rechazó las trabas puestas al sistema en córdoba por parte de de la sota
Capitanich: "No puede haber ninguna restricción a la TDA"
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a fijar ayer la posición del gobierno nacional ante la negativa de la administración encabezada por el gobernador José Manuel de la Sota a la instalación de antenas de la TDA en parte de la provincia de Córdoba. Capitanich reiteró que "no puede haber ningún tipo de restricciones a la posibilidad de que cualquier argentino pueda disfrutar de una tecnología de acceso libre y directo".
Los diputados nacionales por Córdoba del FPV Fabián Francioni y Martín Gill también cuestionaron a De la Sota por las trabas y negativas a la instalación de las antenas de la TDA. Francioni consideró que "es una pena que el gobernador De la Sota tome una decisión que priva a la gente que vea televisión de calidad sin costos. Es una tristeza que el gobernador se oponga a que los cordobeses, que no pueden paga el cable, no puedan acceder a la Televisión Digital Abierta y gratuita". A pesar de esto, Francioni se expresó esperanzado en que el mandatario cambie de postura. "Se va a sentar y va a recapacitar. Tiene que pensar en los cordobeses. Me sorprende que un gobernador peronista no piense en la gente", sostuvo Francioni.
Gill, por su parte, destacó la función de la TDA como "un modelo de inclusión para que todos los sectores puedan acceder a una televisión pública y gratuita de calidad", y señaló que "hoy se trata de permitir que la gente de esa ciudad y su zona de influencia pueda acceder a esto, que no es sólo un servicio sino también un derecho". Gill sostuvo que esta medida adoptada por el mandatario provincial "impide que el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto pueda aportar información a los ciudadanos a través de la señal de la TDA", y agregó: "Sería importante que desde todos los sectores le pidamos al gobernador De la Sota que en el marco del convenio, que ya está firmado, encauce el diálogo que permita que la gente pueda acceder a la televisión digital gratuita." Por último, el diputado subrayó que "la antena de TDA en Río Cuarto está operativa pero no entró en funcionamiento y es necesario que lo haga", y reiteró que "no es sólo un servicio, sino que forma parte de un derecho de los ciudadanos de acceder a la información".
En diciembre de 2012, la Secretaría de Ambiente de la provincia mediterránea resolvió la clausura del predio donde se montó la antena de la TDA en Río Cuarto, por medio de un convenio entre Arsat y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). A principios de enero de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó la cautelar dictada por el juez federal Carlos Arturo Ochoa, a raíz de una presentación de la Universidad Nacional de Córdoba, que impide desmantelar la antena.
Sin HD.
Por la negativa a instalar antenas de TDA, los usuarios afectados en Córdoba no podrán acceder a las transmisiones gratuitas y en High-Definition del Mundial Brasil 2014.
22.01.2014
Están imputados por "desobediencia a la autoridad" e instigar a cometer delitos durante el autoacuartelamiento del 3 y 4 de diciembre pasados
Comenzaron a indagar en Córdoba a los policías detenidos a raíz de los saqueos
Se presentaron, ante el fiscal Garzón, cuatro de los 16 agentes apresados, pero se negaron a dar testimonio y rechazaron las acusaciones. Hoy continúan los interrogatorios. Ayer, la esposa de un uniformado denunció al gobierno de De la Sota.
El oficial Fernando Arrascaeta fue uno de los agentes que ayer fue citado por el fiscal. Su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, aseguró a Cadena 3 que su representado "ha negado los hechos y se ha abstenido de declarar". "Mañana (por hoy) voy a presentar un pedido de control jurisdiccional por entender que esta imputación no corresponde", detalló Cesaratto.
"El tiempo de extensión de las declaraciones tendrá relación a la posición que cada uno (de los policías) tenga, si declarará o se abstendrá, de acuerdo al consejo de las defensas", explicó ayer el fiscal. Por lo pronto, mañana seguirán las indagatorias.
Además de los 16 policías, se destaca la detención de Adriana Rearte, ex integrante del Servicio Penitenciario Cordobés, esposa de un uniformado retirado y referente de "Las Rosas Azules", un grupo de mujeres que apoyó a sus maridos en la rebelión con medidas concretas como el bloqueo, el día del acuartelamiento, de la sede de la Guardia de Infantería. Por este hecho se la imputó de "entorpecimiento funcional".
Justamente, la esposa de otro policía realizó ayer una curiosa denuncia contra el gobierno cordobés: lo acusó de "terrorismo de Estado" por, supuestamente, haber intervenido los celulares de las mujeres de los agentes y considerar que el Ejecutivo no cumplió con lo pactado con los sublevados, según informó Cadena 3.
Otra novedad en la causa fue que el Colegio de Abogados de Córdoba se presentó como querellante para esclarecer si la policía local "fogoneó" los saqueos que se derivaron del acuartelamiento. "A todos los cordobeses nos quedó la sensación de que existieron ciertas zonas liberadas donde los saqueadores actuaron con una facilidad y desparpajo increíble", a firmó Alejandro Tejerina, titular de la entidad profesional, al Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Tejerina señaló que se reunieron con Garzón. "Acercamos propuestas o líneas de investigación y obtuvimos una gran respuesta", valoró.
La pesquisa judicial había recibido un fuerte impulso el jueves último, cuando se registraron las 17 detenciones. El mismo día, el gobierno nacional envió un contingente de 1200 agentes federales por expreso pedido del mandatario provincial, José Manuel de la Sota, quien está realizando una renovación de la fuerza de seguridad local.
la pampa: a la justicia provincial
En la investigación sobre los cabecillas del autoacuartelamiento policial de diciembre pasado en La Pampa, la jueza federal subrogante Lara Silvestre se declaró incompetente para llevar adelante el expediente. Argumentó que el hecho "no afecta la seguridad de la Nación y es un delito de competencia de la justicia provincial".
La jueza tomó esta decisión ante el pedido de investigación elevado por "sedición" de parte de la Fiscalía Federal, en referencia al reclamo salarial de los uniformados de La Pampa el 11 y 12 de diciembre.
alerta en catamarca
El gobierno de Catamarca ordenó investigar ayer la convocatoria a una nueva revuelta policial, que estuvo circulando por redes sociales y mensajes de textos. El secretario de Seguridad de Catamarca, Juan Pablo Morales, confirmó que se inició un sumario y advirtió que los responsables serán "severamente" sancionados.
"Directamente se pasará a disponibilidad a los efectivos que pretendan participar de una nueva protesta como la que ocurrió a comienzos de diciembre del año pasado", afirmó Morales, luego de reunirse con el jefe de policía, Julio César Gutiérrez, y los comisarios.
El funcionario recordó que en el acta que se firmó en diciembre, en medio de la primera rebelión policial, se acordó que "cualquier reclamo a la autoridad provincial debía seguir la vía jerárquica y administrativa".
"No vamos a violar la privacidad de nadie, ni las garantías constitucionales, pero queremos saber de dónde surge este tipo de maniobras que sólo pretenden desestabilizar", dijo el secretario.
Según trascendió, los efectivos temen que no se cumpla el aumento del 44 pro ciento. Morales aseguró que ya se les pagó 1000 pesos y que la gobernadora Lucía Corpacci ratificará el incremento salarial cuando regrese de Buenos Aires.
22.01.2014
el fiscal podría disponer nuevas imputaciones y detenciones
Avanza el "narcoescándalo"
La causa por el denominado "narcoescándalo" en Córdoba –que involucra a policías y traficantes de drogas– podría sumar nuevos sospechosos en las próximas semanas. Así lo adelantó el fiscal federal a cargo de la investigación, Enrique Senestrari, que para febrero, una vez finalizada la feria judicial, evalúa disponer nuevas imputaciones y también otras detenciones.
"Hay hechos que están confirmados y va a haber imputaciones cuando llegue febrero. Eso ya está preparado", explicó Senestrari en declaraciones radiales. El fiscal también recordó que, "antes de fin de año, presentamos un escrito ante el juez (Ricardo Bustos Fierro) para que dicte las prisiones preventivas".
Por segunda vez, el abogado Gustavo Franco pidió la excarcelación de su defendido, el ex comisario Rafael Sosa. "No se ha podido demostrar ninguna prueba", sostuvo.
Fuente:TiempoArgentino
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