Guatemala: Las transnacionales no trajeron progreso, sólo conflictos
por Adazahira Chávez
Madona. Guache y lápiz sobre papel: Martín Ramírez, ca. 1950-1953
Guatemala vive un momento crucial. A dos años del inicio del gobierno del general y ex kaibil Otto Pérez Molina (2012-2016), la criminalización y represión a los movimientos sociales trajo un ambiente igual al de los años ochenta —antes del genocidio—, pero a la vez, las organizaciones sociales, especialmente las indígenas, están en efervescencia, afirma Domingo Hernández Ixcoy, miembro cofundador del Comité de Unidad Campesina, integrante de la Asociación Maya Uk’ U’X B’E y miembro de Ajpatán Samaj y de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej.La batalla tiene similitudes con las de otros rincones de América Latina. El líder maya señala que los pueblos indígenas fueron arrojados a los lugares donde ahora habitan (Huehuetenango, el Quiché y Cobán, por ejemplo), después de que los colonizadores les echaran de las mejores tierras. Y resulta que es en sus comunidades actuales donde se encuentran las riquezas que las transnacionales y las élites locales quieren explotar a través de minas, hidroeléctricas y cementeras.
El frente no se encuentra solamente en la defensa de la tierra, sino en la de la memoria. “El año 2013 tiene mucho significado para nosotros. Es la primera vez que el tema de genocidio comenzó a tener un escenario importante, tanto a nivel nacional como internacional”, apunta Hernández Ixcoy —amenazado de muerte en diversas ocasiones— para referirse al juicio que se sigue contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983.
Las mujeres sientan al acusado. Es la primera vez que en Guatemala se juzga a un jefe de Estado como autor intelectual del crimen de genocidio, y que los pueblos indígenas utilizan los espacios del sistema de justicia, remarca Domingo Hernández. El proceso contra Ríos Montt comenzó en abril de 2013 y en mayo fue sentenciado a 80 años de prisión, pero su defensa consiguió que el juicio fuese anulado.
A pesar de que el proceso deberá repetirse hasta 2015 y de que el mismo presidente Pérez Molina impulsa la amnistía para el exdictador, el precedente es importantísimo para la justicia en América Latina, considera el líder maya: “El primer punto que se discute ahora es si hubo genocidio o no, pero nadie niega la existencia de represión y asesinatos. Y en ninguna otra parte del mundo han sido juzgados los genocidas en su propio país”.
“Es igual que en los ochentas: una campaña de desprestigio a través de medios de comunicación y funcionarios antes de iniciar el genocidio”
Las querellantes en el caso son mujeres ixiles. “Entienden que el juicio fue anulado, pero dicen que es la primera vez que las mujeres logran que un militar prepotente y represor se siente en el banquillo de los acusados. Y a Ríos Montt lo vieron cansado y con miedo. Esto, para los pueblos indígenas que han vivido bajo presión estos últimos 500 años, es un paso muy importante”, considera el guatemalteco. El juicio también sembró el temor entre los militares y las élites civiles que colaboraron y se beneficiaron de los años del genocidio y por eso se entiende la anulación, agrega.
Defensa del territorio. “A partir de la llegada de las transnacionales —principalmente de capital canadiense, norteamericano, italiano y colombiano— comienza para nosotros una nueva invasión”, asienta Hernández Ixcoy. Además de marchas y bloqueos, las comunidades decidieron utilizar el Convenio 169 de la oit para defenderse y exigir su derecho a la consulta.
La experiencia de las comunidades es que las transnacionales traen represión, “porque a donde llegan, comienza la resistencia de los pueblos”, explica el dirigente. En segundo lugar, son actores principales para la articulación de bandas de fuerzas de choque contra las comunidades; y en tercero, los pueblos pierden derecho territorial porque se impone la propiedad privada. “Y en ninguna región donde hay proyectos hemos visto progresos, sólo nuevos conflictos”, atiza el dirigente, de cabello cano y risa fácil.
Como resultado de la ofensiva de las transnacionales, los indígenas comenzaron a articularse por regiones, por encima de diferencias religiosas, étnicas y políticas. La zona Reyna, Ixcán, Cobán, la Sierra de Minas, San José del Golfo, San Juan Sacatepequez y la costa sur son las principales. Hernández Ixcoy —miembro del comité organizador de la marcha Indígena, Campesina y Popular que movilizó a mas diez mil personas y recorrió 212 kilómetros, en marzo del 2012— apunta que incluso gente que formó parte de las paramilitares patrullas civiles o del ejército se incorpora a la organización de los pueblos.
Antesala del genocidio. A la par de la organización de las comunidades, llegó la “brutal” criminalización y violencia contra los movimientos sociales. Dos niños asesinados en Cobán, estado de sitio contra el pueblo xinka, secuestro de cuatro de sus dirigentes y asesinato de uno de ellos, activistas encarcelados en Barillas y San Juan Sacatepequez, y el proceso judicial contra la periodista Francisca Gómez Grijalva son algunas de las muestras.
“Es una situación de terror”, resume Hernández Ixcoy. “Es exactamente igual que en los ochentas: iniciaron una campaña de desprestigio a través de medios de comunicación y funcionarios antes de iniciar el genocidio”.
Además de acusar a las organizaciones populares de estar vinculadas al narcotráfico y a las maras, el gobierno también pretende justificar la represión diciendo que están manipuladas por la cooperación internacional. “Es una mentalidad heredada de la Colonia, en la que los indios no somos capaces de organizarnos nosotros mismos”, acusa Hernández.
De frente al estado de sitio. Las organizaciones decidieron tomar al toro por los cuernos. Durante los estados de sitio, la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej llamó a reuniones, en las que logró reunir hasta a 3 mil 500 personas —cuando el límite impuesto es de tres. “Es necesario enfrentar la represión y desobedecer las leyes injustas, que se imponen en beneficio de las transnacionales”, afirma el dirigente.
Las organizaciones —en las que lo mismo entran indígenas que mestizos, pues “las transnacionales no distinguen”— han realizado más de 70 consultas bajo tutela comunitaria, apelando al convenio 169 de la oit. Incluso la Corte Constitucional tuvo que reconocer la validez de la realizada en Mataquescuintla contra la minería, porque reunió los requisitos de ley. “Sabemos que un asesor del gobierno, Eduardo Aguirre, está planteando que el gobierno debe buscar la forma de renunciar al 169, porque el movimiento ya está muy fuerte”, afirma el coordinador de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej.
“Toda la movilización que hemos hecho obliga a la sociedad a no ver a los pueblos indígenas como marginales, sino como protagonistas”, valora el líder maya. “Pensaron que con el genocidio nos iban a callar por mucho tiempo, pero estamos recuperando nuestra capacidad de acción”.
El Chaco, Paraguay
Desplazados por la soya en un bosque de Palosantos
Ramón Vera Herrera (Ojarasca/ Grain)
San Pedro, El Chaco, Paraguay.
Viendo pasar los pantanales cubiertos de maleza y desechos en lo que alguna vez fueran áreas forestadas semitropicales de vastas variedades de vegetación, mientras los autobuses recorren las plantaciones de soja [soya], es imposible no pensar que hay casi un código implacable que mueve la problemática paraguaya: acaparamiento de tierras, violencia paramilitar, desplazamiento forzado; la entereza de los grupos de colonos, campesinos, asentados y jornaleros excluidos; el golpe de Estado que estableció el control de las corporaciones agroindustriales y la renovada explotación a ultranza y sin miramientos de los territorios. El atropello parece haberse establecido. Hagamos un poco de historia.
Golpe de Estado transgénico. El gobierno del derrocado presidente Fernando Lugo había comenzado a abrir el muy descompuesto panorama de las relaciones agrarias en el ámbito rural paraguayo: “una distribución tan desigual que 85 por ciento de la tierra (unos 30 millones de hectáreas) se halla en poder de 2 por ciento de los propietarios, situación que produce una permanente tensión en la que la violencia para-policial y por parte de las fuerzas públicas es cosa de todos los días y es acompañada por la criminalización de las luchas campesinas”, como insistió la Alianza Biodiversidad, espacio organizativo con anclaje profundo en once países del continente.
A mediados de 2012, ocurrió una matanza en Curuguaty, localidad de Marina Cué, en el interior de Campos Morombí sa, una empresa “sospechosa de estar asentada en tierras malhabidas”, afirma la organización Conamuri. Ahí perdieron la vida 11 campesinos sin tierra y 6 policías, en un “confuso episodio de desalojo”, una emboscada de la que se defendieron los campesinos, y no al revés como afirman las autoridades y los medios proclives al gobierno golpista.
La comisión investigadora independiente encabezada por el jurista Aifor Martínez (con respaldo de abogados y personalidades locales) insiste en que según los testimonios recabados de primera mano entre campesinos, policías, funcionarios, familiares, empleados hospitalarios y fotógrafos presentes, asoman las inconsistencias con la versión oficial. Resalta la posición en el terreno de francotiradores desconocidos, “provistos de armas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de operaciones de la policía mientras negociaban”. Los campesinos solamente contaban con escopetas de caza y otras armas rudimentarias por lo que no fue posible resistir el embate de los verdaderos atacantes.
Hoy es claro que el episodio fue montado para catapultar una crisis política de la que los principales beneficiarios fueron las grandes corporaciones transnacionales como Monsanto, Cargill y Río Tinto, entre otras. La matanza precipitó una crisis y un juicio político contra Lugo, lo que en 30 horas desencadenó su derrocamiento “institucional” vía el parlamento.
Para el economista Luis Rojas, si bien no es posible afirmar que el gobierno de Lugo transitaba hacia el socialismo ni nada parecido, lo cierto es que varias de sus medidas en el campo paraguayo fueron claramente progresistas. “Existió una notable tesitura demócrata en algunos funcionarios públicos, como en el Senave, de control de semillas, la seam, de medioambiente, y el Indert, que rige la cuestión de tierras y desarrollo rural. Desde entonces, la guerra desatada en los medios de la oligarquía denunciaba como atropello —insólito e inconcebible— el cumplimiento de las normativas ambientales y constitucionales que regulan el espíritu de estas secretarías del Estado: sojeros, ganaderos, latifundistas eran todos uno a la hora de ser medidos con la vara de la ley”.
Tras trepar a la presidencia, Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, desató de inmediato un proceso de reformas que continúa el actual presidente Horacio Cartes: las grandes corporaciones transnacionales van obteniendo permisos de siembra comercial de transgénicos, consolidan sus emporios agrícolas, se afianzan mediante la reciente Ley de Alianza Público-Privada (que no fue consultada en lo absoluto). Dicha ley implicará “la privatización de los bienes y servicios públicos a través de concesiones a empresas privadas de la educación, la salud e incluso la energía y los recursos estratégicos del subsuelo, agua y minerales, además de constituir una regresión a prácticas propias del régimen de la dictadura donde el titular del Poder Ejecutivo concentra el poder de decisión respecto a los recursos del Estado y reproduce prácticas represivas y violentas para acallar al pueblo”, afirma en un comunicado la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (cloc-Vía Campesina) a finales de octubre de 2013. En el escenario están descuentos fiscales casi del 100 por ciento a las corporaciones que invierten en Paraguay.
El modelo sojero. Desde 2008 las investigaciones y las misiones internacionales de observación resaltaron que a la fragmentación de las parcelas y los territorios se sumaba “el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada”, como lo dijo el Centro de Documentación y Estudios. En 2006, la misión de observación de Food-First International Action Network y Vía Campesina concluía que “la expansión desenfrenada del cultivo de soja causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos”, y que la introducción de la soja transgénica significó un aumento vertiginoso de campesinos sin tierra por la expansión-ocupación-acaparamiento de tierras campesinas. Javiera Rulli, escribiendo en 2008, mostraba el panorama completo del modelo sojero: “muerte por envenenamiento, intoxicación masiva, expulsión ‘legal’ de sus tierras, enajenación del territorio comunitario y nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial”.
En el claro de un bosque en El Chaco paraguayo. Recorrer los caminos de terracería que cruzan San Pedro en el centro de lo que se conoce como El Chaco es constatar que la devastación causada por las siembras mecanizadas es un virus que aprieta la garganta de las posesiones campesinas de cultivos diversos. La penetración de los brasileros y los ahora brasiguayos, como se les dice a los hijos, es tan vasta que detentan un 40 por ciento de la superficie total de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú (al que pertenece Curuguaty). Las mismas comisarías policiales están asentadas en propiedades privadas, y las mismas residencias de los efectivos policiales son donadas por los brasiguayos. Hay incluso “patrulleras” que son de propiedad particular.
Pero en los alrededores de esas inmensas plantaciones sojeras, siguen insistentes los asentamientos campesinos de la gente desplazada desde los años setenta (en tiempos de las Ligas Agrarias) que sufrió la represión de Stroessner y tuvo que exiliarse o sufrir el incendio de sus posesiones y la artera emboscada a manos de oscuras guardias blancas de finqueros con respaldo policial.
En uno de esos asentamientos de Canindeyú, nos recibieron los pobladores en un bosque de enormes árboles. Y en uno de los claros la gente nos contó su historia, de cómo venían de los departamentos más golpeados por la Revolución Verde que instaló experimentos para reconvertir a los campesinos de subsistencia en monocultivadores de cítricos. Muchos eran itaitines, o itatines, de la gran familia guaraní, que poblaban la región y que fueron acusados falsamente de ser apoyo de la guerrilla contra la dictadura de Stroessner.
Al desatarse la ola represiva las poblaciones huyeron, vivieron en el monte por meses (algunas por años), hasta que llegaron a estos bosques donde aún plantan de manera diversificada, mantienen sus estructuras comunitarias, promueven una educación propia y revitalizan sus cultivos y sus semillas ancestrales guardadas incluso en los largos días del exilio en la montaña. Hoy, pese al hostigamiento de los caciques y las corporaciones, pese a los paramilitares y los agroquímicos que los fumigan todos los días en alguna zona u otra, siguen reivindicando su asamblea y el breve espacio para defenderse de las plantaciones que intentan estrangularlos.
Es tal la cercanía física que algunos nos preguntan si los diez metros de resguardo entre la plantación y la propiedad colectiva es suficiente para protegerse de la contaminación transgénica de la soja y del envenenamiento de agroquímicos, como si el entorno de vigilancia, opresión, y hostigamiento no fueran omnipresentes más acá de los diez metros legalmente estipulados.
Una mujer joven, Nadia, comenta entusiasta después de que su hija de ocho años nos mostrara su huerta con una sabiduría campesina minuciosa y detallista heredada de su abuela y su abuelo: “por eso estamos acá y lo que ustedes están viendo, la naturaleza que estamos manteniendo todavía, eso lo hemos cuidado nosotros todos. Estos palosantos no existirían si no fuera porque nosotros no nos dejamos”.
Dice uno de los hombres mayores, don Francisco: “Hoy la lucha es mucho más intensa, es veinte veces más difícil que en aquella época de la dictadura en que llegamos a este pedazo de tierra, porque utiliza estrategias muy finas. Son desafiantes nuestras luchas porque ellos tienen mucha más plata, por lo tanto tenemos que triplicar nuestro esfuerzo y mejorar nuestra estrategia. El motivo de nuestra lucha es vivir mejor, alargar nuestro vivir. Pero todo este sueño hoy se ve amenazado. Hay mucha inseguridad. No sabemos hasta cuando podemos pertenecer aquí. A muchos compañeros se les está convenciendo y están vendiendo su derecho a tener un pedazo de tierra (que es la famosa derechera), la venta de las derecheras. Frente a todo esto desde el principio tuvimos una línea de producción agroecológica, tenemos una asociación alternativa ecológica que se responsabiliza de llevar adelante el programa de producción, tenemos una radio comunitaria, tenemos un colegio en ciencias ambientales y este año vamos a tener el primer grupo de egresados. Tenemos un grupo de vivienda en cooperativa donde se tiene que sí o sí dejar árboles y vegetación como principal criterio para cada poblador que va a tener una vivienda. Nos quedan cuatrocientas hectáreas en total, incluyendo ya la zona urbana y son lugares públicos. La asociación somos unos ciento setenta y estamos esperando ser un poco más este año.
Doña Marla es otra de las primeras pobladoras. Sentada alza la voz y en guaraní, como todos, dice: “cuando nosotros ingresamos a esta comunidad, nuestro sueño siempre fue tener un gran pedazo de tierra para que nuestros hijos se queden, principalmente por nuestros hijos hemos ocupado este terreno. Siempre hemos soñado tener muchas hectáreas para que nuestros hijos se queden en la comunidad, pero actualmente están avanzando los compradores de tierra y estos compradores dicen que nuestra comunidad tiene que ser todo sojal: pareciera que va a cumplirse porque mucho está avanzando la soja en nuestro territorio. Mi barrio está totalmente rodeado de soja, ocupado por soja, ya quedamos muy pocos, somos muy pocos los que estamos resistiendo. Yo estoy muy débil, pero gracias a la organización sigo teniendo fuerza para seguir luchando. Ahora quedan sólo los más viejos y las más viejas. Nuestros hijos prácticamente ya migraron, ya no están conmigo. Anteriormente cuando terminaba el sexto grado los hijos tenían que migrar para seguir sus estudios, pero gracias a que hemos construido e instalado un colegio nuestros hijos se están quedando, pero están sufriendo muchísimo porque no tienen un techo para cubrirse de la lluvia y del frío. Estamos quedando muy pocos, somos un franjita. Y no tenemos otro remedio que utilizar sus propios venenos para producir, porque estamos rodeadas por la soja”.
Agroindustria sojera en El Chaco paraguayo Foto: Henry Picado
Otro hombre mayor, el compañero Lucio, se levanta: “Yo soy uno se los primeros pobladores. Los primeros que llegamos ingresamos por el agua, por el río Jejuí y luego por Curuguaty, porque no había camino. Este sendero por el que entraron ustedes no existía. Nosotros llegamos del segundo departamento que es San Pedro y del quinto departamento que es Caaguazú, camino a Ciudad del Este, y cuando ingresamos aquí, casi mil hectáreas teníamos de terreno. Nosotros vinimos aquí justamente porque pensábamos diferente, porque queríamos vivir mejor, y por pensar diferente ya fuimos considerados desde el primer momento como delincuentes, fuimos perseguidos desde ese entonces y fuimos divididos por las personas enviadas en aquel entonces. Para reprimirnos fuimos divididos, hubo conflicto interno, pero aun así hemos sobrevivido porque hubo gente que siguió manteniendo esa idea y este sueño. Y aquí seguimos”.
El niño. Se escucha a la distancia del bosque una tonada silbada de manera alegre y un tanto atrevida en sus arrastres y sus altibajos de volumen. Los primeros pobladores nos cuentan que es Tito, un niño pequeño, un niño chiquitito, con bastón, y que tiene el poder de hipnotizarte y de llevarte al bosque, pero no te hace nada, él simplemente quiere una ternura de una mamá o de un papá o de un hermano. Varios comentan que lo sienten, que por ahí andaba en el bosque: “se le está sintiendo, hace muy silencio, pero está ahí metido”, dicen varios. Y uno se queda pensando que esta comunidad es como ese niño, que nos invita a otro mundo donde la gente sigue reivindicando sus espacios ancestrales, sus atisbos más primeros, sus cuidados más resueltos, sus justicias más pacificadoras. Aquí seguimos, dijeron. Es verdad, se les está sintiendo, hace muy silencio, pero están ahí metidos llamándonos. Y seguirán.
Envío:Amarelle
 Pintura, crayón, lápiz y collage sobre papel: Martín Ramírez, c.1960-1963 |
Ramón Vera Herrera (Ojarasca/ Grain)
San Pedro, El Chaco, Paraguay.
Viendo pasar los pantanales cubiertos de maleza y desechos en lo que alguna vez fueran áreas forestadas semitropicales de vastas variedades de vegetación, mientras los autobuses recorren las plantaciones de soja [soya], es imposible no pensar que hay casi un código implacable que mueve la problemática paraguaya: acaparamiento de tierras, violencia paramilitar, desplazamiento forzado; la entereza de los grupos de colonos, campesinos, asentados y jornaleros excluidos; el golpe de Estado que estableció el control de las corporaciones agroindustriales y la renovada explotación a ultranza y sin miramientos de los territorios. El atropello parece haberse establecido. Hagamos un poco de historia.
Golpe de Estado transgénico. El gobierno del derrocado presidente Fernando Lugo había comenzado a abrir el muy descompuesto panorama de las relaciones agrarias en el ámbito rural paraguayo: “una distribución tan desigual que 85 por ciento de la tierra (unos 30 millones de hectáreas) se halla en poder de 2 por ciento de los propietarios, situación que produce una permanente tensión en la que la violencia para-policial y por parte de las fuerzas públicas es cosa de todos los días y es acompañada por la criminalización de las luchas campesinas”, como insistió la Alianza Biodiversidad, espacio organizativo con anclaje profundo en once países del continente.
A mediados de 2012, ocurrió una matanza en Curuguaty, localidad de Marina Cué, en el interior de Campos Morombí sa, una empresa “sospechosa de estar asentada en tierras malhabidas”, afirma la organización Conamuri. Ahí perdieron la vida 11 campesinos sin tierra y 6 policías, en un “confuso episodio de desalojo”, una emboscada de la que se defendieron los campesinos, y no al revés como afirman las autoridades y los medios proclives al gobierno golpista.
La comisión investigadora independiente encabezada por el jurista Aifor Martínez (con respaldo de abogados y personalidades locales) insiste en que según los testimonios recabados de primera mano entre campesinos, policías, funcionarios, familiares, empleados hospitalarios y fotógrafos presentes, asoman las inconsistencias con la versión oficial. Resalta la posición en el terreno de francotiradores desconocidos, “provistos de armas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de operaciones de la policía mientras negociaban”. Los campesinos solamente contaban con escopetas de caza y otras armas rudimentarias por lo que no fue posible resistir el embate de los verdaderos atacantes.
Hoy es claro que el episodio fue montado para catapultar una crisis política de la que los principales beneficiarios fueron las grandes corporaciones transnacionales como Monsanto, Cargill y Río Tinto, entre otras. La matanza precipitó una crisis y un juicio político contra Lugo, lo que en 30 horas desencadenó su derrocamiento “institucional” vía el parlamento.
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Para el economista Luis Rojas, si bien no es posible afirmar que el gobierno de Lugo transitaba hacia el socialismo ni nada parecido, lo cierto es que varias de sus medidas en el campo paraguayo fueron claramente progresistas. “Existió una notable tesitura demócrata en algunos funcionarios públicos, como en el Senave, de control de semillas, la seam, de medioambiente, y el Indert, que rige la cuestión de tierras y desarrollo rural. Desde entonces, la guerra desatada en los medios de la oligarquía denunciaba como atropello —insólito e inconcebible— el cumplimiento de las normativas ambientales y constitucionales que regulan el espíritu de estas secretarías del Estado: sojeros, ganaderos, latifundistas eran todos uno a la hora de ser medidos con la vara de la ley”.
Tras trepar a la presidencia, Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, desató de inmediato un proceso de reformas que continúa el actual presidente Horacio Cartes: las grandes corporaciones transnacionales van obteniendo permisos de siembra comercial de transgénicos, consolidan sus emporios agrícolas, se afianzan mediante la reciente Ley de Alianza Público-Privada (que no fue consultada en lo absoluto). Dicha ley implicará “la privatización de los bienes y servicios públicos a través de concesiones a empresas privadas de la educación, la salud e incluso la energía y los recursos estratégicos del subsuelo, agua y minerales, además de constituir una regresión a prácticas propias del régimen de la dictadura donde el titular del Poder Ejecutivo concentra el poder de decisión respecto a los recursos del Estado y reproduce prácticas represivas y violentas para acallar al pueblo”, afirma en un comunicado la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (cloc-Vía Campesina) a finales de octubre de 2013. En el escenario están descuentos fiscales casi del 100 por ciento a las corporaciones que invierten en Paraguay.
El modelo sojero. Desde 2008 las investigaciones y las misiones internacionales de observación resaltaron que a la fragmentación de las parcelas y los territorios se sumaba “el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada”, como lo dijo el Centro de Documentación y Estudios. En 2006, la misión de observación de Food-First International Action Network y Vía Campesina concluía que “la expansión desenfrenada del cultivo de soja causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos”, y que la introducción de la soja transgénica significó un aumento vertiginoso de campesinos sin tierra por la expansión-ocupación-acaparamiento de tierras campesinas. Javiera Rulli, escribiendo en 2008, mostraba el panorama completo del modelo sojero: “muerte por envenenamiento, intoxicación masiva, expulsión ‘legal’ de sus tierras, enajenación del territorio comunitario y nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial”.
Tren. Crayón y lápiz sobre papel, 1953
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En el claro de un bosque en El Chaco paraguayo. Recorrer los caminos de terracería que cruzan San Pedro en el centro de lo que se conoce como El Chaco es constatar que la devastación causada por las siembras mecanizadas es un virus que aprieta la garganta de las posesiones campesinas de cultivos diversos. La penetración de los brasileros y los ahora brasiguayos, como se les dice a los hijos, es tan vasta que detentan un 40 por ciento de la superficie total de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú (al que pertenece Curuguaty). Las mismas comisarías policiales están asentadas en propiedades privadas, y las mismas residencias de los efectivos policiales son donadas por los brasiguayos. Hay incluso “patrulleras” que son de propiedad particular.
Pero en los alrededores de esas inmensas plantaciones sojeras, siguen insistentes los asentamientos campesinos de la gente desplazada desde los años setenta (en tiempos de las Ligas Agrarias) que sufrió la represión de Stroessner y tuvo que exiliarse o sufrir el incendio de sus posesiones y la artera emboscada a manos de oscuras guardias blancas de finqueros con respaldo policial.
En uno de esos asentamientos de Canindeyú, nos recibieron los pobladores en un bosque de enormes árboles. Y en uno de los claros la gente nos contó su historia, de cómo venían de los departamentos más golpeados por la Revolución Verde que instaló experimentos para reconvertir a los campesinos de subsistencia en monocultivadores de cítricos. Muchos eran itaitines, o itatines, de la gran familia guaraní, que poblaban la región y que fueron acusados falsamente de ser apoyo de la guerrilla contra la dictadura de Stroessner.
Al desatarse la ola represiva las poblaciones huyeron, vivieron en el monte por meses (algunas por años), hasta que llegaron a estos bosques donde aún plantan de manera diversificada, mantienen sus estructuras comunitarias, promueven una educación propia y revitalizan sus cultivos y sus semillas ancestrales guardadas incluso en los largos días del exilio en la montaña. Hoy, pese al hostigamiento de los caciques y las corporaciones, pese a los paramilitares y los agroquímicos que los fumigan todos los días en alguna zona u otra, siguen reivindicando su asamblea y el breve espacio para defenderse de las plantaciones que intentan estrangularlos.
Es tal la cercanía física que algunos nos preguntan si los diez metros de resguardo entre la plantación y la propiedad colectiva es suficiente para protegerse de la contaminación transgénica de la soja y del envenenamiento de agroquímicos, como si el entorno de vigilancia, opresión, y hostigamiento no fueran omnipresentes más acá de los diez metros legalmente estipulados.
Una mujer joven, Nadia, comenta entusiasta después de que su hija de ocho años nos mostrara su huerta con una sabiduría campesina minuciosa y detallista heredada de su abuela y su abuelo: “por eso estamos acá y lo que ustedes están viendo, la naturaleza que estamos manteniendo todavía, eso lo hemos cuidado nosotros todos. Estos palosantos no existirían si no fuera porque nosotros no nos dejamos”.
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Doña Marla es otra de las primeras pobladoras. Sentada alza la voz y en guaraní, como todos, dice: “cuando nosotros ingresamos a esta comunidad, nuestro sueño siempre fue tener un gran pedazo de tierra para que nuestros hijos se queden, principalmente por nuestros hijos hemos ocupado este terreno. Siempre hemos soñado tener muchas hectáreas para que nuestros hijos se queden en la comunidad, pero actualmente están avanzando los compradores de tierra y estos compradores dicen que nuestra comunidad tiene que ser todo sojal: pareciera que va a cumplirse porque mucho está avanzando la soja en nuestro territorio. Mi barrio está totalmente rodeado de soja, ocupado por soja, ya quedamos muy pocos, somos muy pocos los que estamos resistiendo. Yo estoy muy débil, pero gracias a la organización sigo teniendo fuerza para seguir luchando. Ahora quedan sólo los más viejos y las más viejas. Nuestros hijos prácticamente ya migraron, ya no están conmigo. Anteriormente cuando terminaba el sexto grado los hijos tenían que migrar para seguir sus estudios, pero gracias a que hemos construido e instalado un colegio nuestros hijos se están quedando, pero están sufriendo muchísimo porque no tienen un techo para cubrirse de la lluvia y del frío. Estamos quedando muy pocos, somos un franjita. Y no tenemos otro remedio que utilizar sus propios venenos para producir, porque estamos rodeadas por la soja”.
Otro hombre mayor, el compañero Lucio, se levanta: “Yo soy uno se los primeros pobladores. Los primeros que llegamos ingresamos por el agua, por el río Jejuí y luego por Curuguaty, porque no había camino. Este sendero por el que entraron ustedes no existía. Nosotros llegamos del segundo departamento que es San Pedro y del quinto departamento que es Caaguazú, camino a Ciudad del Este, y cuando ingresamos aquí, casi mil hectáreas teníamos de terreno. Nosotros vinimos aquí justamente porque pensábamos diferente, porque queríamos vivir mejor, y por pensar diferente ya fuimos considerados desde el primer momento como delincuentes, fuimos perseguidos desde ese entonces y fuimos divididos por las personas enviadas en aquel entonces. Para reprimirnos fuimos divididos, hubo conflicto interno, pero aun así hemos sobrevivido porque hubo gente que siguió manteniendo esa idea y este sueño. Y aquí seguimos”.
El niño. Se escucha a la distancia del bosque una tonada silbada de manera alegre y un tanto atrevida en sus arrastres y sus altibajos de volumen. Los primeros pobladores nos cuentan que es Tito, un niño pequeño, un niño chiquitito, con bastón, y que tiene el poder de hipnotizarte y de llevarte al bosque, pero no te hace nada, él simplemente quiere una ternura de una mamá o de un papá o de un hermano. Varios comentan que lo sienten, que por ahí andaba en el bosque: “se le está sintiendo, hace muy silencio, pero está ahí metido”, dicen varios. Y uno se queda pensando que esta comunidad es como ese niño, que nos invita a otro mundo donde la gente sigue reivindicando sus espacios ancestrales, sus atisbos más primeros, sus cuidados más resueltos, sus justicias más pacificadoras. Aquí seguimos, dijeron. Es verdad, se les está sintiendo, hace muy silencio, pero están ahí metidos llamándonos. Y seguirán.
Envío:Amarelle
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