OPINIÓN.

OPINION

La edad dorada y el barrio

Avirán miente. Evocaciones de los tiempos en que convivía con el menemismo. Los nostálgicos de una era dorada que por ahí no existió. Relaciones carnales. De cuando el país era un aguantadero de genocidas. Otro paradigma desde 2003, audacia y sensatez. La dialéctica, que siempre existe. Y algunos apuntes más.
Por Mario Wainfeld

Néstor Kirchner y el juez español Baltasar Garzón.Imagen: DyN
Las declaraciones del ex embajador israelí en Argentina Itzhak Avirán no tienen desperdicio ni redención posible. El hombre afirmó, ahora y recién ahora, que el Estado israelí se encargó de mandar al otro mundo a la mayoría de los responsables del atentado a la AMIA. Se desató el escándalo, el gobierno de su país lo desmintió y lo descalificó, difícilmente Avirán agregue más datos.

Para empezar solamente, el ex embajador mintió alguna vez. O lo hace hoy día, al revelar tamaña primicia, o lo hizo en su momento cuando afectaba interesarse con las investigaciones judiciales locales y cooperar con ellas.

La versión es extraña aunque no se formula por primera vez, no “cierra” del todo. Pero tendría una virtud residual que sería explicar por qué Israel cooperó y se comprometió tan poco con la pesquisa.

Porque, entrando a lo que interesa a los fines de esta nota, el entonces embajador fue plenamente armonioso con la política del gobierno menemista, con el que se llevó de parabienes. Otro tanto sucedía con la mayor parte de las autoridades de la AMIA y de la DAIA, en particular el presidente de ésta, Rubén Beraja. Lo que les valió en el acto conmemorativo del atentado a la AMIA de 1997 que la mayoría de los asistentes le dieran la espalda a Beraja durante un discurso que encubría al gobierno que, manifiestamente, trababa las investigaciones. Desde la designación del juez federal Juan José Galeano en adelante, ésa fue su praxis.
Suele ligarse a la política exterior del menemismo y a la de Alianza con la sumisión a Estados Unidos y a los organismos internacionales de crédito. En trazo grueso está bien, a condición de asumir que en muchos otros aspectos también era penosa, en consonancia.

El buen trato con Avirán era, bien mirado, un modo de complicidad respecto del más brutal atentado terrorista internacional padecido por nuestra sociedad. Más o menos por la misma época, el presidente Carlos Menem vivía a partir un confite con el embajador norteamericano James Cheek. Este era un personaje pintoresco, más dicharachero que el hosco Avirán, un menemista avant la page: amaba el fútbol, era hincha de San Lorenzo, bromeaba con más onda que gracia. Lobbista avispado de las empresas de su país, se movía como pez en el agua y pescaba de lo lindo. Una anécdota lo hizo célebre: su tortuga se extravió en el verdor de una estancia argentina. Se contó que la buscaron la SIDE, la CIA y el FBI. El quelonio apareció y el embajador le otorgó el crédito a la SIDE, que comandaba Hugo Anzorreguy. Era un mimo poco verosímil, una nimia prueba de amor: el rol del Señor Cinco era armar el fuero federal, encubrir delitos varios, fraternizar ecuménicamente con cuadros setentistas y con líderes corporativos foráneos. El mérito de la tortuga prófuga fue inspirar una de tantas frases geniales de Diego Maradona.
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De carne éramos: La Argentina había entrado al mundo, se decía. El Canciller Guido Di Tella acuñó una frase precisa e inolvidable para definir el modo: relaciones carnales. “Guido” era un peronista peculiar, como suele pasar en su familia. Su sucesor, el radical Adalberto Rodríguez Giavarini, resultó menos histriónico y humanista, más espartano en el estilo pero compartían el credo esencial.

Cuando se critica al kirchnerismo, una postura válida entre tantas, se suele caer en la evocación de una supuesta edad dorada que lo precedió. Atravesamos, se porfía, el peor trance de la historia reciente, mucho se ha retrocedido. El autor de esta columna, supone, se perdió un tramo de ese relato: esa etapa superior y previa. Tal parece que antaño se discutía a fondo la Coparticipación, el Congreso era un Agora participativo donde primaban los proyectos presentados por la oposición, “la Justicia” funcionaba de rechupete. Los presupuestos nacionales se debatían profundamente y se aprobaban en tiempo y forma con las enmiendas sugeridas por los adversarios del gobierno. Las jubilaciones eran fastuosas. Las convenciones colectivas de trabajo llegaban a acuerdos que batían a la inflación. Y así.

La memoria del cronista sugiere otro contexto, que no redime los errores y carencias del gobierno actual, pero que es necesario para no caer en anacronismos banales.

Lo que antecedió al kirchnerismo no fue, “apenas”, la crisis del 2001. Fue una larga década de neoliberalismo, relaciones carnales, sujeción al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y que tampoco resaltó tanto en materia institucional.

La convertibilidad fue una decisión autóctona que dejó al Estado sin política monetaria para maniatar rápidamente a la política económica y luego a la política en general. El presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo lo hicieron, los partidos dominantes se plegaron.

Era un disparate (¿un cepo?) suicida desde el vamos, que tenía un costado fatuo. Exacerbada la dependencia se fantaseaba que un peso podría equivaler a un dólar, de acá a la eternidad. En su formidable libro Dudoso Noriega, Juan Sasturain se permite una ironía garbosa: era enamorarse de un empate. No hay modo más piadoso de decirlo.

En el mismo lodo, toda manoseada, caía la política de derechos humanos, sobre todo desde que irrumpió el juez español Baltasar Garzón.
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La celeste y blanca: Faltaba sentido nacional en todas las políticas macro, pero el surgimiento de un juez pionero suscitó ataques de chauvinismo berreta o compensatorio. Los gobiernos de la década noventista se envolvieron en la bandera celeste y blanca para defender su tosca versión de la soberanía: las leyes de la impunidad y los indultos. Como Garzón avanzó con las causas y comenzó a pedir extradiciones, un raído patriotismo se los negaba.

Desde cuando el magistrado detuvo al dictador y por entonces senador vitalicio chileno Augusto Pinochet y al represor argentino Adolfo Scilingo, el territorio nacional se transformó en el aguantadero de los terroristas de Estado. No podían salir de sus fronteras, por temor a ser pillados por el juez inclaudicable. Todo en nombre de nobles principios del derecho internacional que por aquel entonces eran innovaciones, aunque tomadas de las mejores tradiciones jurídicas internacionales. Hoy día son moneda corriente en el mundo.

Administraciones nativas plenas de abogados se opusieron a esa vertiente del progreso mientras seguían felices endeudándose y malvendiendo el patrimonio público.

La política exterior era también regresiva en ese aspecto, menos evocado que el económico, aunque no menos deplorable.

El presidente Néstor Kirchner cortó un nudo gordiano cuando recibió el primer pedido de extradición de Garzón. Estaba en el avión presidencial y proclamó que lo concedería, si los sospechosos de crímenes de lesa humanidad no eran juzgados acá. Tomó de sorpresa a los integrantes de su mismo Gabinete. Cumplió, según se pudo ver. Ahora dicen que esa movida era sencilla, que estaba al alcance de la mano. Ni el gobierno conservador popular de Menem ni el sedicente “progresista” de Fernando de la Rúa se percataron de la oportunidad.
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Cuba libre y sorpresismo: De la Rúa y Rodríguez Giavarini resolvieron votar contra Cuba en las Naciones Unidas, contrariando la tradición radical que había honrado Raúl Alfonsín, siendo presidente. Anoticiaron al Gabinete en una reunión, varios ministros cuestionaron, entre ellos Federico Storani y Ricardo Gil Lavedra. El canciller defendió la movida mientras el presidente, fiel a sí mismo, callaba. En algún momento debió bancar a su ministro: no conformó a los críticos. Rodríguez Giavarini, contra las cuerdas, se valió de un argumento difícil de rechazar: “eso se está votando”. La información llegó tarde, así funcionaban las reuniones de gabinete en la era dorada.

Alfonsín, que ahora está merecidamente en el bronce, ni siquiera había sido informado con antelación: se quejó ácidamente ante ministros de su confianza pero no se expidió en público. Eran los tiempos de la república. Poco menos de un año después, los correligionarios se enterarían por tevé del plan económico del flamante ministro Ricardo López Murphy: tampoco hubo palique previo en plenario. Nobleza obliga: algunos de los soslayados renunciaron porque no bancaban los ajustes, en especial los que recortaban ingresos al sistema educativo en general y a las universidades en particular. En aquel entonces se achicaban las partidas, lo que (cabe imaginar) redundaba en la mejora de la calidad educativa.
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Mirar al vecindario: El abandono de belicistas “hipótesis de conflicto” con países limítrofes es un logro secuencial de todos los gobiernos populares ulteriores a 1983. Alfonsín marcó hitos en ese sentido, incluyendo a la consulta por el Canal de Beagle. Menem, uno de los contados peronistas que adhirió a la valorable iniciativa, reformuló al Mercosur como un acuerdo de mercaderes, obrando a tono con las tendencias de la época pero fue también pacifista. En el siglo XXI la integración de América del Sur pega un salto cualitativo aunque insuficiente: es instrumento y objetivo compartido.

El comercio internacional de la Argentina es el más diversificado de su zigzagueante historia. Se podrá aducir que está impuesto por las circunstancias, en buena medida podrá ser real. Pero hubo muchas decisiones políticas durante los gobiernos kirchneristas. Verosímilmente muchos de sus adversarios hubieran optado por otro rumbo.

En la reunión que citamos en el párrafo anterior, Rodríguez Giavarini alertaba contra el alineamiento incondicional con (detrás de) Brasil mientras no le hacía ascos al seguidismo respecto de Estados Unidos y los organismos internacionales. Cuando De la Rúa renunció, consideró adecuado llamar al titular del FMI, Horst Köhler, para avisarle y disculparse. El gesto no se repitió con los manifestantes que eran apaleados y baleados en las cercanías de la Plaza de Mayo.

Otro, por designio y por suerte, fue el criterio que primó desde 2003. La alianza estratégica con Brasil no tiene precedentes históricos. El rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata, el desendeudamiento simultáneo con el FMI, acciones conjuntas para facilitar procesos democráticos o preservar a gobiernos legítimos frente a intentonas golpistas se hicieron moneda corriente. Venezuela, Ecuador y Bolivia fueron movidas exitosas en las que Argentina y Brasil actuaron de consuno. Los mandatarios a quienes se quiso cerrar el paso o derrocar siguen vigentes. En Paraguay y Honduras la presión de los países hermanos la acción colectiva no bastó.

La “diplomacia presidencial” es dinámica y bastante eficaz. Depende, claro, del consenso entre mandatarios porque su armazón institucional (en especial la Unasur) es muy precaria, casi inexistente. La clave es la relativa armonía entre presidentes de países diversos con ideologías variopintas pero en general más progresistas que sus alternativas más votadas. No son idénticos, como no lo son sus “patrias chicas”, pero se reconocen como los mejores interlocutores posibles dentro de lo que hay. Esa fuerza puede incubar un riesgo que es padecer al vaivén de eventuales alternancias políticas. El interregno de la derecha de Sebastián Piñera en Chile no movió el tablero, tal vez porque ese país está entre los menos comprometidos en la integración. De cualquier modo, las afinidades pesan. El cronista supone que no habrá mejor sintonía para el conflicto entre Chile y Bolivia que la presencia conjunta de los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales. Ella fue reelecta, él es favorito para lograrlo en octubre. En todo caso, lo que no arrimen ellos no lo hará nadie.

Otro tanto puede decirse, en términos más nostálgicos, del conflicto entre Argentina y Uruguay por las papeleras. La coincidencia en el poder de los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica fue un bálsamo para el peor entripado de la política internacional argentina en la década. Ambos se retirarán tras las próximas elecciones, habrá que ver cómo se suplen.
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Acá y en otras comarcas: La gobernabilidad, la coexistencia de gobiernos populares y relativamente exitosos, la paz son bastiones de América del Sur. La política es, en estos pagos, más rica que en el resto del mundo. No se ha acabado con las dificultades, la desigualdad sigue siendo una característica dominante.

La cohabitación entre sistemas democráticos y capitalismo es una charada siempre, una contradicción permanente: lo explica lujosamente una columna de Boaventura de Sousa Santos publicada en este medio días atrás.

Los gobiernos revalidan en promedio sus títulos, mientras en Europa caen en el descrédito con velocidad, excepción hecha de Alemania, la locomotora que sigue al frente. Todos los de este Sur, aún los plebiscitados, deben hacerse cargo de viejos reclamos insatisfechos o de nuevas demandas. Un factor común, entre tantos, es el reclamo masivo por mejores servicios públicos. En Chile, la juventud colmó las calles pidiendo reformas sustanciales en el sistema educativo. Bachelet reingresará a La Moneda con una nueva coalición y promesas de reformas constitucionales, sociales, fiscales y políticas. En buena medida, es poner fin a las normas “amarradas” desde la dictadura.

En Brasil las protestas por el transporte y el manejo de los recursos públicos pusieron en vilo a la presidenta Dilma Rousseff que parece haber recobrado la hegemonía política.
En Argentina el transporte, la educación, la inseguridad, la inflación son reclamos recurrentes a un gobierno que ha subido mucho el piso compartido pero que enfrenta amesetamiento y “fatiga” de las principales variables del “modelo”.
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Varas para medir: La comparación con el centro del mundo, estancado en general, debe usarse con prudencia. A excepción de los eslabones más débiles de la cadena (Grecia, por ejemplo), las naciones de la Unión Europea están en decadencia... pero caen de muy alto en términos relativos. Todavía hay lazos intrafamiliares, seguros de desempleo, jubilaciones muy extendidas y no patéticas para poblaciones muy avejentadas. El PBI per cápita y el tejido de servicios públicos de varios países en crisis serían avances para muchos de los de este Sur.

También hay que valorar lo que se construye y a menudo se ignora o subestima. La Argentina, en simetría con su mejor tradición, no sólo pontifica sobre la integración: es asimismo un país de acogida para los ciudadanos de países vecinos. Hay discriminaciones en la vida cotidiana y hasta racismo enquistado pero la legislación es amigable al máximo y tutela a la inmigración.

En el ideario público (no aceptado por toda la sociedad civil y, por ende, más avanzado que ella) y en las normas, la migración es un derecho humano básico, que no debe ser restringido. En el Viejo Mundo, es muy otro el criterio imperante. Se trata de un derecho relativo, sujeto a intensas y crecientes regulaciones o prohibiciones. Se distingue, con severidad impiadosa, entre migraciones legales e ilegales... se corre casi cotidianamente la frontera entre ambas, adivinen para qué lado. Lampedusa es un ejemplo extremo de la política europea pero no una consecuencia exótica o contra natura.
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Sensatez y sentimientos: Acá cerca y hace tiempo, cuando Avirán convivía gozosamente con Menem, la causa AMIA daba vergüenza. Un sector hegemónico del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema, daba vergüenza. Eso sí, no existía un agrupamiento como Justicia Legítima que discutía a cielo abierto las carencias de ese estamento del Estado. Su surgimiento es una consecuencia cultural de la etapa, como tantas otras. Los entreveros pueden subir de tono, son mejores que el silencio o las reyertas palaciegas.

Volvamos al principio de este artículo y a su núcleo. El memorando con Irán, que suscitó la “confesión” del ex embajador israelí, es polémico y su futuro es incierto. Tal vez el Gobierno peca de voluntarismo en querer revelar una verdad que se tapó en el momento oportuno. Pero nadie puede decir que se desactivó una causa que iba a develar algo: los mamotretos languidecían, más cercanos a la telaraña que a una sentencia acertada.

En cuanto a la política exterior, en general: el kirchnerismo “leyó” un estadio histórico propicio y decidió construirla con eje en el barrio propio. Ahí donde las economías crecen, la redistribución del ingreso avanza, los presidentes relegitimados son la regla. Acá donde, como consecuencia de los reformistas vaivenes del voto y no de la pólvora, coexisten tres mujeres con mandato popular, un presidente indígena, un gran líder regional que era obrero metalúrgico y no había terminado la primaria. Entre ellos mismos hay dos militantes de izquierda que tomaron las armas contra las dictaduras de sus países.

Argentina es pilar del incipiente sistema de relaciones de esa región, que es la propia y donde da gusto vivir. Es una opción que combina audacia y sentido común (algo que las derechas nativas no les reconocen a los oficialismos populares).

En nuestro país, la estabilidad y la persistencia han trazado un surco, que el mainstream mediático ni siquiera nota. Los debates son más rigurosos, la agenda más sofisticada. Los números, en promedio, son más afinados que apenas ayer. Eso hace aún más imperdonable el desquicio que un gobierno estatista cometió en el Indec. Todo tiene sus contradicciones, sus claroscuros, sus retrocesos a reparar.

De eso se trata, creemos. Alfredo Zaiat apunta en su nota de ayer en Página/12 que en economía no existen situaciones de equilibrio prolongado. En política tampoco, añade este escriba. Todo estadio genera desequilibrios, tensiones dialécticas, problemas nuevos, situaciones de-safiantes. De cualquier forma hay mejores y peores tránsitos, estadios más propicios que otros. Los retos siempre llegan, estancarse es peligroso. La política es así, muy distinta a la calma de los cementerios o la tersura de los sistemas teóricos. El cronista, que ya tiene sus años, intuye que algo similar pasa con la vida.
Fuente:Pagina12

OPINION

Riesgos que valen
Por Washington Uranga

No se cumplieron todavía dos meses de la asunción de Jorge Capitanich y ‘con ello’ de la instalación de una nueva estrategia de comunicación del Gobierno, y ya las voces opositoras mediáticas –las mismas que reclamaban más “diálogo” y más “comunicación”– salen a desacreditar la forma y la calidad de lo actuado por el jefe de Gabinete. Pocos días después de inaugurado este nuevo estilo sostuvimos (Página/12, 27/11/2013) que “la gobernabilidad democrática se juega también en la comunicación” para subrayar la importancia de los pasos dados.

Estaba claro entonces –para los analistas pero sobre todo para el equipo de gobierno– que el ajuste en la orientación de la estrategia comunicacional oficial no serviría para hacer de-saparecer –ni siquiera para aminorar– las críticas que se formulan desde la oposición mediática. Uno de los riesgos previsibles eran las reales, presuntas o inventadas (para algunos no hay diferencia entre todas esas posibilidades) contradicciones entre los dichos de un mismo funcionario o, eventualmente, entre las manifestaciones públicas de quienes hablan en nombre del Gobierno. “Quien hace y quien tiene boca se equivoca.”

Desde la teoría comunicacional habría que decir que el interlocutor de la comunicación de gobierno es, en primer lugar, la ciudadanía y no los medios y los periodistas. Como bien lo afirma Josep Rota, “la comunicación abierta, horizontal y libre es esencial para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática” (Rev. Diálogos de la Comunicación Nº 63, 2012, p. 87). Lo importante es hablar con los ciudadanos, ofrecerles a éstos información para su propio análisis y toma de decisiones. Por supuesto que, en medio de ese proceso, están los medios y los periodistas, con distintos grados de profesionalidad, orientaciones políticas y criterios éticos. Correspondería a estos profesionales ofrecer con la mayor veracidad –dejemos de lado la inexistente pretensión de “objetividad”– las informaciones para el ejercicio legítimo del derecho a la comunicación de los ciudadanos. La Argentina es un buen ejemplo de que ello no ocurre en gran parte de los casos: las informaciones no sólo son tergiversadas, sino que muchas veces son facciosamente manipuladas. Esta situación constituye un grave daño para la democracia por más que quienes así actúan lo hagan, curiosa y contradictoriamente, enarbolando permanentemente la bandera de la propia democracia y de la “libertad de expresión”.

Frente a la comunicación cotidiana del jefe de Gabinete y a las manifestaciones de distintos ministros, hoy ya se escuchan voces que, por un lado, pretenden quitarle valor a sus dichos, buscar contradicciones en sus propias palabras y diferencias entre los distintos voceros. Era un riesgo, ciertamente muy previsible. Lo cierto es que, al margen de estas manifestaciones, es un riesgo que sigue valiendo la pena correr. Por la ciudadanía y la riqueza de la comunicación democrática.

Pero además ¿hay contradicciones?, ¿hay diferencias? La respuesta es sí. ¿Y cuál es el problema de que las haya? O acaso hay que recordar que muchos de los mismos que hoy señalan esto como un defecto antes criticaron la unicidad del discurso oficial. Entonces ¿por qué antes era malo que no aparecieran voces diferentes y por qué lo es ahora que esas diferencias se pongan en evidencia en un proceso en el que se analizan posibles alternativas en cuanto a medidas de gobierno? Lo mismo podría decirse respecto de la autoridad presidencial antes “férrea”, cuando no “autoritaria” y hoy, por el contrario, “desdibujada” hasta el punto de afirmar que “no hay conducción”.

Está claro que, para quienes así proceden, la preocupación no está centrada en los aportes de la comunicación a la construcción democrática. El único objetivo a la vista es, a cualquier precio y así sea con argumentos absurdos, apuntar al desprestigio de la gestión. Si revisaran honestamente sus archivos, sus propias argumentaciones, podrían por lo menos darse cuenta de las contradicciones e incoherencias en las que incurren.

Pero es necesario mirar más allá. La democracia necesita de una comunicación que también cuente con el atributo democrático. Es una condición esencial. Y para ello el Estado, como lo ha hecho a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene que seguir dando pasos para multiplicar las voces, para que los diferentes actores sociales encuentren un lugar adecuado, permanente y potente de expresión en el sistema de medios. Es importante la voz oficial, pero no lo es menos la polifonía de las voces democráticas.

Opositoras, oficialistas, alternativas, todas. Con unas y otras se seguirá enriqueciendo y fortaleciendo la democracia. Por eso también “... el mantenimiento de un sistema democrático de comunicación dependerá de la existencia de un conjunto efectivo y vigente de leyes y reglas que mantengan en equilibrio el acceso a los medios de comunicación por parte de diversos grupos sociales” dadas “las diferencias de poder económico y político que existen entre distintos sectores de todas las sociedades actuales” (Rota, op. cit.).
Las acciones en este sentido provocarán sin duda, en el marco de libertad en que el que vivimos, que se escuchen nuevas acusaciones de que “el Gobierno fomenta medios adictos”. Ese también un riesgo que vale la pena correr. Por el bien de la democracia.
Fuente:Pagina12

OPINION

Vacaciones, dólar y airear el debate
Por Mempo Giardinelli

Imagen: Rafael Yohai
Aunque este verano es ya una de las mejores temporadas en muchos años para miles de comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios turísticos –al menos en los lugares donde veranean los porteños–, es curioso observar cómo los ataques a la economía no cesan. El pequeño y poderoso mercado ilegal llamado dizque románticamente “blue” se lanzó a subir el dólar hasta los 11 pesos por unidad, y por supuesto lo logró, para solaz de la caterva de economistas que siempre anuncian el horror que luego no sucede.

Es curioso el papel de esa docena y pico de siempre consultados economistas del así llamado establishment porteño. Cada uno de ellos alguna vez fracasó rotundamente como funcionario de algún gobierno de los últimos veinte años, y no faltan los que fueron y ahora mismo están siendo procesados, como el Sr. Sturzenegger.

Sin embargo, cual grotesco pelotón de mala película de guerra, todos son convocados a diario a programas de tele y/o escriben en diarios y revistas como augures del desastre económico-financiero que jamás se produce y como anunciadores –tan luego ellos– de fórmulas “para superar la crisis”.

Uno de los problemas centrales de la economía argentina son esos tipos. Y otro es la inflación, desde luego. Nadie lo niega, o acaso solamente el Gobierno, que elude reconocerla y la sobrelleva en silencio enfrentándola con medidas no siempre eficaces, como los acuerdos de precios y las amenazas de importación de productos. Estrategias, cabe recordarlo, que jamás han funcionado en la Argentina por una sencilla razón que nuestros políticos no quieren ver: para que funcione cualquier medida y sea mínimamente exitosa, hay que tener eficaces mecanismos de control. Y eso no existe en este país. En ningún campo, en ninguna actividad oficial.

Alguna vez los que gobiernan y los que quieren ser gobierno se darán cuenta de que toda buena gestión estatal depende en gran medida del desarrollo y aplicación de consistentes y permanentes mecanismos de control, que a su vez conlleven rigurosos y eficaces sistemas de sanción. Nada de eso se practica aquí. En ninguno de los tres poderes de la República y en ninguna de las 24 entidades federadas.

Entonces la inflación resulta el karma del actual Gobierno, como lo fue de cada gobierno de otros tiempos, cuando la inflación era híper y el descontrol que dejaron los militares ya era absoluto. Cada administración debió lidiar con el mismo tenaz enemigo: la especulación con el dólar. Y sobre todo con la obsesión de las clases medias por acumular ganancias y ahorros en esa divisa, lo que ha desatado también algunas bromas, como la que circula y dice que la inflación en la Argentina ya no es un problema económico, sino psiquiátrico.

Desde luego que la temporada de verano es la mejor en muchos años, décadas incluso, y acaso por eso apenas sobresalió el cruce de opiniones entre Capitanich, Echegaray y Kicillof respecto del régimen fiscal de Bienes Personales. Pero como en estos días todo se diluye como arena entre los dedos y hay una ostensible falta de temas dominantes, los grandes diarios compensaron la poca información con saturación de notas rojas o deportivas. Un rayo asesino en Villa Gesell, asaltos a familias acomodadas o madres que torturan y matan a sus hijos ocupan los mayores espacios. Es curioso cómo cierta prensa otrora respetable ha asumido el color de quienes sufren de hepatitis crónica. Y en cuanto a intrascendencias deportivas, dan gracia los zarandeos en Boca, River, Racing o San Lorenzo tratados como asuntos importantes, mientras sigue la locura del Rally Dakar, que no se corre en Africa sino acá y produce varias muertes absurdas cada año.

Se dirá que es poco para entusiasmarse en términos de la vida política de una nación, y es verdad, pero qué bueno que así sea. Parecerían síntomas de un país normal que vacaciona masivamente, que tiene niveles de consumo asombrosos como se ve a diario en casi todas las capitales de provincias, y que gracias a pequeños grupos de cretinos se presta a recalentamientos semanales con el dólar y otras menudencias, como para demostrarse a sí mismo que sabe muy bien cómo autoinfligirse daños.

En ese contexto, esta semana apareció una idea: Julián Domínguez propuso reabrir la vieja causa de la mudanza de la Capital al interior del país. Desde los tiempos en que Raúl Alfonsín y el radicalismo todo fracasaron con el sueño de Viedma, la idea vuelve a florecer. Como cada dos o tres décadas en la historia argentina de los últimos 130 años, desde que la hoy CABA fue declarada capital nacional en 1880 se han propuesto, sobre todo, ciudades de Santa Fe y de Córdoba más de una vez, por razones geográficas.

Los argumentos, aunque conocidos, abren debate. Domínguez sostiene que “los países que tienen proyectos grandes no tienen sus capitales en los puertos”, olvidando que Londres, Lisboa, Amsterdam, Hamburgo, Washington y Tokio, todos imperios en su momento, fueron capitales-puertos. Pero también acierta al proponer que la Capital no sea pensada “desde la lógica de esta ciudad, que es maravillosa y cautivante, pero que tiene la lógica de lo que sucede en la ciudad, no lo que sucede en el país”. Todo un tema que, si continuara, airearía el debate político tan tóxico de este país en el que sobran, por ejemplo, tontos, necios y cobardes en Twitter y otros feudos del anonimato que algunos tienen por “libre expresión”.
Fuente:Pagina12

OPINION

La discusión de fondo
Por Edgardo Mocca

Como el ascenso y la designación al frente del ejército del general Milani se hicieron según lo disponen la Constitución y las leyes, hay que entender que la discusión desatada a su alrededor es una discusión política. Es decir, se trata de una disputa sobre la conveniencia de esas decisiones y no sobre su legalidad. La conveniencia política no se dirime en abstracto ni bajo la pretensión de neutralidad que entrañaría un debate jurídico. Tampoco puede reducirse a una cuestión de índole moral. Claro que toda decisión política involucra cuestiones de orden ético-moral; lo que se pretende subrayar es que no se limita a esa dimensión sino que la incluye dentro de una mirada más abarcativa cuya perspectiva debe fundarse en el bien colectivo.

Desde el punto de vista político, la objeción central que ha desencadenado la designación de Milani es la que proviene de la oposición mediático-política al actual gobierno, cuya expresión pública más precisa se encuentra en el editorial del diario La Nación del 17 de diciembre del año pasado. Este documento tiene el mismo norte político que toda la pirotecnia desatada por los grandes medios sobre el tema, pero conserva una coherencia doctrinaria de la que ha carecido la gran mayoría de sus voceros. Aunque se duele de que el gobierno promueva a un general acusado de graves violaciones a los derechos humanos en “la represión de la guerrilla” (no en los tiempos de la dictadura y el terrorismo de Estado), deja claro que no cree que la política de derechos humanos del actual gobierno sea otra cosa que una forma de “persecución capciosa” contra gente de impecables antecedentes. De modo que el debate abierto dentro de las filas de quienes apoyan al Gobierno no tiene otra relevancia que no sea la de poner de manifiesto la supuesta incongruencia de esa política oficial.

Sin embargo, la lectura atenta y completa de la nota no deja lugar a dudas: no son las acusaciones judiciales ni las impugnaciones morales al general Milani el objeto principal del desasosiego de la “tribuna de doctrina”. El problema fundamental es la “politización” de las Fuerzas Armadas, preocupación que no deja de ser conmovedora viniendo de una empresa mediática que no estuvo ausente de ninguno de los episodios en los que durante gran parte del siglo XX los militares se constituyeron en brazo ejecutor de los proyectos políticos de las clases dominantes del país. Para el diario, “politización” y “facciosidad” son términos utilizables para designar posiciones políticas opuestas a las propias. No hay ninguna ley, ni artículo constitucional que prescriba que las Fuerzas Armadas tengan que mantenerse “fuera de la política”; de hecho la atribución de su comandancia al presidente es, justamente, la declaración de subordinación de los militares a la jefatura política de la nación. Otra cosa es, naturalmente, la cuestión de la partidización de las Fuerzas Armadas, absolutamente incompatible con su condición de brazo armado para la defensa de la república.

La nota que comentamos confunde visiblemente ambos planos. Utiliza las declaraciones de Milani a favor del compromiso del Ejército con el proyecto nacional para intentar demostrar que su designación corresponde a la estrategia de convertir a “los militares en militantes” y “al ejército en una montonera, es decir en la organización armada de un movimiento político”. El cuadro se completa con infundadas acusaciones a Milani de participar en tareas de espionaje político y con la afirmación del supuesto designio oficial favorable al involucramiento militar en tareas de seguridad interior. La participación y el compromiso militar con un proyecto nacional no significa una toma de posición partidista: en rigor, las Fuerzas Armadas no pueden dejar de participar en un proyecto nacional; lo hacen tanto cuando adoptan compromisos con una política de desarrollo soberano e inclusivo como cuando responden a cursos privatistas y de concentración de la riqueza. El verdadero debate no es si el Ejército participa en una política nacional, sino en qué tipo de política nacional participa y si lo hace como un dispositivo disciplinado detrás de las autoridades legítimamente elegidas o como una corporación autónoma, como un “partido militar”.

El telón de fondo de la discusión concierne a cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de plena vigencia del orden constitucional. Como la utopía neoliberal del orden mundial autorregulado ha ido dejando paso a la realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente, no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la defensa nacional. Esto involucra la necesidad de desarrollar recursos materiales, tecnológicos y humanos a la altura de la evolución mundial en la materia. ¿Qué se hace con esos recursos en tiempos en que afortunadamente el país no tiene las viejas hipótesis de conflictos con países vecinos que supieron formar parte de nuestro pasado autoritario? ¿No hay tareas de solidaridad social, investigación tecnológica, capacitación de recursos, entre otros, en los que los militares podrían aportar una parte de su patrimonio institucional para servir a objetivos nacionales más generales? Claro, esos objetivos nacionales no son abstractos ni pueden ser deducidos automáticamente del tejido jurídico constitucional y legal del país; están mediados por relaciones de fuerza políticas, son el fruto práctico de las controversias de la sociedad democráticamente gestionadas. Y eso, hay que insistir, es válido cuando se recupera YPF y cuando se entrega el patrimonio nacional; también esta última es una decisión política que compromete a todos los actores institucionales, Fuerzas Armadas incluidas.

Si se parte de que ésta es la discusión política de fondo, se puede entrar en mejores condiciones al debate abierto en las propias filas del kirchnerismo sobre la designación de Milani. No se trata, como a veces se pretende interpretar, de forzar un seguidismo acrítico de las decisiones que se toman desde el poder, sino de enmarcar su análisis en una mirada de conjunto, capaz de establecer la jerarquía de las distintas cuestiones que están en juego. Para empezar a despejar el camino, vendría bien ajustar los términos: no se acusa a Milani de asesinar o torturar sino de firmar un documento burocrático que atestigua la “de-serción” de un soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió –sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento encubridor. Treinta y seis años después, el hoy general niega el conocimiento de la verdad respecto del soldado asesinado y puede haber buenas razones para dudar de esa ignorancia. ¿Alcanza con esos hechos para cuestionar su idoneidad política y su compromiso actual con los derechos humanos? Es importante saber cómo el general contesta un cuestionario formulado por un organismo prestigioso de defensa de los derechos humanos. Pero acaso el renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los últimos años, que incluye una activa colaboración en el esclarecimiento de las prácticas del terrorismo de Estado, como lo ejemplifica su denuncia de los agentes de inteligencia civil que actuaban en el Batallón 601.

Es en este punto, el de la relación de un gesto moral de Milani con la oportunidad de una decisión política, en el que no hay modo de dar una respuesta segura y definitiva. Desde mi punto de vista, la prioridad conceptual la tienen los hechos, las contiendas, los proyectos que forman parte de nuestro aquí y ahora. La decisión política de la Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe del Ejército. Tampoco se trata de un “inocente”. Claramente no los hay entre quienes formaban parte de los cuadros militares de la época de la barbarie dictatorial y no son tan abundantes en la sociedad argentina tomada en su conjunto. Eso no impidió que muchos de esos militares condujeran a las fuerzas durante estos treinta años de democracia. Más aún, sobre muchos de los que ocuparon diferentes niveles de conducción militar pesaban antecedentes mucho más graves, pasados y actuales, que aquello de lo que se acusa a Milani. Una vez más, la discusión de fondo es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina y es esa perspectiva la que debería organizar la legítima controversia abierta.
Fuente:Pagina12


12.01.2014

La minería que necesita Argentina 
La minería es un sector relevante por su crecimiento y las críticas ambientalistas. 
Por: Genaro Grasso

Existen proyectos importantes, como en Catamarca: Mina Bajo la Alumbrera, de cobre y oro, y en San Juan: Veladero y el binacional Pascua Lama, de oro y plata. 

Pero no todo es oro y plata, hay hierro en Sierra Grande, uranio en Sierra Pintada, hay proyectos de carbón en Río Turbio y de potasio en Río Colorado, Pachón (cobre y molibdeno), y existen yacimientos de todo tipo de rocas de aplicación, de materiales de uso industrial, de sales, boratos, litio y de piedras semipreciosas.

En 2012, según la Secretaría de Energía, el empleo llegó a medio millón y las exportaciones a más de U$S 5000 millones. Para 2029, el empleo llegaría a casi un millón de personas, y las inversiones serían de $ 43 mil millones.

Los debates se centran en el sí o el no a la minería, pero no en qué minería y para qué. La mayoría de los proyectos son de multinacionales, que invierten en proyectos a gran escala, y se centran en metales preciosos. 

Sin embargo, necesitamos además una minería conectada con el entramado industrial. Así, hay un acuerdo para sustituir importaciones por $ 800 millones con pymes locales de alta tecnología, y se planteó refinar el oro.

Creemos además que hay que cambiar la legislación minera para permitir la explotación del Estado, reducir la Estabilidad Fiscal, incrementar las regalías a un 6% del valor final, e incrementar retenciones (móviles y segmentadas por agregado de valor). 

Asimismo, creemos que hay que crear una empresa minera Estatal y Provincial, para explotar los yacimientos de interés nacional, crear una planta de fundición y de siguientes etapas de elaboración del cobre, implementar la separación del fósforo por flotación del hierro y poner en producción el yacimiento de Güemes, explotar alúmina y los minerales industriales, y trabajar sobre el enriquecimiento del uranio y la energía nuclear. Sólo así tendremos una minería diversificada e integrada al desarrollo.

Fuente:TiempoArgentino

12.01.2014
panorama político 
Síndrome de abstinencia 
La oposición no le encuentra la vuelta a un escenario en el que le falta su principal alimento. 

Por: Hernán Dearriba

La política está desconcertada y no lo puede resolver. Tiene síndrome de abstinencia. La presidenta Cristina Fernández optó por el silencio y una vez más consiguió demostrar, apenas con ese simple acto, su rol central en la vida política argentina.

La oposición no le encuentra la vuelta a un escenario en el que le falta su principal alimento. Los referentes opositores, acostumbrados a diez años de frontón como único elemento para hacer política, tienen dificultades para discutir con el silencio. Necesitan de las apariciones públicas y de la verborragia presidencial para poder mojar el pan aunque sea de costado. Hay una alternativa, claro: plantear propuestas, iniciativas y abandonar el rol de comentaristas de la realidad en los sets de televisión. Pero ese ejercicio tal vez requiera de algún atributo desconocido en la mayoría de la dirigencia política nacional.

La presidenta apenas rompió el silencio vacacional para desmentir cualquier posibilidad de una postulación electoral para 2015. Desde que llegó a la Casa Rosada, la verborragia de Cristina Fernández indignó y ofuscó a políticos y analistas por sus apariciones constantes en la televisión, por sus largas parrafadas y su capacidad para discursear sin tener que recurrir a papeles. Todo aquello estaba muy mal, según esa mirada. Mal la cadena nacional, mal los actos de gobierno, mal los actos populares, mal las cumbres de presidentes del G-20 o la participación en la Asamblea General de la ONU. En varias oportunidades se le recomendó callar, porque sus discursos le hacían mal al país, perjudicaban negociaciones internacionales y hasta hundían a la Argentina en el desastre en los tribunales estadounidenses.

Sin embargo, analistas y políticos parecen haber revisado aquellos conceptos y ahora quieren que hable. Si es posible, mucho. Parece que ahora está mal que se calle. Mal que tenga su agenda de gobierno en la Quinta de Olivos. Mal que decida no ir a un acto público, mal que mantenga silencio cuando está en la Casa Rosada y parece que se calla porque está mal, ahora de salud, sostienen. Y entonces ruedan las versiones, y las especulaciones sobre los motivos que han llevado a la presidenta a guardar silencio. Que lo hace porque no hay buenas noticias y prefiere que sea el jefe de Gabinete el que se lleve las críticas. Que guarda silencio porque su gobierno entró en el declive final y otros elevados análisis políticos. 

La presidenta tomó sus dos semanas de vacaciones en el sur en coincidencia con las Fiestas de fin de año. En esos días, el gobierno se mostró tan activo como de costumbre. Las medidas anunciadas pueden gustar más o menos, se puede considerar que son parches y hasta que son negativas para el país. Pero no se puede sostener con argumentos válidos que la administración nacional se haya paralizado durante ese período. En la misma línea, nadie sinceramente cree que las decisiones de gobierno se tomen a espaldas de Cristina Fernández. Lo saben sus ministros, que reciben el mismo número de indicaciones que antes de su convalecencia luego de la operación. 

Sin embargo, se cuentan los días desde la última vez que habló en público como si se analizaran los pliegos de un plan quinquenal. Puntillosos apuntadores toman nota de la duración de los discursos de los ministros. Le pasó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también criticado por su verborragia inicial, ahora apostrofado por la brevedad de su última conferencia de prensa, que según los cronometristas duró apenas seis minutos. La brevedad sería el resultado de las públicas diferencias que esta semana enfrentaron a algunos integrantes del Gabinete.

Luego de los recientes y prolongados cortes de luz en el área metropolitana, o la habitual preocupación por la inseguridad, la definición sobre el futuro de la Argentina parece haberse volcado ahora a lo que suceda con el tomate. Antes, las diferencias internas habían pasado por la posibilidad de modificar el régimen del impuesto a los Bienes Personales, que impulsaba el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con el respaldo de Capitanich. El ministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró que no habrá cambios en la valuación de los inmuebles y cerró el debate. Antes el problema era la policromía de voces en el área económica, ahora se cuestiona que el ministro de Economía sea el que lleva la voz cantante en esas cuestiones. 

Eso no es todo, al parecer aquellos que planteaban que el kirchnerismo no se permite ninguna discusión interna, que el Congreso es una mera escribanía y que no se puede disentir en nada, ahora consideran que Capitanich quedó extremadamente debilitado porque precisamente se dio un debate, bastante menor, que ciertamente quedó explicitado en los medios. Está mal. Que quede claro: está mal si no hay debate y está mal si lo hay. Mal, muy mal. 

Más allá de ese gataflorismo galopante que expresan algunos sectores, la gran pregunta es si el gobierno encontrará una solución satisfactoria a la presión inflacionaria. Va de suyo que sería deseable que los ministros consiguieran un grado mínimo de coordinación para evitar las marchas y contramarchas discursivas que a veces los dejan colgados del pincel y pedaleando en el aire, pero eso es apenas el condimento. El fondo del problema sigue siendo la evolución de los precios en medio de la disputa por la apropiación de la renta en un año que se anuncia más que complejo en la materia.

Sobre el cierre de la semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que de ahora en más será el Estado el que se haga cargo de determinar cuándo y dónde se harán las obras en el tendido de distribución domiciliario de energía en el área de concesión de Edenor y Edesur. El anuncio transparenta algo que ya venía sucediendo. Además, se obliga a las empresas a mantener un mínimo de cuadrillas para atender los reclamos de los usuarios y también a mejorar el servicio de call center. Si 30 días de corte de luz no son motivo suficiente para cancelar el contrato de concesión y estatizar el servicio, será difícil encontrar un argumento mejor para esa decisión. 

Mauricio Macri tampoco arrancó el año de la mejor manera. Después de la polémica por su viaje relámpago a Buenos Aires en medio de la crisis energética y su intento de comprar las fotos que lo mostraban volviendo al sur, el alcalde porteño recibió el procesamiento de una de sus principales espadas económicas, Federico Sturzenegger, por su participación en el megacanje pergeñado por Domingo Felipe Cavallo. Esa operación, una movida desesperada para sostener la Convertibilidad a cualquier precio, fue diseñada a medida por los bancos y apenas sirvió para incrementar el monto de la deuda externa y pagar intereses ridículos. El ex presidente del Banco Ciudad y ahora diputado fue uno de los brazos ejecutores de aquella operación. 

Por si eso fuera poco, Tiempo Argentino reveló esta semana la existencia de operaciones de Inteligencia de la Policía Metropolitana, fuerza que tiene prohibido por su reglamento constitutivo realizar esas tareas. Tanto uno como otro tema parecen tener más trascendencia que el tomate, pero se sabe que la roja fruta tiene un atractivo insuperable para la agenda política. Ni hablar si el jefe de Gobierno porteño la emprende en pantalón de vestir y manga de camisa contra una ola artificial, tabla de surf en mano. Eso sí que es una nota, qué me vienen con el espionaje y el megacanje. Hace calor y a nadie le importa.

Hay unos pocos que parecen escapar al síndrome de abstinencia que plantea la ausencia de Cristina Fernández. Daniel Scioli mantuvo el alto perfil en los primeros días del año. Se lo vio activo en la Costa Atlántica, pero también asistiendo a víctimas del incendio y demás tragedias en territorio bonaerense. No es una novedad, el mandatario hace gala de esa hiperactividad durante todo el año, pero resalta más en épocas de vacaciones.

Otro que mostró una faceta distinta es Sergio Massa. El diputado había anticipado su estrategia de mantener la actividad durante el verano. Lejos del comentarismo habitual, propuso adelantar el inicio de la paritaria docente como una estrategia para evitar demoras en el comienzo del ciclo lectivo. El ex intendente de Tigre basa sus campañas en las propuestas. Algunas son impracticables y están pensadas sólo para la foto. Otras son copias de políticas ya existentes, y otras tantas tienen sentido. En cualquier caso, Scioli y Massa son los únicos dos políticos que parecen haber aprendido a convivir con el silencio de la presidenta. El resto la necesita como el agua. 

Fuente:TiempoArgentino