Maduro a EEUU: tráguese su declaración porque AL va a seguir su rumbo en paz
1/31/14 • Contrainjerencia
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este jueves un comunicado en el que denuncia a los países de América Latina y el Caribe por “traicionar los principios democráticos” al participar en la II Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Habana, Cuba.
En este sentido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó estas manifestaciones y aseguró que “la cumbre de la Celac fue un éxito total. Así que esta amargura de estas declaraciones del Departamento de Estado que de manera insolente le dice a todo un Continente que somos unos traidores, que se trague su declaración porque América Latina va a seguir su rumbo en paz”.
Asimismo exhortó a “que se acostumbren a respetar y que traten de buscar una nueva visión de nuestro Continente (…) la historia está derrotando los intereses del imperio norteamericano y a la burguesía que se abraza a esos intereses”.
Por otra parte el jefe de Estado venezolano repudió la omisión de los medios de comunicación privados internacionales, sobre la realización de esta cumbre. “Es un hecho histórico que América Latina y El Caribe después de 170 años dividido hayan logrado unirse”, dijo al tiempo que añadió “¿Por qué lo tapan? Lo tapan sencillamente porque los dueños de esos medios van imponiendo la matríz de que lo que sea bueno para nuestros pueblos no existe”.
YVKE Mundial
ECOS DE LA CUMBRE DE CELAC
POR PEDRO DE LA HOZ
La crisis del panamericanismo
La concertación puesta en marcha con la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya II Cumbre tuvo lugar en La Habana, recuerda por contraste la crisis del panamericanismo, instrumento concebido por Estados Unidos en las postrimerías del siglo XIX para ejercer la hegemonía imperial en el continente.
Vástago de la Doctrina Monroe proclamada tempranamente en 1823 —América para los (norte)americanos—, comenzó a delinearse en la Conferencia Internacional Americana de Washington, que transcurrió entre1889 y1890, y en la cual EE.UU. disimuló sus apetencias neocoloniales mediante el establecimiento de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, que veinte años después en Buenos Aires, siempre bajo el control de la Secretaría de Estado, derivaría en la Unión Panamericana.
Vástago de la Doctrina Monroe proclamada tempranamente en 1823 —América para los (norte)americanos—, comenzó a delinearse en la Conferencia Internacional Americana de Washington, que transcurrió entre1889 y1890, y en la cual EE.UU. disimuló sus apetencias neocoloniales mediante el establecimiento de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, que veinte años después en Buenos Aires, siempre bajo el control de la Secretaría de Estado, derivaría en la Unión Panamericana.
José Martí
Tempranamente el genio político de José Martí, quien a la sazón fungía como Cónsul del Uruguay, advirtió las reales pretensiones de la cita continental en la capital norteamericana, sobre las que escribió en una crónica publicada en dos partes por el diario bonaerense La Nación.
Para Martí "jamás hubo en América, de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo".
Profundo conocedor de la realidad norteamericana y de la evolución social y económica de esa nación, Martí desmonta uno a uno los argumentos con que Washington intenta seducir a los gobernantes de los países al sur del Río Bravo y plantea como cuestión de fondo: "De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia coronación a regir, por moralidad geográfica, en el continente (... ) mientras pone la mano sobre una isla y trata de comprar otra, que todo el Norte de América ha de ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial del Istmo abajo, y de otra están los pueblos de origen y fines diversos, cada día más ocupados y menos recelosos, que no tienen más enemigo real que su propia ambición, y la del vecino que los convida a ahorrarles el trabajo de quitarles mañana por la fuerza lo que le pueden dar de grado ahora".
Ese pretendido derecho imperial se manifestó a lo largo del siglo XX mediante la penetración financiera y económica, los manejos diplomáticos (el panamericanismo propiamente dicho) y la injerencia directa, que apeló al uso de la fuerza (invasiones y ocupaciones militares) y la manipulación y apoyo a estamentos castrenses o civiles locales (golpes de estado y gobiernos títeres), práctica desembozada por décadas, hasta que en tiempos más recientes pusieron de moda operaciones encubiertas por parte de la comunidad de inteligencia, agencias gubernamentales y organizaciones pantalla.
La Doctrina Monroe, que enarboló a principios de la pasada centuria el Big Stick y se travistió luego con el ropaje del Buen Vecino, permeó la esencia de la diplomacia norteamericana en las Conferencias Interamericanas y Reuniones de Consulta llevadas a cabo entre 1910 y 1945, año este en que durante el cónclave efectuado en México, ante unos Estados Unidos triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de la región, salvo la Argentina peronista excluida de la cita, se pliegan al interés de Washington por liderar el orden mundial. Dos años después, en Río de Janeiro, coincidiendo con los primeros aires de la guerra fría, nació el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que facilitó el intervencionismo militar estadounidense, y en 1948, en una Bogotá convulsionada por el asesinato del político liberal nacionalista Jorge Eliecer Gaitán, se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), escenario diplomático propicio para el ejercicio de la dominación por parte de la Casa Blanca.
El ejemplo más evidente de la asimétrica relación de EE.UU. con el resto del continente en el seno de la OEA se dio cuando Cuba, donde había triunfado la Revolución, fue suspendida de la organización en 1962 debido a las presiones de Washington sobre sus su-puestos pares, que con la honrosa excepción de México, unos primero y otros después, se adhirieron a los deseos del vecino del Norte.
Justamente la Revolución Cubana encendió la alarma de los gobernantes y el gran capital norteamericano. Había que hacer algo que pareciera, aunque fuese en realidad una operación cosmética, ventajoso para los países de Amé-rica Latina y el Caribe.
Fue así como la administración Kennedy implementó la Alianza para el Progreso en 1961. Proyectada para diez años y con un monto financiero de 20 000 millones de dólares, la oferta se concretó en Punta del Este, Uruguay, en agosto de1961. Cuba, que todavía se hallaba en la OEA, denunció la estratagema imperial y no firmó el acta final. Su representante en el foro, el comandante Ernesto Che Guevara, se convirtió en la figura más aclamada por los pueblos.
Algunos analistas atribuyen el fracaso de la Alianza para el Progreso a la falta de apoyo al programa por parte de las administraciones que sucedieron al asesinado presidente, cuando lo cierto fue que su alcance estaba condenado a no tomar vuelo desde su propia concepción, debido a los perfiles demagógicos de la mayoría de los gobiernos imperantes, la mediación interesada del sector privado y la ineficacia de los mecanismos puestos en juego por la Alianza.
Como se sabe, la última gran tentativa norteamericana por asegurarse el dominio económico de la región tampoco resultó: el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). De acuerdo con la lógica imperial, una lectura de los años 90 del pasado siglo indicaba que era el momento de subsumir las economías de los pueblos de la región en el nuevo orden planetario que se suponía sucediese a la bipolaridad norteña. Con las izquierdas tradicionales replegadas y el apogeo de las doctrinas neoliberales, se lanzó la iniciativa del ALCA en el transcurso de la agenda de las Cumbres de las Américas, que comenzaron su andadura en 1994. Pero esa lógica, como era de esperar, no contó con el fracaso del modelo neoliberal, ni con el renacer de las fuerzas progresistas en el continente, ni con las perspectivas de nuevas posibilidades de asociación entre los países latinoamericanos y caribeños ajenos a la tutela. Ni con la inclaudicable firmeza y resistencia del pueblo cubano, ni con la emergencia de un líder de la talla de Hugo Chávez, que al reanimar el ideario bolivariano contribuyó a construir un escenario diferente para los pueblos de nuestra América.
En el 2005, la IV Cumbre de las Américas expidió el certificado de defunción del ALCA, suscrito por las posiciones insobornables de Chávez, el anfitrión Néstor Kirchner, el uruguayo Tabaré Vázquez, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el clamor de los movimientos sociales convocados por la Cumbre de los Pueblos, a la que asistió el futuro presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario norteamericano salió literalmente con el rabo entre las piernas de Mar de Plata.
Ese fue el fin de más de un siglo del panamericanismo made in Washington, que se ha quedado con la fórmula de los tratados bilaterales de libre comercio como herramienta para ejercer la hegemonía. La espiral ascendente emprendida por mecanismos de integración como el ALBA, MERCOSUR, la Asociación de Estados del Caribe, incluyendo valiosos antecedentes como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ha venido demostrando que es posible un entendimiento intrarregional independiente.
Ahora en un ámbito mucho mayor e inclusivo corresponde a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dar un impulso definitivo al proyecto de integración propia.
Para Martí "jamás hubo en América, de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo".
Profundo conocedor de la realidad norteamericana y de la evolución social y económica de esa nación, Martí desmonta uno a uno los argumentos con que Washington intenta seducir a los gobernantes de los países al sur del Río Bravo y plantea como cuestión de fondo: "De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia coronación a regir, por moralidad geográfica, en el continente (... ) mientras pone la mano sobre una isla y trata de comprar otra, que todo el Norte de América ha de ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial del Istmo abajo, y de otra están los pueblos de origen y fines diversos, cada día más ocupados y menos recelosos, que no tienen más enemigo real que su propia ambición, y la del vecino que los convida a ahorrarles el trabajo de quitarles mañana por la fuerza lo que le pueden dar de grado ahora".
Ese pretendido derecho imperial se manifestó a lo largo del siglo XX mediante la penetración financiera y económica, los manejos diplomáticos (el panamericanismo propiamente dicho) y la injerencia directa, que apeló al uso de la fuerza (invasiones y ocupaciones militares) y la manipulación y apoyo a estamentos castrenses o civiles locales (golpes de estado y gobiernos títeres), práctica desembozada por décadas, hasta que en tiempos más recientes pusieron de moda operaciones encubiertas por parte de la comunidad de inteligencia, agencias gubernamentales y organizaciones pantalla.
La Doctrina Monroe, que enarboló a principios de la pasada centuria el Big Stick y se travistió luego con el ropaje del Buen Vecino, permeó la esencia de la diplomacia norteamericana en las Conferencias Interamericanas y Reuniones de Consulta llevadas a cabo entre 1910 y 1945, año este en que durante el cónclave efectuado en México, ante unos Estados Unidos triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de la región, salvo la Argentina peronista excluida de la cita, se pliegan al interés de Washington por liderar el orden mundial. Dos años después, en Río de Janeiro, coincidiendo con los primeros aires de la guerra fría, nació el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que facilitó el intervencionismo militar estadounidense, y en 1948, en una Bogotá convulsionada por el asesinato del político liberal nacionalista Jorge Eliecer Gaitán, se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA), escenario diplomático propicio para el ejercicio de la dominación por parte de la Casa Blanca.
El ejemplo más evidente de la asimétrica relación de EE.UU. con el resto del continente en el seno de la OEA se dio cuando Cuba, donde había triunfado la Revolución, fue suspendida de la organización en 1962 debido a las presiones de Washington sobre sus su-puestos pares, que con la honrosa excepción de México, unos primero y otros después, se adhirieron a los deseos del vecino del Norte.
Justamente la Revolución Cubana encendió la alarma de los gobernantes y el gran capital norteamericano. Había que hacer algo que pareciera, aunque fuese en realidad una operación cosmética, ventajoso para los países de Amé-rica Latina y el Caribe.
Fue así como la administración Kennedy implementó la Alianza para el Progreso en 1961. Proyectada para diez años y con un monto financiero de 20 000 millones de dólares, la oferta se concretó en Punta del Este, Uruguay, en agosto de1961. Cuba, que todavía se hallaba en la OEA, denunció la estratagema imperial y no firmó el acta final. Su representante en el foro, el comandante Ernesto Che Guevara, se convirtió en la figura más aclamada por los pueblos.
Algunos analistas atribuyen el fracaso de la Alianza para el Progreso a la falta de apoyo al programa por parte de las administraciones que sucedieron al asesinado presidente, cuando lo cierto fue que su alcance estaba condenado a no tomar vuelo desde su propia concepción, debido a los perfiles demagógicos de la mayoría de los gobiernos imperantes, la mediación interesada del sector privado y la ineficacia de los mecanismos puestos en juego por la Alianza.
Como se sabe, la última gran tentativa norteamericana por asegurarse el dominio económico de la región tampoco resultó: el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). De acuerdo con la lógica imperial, una lectura de los años 90 del pasado siglo indicaba que era el momento de subsumir las economías de los pueblos de la región en el nuevo orden planetario que se suponía sucediese a la bipolaridad norteña. Con las izquierdas tradicionales replegadas y el apogeo de las doctrinas neoliberales, se lanzó la iniciativa del ALCA en el transcurso de la agenda de las Cumbres de las Américas, que comenzaron su andadura en 1994. Pero esa lógica, como era de esperar, no contó con el fracaso del modelo neoliberal, ni con el renacer de las fuerzas progresistas en el continente, ni con las perspectivas de nuevas posibilidades de asociación entre los países latinoamericanos y caribeños ajenos a la tutela. Ni con la inclaudicable firmeza y resistencia del pueblo cubano, ni con la emergencia de un líder de la talla de Hugo Chávez, que al reanimar el ideario bolivariano contribuyó a construir un escenario diferente para los pueblos de nuestra América.
En el 2005, la IV Cumbre de las Américas expidió el certificado de defunción del ALCA, suscrito por las posiciones insobornables de Chávez, el anfitrión Néstor Kirchner, el uruguayo Tabaré Vázquez, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el clamor de los movimientos sociales convocados por la Cumbre de los Pueblos, a la que asistió el futuro presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario norteamericano salió literalmente con el rabo entre las piernas de Mar de Plata.
Ese fue el fin de más de un siglo del panamericanismo made in Washington, que se ha quedado con la fórmula de los tratados bilaterales de libre comercio como herramienta para ejercer la hegemonía. La espiral ascendente emprendida por mecanismos de integración como el ALBA, MERCOSUR, la Asociación de Estados del Caribe, incluyendo valiosos antecedentes como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ha venido demostrando que es posible un entendimiento intrarregional independiente.
Ahora en un ámbito mucho mayor e inclusivo corresponde a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dar un impulso definitivo al proyecto de integración propia.
Ocultar a la Cumbre de CELAC con una cortina de silencio
por Alberto Rabilotta
Presidente venezolano Nicolás Maduro hablando en la Cumbre de La Habana
ALAI AMLATINA, 01/02/2014.- Hay silencios que dicen mucho, que muestran la
falta de respuestas y alternativas. Eso me digo después de haber seguido
(desde lejos) la segunda Cumbre de los 33 países que componen la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tuvo lugar en la Habana,
Cuba, y de lo que publicaban o no publicaban los poderosos grupos de prensa
en gran parte del mundo norteamericano o europeo, esos que “forman la
opinión pública” mundial para confirmar cotidianamente que “no hay
alternativa” al orden neoliberal, como decía Margaret Thatcher.
Que 33 países de América Latina y el Caribe hayan decidido comprometerse
para que en la región "se consolide una zona de paz, en la cual las
diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía
del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena
consonancia con el derecho internacional", y que hayan integrado en el
proyecto las reivindicaciones y agendas de los pueblos indígenas y
afroamericanos, y comenzar a realmente proteger el medio ambiente, no fue
noticia importante ni objeto de un serio análisis en la casi totalidad de
los concentrados medios de prensa en América del Norte o de Europa.
El mismo silencio cómplice se manifestó de manera general en los poderosos
monopolios mediáticos de países latinoamericanos, como oportunamente señaló
la Presidenta Cristina Fernández a través de su cuenta Twitter: “Cuando
habla en la segunda cumbre de la CELAC, en La Habana, junto a más de treinta
Jefes y Jefas de Estado, tres reuniones bilaterales con Jefes de Estado:
México, Venezuela, Uruguay, Clarín y La Nación mutis por el foro” (1).
En realidad, si lo vemos a partir de cierto realismo, no les quedaba otra
que tratar de impedir la merecida difusión de lo que se dijo y se acordó en
la Cumbre de la Habana, especialmente cuando esos monopolios mediáticos
defienden las políticas de Estados Unidos (EE.UU.) y sus aliados que para
imponer la tiranía de los mercados autorregulados intervienen en sangrientos
conflictos creados a partir de planificadas disputas religiosas y étnicas en
países del Oriente Medio y África, todos ellos con un potencial de terminar
convirtiéndose en guerras regionales.
Quizás no se recuerde lo suficiente, pero una de las principales razones no
invocadas de EE.UU., Francia e Inglaterra para derrocar y asesinar al
Presidente libio Muammar Gaddafi fue la política que siguió, apoyada con
financiamiento a partir de la Declaración de Sirtre, para fortalecer y
asegurar mediante la Unión Africana y un sistema monetario propio, la unidad
e independencia del Continente africano.
Todo esto también explica que en su Discurso del Estado de la Unión el
Presidente Barack Obama (2) no mencionara a la reunión de la CELAC y ni
siquiera a un solo país latinoamericano o caribeño, aunque pensándolo bien
eso ha sido algo bueno, porque los únicos países mencionados por Obama, de
Asia Central, el Oriente Medio y África, y a Ucrania en Europa, en todos
ellos hay conflictos militares o golpes de Estado en curso, y en los cuales
EE.UU. y sus aliados participan activamente.
Comparemos el discurso de Obama con algunas de las conclusiones que al
cierre de la Cumbre de la CELAC leyó el Presidente cubano Raúl Castro, por
ejemplo “el compromiso permanente con la solución pacífica de controversias
a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de
la región, así como con el estricto cumplimiento de su obligación de no
intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier
otro Estado () observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de
derechos y la libre determinación de los pueblos () la necesidad de fomentar
las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones,
independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas
políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo” (3).
Analizando esto desde la perspectiva y la experiencia de haber cubierto en
Norteamérica la última etapa de la Guerra Fría, la política contra la
Revolución Cubana y toda la guerra sucia en Centroamérica, no me cabe la
menor duda que si en Washington adoptaron la política de silencio debe ser,
también, porque se han dado cuenta que la CELAC no es un cascaron vacío,
algo que pueden destruir fácil y rápidamente con la propaganda y las
falsedades de siempre, sino que se está frente a la manifestación concreta
del común acuerdo de 33 gobiernos.
Gobiernos que, como fue señalado por los mismos jefes y jefas de Estado o de
gobierno, en muchos casos tienen posiciones políticas muy diferentes, con
algunos de esos países formando parte de tratados comerciales o de las
estrategias de liberalización comercial y de inversiones promovidas por
Washington, pero que en su conjunto están interesados –o no pueden dejar de
estarlo- en que prosperen las iniciativas de integración y de unidad
regional que fueron creadas y desarrolladas a lo largo de los últimos años
para desplegar el potencial común en materia económica, social, política y
cultural.
Este silencio mediático también se explica en la falta de interés en
Washington en que se expongan y analicen a la luz pública los por qué del
común acuerdo de los 33 países para excluir a EE.UU. y a Canadá de esta
organización.
Este análisis podría revelar que la exclusión es un bien reflexionado y
maduro rechazo a la tradicional prepotencia e injerencia estadounidense en
los asuntos internos de nuestros países, a la política que Washington viene
aplicando contra Cuba desde hace más de medio siglo, directamente y a través
de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la complicidad de EE.UU.
para que el Reino Unido siga ocupando las Islas Malvinas, a las políticas de
apoyar a rajatabla a las transnacionales petroleras, mineras o del
agronegocio que están destruyendo el medio ambiente y las comunidades
sociales en varios países, al sistema financiero que controlan y nos está
estrangulando, y también –entre muchas cosas más- porque ya se abrió paso la
consciencia de que los dos países excluidos no son ni pueden ser nuestros
modelos y árbitros en materia de democracia, de funcionamiento político o
institucional, y menos aún de las políticas sociales y económicas.
Es por todo esto y mucho más que, con todas las limitaciones que la CELAC
pueda tener desde el momento en que responde a la realidad concreta, hay que
leer y recomendar una atenta lectura de la Declaración de La Habana de la
CELAC (4), y de las declaraciones e intervenciones de los jefes de Estado y
de gobierno que participaron.
Montreal, Canadá
ECOS DE LA CUMBRE DE LA CELAC
Puerto Rico: celebran el apoyo de la Celac a la descolonización
Así lo defendió hoy el presidente del PIP, Rubén Berríos, quien añadió que los artículos 38, 39 y 40 de la declaración que resultó de la segunda cumbre de la Celac, celebrada en La Habana esta semana, son también “fundamentales” en la carrera hacia la “liberación nacional” de Puerto Rico.
“Los Jefes de Estado y Gobierno de la América Latina y el Caribe, representando todo el espectro ideológico de la región, aprobaron una declaración histórica respecto a Puerto Rico en la que pasan de la palabra a la acción”, afirmó el político en un comunicado.
En ese sentido, explicó que “no sólo reafirmaron como algo prioritario en la agenda de la Celac la resolución del caso colonial de Puerto Rico”.
También “le encomendaron a una comisión compuesta por cuatro países (Costa Rica, Cuba, Ecuador y Trinidad y Tobago) impulsar la descolonización de Puerto Rico en la ONU y los foros internacionales pertinentes”, puntualizó Berríos, para que el que este punto es “fundamental”.
“Dicho en palabras sencillas, de ahora en adelante la América Latina como bloque impulsará la agenda de descolonización y la independencia para Puerto Rico”, celebró.
En su opinión, “nunca en la historia se había tomado una determinación de esta naturaleza, suscrita por los presidentes y jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños, sin distinción ideológica alguna”.
Esta determinación, sobre la que el Gobierno de Puerto Rico -partidario de mantener el estatus actual- no ha querido pronunciarse oficialmente, constituye para los independentistas “un factor de enorme presión internacional sobre EE.UU. para que cumpla con su obligación descolonizadora”.
En la declaración de la Celac sus miembros dicen que “reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y, al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteramos que es asunto de interés de Celac”.
En artículo 39 añaden que “los países miembros de la Celac nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias”.
En el siguiente “encomendamos al Cuarteto de la Celac para que, con la participación de otros Estados miembros que deseen sumarse a este mandato, presenten propuestas para avanzar en lo señalado en el párrafo 38 de esta Declaración”.
Puerto Rico fue una colonia de España hasta 1898, cuando pasó a ser una jurisdicción de EE.UU., cuyo Congreso concedió la ciudadanía estadounidense a sus ciudadanos en 1917.
Su estatus es desde 1952 el de Estado Libre Asociado, lo que limita su autonomía en varios asuntos, como las relaciones internacionales.
En el último referéndum celebrado en noviembre de 2011 entre los puertorriqueños de la isla, y pese a lo confuso del planteamiento de las preguntas, se observó un rechazo al estatus actual y un apoyo mayoritario a la anexión a EE.UU. como un estado más.
Recientemente, el Congreso federal aprobó una partida presupuestaria para apoyar la organización de un plebiscito cuyos resultados no puedan ser sospechosos de responder a intereses partidistas, tal y como ocurrió en el anterior.
Puerto Rico: celebran el apoyo de la Celac a la descolonización
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) defendió hoy que la declaración aprobada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es “un extraordinario paso para la descolonización” de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
“Los Jefes de Estado y Gobierno de la América Latina y el Caribe, representando todo el espectro ideológico de la región, aprobaron una declaración histórica respecto a Puerto Rico en la que pasan de la palabra a la acción”, afirmó el político en un comunicado.
En ese sentido, explicó que “no sólo reafirmaron como algo prioritario en la agenda de la Celac la resolución del caso colonial de Puerto Rico”.
También “le encomendaron a una comisión compuesta por cuatro países (Costa Rica, Cuba, Ecuador y Trinidad y Tobago) impulsar la descolonización de Puerto Rico en la ONU y los foros internacionales pertinentes”, puntualizó Berríos, para que el que este punto es “fundamental”.
“Dicho en palabras sencillas, de ahora en adelante la América Latina como bloque impulsará la agenda de descolonización y la independencia para Puerto Rico”, celebró.
En su opinión, “nunca en la historia se había tomado una determinación de esta naturaleza, suscrita por los presidentes y jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños, sin distinción ideológica alguna”.
Esta determinación, sobre la que el Gobierno de Puerto Rico -partidario de mantener el estatus actual- no ha querido pronunciarse oficialmente, constituye para los independentistas “un factor de enorme presión internacional sobre EE.UU. para que cumpla con su obligación descolonizadora”.
En la declaración de la Celac sus miembros dicen que “reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y, al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteramos que es asunto de interés de Celac”.
En artículo 39 añaden que “los países miembros de la Celac nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias”.
En el siguiente “encomendamos al Cuarteto de la Celac para que, con la participación de otros Estados miembros que deseen sumarse a este mandato, presenten propuestas para avanzar en lo señalado en el párrafo 38 de esta Declaración”.
Puerto Rico fue una colonia de España hasta 1898, cuando pasó a ser una jurisdicción de EE.UU., cuyo Congreso concedió la ciudadanía estadounidense a sus ciudadanos en 1917.
Su estatus es desde 1952 el de Estado Libre Asociado, lo que limita su autonomía en varios asuntos, como las relaciones internacionales.
En el último referéndum celebrado en noviembre de 2011 entre los puertorriqueños de la isla, y pese a lo confuso del planteamiento de las preguntas, se observó un rechazo al estatus actual y un apoyo mayoritario a la anexión a EE.UU. como un estado más.
Recientemente, el Congreso federal aprobó una partida presupuestaria para apoyar la organización de un plebiscito cuyos resultados no puedan ser sospechosos de responder a intereses partidistas, tal y como ocurrió en el anterior.
fuente: Contrainjerencia
Envío:DiariodeUrgencia




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