El gobierno colombiano relevó de sus cargos a los jefes del servicio de Inteligencia del ejército por supuesto espionaje al proceso de paz.
El comandante del ejército colombiano, el general Juan Pablo Rodríguez, anunció ayer que se profundizarán las investigaciones y confirmó que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, relevó ayer al jefe de Inteligencia del ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica del ejército (Citec), general Oscar Zuluaga.
“No seremos un obstáculo para la paz”, remarcó el comandante, para aclarar: “Las investigaciones se llevan a cabo dentro del debido proceso y estamos muy pendientes de las mismas. En estos casos hay que esperar”, dijo en declaraciones a las emisoras RCN y Caracol. “Si alguien se salió de la ley tendrá que responder penalmente”, insistió el general, quien agregó que esos seguimientos no fueron ordenados por él ni por el gobierno. Los relevos en el ejército se produjeron después de que la revista Semana destapara una red de espionaje militar. De acuerdo con la investigación periodística, militares colombianos habían instalado en un restaurante de Bogotá un centro de seguimiento para interceptar mensajes de teléfonos y correos electrónicos de personas clave en el proceso de paz.
Por su parte, los delegados en el diálogo de paz de las FARC denunciaron ayer que también fueron espiados junto a la delegación gubernamental y dijeron que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, “está detrás” del presunto caso de espionaje, al tiempo que Iván Márquez, negociador en Cuba de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), consideró ante periodistas que el incidente revelado por la revista colombiana Semana es “realmente grave”.
Las FARC afirmaron en su conferencia de prensa que el ex presidente Uribe está detrás del espionaje. “No se les olvide que Alvaro Uribe es el enemigo público número uno de la paz en Colombia”, dijo Márquez. El jefe guerrillero denunció que “no solamente se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno sino especialmente a la delegación de paz de las FARC”. El jefe guerrillero instó al gobierno de Juan Manuel Santos a que actúe “de tal manera que no deje dudas acerca del origen y la intención de este tipo de actividades” que, a su juicio, atentan contra el “propósito superior” de la paz.
Por su parte, el presidente Santos condenó el supuesto espionaje, exigió una investigación a fondo sobre el caso y lo atribuyó a “fuerzas oscuras que están tratando de sabotear el proceso”. No obstante, ayer remarcó que la inteligencia que se practicaba en ese local era lícita, según lo que dijeron los propios militares que allí trabajaban, y que sólo acataban instrucciones.
“Si eso es cierto, es totalmente lícito porque hacer inteligencia sobre enemigos del Estado, sobre terroristas, narcotraficantes y secuestradores, es una obligación”, manifestó, según citó ayer el diario El Espectador. Según Santos, esa inteligencia es la que “ha permitido ser tan contundentes y mostrar tan buenos resultados en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”.
Rodríguez, no obstante, admitió que la casa desde donde se realizaba espionaje electrónico a delegados que negocian la paz estaba autorizada por inteligencia militar y asumió que una vez que se supo se comunicó con los encargados de las labores en la vivienda para pedirles explicaciones. “Hablamos con nuestros hombres de inteligencia y la explicación que ellos nos han dado a nosotros es que estaban cumpliendo esas actividades de inteligencia con el propósito de intensificar ese plan de búsqueda de actividades criminales”,
precisó Rodríguez.
El general explicó que dichas actividades buscan prevenir actos de terrorismo y pidió “esperar la investigación” para saber “si se presentó alguna anomalía dentro de esa actividad”. Las autoridades colombianas investigarán ahora este nuevo capítulo de espionaje, mientras todavía hay grandes interrogantes sobre las escuchas del servicio de inteligencia durante el gobierno del ex presidente Uribe, quien negó su participación en ese asunto y también se desmarcó del escándalo que estalló el martes. “Este gobierno, especializado en la corrupción de ocultar, tiene que decirle la verdad al país sobre esa agencia de espionaje”, manifestó el martes Uribe en un comunicado.
A partir del escándalo, los senadores Juan Lozano, Carlos Barriga, Camilo Romero, Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo, miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado, citaron a una audiencia a la cúpula militar y a los responsables de los entes investigativos del Estado, como el ministro de Defensa, el fiscal general Eduardo Montealegre y el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quienes deberán rendir cuentas el próximo martes por las actuaciones que desde esa sede de Inteligencia se realizaban.
RENUEVAN DENUNCIA:
¡Persecución Sistemática a la Marcha Patriótica!
El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica denuncia ante la comunidad internacional las amenazas contra la vida de 17 de nuestros directivos nacionales y a los dirigentes regionales de nuestro movimiento. Las amenazas fueron realizadas el día 2 de febrero del 2014 por el grupo paramilitar “Los rastrojos”, quienes a través de una circular ordenaron a sus “comandos urbanos” acabar con la vida de nuestros compañeros, a cambio del pago de dinero.
Estas amenazas las recibimos en un contexto político nacional caracterizado por la falta de garantías políticas contra las ideas opositoras al neoliberalismo, a la guerra y al clientelismo con el que se gobierna el país. Recordamos que el 15 de enero habíamos ya denunciado el asesinato de 30 militantes de nuestro movimiento, el encarcelamiento de 3 miembros de la Junta Patriótica Nacional así como el de decenas de dirigentes regionales y locales de todo el movimiento popular colombiano.
A tales denuncias el gobierno nacional ha respondido con el lenguaje agresivo que les caracteriza, Juan Carlos Pinzon, Ministro de Defensa, declara al respecto de nuestras denuncias que: “hay que decir que si una persona forma parte de un grupo terrorista, banda delincuencial o criminal y ha planificado o ha contribuido a actos que atenten contra la tranquilidad, la vida y los derechos de los ciudadanos, por supuesto que la Fuerza Pública está en el deber de perseguir a esa persona a título particular” (Ver diario el Universal, 31/01/14). Lo que indica que una vez más estos asesinatos, encarcelamientos y amenazas serán justificadas por cuenta de la guerra contrainsurgente y serán llevadas al ernorme desván de la impunidad que vergonzosamente existe en el país, donde reposan más de 200 mil asesinatos, desapariciones forzadas, amenzas y montajes judiciales sufridos por el movimiento popular en las últimas décadas.
Consideramos como alternativa la denuncia internacional ante organismos regionales y multilaterales, para que conminen al Estado colombiano a respetar el derecho internacional humanitario, la carta universal de los derechos humanos y muestre coherencia con el discurso de paz que utiliza para su reelección y presenta en los principales foros internacionales.
Ante la situación expresada, solicitamos a los partidos políticos del Foro de Sao Pâulo, a los movimientos sociales del ALBA y en general a todo el movimiento democrático y de izquierda en el mundo, a que nos ayuden a exponer ante la CELAC, la UNASUR, el ALBA, la OEA, el MERCOSUR y la Unión Europea esta situación y desarrollen las acciones que tienen en sus manos para garantizar el ejercicio de nuestro derecho democrático a la oposición política en Colombia, para que se detengan los asesinatos de nuestros militantes y para impedir que sigamos siendo encarcelados por nuestros ideales de cambio social, a través de burdos montajes judiciales.
Una vez más agradecemos su atención y la enorme solidaridad recibida ante estas evidentes dificultades.
Comisión de Relaciones Internacionales
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Envío:DiariosdeUrgencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario