El antizapatismo a 20 años de la rebelión
19/1/2014
por Gilberto López y Rivas
Camuflados en la objetividad” académica o periodística o en el llano cinismo, no podían faltar en la celebración del vigésimo aniversario de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sus detractores, adjudicándole fracasos, deserciones generalizadas, la persistencia de la pobreza, e incluso –¿por qué no?– protagonismos personales, todo lo cual refleja, sin embargo, precisamente, aquello que es parte de lo celebrable. ¡Qué lástima que el EZLN siga existiendo, que haya municipios autónomos, que se encuentren en curso importantes experiencias organizativas, que no haya fracasado a dos décadas de iniciado un proceso que sigue tan vivo que demanda que se le declare muerto, en decadencia, agotado y contradictorio! A pesar de los tiempos que corren y de la grave condición del país, y sin pretender la inexistencia de fallas y de limitaciones en el proceso zapatista, ¿quién ha fracasado y en qué sentido? ¿La nueva generación ya incorporada en los procesos organizativos locales? ¿Dónde se ubica la deserción, en las filas del EZLN, o en las del Ejército y los partidos políticos? Y el argumento de la persistencia de la pobreza que se le achaca al EZLN, ¿se refiere a su contraste con la generalizada bonanza económica actual de los mexicanos? ¿Qué es lo que irrita aún y no se perdona de la dirigencia del EZLN? Sin duda, las críticas enunciadas, en su calidad y alcance, reflejan las limitaciones y la adscripción política de quienes las emiten.
Una de las más recurrentes formas de ataque al EZLN, vigente dos décadas después, consiste en negar el protagonismo indígena en la insurrección y el movimiento posterior, para centrarlo en su faceta exterior, particularmente en la figura del subcomandante Marcos y en las formas organizativas mestizas y urbanas de las Fuerzas de Liberación Nacional, originalmente, y de posteriores influencias “radicales”. El argumento, básicamente racista, se fundamenta en la hipótesis de que los indígenas son “simples cobayas” (Mario Vargas Llosa dixit), seres incapaces, condenados a ser manipulados por los mestizos, especialmente por el demonizado Marcos, quienes imponen un proyecto anti-capitalista sostenido por un misterioso “bloque de fuerzas aglutinado por el pensamiento ideológico antisistémico a ultranza”, del cual “escapa” una significativa mayoría de sus simpatizantes y bases de apoyo. Así se sostiene, con fundamento en “trabajo de campo” y “testimonios”, que los zapatistas representaban en 2013 entre 5 y 10 por ciento de la población total de las regiones Selva, Altos y Norte de Chiapas. Paradójica y contradictoriamente, quien sostiene estos “diagnósticos” se refiere a la presencia continuada del EZLN en estas mismas regiones de conflicto, e incluso hace notar su “renovación” y “extensión” hacia la región de la Sierra Madre, aduciendo, entre otros argumentos para explicar estos hechos, aparte de las “diversas presiones” de la dirección del EZLN para impedir la salida de las bases de apoyo y de otros miembros, que los jóvenes en particular son atraídos por “los beneficios y privilegios para cuadros intermedios y la camarilla que forma parte de la dirección” (María del Carmen Legorreta.
“Las lecciones, 20 años después; el alzamiento zapatista”, Proceso, edición especial No. 23). En esta misma revista, es republicada, seis años después, otra perla analítica semejante: una entrevista realizada por la misma Legorreta, asesora de la ARIC-Unión de Uniones, que con el significativo título de “Marcos al trasluz” da a conocer (de nueva cuenta) la experiencia de un desertor del EZLN quien, ¡oh sorpresa!, descubre que el sub Marcos no aprendió nada de “la democracia y cultura indígena”, ni de eso de “mandar obedeciendo”, como sostienen “algunos libros” (seguramente se refiere a los del conocido y respetado sociólogo francés Ivon Le Bot). Es más, el desafecto de la organización zapatista señala enfático que todo ello “es propaganda, porque Marcos lo único que vino a hacer fue a decidir lo que tenía que hacer la gente, le gustara o no le gustara, pero la gente tenía que hacer lo que Marcos dijera, y nunca cambió” ( ibid., p. 64). La para nada ingenua entrevista termina curiosamente haciendo notar todo lo contrario de lo que observamos los asistentes al primer curso de la Escuelita Zapatista en agosto pasado, al señalar, atacando el corazón de la democracia directa basada en los principios de mandar obedeciendo: “La asamblea general era una costumbre fuerte y después, con lo de los milicianos, los mismos viejos tenían que obedecer a los responsables, a los mandos. La asamblea ya no era la autoridad. Ahí sí hubo un cambio muy importante, se acabó la democracia por el mando de los jefes.”
Esta peculiar investigadora llega al extremo de afirmar que la salida de al menos 50 mil indígenas del EZLN el 21 de diciembre de 2012 en las cabeceras municipales de las zonas de conflicto obedeció a la “búsqueda desesperada de recursos externos procedentes de varias ONG” y de “bien intencionados simpatizantes nacionales y extranjeros atraídos por el conflicto (que) también han fortalecido esta actitud de dependencia” (sic). Ejerciendo su autonomía en las cinco juntas de buen gobierno y en los municipios autónomos bajo la influencia zapatista, como lo muestran innumerables libros, tesis y reportajes, resulta ahora que la ordenada, organizada y planeada salida de los zapatistas el día del fin del mundo de diciembre de 2012 constituyó –en la ocurrente perspectiva referida– otro inconmensurable acto de escenografía, seguramente montado por Marcos,y protagonizado por 50 mil pedigüeños dependientes de la ayuda externa en busca de renovación. La crítica fundamentada es un insumo en la vida académica, pero el caso que nos ocupa no amerita en realidad considerarse en ese rubro. Sin embargo, vale la pena reparar en él porque ilustra el fracaso del acallamiento de un proceso dinámico que sigue adelante, la persistente pobreza argumental, la deserción de las ideas y el protagonismo del vilipendio disfrazado de análisis.
fuente: la jornada
Enfrentamientos armados en el municipio de Parácuaro en Michoacán
El portavoz de los grupos de autodefensa, Estanislao Beltrán, informa sobre enfrentamientos con carteles de la droga en las comunidades de Carrizo, La Cofradía y Cancita, en los límites con el municipio de Apatzingán, unos de los principales “feudos templarios".
Grupos de autodefensa del estado mexicano de Michoacán (suroeste) reportaron enfrentamientos con integrantes del cártel de "Los Caballeros Templarios" en el municipio de Parácuaro. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal sostiene que se trató de disparos aislados de armas de fuego, sin que se hayan producido choques violentos.
El portavoz de los grupos de autodefensa, Estanislao Beltrán, declaró a la agencia EFE que los enfrentamientos se suscitaron en las comunidades de Carrizo, La Cofradía y Cancita, en los límites con el municipio de Apatzingán, unos de los principales “feudos templarios".
Asimismo, Beltrán recriminó que las fuerzas federales les negaron apoyo para la búsqueda del líder de un cártel del narcotráfico, decisión que, a su juicio, “pone en peligro la tregua” acordada entre las autoridades y y los grupos civiles.
De igual manera, recordó que ningún representantes de las autodefensas fue invitado a la reunión que realizó este martes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, con autoridades locales y empresarios de la región.
El dirigente también resaltó el compromiso de las autodefensas de seguir luchando "aunque nos cueste la vida" y a pesar de que el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, es sobrino de Nazario Moreno González, uno de los líderes del grupo criminal.
Beltrán expresó también que todos los grupos de autodefensa se encuentran en alerta roja. “Quiero comentar que siempre estamos atentos, pero en esta ocasión estamos en alerta roja, porque se están reagrupando los cárteles y nos intentan emboscar”, aseveró.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que "se registró una serie de disparos en la comunidad de La Cofradía, municipio de Parácuaro, sin que hasta el momento se tenga el registro ni de heridos ni de bajas".
Un comunicado oficial agregó que agentes de la Policía Federal fueron enviados al municipio para realizar las investigaciones del caso, mientras que efectivos del Ejército también se dirigen al lugar.
Los incidentes se desarrollaron mientras el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, declarará en Morelia, la capital estatal, que han sido detenidos 59 sospechosos de diversos delitos en los municipios de Tierra Caliente y 72 en todo Michoacán.
Rubido destacó que entre los detenidos por las fuerzas federales figura Jesús Vásquez, alias "El Toro", considerado uno de los siete cabecillas de Los Caballeros Templarios.
Michoacán viene siendo escenario de choques entre Los Caballeros Templarios y grupos de civiles que hace un año tomaron las armas para defenderse de esa organización criminal, ante la falta de respuesta del Estado.
La crisis social en la región se agudizó en las últimas semanas, ante la expansión de los grupos de autodefensa, provocando al crimen organizado que ha respondido con la quema de vehículos, comercios y oficinas gubernamentales.
19/1/2014
por Gilberto López y Rivas
Una de las más recurrentes formas de ataque al EZLN, vigente dos décadas después, consiste en negar el protagonismo indígena en la insurrección y el movimiento posterior, para centrarlo en su faceta exterior, particularmente en la figura del subcomandante Marcos y en las formas organizativas mestizas y urbanas de las Fuerzas de Liberación Nacional, originalmente, y de posteriores influencias “radicales”. El argumento, básicamente racista, se fundamenta en la hipótesis de que los indígenas son “simples cobayas” (Mario Vargas Llosa dixit), seres incapaces, condenados a ser manipulados por los mestizos, especialmente por el demonizado Marcos, quienes imponen un proyecto anti-capitalista sostenido por un misterioso “bloque de fuerzas aglutinado por el pensamiento ideológico antisistémico a ultranza”, del cual “escapa” una significativa mayoría de sus simpatizantes y bases de apoyo. Así se sostiene, con fundamento en “trabajo de campo” y “testimonios”, que los zapatistas representaban en 2013 entre 5 y 10 por ciento de la población total de las regiones Selva, Altos y Norte de Chiapas. Paradójica y contradictoriamente, quien sostiene estos “diagnósticos” se refiere a la presencia continuada del EZLN en estas mismas regiones de conflicto, e incluso hace notar su “renovación” y “extensión” hacia la región de la Sierra Madre, aduciendo, entre otros argumentos para explicar estos hechos, aparte de las “diversas presiones” de la dirección del EZLN para impedir la salida de las bases de apoyo y de otros miembros, que los jóvenes en particular son atraídos por “los beneficios y privilegios para cuadros intermedios y la camarilla que forma parte de la dirección” (María del Carmen Legorreta.
“Las lecciones, 20 años después; el alzamiento zapatista”, Proceso, edición especial No. 23). En esta misma revista, es republicada, seis años después, otra perla analítica semejante: una entrevista realizada por la misma Legorreta, asesora de la ARIC-Unión de Uniones, que con el significativo título de “Marcos al trasluz” da a conocer (de nueva cuenta) la experiencia de un desertor del EZLN quien, ¡oh sorpresa!, descubre que el sub Marcos no aprendió nada de “la democracia y cultura indígena”, ni de eso de “mandar obedeciendo”, como sostienen “algunos libros” (seguramente se refiere a los del conocido y respetado sociólogo francés Ivon Le Bot). Es más, el desafecto de la organización zapatista señala enfático que todo ello “es propaganda, porque Marcos lo único que vino a hacer fue a decidir lo que tenía que hacer la gente, le gustara o no le gustara, pero la gente tenía que hacer lo que Marcos dijera, y nunca cambió” ( ibid., p. 64). La para nada ingenua entrevista termina curiosamente haciendo notar todo lo contrario de lo que observamos los asistentes al primer curso de la Escuelita Zapatista en agosto pasado, al señalar, atacando el corazón de la democracia directa basada en los principios de mandar obedeciendo: “La asamblea general era una costumbre fuerte y después, con lo de los milicianos, los mismos viejos tenían que obedecer a los responsables, a los mandos. La asamblea ya no era la autoridad. Ahí sí hubo un cambio muy importante, se acabó la democracia por el mando de los jefes.”
Esta peculiar investigadora llega al extremo de afirmar que la salida de al menos 50 mil indígenas del EZLN el 21 de diciembre de 2012 en las cabeceras municipales de las zonas de conflicto obedeció a la “búsqueda desesperada de recursos externos procedentes de varias ONG” y de “bien intencionados simpatizantes nacionales y extranjeros atraídos por el conflicto (que) también han fortalecido esta actitud de dependencia” (sic). Ejerciendo su autonomía en las cinco juntas de buen gobierno y en los municipios autónomos bajo la influencia zapatista, como lo muestran innumerables libros, tesis y reportajes, resulta ahora que la ordenada, organizada y planeada salida de los zapatistas el día del fin del mundo de diciembre de 2012 constituyó –en la ocurrente perspectiva referida– otro inconmensurable acto de escenografía, seguramente montado por Marcos,y protagonizado por 50 mil pedigüeños dependientes de la ayuda externa en busca de renovación. La crítica fundamentada es un insumo en la vida académica, pero el caso que nos ocupa no amerita en realidad considerarse en ese rubro. Sin embargo, vale la pena reparar en él porque ilustra el fracaso del acallamiento de un proceso dinámico que sigue adelante, la persistente pobreza argumental, la deserción de las ideas y el protagonismo del vilipendio disfrazado de análisis.
Enfrentamientos armados en el municipio de Parácuaro en Michoacán
El portavoz de los grupos de autodefensa, Estanislao Beltrán, declaró a la agencia EFE que los enfrentamientos se suscitaron en las comunidades de Carrizo, La Cofradía y Cancita, en los límites con el municipio de Apatzingán, unos de los principales “feudos templarios".
Asimismo, Beltrán recriminó que las fuerzas federales les negaron apoyo para la búsqueda del líder de un cártel del narcotráfico, decisión que, a su juicio, “pone en peligro la tregua” acordada entre las autoridades y y los grupos civiles.
De igual manera, recordó que ningún representantes de las autodefensas fue invitado a la reunión que realizó este martes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, con autoridades locales y empresarios de la región.
El dirigente también resaltó el compromiso de las autodefensas de seguir luchando "aunque nos cueste la vida" y a pesar de que el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, es sobrino de Nazario Moreno González, uno de los líderes del grupo criminal.
Beltrán expresó también que todos los grupos de autodefensa se encuentran en alerta roja. “Quiero comentar que siempre estamos atentos, pero en esta ocasión estamos en alerta roja, porque se están reagrupando los cárteles y nos intentan emboscar”, aseveró.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que "se registró una serie de disparos en la comunidad de La Cofradía, municipio de Parácuaro, sin que hasta el momento se tenga el registro ni de heridos ni de bajas".
Un comunicado oficial agregó que agentes de la Policía Federal fueron enviados al municipio para realizar las investigaciones del caso, mientras que efectivos del Ejército también se dirigen al lugar.
Los incidentes se desarrollaron mientras el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, declarará en Morelia, la capital estatal, que han sido detenidos 59 sospechosos de diversos delitos en los municipios de Tierra Caliente y 72 en todo Michoacán.
Rubido destacó que entre los detenidos por las fuerzas federales figura Jesús Vásquez, alias "El Toro", considerado uno de los siete cabecillas de Los Caballeros Templarios.
Michoacán viene siendo escenario de choques entre Los Caballeros Templarios y grupos de civiles que hace un año tomaron las armas para defenderse de esa organización criminal, ante la falta de respuesta del Estado.
La crisis social en la región se agudizó en las últimas semanas, ante la expansión de los grupos de autodefensa, provocando al crimen organizado que ha respondido con la quema de vehículos, comercios y oficinas gubernamentales.
teleSUR-MiZamora-EFE-ElEconomista/MARL
Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado
El enfrentamiento entre autodefensas, los Caballeros Templarios y fuerza federales es parte de una estrategia deliberada, advierten. El fin es paramilitarizar, cambiar la función de tierras y habitantes y reconcentrar el negocio criminal de una forma manejable para el Estado.
19/1/ 2014
Por Adazahira Chávez
México. El escenario de enfrentamientos entre autodefensas, miembros de los Caballeros Templarios y el ejército en Michoacán es un terreno resbaloso, advierte el analista Carlos Fazio, quien lo ubica como una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror con miras a una refuncionalización no sólo del territorio, sino de sus habitantes. Daniel Negrete, un veterano activista social de la zona de Tierra Caliente, advierte que no hay ue confiarse, pues las autodefensas reciben apoyo del ejército y, presumiblemente, de un cártel rival de los Caballeros Templarios.
“Vemos lo que está pasando con las autodefensas como un proceso de paramilitarización, con el apoyo de la federación y al parecer de uno de los cárteles. Están pertrechados por parte de militares que están supuestamente de civiles, y les mandan recursos de Jalisco”, alerta Negrete. Fazio resalta el hecho de que los líderes de las autodefensas han dicho que desde el comienzo de su organización tuvieron apoyo del ejército y de la Policía Federal y que desde el inicio salieron a patrullar juntos.
La explosión de violencia en el estado inició con la declaración de “guerra al narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón (oriundo de la entidad) en 2006. En ese momento, recordó Fazio en entrevista anterior con esta revista, surgió el grupo conocido como La Familia Michoacana (hoy Los Caballeros Templarios), “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”.
Los enfrentamientos repuntaron en octubre de 2013, con la salida a la luz pública de diversos grupos de autodefensa, y tomaron una nueva fase en enero de 2014, con la toma de municipios bastión de Los Templarios por parte de estos mismos grupos, que anunciaron su intención de acabar con el cartel.
El líder más visible de las autodefensas, José Manuel Mireles, sufrió un accidente en una avioneta sin que hasta el momento haya sido aclarado lo que sucedió, y desde entonces permanece bajo resguardo del gobierno federal. El ejército y la policía federal iniciaron un proceso de desarme de civiles y de algunas policías municipales, y de toma de control de pueblos. Este proceso está en fase de negociación con los grupos de autodefensa pero ya causó tres muertos. El gobierno anunció que la Policía Federal ya controla 20 ayuntamientos de la zona y detuvo a cerca de 40 personas.
El clima en esta zona, conocida como Tierra Caliente, es de miedo, informa Negrete: “La gente está asustada sobre todo por la presencia militar. Desde el 14 de enero hay un toque de queda no oficial. Desaparecieron las policías municipales de Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan, entre otros municipios, y la Policía Federal asumió sus funciones”. El activista señala que llegaron a la zona cerca de 20 mil efectivos gubernamentales, entre policías federales, ejército y marinos. “Los soldados están cuidando las tiendas –Oxxos, Walmart, los bancos- y los rondines se los dejaron a la federal”.
Negrete señala que a pesar del anuncio del gobierno federal de que desarmará a los grupos de autodefensas, su información es que donde son oriundos no entregarán las armas. Además, señala, analizan la propuesta de convertirse en policías rurales al estilo porfirista –como auxiliares de la federación.
El colectivo Ángela Esperanza, que estudia temas como la violencia y la resistencia civil, define que la acción de “militarización de la seguridad pública”, implica la aparición no sólo de fuerzas combinadas (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos) y de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. “Este proceso de extensión cualitativa de la guerra es inocultable: a la fecha ya ha causado más de 150 mil muertos, 27 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados, en donde todas las clases sociales están involucradas”, escribió en 2013.
La (para)militarización y los distintos grupos
El analista Carlos Fazio anunció en 2013, en entrevista con Desinformémonos, un periodo de descomposición y reacomodo de los grupos armados en función de una estrategia del gobierno peñista: reconcentrar el negocio criminal y tomar posesión de territorios.
Dentro de este “laboratorio” del nuevo proyecto de seguridad peñista en que se convirtió Michoacán, enumera Fazio, se pueden distinguir a cuatro categorías de actores civiles armados: las policías comunitarias que se rigen por usos y costumbres indígenas, como Cherán –amparadas por la Constitución “y que son justo las regiones donde ahora no hay conflicto”. En segundo lugar, las autodefensas, que surgen en el momento en que entra a gobernar Peña Nieto, “y que se pueden singularizar en estos grupos que el doctor Mireles parece encabezar. Esos han tenido muy buen aprensa en el sentido de que son grupos civiles que están resistiendo a los Caballeros Templarios”.
Después se encuentran quienes participan en grupos criminales: en tercer lugar está el cártel de Los Caballeros Templarios, y en cuarto el de Jalisco Nueva Generación. Lo que es más difuso, puntualiza el experto en geopolítica, es “si a la vez están actuando grupos paramilitares que responden al ejército y a la policía, y que pueden aparecer como parte de alguna de estas autodefensas. También podrían estar actuando mercenarios, incluyendo extranjeros”.
Negrete afirma que sobre todo en los lugares de mayor presencia de Los Templarios, las autodefensas hacen una asamblea –“no llegan todos los del pueblo, pero la asumen como tal”- y es entonces cuando toman el pueblo. En el caso de Nueva Italia y Parácuaro, por ejemplo, los integrantes del grupo de autodefensa no son habitantes de esos lugares. Negrete reconoce también que el común de la gente ve a Mireles como un héroe que los está liberando. Las últimas noticias dan cuenta de una devolución de las tierras robadas por los Templarios a sus legítimos propietarios.
La hipótesis: los reacomodos y el negocio criminal
Carlos Fazio considera que el gobierno quiere descabezar a los Caballeros Templarios, “y puede ser que esté en alianza con el grupo Jalisco Nueva Generación. El ejército pudiera estar armando a civiles para combatir a alguno de los grupos de la economía criminal”.
La hipótesis principal del analista es todavía una incógnita sin despejar: si el gobierno en realidad lo que quiere es monopolizar en un solo grupo de la economía criminal todos los negocios que están tipificados en la ley como crimen organizado, y que lo que quiere es volver a los viejos tiempo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde desde la Secretaría de Gobernación y los cuarteles militares llegaban a acuerdos con los cárteles –en ese entonces, el de Guadalajara- e ir hacia una monopolización de estos negocios bajo un pacto con el gobierno.
El también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México no descarta que en algunas zonas haya grupos legítimos de gente que está harta y se arma –pone como ejemplo a la zona purhépecha- no sólo contra los Templarios sino contra otros grupos criminales y contra las propias autoridades, “que en vez de garantizar el orden se dedican a extorsionar y a hostigar a la población. Es posible, sí, que haya un fenómeno de que parte de la población se arme y tenga un fin de defensa legítimo, como puede ser en algunas partes de Guerrero y Oaxaca, pero estamos en una pendiente resbalosa y hay que tener mucho cuidado”.
El colectivo Ángela Esperanza advierte: “Pareciera ser, pues, que la interpenetración del ‘orden legal’ con el ‘orden delictual’ es la forma en que se garantizaría la construcción de un monopolio del crimen organizado en tanto mercancía en proceso de construcción. Esto podría explicar que para ello, el aparato del poder del Estado se caracterice por la protección que una parte del ‘dominio del orden legal estatal’ brinda a una parte del ‘dominio del orden delictual territorial’”.
Fazio admite que hay muchas dudas por resolver acerca de las autodefensas, pero lo que ve como definitivo es que “en México se está dando una guerra civil molecular, donde hay grupos armados que son llevados a enfrentarse unos contra otros pero como parte de una política de Estado. En el fondo, todo tiene que ver por una guerra por el territorio y los recursos estratégicos”.
El periodista y académico resalta que el gobierno “filtró” a varios medios que los Caballeros Templarios dominan varias partes de la economía del Estado, incluida la exportación de limón, aguacate y de hierro a China. “Lo que hablamos es que la economía criminal está entrelazada con los negocios, y me temo que haya grupos empresariales que tienen grupos armados y están coludidos con funcionarios del Estado. En el discurso oficial todo se centra en Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y autodefensas, pero nunca nos hablan de los políticos, empresarios, banqueros y aduanales; es decir, toda la estructura económica y gubernamental que tiene que ver con la importación-exportación de distintos productos de la economía nacional por el puerto de Lázaro Cárdenas”.
Al igual que en Ciudad Juárez (2008-2009) y en Tamaulipas (2020-2012), “se puede estar generando una confrontación violenta entre civiles, coordinada por militares y policía, para desestabilizar, generar terror y llevar a una refuncionalización de los territorios, pero también de los habitantes que están ahí”.
En su análisis de 2013, el colectivo Ángela Esperanza advirtió que diversos sectores del régimen han ido transfiriendo tareas policíacas y militares a grupos de civiles, organizados con técnicas militares, quienes al estar armados, y construir intencionalmente elementos de fractura dentro de las comunidades, comienzan a instalar potenciales condiciones de otra forma más en que se expresa la guerra civil que, a su vez, hace “indispensable” la presencia de Fuerzas Armadas en el lugar, con el fin de evitar la confrontación construida desde el aparato de poder.
El cambio no solamente estará en quienes controlarán la economía criminal, sino también en quiénes van a controlar la tierra, la minería, la agroindustria, la exportación de limones y aguacates, y otros insumos que se generan en ese estado, finaliza el analista.
TRES OPINIONES SOBRE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN MICHOACÁN
Michoacán en llamas
Por Luis Hernández Navarro
Palabras parecidas se escucharon durante las dos ofensivas anteriores. Hoy sabemos que eran mentira, meras ráfagas de saliva y papel en la batalla por la opinión pública. Sus estrategias fueron un fracaso. Los malosos conservan el control del territorio, hicieron crecer sus negocios y ampliaron su influencia en todos los ámbitos de la sociedad y el poder del estado. No hay elementos para suponer que ahora las cosas serán diferentes.
Entre otros, tres hechos nuevos distinguen el actual plan gubernamental de los previos. Primero, la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la inseguridad pública. Segundo, la guerra contra los templarios por grupos de autodefensa, expresión simultánea del descontento ciudadano y criatura gubernamental. Y tercero, la intervención directa del grupo mexiquense en la vida política de Michoacán, al margen del pacto federal.
A finales de 2013, las operaciones militares de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La narcoguerra en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extrajera. Los inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como señaló una nota de Reuters a propósito de la narcominería: “el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda restaurar el orden y ganar la batalla contra Los caballeros templarios.
La gota que derramó el vaso corrió a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se accidentó la avioneta en que viajaba el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, el responsable de la política interna declaró: “Sí (lo) cuidamos porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de loscárteles, particularmente a los templarios”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Ciertamente, las autodefensas están integradas por muchos afectados por los templarios; detrás de ellas hay un malestar social genuino. Son expresión legítima del hartazgo ciudadano. Pero, simultáneamente, puede verse la huella del gobierno federal en su nacimiento, armamento y en la permisividad de sus operaciones. Su existencia es parte de una arriesgada política de Estado. El accidente de Mireles transparentó esa estrategia y obligó al gobierno federal a dar un viraje: la formación de grupos paramilitares no es muy bien vista internacionalmente.
El nombramiento de Alfredo Castillo, personaje cercano a Enrique Peña Nieto, como un moderno virrey, arropado con la figura de comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, coloca al grupo mexiquense en una posición clave para la definición de la política de seguridad nacional. De paso, acota la zona de influencia del secretario de Gobernación en el asunto.
¿Por qué se pone en duda el éxito de esta nueva ofensiva gubernamental? Por el enraizamiento del fenómeno del narcotráfico en la la vida del estado. Los templarios se abrieron paso en la sociedad michoacana como grupo justiciero local de autodefensa para enfrentar la barbaridad de otros cárteles. Desde allí, tejieron una imbricada malla de relaciones con la economía, la política, la justicia, los aparatos de seguridad estatales y la sociedad. Esa red les proporciona simultáneamente una base social real y una enorme masa de damnificados que los odia y teme.
Los centros geográficos clave de la actual disputa son la Tierra Caliente michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre del Sur que separa una ciudad de otra.
Apatzingán y su valle son el epicentro de la vida económica y política de Tierra Caliente. Allí se concentran las sedes de las instituciones y los poderes formales. También está la 43 Zona Militar, que tan poco eficaz ha sido en el combate al narcotráfico. Los malosos establecieron en esa ciudad una especie de centro financiero, desde el cual controlan la recaudación de los demás municipios. Su cuartel general se encuentra en Tumbiscatio.
Pese a que la carencia de agua es evidente en la agreste Sierra de Coalcomán, una interminable red de mangueras negras cruza amplias extensiones. Sirven para trasladar el líquido vital, desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de mariguana, a través de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez sofisticadas, en predios cercados para evitar que los animales se la coman.
La sierra michoacana ocupa el segundo lugar nacional en la producción de amapola y mariguana. Pero no es la única región de la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral Pacífico llegan lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectadas por radares o descubiertas por guardacostas, para trasladarla hacia Estados Unidos. A Lázaro Cárdenas, puerto de contenedores en rápida expansión, arriban, desde Asia, los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos; desde allí salen cargamentos de todo tipo de drogas.
Sobre esta base material, generadora de ingresos multimillonarios, los templarios han construido una próspera industria criminal de la que forman parte otras actividades ilícitas, como la venta de protección a agricultores y empresarios, la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de productos piratas a través del comercio ambulante. Se trata de negocios que blanquean sus ganancias mediante empresas lícitas, como las que exportan hierro a China.
Michoacán está en llamas. Para apagar el incendio no basta una ocupación policiaco-militar del territorio. Hay que rehacer desde abajo el conjunto de las relaciones sociales. Nada parece indicar que la actual estrategia pueda hacer algo así.
Autodefensas: el debate
Por Pedro Miguel
Entre otros, tres hechos nuevos distinguen el actual plan gubernamental de los previos. Primero, la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la inseguridad pública. Segundo, la guerra contra los templarios por grupos de autodefensa, expresión simultánea del descontento ciudadano y criatura gubernamental. Y tercero, la intervención directa del grupo mexiquense en la vida política de Michoacán, al margen del pacto federal.
A finales de 2013, las operaciones militares de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La narcoguerra en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extrajera. Los inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como señaló una nota de Reuters a propósito de la narcominería: “el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda restaurar el orden y ganar la batalla contra Los caballeros templarios.
La gota que derramó el vaso corrió a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se accidentó la avioneta en que viajaba el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, el responsable de la política interna declaró: “Sí (lo) cuidamos porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de loscárteles, particularmente a los templarios”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Ciertamente, las autodefensas están integradas por muchos afectados por los templarios; detrás de ellas hay un malestar social genuino. Son expresión legítima del hartazgo ciudadano. Pero, simultáneamente, puede verse la huella del gobierno federal en su nacimiento, armamento y en la permisividad de sus operaciones. Su existencia es parte de una arriesgada política de Estado. El accidente de Mireles transparentó esa estrategia y obligó al gobierno federal a dar un viraje: la formación de grupos paramilitares no es muy bien vista internacionalmente.
El nombramiento de Alfredo Castillo, personaje cercano a Enrique Peña Nieto, como un moderno virrey, arropado con la figura de comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, coloca al grupo mexiquense en una posición clave para la definición de la política de seguridad nacional. De paso, acota la zona de influencia del secretario de Gobernación en el asunto.
¿Por qué se pone en duda el éxito de esta nueva ofensiva gubernamental? Por el enraizamiento del fenómeno del narcotráfico en la la vida del estado. Los templarios se abrieron paso en la sociedad michoacana como grupo justiciero local de autodefensa para enfrentar la barbaridad de otros cárteles. Desde allí, tejieron una imbricada malla de relaciones con la economía, la política, la justicia, los aparatos de seguridad estatales y la sociedad. Esa red les proporciona simultáneamente una base social real y una enorme masa de damnificados que los odia y teme.
Los centros geográficos clave de la actual disputa son la Tierra Caliente michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre del Sur que separa una ciudad de otra.
Apatzingán y su valle son el epicentro de la vida económica y política de Tierra Caliente. Allí se concentran las sedes de las instituciones y los poderes formales. También está la 43 Zona Militar, que tan poco eficaz ha sido en el combate al narcotráfico. Los malosos establecieron en esa ciudad una especie de centro financiero, desde el cual controlan la recaudación de los demás municipios. Su cuartel general se encuentra en Tumbiscatio.
Pese a que la carencia de agua es evidente en la agreste Sierra de Coalcomán, una interminable red de mangueras negras cruza amplias extensiones. Sirven para trasladar el líquido vital, desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de mariguana, a través de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez sofisticadas, en predios cercados para evitar que los animales se la coman.
La sierra michoacana ocupa el segundo lugar nacional en la producción de amapola y mariguana. Pero no es la única región de la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral Pacífico llegan lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectadas por radares o descubiertas por guardacostas, para trasladarla hacia Estados Unidos. A Lázaro Cárdenas, puerto de contenedores en rápida expansión, arriban, desde Asia, los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos; desde allí salen cargamentos de todo tipo de drogas.
Sobre esta base material, generadora de ingresos multimillonarios, los templarios han construido una próspera industria criminal de la que forman parte otras actividades ilícitas, como la venta de protección a agricultores y empresarios, la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de productos piratas a través del comercio ambulante. Se trata de negocios que blanquean sus ganancias mediante empresas lícitas, como las que exportan hierro a China.
Michoacán está en llamas. Para apagar el incendio no basta una ocupación policiaco-militar del territorio. Hay que rehacer desde abajo el conjunto de las relaciones sociales. Nada parece indicar que la actual estrategia pueda hacer algo así.
Autodefensas: el debate
Por Pedro Miguel
Michoacán y sus autodefensas no cuadran en el relato de nadie. Algunos han optado por ubicar el alzamiento de la Tierra Caliente como la primera rebelión popular del siglo, y así parecen confirmarlo la extensión del movimiento y la autenticidad que impregna las declaraciones de sus integrantes. Otros ven la mano del sórdido ex general colombiano Óscar Naranjo –operador de escuadrones paramilitares en Colombia, y contratado por Peña como asesor de seguridad– en el surgimiento del grupo armado michoacano y consideran que el episodio es parte de una gran manipulación contrainsurgente. No faltan quienes consideran que la formación y la expansión de los alzados es producto de una maquinación del sempiterno injerencismo de Washington, y ven robustecida su hipótesis con los impertinentes ofrecimientos del Departamento de Estado al régimen mexicano de colaborar” en el apaciguamiento de Michoacán. Para muchos resulta inconcebible que un movimiento tan llamativo y poderoso no vaya acompañado de formulación ideológica alguna ni de una propuesta política para el país, y que no manifieste más objetivos que los de expulsar de la región a la mafia local y establecer “la santa paz”.
Los propios dirigentes de este alzamiento se contradicen con frecuencia en sus conclusiones explícitas y no siempre logran ubicar con claridad al resto de los actores en sus respectivos sitios: los gobiernos estatal y federal, por ejemplo, lo mismo pueden ser protectores de los templarios que aletargados aliados propios a los que urge sacudir y poner en acción. En todo caso, la rebeldía no va dirigida contra el régimen sino contra su ausencia, la que hizo posible que las organizaciones mafiosas se apoderaran de todos y de todo –de las hijas y los hijos, de los cultivos, de las casas, de las calles, de las festividades, de la producción y hasta de las autoridades–, pero en el discurso de Hipólito Mora, José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán y otros coordinadores de las autodefensas no se registra el hecho de que esa ausencia es, en sí misma, un acto de gobierno. Un día los voceros del alzamiento se congratulan por el tardío despliegue policial-militar en Apatzingán y al siguiente reconocen que se trata de un acto de inocultable simulación. Con todo, los alzados están dispuestos a otorgar a las autoridades el beneficio de la duda.
El más contradictorio de todos es el propio gobierno, con sus dos varas de medición tan contrastadas –una, abiertamente represiva, para las policías comunitarias de Michoacán y Guerrero, que son instituciones legales y hasta ancestrales, y otra, mucho más ambigua, para los armados de Tepalcatepec, La Ruana, y Buenavista-Tomatlán– y con su zigzagueo permanente: con la misma hipocresía con la que Fox y Calderón cedieron el control de Michoacán y de otros estados a las mafias del narco, en su primer año de gobierno Peña permitió, simultáneamente, que los templarios siguieran ejerciendo ese control y que las autodefensas se organizaran, expandieran y avanzaran. Pero también les ha tomado prisioneros, les ha matado gente y la semana antepasada el poder federal empezó a hacer frente a la crisis –¡un año después de entrar en funciones!– planteando a los alzados la exigencia criminal y estúpida de que se desarmaran, como si Osorio Chong y sus operadores no supieran que, desarmados, serían cazados como conejos por los matarifes de los templarios.
De su lado, los medios desinformativos del oficialismo, desorientados y todo, no pierden oportunidad de fraguar y ejecutar sus propias emboscadas periodísticas contra los alzados, como las que recientemente sufrieron Mireles y Mora, en el marco de la grotesca adulteración de declaraciones del primero, a quien se hizo aparecer como dispuesto a un desarme inmediato.
Para el grueso de la sociedad es imposible determinar, por ahora, si el régimen peñista alentó en forma deliberada, aunque discreta, el surgimiento de las autodefensas; hoy lo que es claro es que el gobierno no tiene control sobre el alzamiento y sus protagonistas. ¿Son las autodefensas el comienzo de una gran rebelión popular o son, simplemente, un ejército privado al servicio de agricultores adinerados? El hecho es que a los habitantes ricos, pobres y de clase media de las regiones amenazadas por la mafia no les ha quedado otro camino.
Ciertamente, la consolidación de un grupo armado irregular y de grandes dimensiones plantea un peligro grave; los propios alzados parecen estar conscientes de él, porque repiten una y otra vez su disposición a desmovilizarse en cuanto la amenaza templaria sea desarticulada. Pero el problema central no son ellos ni el grado de su pureza o de su contaminación, sino lo que, como síntoma, han dejado al descubierto: un régimen criminal que se aviene a cogobernar con el narco y que especula para beneficio propio con el conflicto entre la delincuencia organizada y los civiles armados.
navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
El más contradictorio de todos es el propio gobierno, con sus dos varas de medición tan contrastadas –una, abiertamente represiva, para las policías comunitarias de Michoacán y Guerrero, que son instituciones legales y hasta ancestrales, y otra, mucho más ambigua, para los armados de Tepalcatepec, La Ruana, y Buenavista-Tomatlán– y con su zigzagueo permanente: con la misma hipocresía con la que Fox y Calderón cedieron el control de Michoacán y de otros estados a las mafias del narco, en su primer año de gobierno Peña permitió, simultáneamente, que los templarios siguieran ejerciendo ese control y que las autodefensas se organizaran, expandieran y avanzaran. Pero también les ha tomado prisioneros, les ha matado gente y la semana antepasada el poder federal empezó a hacer frente a la crisis –¡un año después de entrar en funciones!– planteando a los alzados la exigencia criminal y estúpida de que se desarmaran, como si Osorio Chong y sus operadores no supieran que, desarmados, serían cazados como conejos por los matarifes de los templarios.
De su lado, los medios desinformativos del oficialismo, desorientados y todo, no pierden oportunidad de fraguar y ejecutar sus propias emboscadas periodísticas contra los alzados, como las que recientemente sufrieron Mireles y Mora, en el marco de la grotesca adulteración de declaraciones del primero, a quien se hizo aparecer como dispuesto a un desarme inmediato.
Para el grueso de la sociedad es imposible determinar, por ahora, si el régimen peñista alentó en forma deliberada, aunque discreta, el surgimiento de las autodefensas; hoy lo que es claro es que el gobierno no tiene control sobre el alzamiento y sus protagonistas. ¿Son las autodefensas el comienzo de una gran rebelión popular o son, simplemente, un ejército privado al servicio de agricultores adinerados? El hecho es que a los habitantes ricos, pobres y de clase media de las regiones amenazadas por la mafia no les ha quedado otro camino.
Ciertamente, la consolidación de un grupo armado irregular y de grandes dimensiones plantea un peligro grave; los propios alzados parecen estar conscientes de él, porque repiten una y otra vez su disposición a desmovilizarse en cuanto la amenaza templaria sea desarticulada. Pero el problema central no son ellos ni el grado de su pureza o de su contaminación, sino lo que, como síntoma, han dejado al descubierto: un régimen criminal que se aviene a cogobernar con el narco y que especula para beneficio propio con el conflicto entre la delincuencia organizada y los civiles armados.
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Tierra Caliente: de la autodefensa a la autogestión
Por Víctor M. Toledo
Por Víctor M. Toledo
Detenido el intento, iluso y descabellado, del gobierno federal de desarmar a las autodefensas antes que dar una mínima prueba de congruencia y efectividad ante el crimen organizado, el proceso ciudadano de resistencia entra en una fase crucial. Siguiendo lo discutido en mi entrega anterior (México, regiones liberadas”, La Jornada, 7/1/14) retornamos a un principio elemental: no es lo mismo autodefender que autogestionar. Lo segundo procede, y no necesariamente, de lo primero. Cuando se efectúa la transición se está dando un salto cualitativo, pues se está pasando de la mera resistencia a la construcción del poder ciudadano.
En el caso de Tierra Caliente, las autodefensas organizadas ya en torno a una mínima coordinación, que se supone aglutina a unos 20 mil ciudadanos armados que tienen presencia en más de 70 localidades de 21 municipios, deberían proclamar de manera clara y contundente un conjunto de demandas, sin las cuales no se puede pasar a la fase siguiente. Convertidas, de facto, en interlocutores reconocidos por el gobierno federal y estatal, las autodefensas solamente lograrán sus objetivos si se plantean y exigen demandas específicas, concretas y realizables a corto, mediano y largo plazos. En lo inmediato deberán demandar aquello que garantice el desmantelamiento de los escenarios dejados por las mafias y tolerados por el gobierno y sus numerosos actores, desde el nivel municipal hasta el estatal.
Por ello se debe exigir: 1) la captura de todos los líderes del crimen organizado y el desmantelamiento de sus redes y estructuras, es decir, el fin a sus actividades criminales; 2) la investigación de todos aquellos funcionarios del gobierno estatal, no importa su rango, que resultan sospechosos de colusión con el crimen organizado. Para ello debería crearse una instancia independiente y mixta (ciudadana y oficial), un tribunal que sea objetivo, imparcial y honesto; 3) la legalización de las autodefensas y su validación por los ciudadanos y las comunidades; 4) la liberación inmediata de los miembros de autodefensas presos, y 5) la creación de organizaciones ciudadanas legítimas, incluyendo la formación de comités y la celebración de asambleas y de elecciones comunales y municipales en cada localidad reconocida. Esto dará lugar a las condiciones mínimas para garantizar que el simple desarme de los criminales no oculte o haga que resurja la grave situación que hoy prevalece. De lo contrario, todo lo ganado se irá desvaneciendo. Se trata de establecer garantías que dejen un proceso irreversible y de cara al futuro.
Logrado lo anterior, se debe impulsar un proceso real de autogestión. La expansión de las autodefensas en Michoacán debe verse como parte de procesos similares ocurridos en otras porciones, como es el caso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En consecuencia de esas experiencias se debe aprender y reproducir lo reproducible. Sin embargo, en la entidad misma se tienen ya modelos probados y exitosos. Por ejemplo, la comunidad indígena de Cherán*, no solamente ha logrado recuperar la paz y sus bosques, sino que controla los movimientos de la gente, ha elegido a sus autoridades de manera directa y sin partidos políticos, e impulsa proyectos productivos, forestales, agroecológicos, sociales y culturales para beneficio de la colectividad.
Otra experiencia es la de la comunidad indígena de Nuevo San Juan*, cerca de Uruapan, que durante más de tres décadas ha logrado consolidar un proyecto autogestivo basado en la democracia participativa, el manejo ecológicamente adecuado de los bosques, la creación de una impresionante industria comunal, el rescate de la cultura y la historia, y un proceso de acumulación colectiva de capital. Nuevo San Juan es hoy un caso nacional e internacionalmente reconocido de manejo comunitario de los recursos locales, que ha incrementado la calidad de vida de sus miembros. Otro ejemplo, esta vez truncado en su desarrollo, es el de La Huacana, donde una experiencia municipal honesta y bien intencionada de solamente tres años logró innumerables proyectos, apoyos de todo tipo y el reconocimiento nacional e internacional como municipio modelo. Finalmente también está lo que vivió el municipio indígena de Cuetzalan*, en Puebla. Allí, ante la amenaza de proyectos destructivos de sus recursos naturales y de su cultura, las organizaciones ciudadanas unieron sus fuerzas, y en conjunto con las autoridades municipales realizaron un ordenamiento del territorio, apoyados por investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí generaron y promulgaron leyes de nivel municipal para garantizar que nadie ni nada afectara el equilibrio de sus paisajes y de la vida social.
En Tierra Caliente lo que es una elemental batalla por la vida y la supervivencia; donde no hay mayor ideología o interés que el de asegurar la paz y restablecer la seguridad, se debe avanzar hacia la creación una efectiva democracia participativa. La autodefensa es solamente el principio de las cosas. La idea general de la autogestión, que en el fondo es la creación o consolidación del poder social o ciudadano, implica trabajar para lograr autosuficiencia, autogobierno y por supuesto autodefensa. En un mundo en que el poder político y el poder económico se hacen cómplices, un rasgo de la fase globalizada del capital, la única opción que queda es gestar iniciativas por y para los ciudadanos.
En el caso de Tierra Caliente, las autodefensas organizadas ya en torno a una mínima coordinación, que se supone aglutina a unos 20 mil ciudadanos armados que tienen presencia en más de 70 localidades de 21 municipios, deberían proclamar de manera clara y contundente un conjunto de demandas, sin las cuales no se puede pasar a la fase siguiente. Convertidas, de facto, en interlocutores reconocidos por el gobierno federal y estatal, las autodefensas solamente lograrán sus objetivos si se plantean y exigen demandas específicas, concretas y realizables a corto, mediano y largo plazos. En lo inmediato deberán demandar aquello que garantice el desmantelamiento de los escenarios dejados por las mafias y tolerados por el gobierno y sus numerosos actores, desde el nivel municipal hasta el estatal.
Por ello se debe exigir: 1) la captura de todos los líderes del crimen organizado y el desmantelamiento de sus redes y estructuras, es decir, el fin a sus actividades criminales; 2) la investigación de todos aquellos funcionarios del gobierno estatal, no importa su rango, que resultan sospechosos de colusión con el crimen organizado. Para ello debería crearse una instancia independiente y mixta (ciudadana y oficial), un tribunal que sea objetivo, imparcial y honesto; 3) la legalización de las autodefensas y su validación por los ciudadanos y las comunidades; 4) la liberación inmediata de los miembros de autodefensas presos, y 5) la creación de organizaciones ciudadanas legítimas, incluyendo la formación de comités y la celebración de asambleas y de elecciones comunales y municipales en cada localidad reconocida. Esto dará lugar a las condiciones mínimas para garantizar que el simple desarme de los criminales no oculte o haga que resurja la grave situación que hoy prevalece. De lo contrario, todo lo ganado se irá desvaneciendo. Se trata de establecer garantías que dejen un proceso irreversible y de cara al futuro.
Logrado lo anterior, se debe impulsar un proceso real de autogestión. La expansión de las autodefensas en Michoacán debe verse como parte de procesos similares ocurridos en otras porciones, como es el caso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En consecuencia de esas experiencias se debe aprender y reproducir lo reproducible. Sin embargo, en la entidad misma se tienen ya modelos probados y exitosos. Por ejemplo, la comunidad indígena de Cherán*, no solamente ha logrado recuperar la paz y sus bosques, sino que controla los movimientos de la gente, ha elegido a sus autoridades de manera directa y sin partidos políticos, e impulsa proyectos productivos, forestales, agroecológicos, sociales y culturales para beneficio de la colectividad.
Otra experiencia es la de la comunidad indígena de Nuevo San Juan*, cerca de Uruapan, que durante más de tres décadas ha logrado consolidar un proyecto autogestivo basado en la democracia participativa, el manejo ecológicamente adecuado de los bosques, la creación de una impresionante industria comunal, el rescate de la cultura y la historia, y un proceso de acumulación colectiva de capital. Nuevo San Juan es hoy un caso nacional e internacionalmente reconocido de manejo comunitario de los recursos locales, que ha incrementado la calidad de vida de sus miembros. Otro ejemplo, esta vez truncado en su desarrollo, es el de La Huacana, donde una experiencia municipal honesta y bien intencionada de solamente tres años logró innumerables proyectos, apoyos de todo tipo y el reconocimiento nacional e internacional como municipio modelo. Finalmente también está lo que vivió el municipio indígena de Cuetzalan*, en Puebla. Allí, ante la amenaza de proyectos destructivos de sus recursos naturales y de su cultura, las organizaciones ciudadanas unieron sus fuerzas, y en conjunto con las autoridades municipales realizaron un ordenamiento del territorio, apoyados por investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí generaron y promulgaron leyes de nivel municipal para garantizar que nadie ni nada afectara el equilibrio de sus paisajes y de la vida social.
En Tierra Caliente lo que es una elemental batalla por la vida y la supervivencia; donde no hay mayor ideología o interés que el de asegurar la paz y restablecer la seguridad, se debe avanzar hacia la creación una efectiva democracia participativa. La autodefensa es solamente el principio de las cosas. La idea general de la autogestión, que en el fondo es la creación o consolidación del poder social o ciudadano, implica trabajar para lograr autosuficiencia, autogobierno y por supuesto autodefensa. En un mundo en que el poder político y el poder económico se hacen cómplices, un rasgo de la fase globalizada del capital, la única opción que queda es gestar iniciativas por y para los ciudadanos.
Envío:DiariosdeUrgencia
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