por Jorge Zabalza
Envío:Amarelle
La temperatura político-social cuando se desvanece enero en Chile
Andrés Figueroa Cornejo
1. Que el gabinete presentado el 24 de enero por la hace poco electa primera mandataria por un 25 % de la población habilitada para sufragar en Chile, Michelle Bachelet, en general, sólo confirma el mantenimiento de la administración de un Estado clave en la organización geoeconómica, política y simbólica del imperialismo norteamericano para Latinoamérica.
Los nombramientos de los titulares de cartera –una anécdota en la orientación estratégica del ultraliberalismo de manual que gobierna al territorio más austral del planeta desde la segunda parte de los 70 de siglo XX- fueron primero promovidos y luego aplaudidos por el empresariado y los representantes políticos de la derecha tradicional aún en La Moneda.
No es preciso detenerse mucho para conocer, por ejemplo, la función que cumplirá el nuevo ministro de Educación (¿y eventual candidato presidencial para el 2018?), Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda del ex presidente y luego funcionario de la ONU por decisión estadounidense, Ricardo Lagos Escobar.
Eyzaguirre fue designado por esos mismos poderes como asesor y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI, una de las fábricas mundiales de la deuda para volver más dependientes a las economías ya dependientes) en plena tiranía pinochetista asediada por el movimiento popular. 12 años después, bajo los gobiernos civiles, fue premiado con el cargo de Director Ejecutivo del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Asimismo fue parte del directorio del canal 13 de televisión abierta de propiedad del grupo Lucsik y uno de los medios entrañables de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica en Chile.
En la misma administración de Lagos Escobar, Eyzaguirre, ante las demandas estudiantiles por la crisis financiera del sistema de enseñanza superior, creó una forma de crédito universitario para beneficio de la banca privada –no existe una pública en Chile- con aval del Estado. Es decir, Eyzaguirre es uno de los funcionarios que gatilló el histórico movimiento estudiantil contra el lucro en la enseñanza. Al conocerse su nombramiento, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago no dudó en afirmar que “Su historia lo condena”.
La mayoría de las individualidades que completan el Ejecutivo de Bachelet tiene vínculos de parentesco o jugaron roles determinantes en materias energéticas y mineras con destrucción ambiental –humanidad y naturaleza- durante los últimos años. Ello resulta absolutamente coherente con el lugar de la economía chilena en la organización internacional del capitalismo. El país de Salvador Allende hoy se sostiene sobre la exportación primaria de commodities ligados al extractivismo minero y maderero (celulosa); es plataforma financiera transnacionalizada; y por el retailer (tiendas comerciales y supermercados que obran también como financieras) en plena expansión transfronteriza. Es decir, capital financiero concentrado que ordena la realización del saqueo de recursos naturales, la industria de la deuda y la especulación, la seguridad social privatizada y en crisis, y la desregulación absoluta de la explotación del trabajo asalariado. La desigualdad meridiana de los ingresos es sólo una manifestación de las contradicciones sociales producidas por uno de los más audaces procesos de acumulación y reproducción del capital en el planeta.
Claudia Pascual es la primera dirigenta del PCCh en acceder a un ministerio en más de 40 años, efecto de la incorporación de esa tienda al compuesto liderado por Bachelet. Se trata de la cartera, en teoría, destacada a enfrentar las formas más excluyentes de una sociedad patriarcal. Pascual tiene los méritos para encarar con rigor y seriedad esa y otras tareas. Sin embargo, los ministerios no operan como estancos autónomos de la dirección ejecutiva estratégica de un gobierno condicionado por los dictados imperialistas. La administración del Estado antipopular chileno funciona como una totalidad de alta unidad de sentido. Y ello sobrepasa las capacidades e intenciones de las personas en particular. Claudia Pascual es antropóloga y lo sabe perfectamente.
2. Que el fallo de la Corte de la Haya, como ya se ha señalado en textos previos, ‘favorecerá’ al Estado peruano. Pero los Estados de Chile y Perú son eslabones necesarios para el sometimiento de América Latina a los intereses norteamericanos. De hecho, Perú y Chile no sólo sostienen fluidos acuerdos comerciales y financieros, sino que constituyen la Alianza del Pacífico, tratado de libre comercio impuesto por el imperialismo Usamericano, tanto para descalcificar el Mercosur, el Unasur y cualquier intento de acuerdo comercial sobre fundamentos simétricos entre los países de América Latina y el Caribe en la lucha de Venezuela y Cuba por dar pasos contundentes hacia el fin de la dependencia político-económica; como para intentar ralentizar la expansión china en los mercados del continente suramericano.
La llamada ‘política de las dos cuerdas separadas’ entre los Estados de Perú y Chile para referirse al mantenimiento de una actuación paralela entre los diferendos fronterizos y las relaciones económicas, es una expresión abstracta salida del diccionario diplomático y no de la realidad. La realidad corresponde a los acuerdos comerciales, la tutela norteamericana y la Alianza del Pacífico. Por eso, más allá de gestos mediáticos y declaraciones ambiguas, los dos Estados supeditarán el fallo favorable a Perú a sus relaciones comerciales.
De todas maneras, más allá de las puestas en escena por arriba, por abajo, organizaciones sociales y personas han ofrecido significativas muestras de hermandad entre los pueblos, aislando el relato y la conducta patriotera y belicosa de grupos abiertamente fascistoides de ambos países.
3. Que mientras la lucha de los trabajadores portuarios remece enero de 2014 y cobra la solidaridad activa de sus pares en Europa y EEUU a través de la disposición a boicotear el arribo de naves provenientes de puertos chilenos que no han logrado su paralización, el gobierno y el empresariado debieron llamar a una mesa de negociación, hasta ahora, ‘mesa de negación’ a las demandas laborales por parte del empresariado. En la madrugada del 25 de enero, el gobierno y los portuarios alcanzaron un pre acuerdo que debe ser refrendado por las corporaciones. Hasta hace muy poco los trabajadores negociaban sus demandas sin desmovilizarse, mientras el Estado empresarial decía negociar, pero sin dejar de reprimir violentamente el movimiento.
La huelga portuaria ha afectado las fibras sensibles de un capitalismo exportador. De ello y de su voluntad insobornable y organización radicalmente democrática dimanan sus fueros. Como se ha mencionado antes, la batalla de los portuarios, más allá de los pesos, ha encarnado un capítulo ejemplar de la resistencia de los trabajadores contra el subcontratismo y la tercerización, tendencia actualmente predominante en las relaciones capitalistas para extraer un mayor excedente de la explotación humana y de la expoliación de recursos naturales. Al interior del país, los portuarios han recibido la solidaridad de otros sectores del sindicalismo en lucha, estudiantiles y Mapuche. Y la población, en general, aprueba el combate sensiblemente, pero de manera inorgánica.
Quedan pendientes entonces y por ahora, la firma empresarial al pre acuerdo, la evaluación crítica del comportamiento obsecuente de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores y sus consecuencias políticas en el campo del trabajo organizado, y las potencias del pueblo trabajador para refundar un sindicalismo de lucha, independiente de los intereses estatales y del capital.
Envío:Andrés Figueroa Cornejo.
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