COMENZO EL JUICIO POR LA REPRESION DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001, QUE DEJO UN SALDO DE CINCO MUERTOS
Casi todos los responsables en el banquillo
En la primera jornada se leyó parte de los cargos contra los 17 acusados. Se calcula que el juicio puede llegar a durar más de un año. Hubo familiares de las víctimas, representantes de organismos de derechos humanos y militantes.
La audiencia de ayer arrancó pasadas las 11 y terminó a las cinco de la tarde, luego de la lectura de las acusaciones.Imagen: DyN
Enrique Mathov tiene la barba casi blanca y bolsas debajo de los ojos. Es, dentro de la sala, uno de los signos más notables de los doce años que pasaron desde la represión del 20 de diciembre de 2001, que desplegó el gobierno de Fernando de la Rúa en su pretensión de despejar la Plaza de Mayo de protestas y que llevó al asesinato de cinco personas a manos policiales y a herir a otras 117 personas.
Enrique Mathov tiene la barba casi blanca y bolsas debajo de los ojos. Es, dentro de la sala, uno de los signos más notables de los doce años que pasaron desde la represión del 20 de diciembre de 2001, que desplegó el gobierno de Fernando de la Rúa en su pretensión de despejar la Plaza de Mayo de protestas y que llevó al asesinato de cinco personas a manos policiales y a herir a otras 117 personas.
La presencia del ex secretario de Seguridad en el banquillo denota, además, la importancia de un juicio donde por primera vez deben rendir cuentas los responsables jerárquicos del accionar policial violento. Junto con él son juzgados por homicidio culposo el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el jefe de la Dirección General de Operaciones de la fuerza, Norberto Gauderio. Se suman 13 policías, algunos implicados como autores directos. En la primera audiencia de este proceso que durará más de un año, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) leyó parte de las acusaciones, ante familiares de las víctimas, Madres de Plaza de Mayo, militantes y legisladores.
Ese momento de la lectura, tedioso y burocrático, contiene –sin embargo– los cimientos sobre los que se desarrollará este juicio, que revivirá un punto crítico de la historia del país, antesala de la caída del gobierno de la Alianza, y donde las querellas y la fiscalía buscarán poner a la vista los mecanismos de la violencia institucional, basados en decisiones políticas, ante el conflicto y las manifestaciones sociales. El concepto en el que coinciden las acusaciones es que la represión del 20 de diciembre respondió al objetivo preciso de desalojar Plaza de Mayo ante las protestas y a una orden del poder político dirigida a la Policía Federal para cumplir con ese fin. El planteo es que frente a los abusos policiales, Mathov y los jefes de la fuerza eran, cuanto menos, los garantes de la integridad y la vida de las personas.
Un secretario y una secretaria se turnaban ayer para leer los pedidos de elevación a juicio de los que surge que el ex secretario de Seguridad y los tres jefes policiales están acusados de homicidio culposo (sin intención) por las muertes de Diego Lamagna, Gastón Riva, Alberto Márquez, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto. Algunas querellas han planteado que el homicidio debería considerarse doloso. También se les atribuyen las lesiones sufridas por los manifestantes, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los acusados llegaron al juicio en libertad, pero en algunos casos las penas que les toquen podrían ser de cumplimiento efectivo. Otro de los funcionarios que debieron haber estado en el juicio era el ex ministro del Interior Ramón Mestre, que falleció.
La audiencia, que empezó pasadas las 11 y terminó cerca de las cinco de la tarde, abarcó también el detalle de las imputaciones contra cuatro ex integrantes de Asuntos Internos (Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro), acusados como ejecutores del asesinato de Márquez, quien tenía 57 años y fue baleado cerca del Obelisco. Es el único caso en que se conocen los autores directos de los disparos letales. Una cámara de la propia policía registró todos los movimientos de ese grupo de agentes que dispararon contra los manifestantes que se encontraban en una plazoleta en la avenida 9 de Julio y Sarmiento, como explicaba ayer el abogado Juan Carlos García Dietze, de la querella. Ellos están acusados, a la vez, por las tentativas de homicidio de Paula Simonetti, quien recibió un disparo en la médula, y de Martín Galli, quien recibió un disparo en la cabeza. Ambos sobrevivientes son representados por el abogado Rodolfo Yanzón.
“Hubiese querido que también esté De la Rúa”, comentaba ayer Karina Lamagna, la hermana de Diego Lamagna, un chico de 26 años que recibió un balazo en el pecho cerca de Avenida de Mayo. El ex presidente fue desvinculado del expediente por decisión de la Cámara de Casación Penal, pero no está todo dicho, ya que su situación se encuentra ahora bajo análisis de la Corte Suprema. Entre el público estaba también el hijo de Jorge Cárdenas, cuya foto tendido, sangrando, en las escalinatas del Congreso, fue el anuncio de que se avecinaba una masacre. Cárdenas murió en 2002. Su nombre apareció en la lectura del TOF6, cada vez que se mencionaba el inicio de la represión.
Por la sala más grande de los tribunales de Retiro, conocida como “sala AMIA”, custodiada ayer por Gendarmería, pasaron también el legislador Pablo Ferreyra, el diputado Leonardo Grosso, Madres de Plaza de Mayo como Taty Almeida y Laura Conte, y Horacio Verbitsky, presidente del CELS, que encabeza la querella contra Mathov y los jefes policiales, por las familias de Riva y Lamagna. Entre las querellas, también actúa en el juicio la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), por la familia de Almirón. El fiscal del juicio es Mauricio Viera, quien está acompañado por un grupo de fiscales coadyuvantes.
De los abogados defensores, llamó la atención la presencia de Virgilio Loiácono, en representación de Santos, dado que el abogado está citado como testigo en el juicio, ya que fue secretario Legal y Técnico del gobierno de De la Rúa. Entre las defensas también está Valeria Corbacho, habitual defensora de policías, quien representó a De la Rúa en el juicio de los sobornos del Senado.
Afuera de tribunales había un gran escenario con una pantalla donde se proyectaban imágenes de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Por el juicio oral pasarán 580 testigos. Además de todas las declaraciones, el tribunal –que preside José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu, Javier Anzoátegui y Adrián Martín– dispone de una semana entera de filmaciones y de varias pericias. Un tema que entrará en el debate es la declaración de estado de sitio, “que fue ilegal porque no se dio intervención al Congreso, ni se explicó qué garantías estaban afectadas ni se estableció el ámbito de aplicación –señaló el abogado del CELS Maximiliano Medina–, pero aunque hubiera sido legal, tampoco podía ser un cheque en blanco para salir a matar”.
RODOLFO YANZON, ABOGADO QUERELLANTE
“Hay un aire de Justicia”Por Werner Pertot
Imagen: Rafael Yohai
“Falta De la Rúa y faltan muchos responsables directos, que siguen estando en la fuerza y que son los que dispararon sobre mucha gente. Pero hay un aire de justicia”, indica Rodolfo Yanzón, abogado querellante de Martín Galli y Paula Simonetti, entre otros.
–¿Qué expectativas tiene con este juicio?
–Uno con cada juicio va teniendo ciertas expectativas a medida que pasa el tiempo. Con uno de esta naturaleza, que el juicio oral llega 12 años después, uno ha dejado más que en muchos otros. Pero más allá de eso, pienso en la sensación que tengo: cuando vi en la sala de audiencias a los familiares de los muertos y a los chicos que fueron heridos –que ya no son tan chicos– y pensé en la gente que ya no está, sentí cierta indignación. Pero a pesar de todo tenemos que sentir la satisfacción, porque llegamos a juzgar a estos tipos, que son altos funcionarios, y se los juzga por primera vez. Faltan De la Rúa y muchos responsables directos, que siguen estando en la fuerza y que son los que dispararon sobre mucha gente. Pero hay que ver lo positivo: estamos bien armados, el grupo de querellantes está bien unido. Me da cierta seguridad estar trabajando con el resto de los abogados. Del tribunal, por otra parte, podemos esperar un buen desempeño y la fiscalía está comprometida. Esto me deja con cierto aire de justicia. Trataremos de hacer un juicio ágil.
–¿Se dice que va a durar un año o dos?
–Sí, se dice eso con cierta razón. Hay que tener en cuenta que tenemos este juicio en el TOF 6, pero de los jueces que están sentados en ese juicio sólo hay uno que corresponde a ese tribunal. Los otros fueron tomados de otros tribunales para cumplir esta tarea. Es importante que la instanciación de este juicio haga recapacitar a la dirigencia política sobre la necesidad de plantear una ley para preparar a las víctimas. Y que se tenga en claro que estamos tratando una causa que es el accionar ilegal de la policía que cometió numerosas violaciones a los derechos humanos. No pueden aplicarse las normas de prescripción para no juzgar estos casos.
–¿Por qué tardó 12 años en llegar este juicio oral?
–La Justicia argentina no está capacitada para investigar casos de esta magnitud. Y tiene como auxiliar a la misma policía, que es la que cometió los crímenes. Tuvimos que recurrir a otros mecanismos para llegar a algunos medios de prueba. Estoy pensando en lo que fueron los peritajes. Hubo una absoluta falta de colaboración por parte de la policía en este tipo de casos. A eso agregarle las dilaciones de las defensas, con cierto guiño del Poder Judicial. Servini de Cubría, cuando se aparta del caso, dice que se va por la violencia moral ejercida por alguna de las defensas. Así se perdió un año. Y la Cámara Federal le dio una gran mano a De la Rúa.
–¿Puede llegar a ser juzgado el ex presidente?
–Eso está en la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra. Dirá si corresponde o no que sea juzgado. Hemos presentado todos los recursos necesarios. Creemos que, al menos por imprudencia, tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados. Tengamos en cuenta que es la persona que más podría haber hecho para evitar estos crímenes.
–¿Cómo caracteriza las responsabilidades de los acusados?
–Por un lado, están los autores jerárquicos: aquellos que por acción u omisión han permitido llevar a cabo un operativo ilegal para reprimir a manifestantes pacíficos y desalojar la Plaza de Mayo. En el caso de Alberto Márquez, se acusa a funcionarios policiales que estuvieron presos varios años y, por dilaciones, fueron dejados en libertad y afrontan imputaciones como homicilios agravados.
RODRIGO BORDA, ABOGADO DEL CELS
“Este es un caso sin precedentes”
Imagen: Télam
“No hay precedentes en casos de represión en protesta social y represión de manifestaciones públicas donde se haya avanzado en la imputación de los funcionarios superiores con niveles de coordinación sobre el operativo de seguridad”, advierte Rodrigo Borda, abogado querellante del CELS.
–¿Por qué se tardó 12 años en llegar a este juicio?
–Por la complejidad del hecho. Pero fundamentalmente por la forma en la que los operadores judiciales, jueces de instrucción y fiscales encararon la investigación. La suma de esas cosas más la actitud manifiestamente dilatoria de algunas de las defensas confluyeron para generar este resultado de 12 años de demora en la iniciación del proceso. En la etapa del juicio, ocurrió lo que viene ocurriendo en esa etapa: los tribunales federales están tapados de trabajo y esto queda en evidencia en casos de esta naturaleza o en los juicios por delitos de lesa humanidad. La demora no fue un hecho de la naturaleza, esto lo generaron los operadores judiciales. Y hay ejemplos concretos: Mathov y Santos fueron procesados en 2002 y el procesamiento fue confirmado en la Cámara en 2012. Después de eso se pudo avanzar al juicio oral. Hubo demoras injustificadas de Servini de Cubría y Bonadío y de los fiscales Comparatore y Evers.
–¿La causa incluye sólo a cinco de las 38 víctimas fatales?
–Los hechos que se juzgan acá son sobre la represión en la ciudad de Buenos Aires, que fueron cinco muertes y más de una centena de heridos. El número, en realidad, fue mucho mayor que estos casos que llegaron a juicio. Pero graves defectos en la instrucción llevaron a que se anulara la responsabilidad de los imputados en otras 200 víctimas.
–¿El CELS se propone que este juicio siente jurisprudencia sobre el accionar policial?
–No hay precedentes en casos de represión en protesta social y represión de manifestaciones públicas donde se haya avanzado en la imputación de los funcionarios superiores con niveles de coordinación sobre el operativo de seguridad. Mucho menos de un funcionario político, de gobierno. En el juicio por Kosteki y Santillán nunca se pudo avanzar en imputar, incluso, al ex presidente de la Nación. En ese caso, se intentó imputar al ex presidente Eduardo Duhalde.
–En este caso, sí fue imputado De la Rúa.
–No sólo De la Rúa, también Ramón Mestre, ministro del Interior, que falleció. Incluso los fallos que eximen de responsabilidad a De la Rúa señalan que los responsables eran Mathov y Mestre. Nos parece que en ese sentido es un caso que no tiene precedentes y que nos va a permitir señalar un par de cosas: que cuando la policía actúa como actuó, con munición de plomo, no son actos individuales, sino que se dan en el marco de actuaciones funcionales que responsabilizan a los funcionarios jerárquicos que comandan esas instituciones. Un caso como éste enfatiza la responsabilidad del poder político en el control de las fuerzas de seguridad. La conducción de las fuerzas de seguridad en democracia la tiene el funcionario a quien elegimos con el voto. Ese control político, que caracteriza a toda democracia, implica responsabilidad.
–¿Hay posibilidades de que se juzgue a De la Rúa?
–Bueno, depende ahora de la Corte Suprema. Estamos esperando el dictamen de la Procuración General de la Nación. La Corte remitió los recursos del CELS a la Procuración. Y luego de que dictamine, será el momento de que la Corte se pronuncie. Será un fallo trascendente. Esperemos que por las implicancias positivas sobre el control político de las fuerzas de seguridad y por una cuestión que no es menor en nuestro país, que es poner en claro cómo se usa la figura del estado de sitio. Fue utilizada excesivamente durante todo el siglo XX, con consecuencias trágicas.
Fuente:Pagina12
Primera audiencia del proceso por cinco homicidios en la Ciudad de Buenos Aires
Movilización militante en el inicio del juicio por la represión de diciembre de 2001
El ex secretario de Interior, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Federal, Rubén Santos, están sentados en el banquillo junto a 15 efectivos. Familiares de víctimas, La Cámpora y otras organizaciones siguieron el debate desde la calle.
Por: Néstor Espósito
Mathov y Santos, junto con los ex policías Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia, son la línea de corte de las responsabilidades penales (que no políticas) de aquellos días, probablemente los más tristes de la historia argentina desde el regreso de la democracia, en 1983.
En el salón de audiencias de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu, más Adrián Martín como magistrado sustituto, inició ayer la lectura de las acusaciones contra los imputados por "homicidio y lesiones culposas" que tuvieron como víctimas mortales a Gustavo Benedetto, de 23 años de edad; Carlos Almirón, de 23; Diego Lamagna, de 27; Gastón Riva, de 31; y Alberto Márquez, de 57, y a 117 heridos, algunos de ellos aún hoy arrastrando secuelas.
Por lo pronto, lo más relevante de la primera jornada estuvo en las afueras de los tribunales. Decenas de manifestantes, entre ellos el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, militantes de La Cámpora y familiares de las víctimas montaron allí un acto, una suerte de vigilia en reclamo de justicia completa. Para la gran mayoría de los imputados, el máximo de la pena en expectativa es de cinco años de prisión. Santos y Mathov estuvieron casi cinco meses presos en 2002.
La que se inició ayer es la parte más tediosa del proceso. El tribunal dio lectura al auto de elevación a juicio; a la acusación fiscal, firmada por el difunto Luis Comparatore y su colega Patricio Evers; y a la requisitoria de las querellas. Es que el juez federal Claudio Bonadio había elevado las actuaciones al tribunal oral en 2006, pero los laberínticos procedimientos de la justicia estiraron los plazos durante más de siete años antes que los acusados estuvieran finalmente sentados en el banquillo.
Buena parte de esa demora tiene nombre y apellido. Es el del gran ausente, según consideran las víctimas y sus representantes: el ex presidente De la Rúa.
En todas las instancias judiciales anteriores fue absuelto. Por una extraña paradoja, su ineptitud para controlar la situación terminó beneficiándolo a la hora de las responsabilidades penales. El presidente de los argentinos, que estaba en su despacho de la Casa Rosada, declaró ante la justicia que se enteró que a menos de 100 pasos de su oficina había compatriotas muertos, mirando el canal de noticias Crónica TV.
historia de una víctima
Probablemente nunca se sepa quién mató a Gustavo Benedetto. Si bien es uno de los cinco casos que comenzó a jugar ayer el Tribunal Oral Federal Nº 6, quien estuvo acusado de ser el autor material del crimen ni siquiera está sentado en el banquillo de los acusados.
Según la investigación que llevó adelante la justicia, un ex oficial del Ejército, el mayor Jorge Eduardo Varando, disparó desde el interior de una sucursal del banco HSBC situado frente a la Plaza de Mayo, y por la posición que quedó reflejada en una cámara de seguridad y el ángulo que recorrió la bala que mató a Benedetto podía ser él quien disparó. De hecho, estuvo dos años preso por homicidio, pero en 2004 la Corte Suprema tomó en cuenta un peritaje que indicaba que las balas asesinas no pudieron provenir de su arma. Entonces, la calificación cambió, de "homicidio simple en grado de autor paralelo" a "abuso de armas", una figura sensiblemente menor.
protagonistas
El fiscal natural del juicio es Mauricio Viera. Es la cabeza de la "vindicta pública" pero, atento a la magnitud de la causa, su antigüedad y complejidad, y la importancia histórica que reviste, la Procuración General de la Nación resolvió designar a otros tres funcionarios del Ministerio Público para asistirlo. Desde ayer, en las audiencias están, además de Viera, Santiago Vismara, quien juró su cargo ante la procuradora Alejandra Gils Carbó como fiscal en lo correccional de la Capital Federal en agosto del año pasado. A ellos se suma un tándem de altísimo prestigio y eficiencia: Fernando Fiszer y Mariano Domínguez. Ese tándem fue el que llevó adelante la mayor parte de la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que terminó en un juicio oral con condena para el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, la plana mayor del sindicato y la supuesta "patota" que asesinó al militante del PO en el marco de una protesta de tercerizados ferroviarios.
Fuente:TiempoArgentino
24-2-2014Juicio
En los tribunales de Comodoro Py
Mathov y 16 ex policías, juzgados por la represión del 20 de diciembre
En los tribunales de Comodoro Py
Mathov y 16 ex policías, juzgados por la represión del 20 de diciembre
Durante más de 10 meses, los jueces del Tribunal Oral Federal N°6 escucharán a casi 600 testigos. La sala de audiencias estuvo hoy custodiada por gendarmes. Militantes y organizaciones montaron un escenario frente al edificio donde se realizó el primer debate oral.
Mathov, el único ex funcionario político acusado en este juicio-Foto:Leo Vaca
A las 11.15 de la mañana los jueces José Martínez Sobrino (presidente), Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto), dispusieron que comenzara la lectura de la acusación. Entre el público, se dispusieron familiares y amigos de las víctimas que desde temprano esperaban ese momento. Se abrazaban y se alentaban entre ellos. Marta Almirón, la mamá de Carlos “Petete” Almirón, uno de los jóvenes asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo, llegó desde Lanús. “Vine porque me llamó ella y me dio fuerza. Mi marido me dijo que hoy tenía que estar acá”, dijo Marta y señaló a su tocaya.
Se refería a Marta Paladino, la esposa de Alberto Márquez, un hombre que hoy estaría rondando los 60 y pico de años, si aquel 20 de diciembre una bala policial no le hubiera dado justo en pecho. El del Alberto es el único caso que encuentra a los que dispararon el gatillo entre los imputados: son 9 ex agentes de la policía federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco, y dispararon contra un grupo de personas que se guarecían del sol y descansaban de las corridas (por los flujos y reflujos de manifestantes que durante horas, pese a la sangrienta represión, intentaban volver a la Plaza de Mayo alentados por la consigna “que se vayan todos”).
El de Márquez es el único asesinato por el que deberán responder sus ejecutores. “Los identificamos rápidamente”, precisó el abogado Juan Carlos García Dietze, que representa a sus tres hijos. García Dietze contó a Infojus Noticias que su aniquilamiento fue “registrado por una cámara de la federal, desde una ventana en el Obelisco”. Los acusados pertenecían a un grupo de Asuntos Internos de la policía federal que dispararon contra manifestantes que se refugiaban en una plazoleta, en la avenida 9 de Julio casi esquina Sarmiento.
“Hubiese querido que también esté de la Rúa porque es el autor intelectual”, dijo a Infojus Noticias Karina Lamagna, la hermana de uno de las víctimas. Diego Lamagna tenía 26 años cuando una bala policial le alcanzó el pecho. Le dispararon en las inmediaciones de la Avenida de Mayo, cuando habían pasado 17 horas desde que De la Rúa dispuso el estado de sitio y el pueblo salió a la calle. Casi a las cinco de la tarde de ese jueves 20 los médicos del hospital Argerich confirmaron su defunción. Afuera seguía tronando la consigna “que se vayan todos”. Dos horas después, De la Rúa se subió al helicóptero. “Pasaron casi 13 años y seguimos buscando justicia”, dijo Karina y expresó que confía en el resultado de este proceso.
De las siete causas que forman parte de este debate durante esta primera jornada solo se conocieron dos. La que involucra por homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad a Mathov, al ex jefe de la policía federal Rubén Santos y a sus subordinados, los ex comisarios Raúl Andreotti, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. La otra es la causa en la que se ventila el asesinato de Alberto Márquez, en las inmediaciones del Obelisco.
En la sala de audiencias, atrás de los abogados de la querella, estaba Martín Galli, un joven que en la misma balacera que cayó Márquez recibió un disparo en la cabeza, y desde entonces vive con la bala en su cuerpo. Por su intento de asesinato y el de Paula Simonetti (herida de bala por la espalda) deberán responder ante los jueces los mismos 9 policías que dispararon contra Márquez.
Junto a Martín, se sentó Juan Manuel Cárdenas, hijo de un testigo y víctima clave de esta represión: Jorge Cárdenas, el primer herido por un arma policial. La madrugada siguiente a la declaración de estado de sitio que dispuso De la Rúa (de manera inconstitucional, según señaló la querella del CELS durante la acusación) un grupo de personas se congregó frente al Congreso Nacional. Jorge estaba ahí con su hijo de 15 años cuando, a eso de las tres de la madrugada, un grupo de policías los atacó. Empezaron las corridas, y cuando se calmó todo el chico volvió y encontró a su padre desangrado sobre las escalinatas de ingreso al edificio. Jorge vivió 7 meses más, y su caso no forma parte del debate, aunque será parte fundamental para la acusación.
Rubén Santos (a la derecha), ex jefe de la Policía Federal, charla con uno de sus abogados. Esta mañana Juan Manuel, el mayor de los hermanos Cárdenas, lo recordó y dijo que su papá "será nombrado a lo largo de todo el juicio, porque marca el inicio de “ruptura de confianza”, algo que quedó resonando en la acusación. "Desde ese momento Mathov tenía que saber que si él le ordenaba a la policía reprimir, iban a matar", dijo, teniendo en cuenta que a su padre lo hirieron policías de la Federal con balas de plomo. En la acusación los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers contabilizaron 80 heridos de bala.
“Es de destacar que no fueran más los muertos”, apuntaron.
El fiscal general Mauricio Viera que estará a cargo de la acusación durante el debate oral explicó a Infojus Noticias que otros hechos vinculados a la trágica jornada aún continúan en instrucción. Las heridas que recibió Cárdenas, por ejemplo, y también el ataque con caballos a las Madres de Plaza de Mayo, y las heridas y detenciones ilegales de cientos de personas. Dado el volumen de esta causa, en la que está previsto que declaren casi 600 testigos y puede llegar a durar más de 10 meses, Viera estará acompañado en su tarea por los fiscales Santiago Vismara, Fernando Fiszer y Mariano Domínguez.
Desde hoy, y probablemente durante más de 10 meses, el TOF 6 estará analizando la represión que se desató a partir de las 9 de la mañana del 20, cuando el gobierno ordenó despejar la plaza. En la instrucción, Mathov dijo que intentaban evitar que los manifestantes ingresaran a la Casa Rosada. Pero no dio precisiones sobre el origen de esa suposición.
Hoy el TOF6 especificó que las audiencias –por lo menos hasta la feria judicial- se desarrollarán los días miércoles y viernes, a partir de las 9.Como excepción, esta semana la lectura de la acusación continuará el viernes en Comodoro Py. Los mayores de 16 años pueden asistir a las audiencias acreditándose con su DNI. Hoy, entre los presentes estuvieron la Madre de Plaza de Mayo Laura Conte, el legislador porteño Pablo Ferreyra, la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff, integrantes de la organización Madres en Lucha y Rosa Bru, la presidenta de la Asociación Bru que trabaja contra la violencia policial e institucional en la provincia de Buenos Aires.
Las órdenes y sus ejecutores
Durante la primera parte de la audiencia se leyó la acusación a los responsables jerárquicos. Mathov -sentado solo, en la segunda fila- es el único funcionario político acusado en este juicio. Uno de sus jefes, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció. El otro, el ex presidente De la Rúa, consiguió que la Cámara Federal de Casación lo sobreseyera y quedó fuera del debate oral. Pero el ex mandatario aún no está desvinculado de la investigación: continúa pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso extraordinario que persigue la revocación de esta medida.
“Es el primer juicio oral en el que funcionarios de un gobierno constitucional son acusados por haber ordenado una represión de esta naturaleza”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, que acompaña a un grupo de víctimas. El querellante Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincidió. Y dijo que es la primera vez que la cúpula de una fuerza de seguridad (la Policía Federal, en este caso) debe responder por la represión de las manifestaciones sociales. “Es inédito y, después de 12 años, la oportunidad de una reparación judicial para las víctimas”, dijo Medina.
La acusación sostuvo que Santos “impartió órdenes y directivas indebidas dirigidas a los diferentes oficiales superiores (de la federal)” que derivaron en los homicidios de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Congreso. El ex jefe de la federal, también responderá por el asesinato de Alberto Márquez en las cercanías del Obelisco. Santos, y los subordinados que dirigieron el operativo, Andreozzi y Gaudiero, están acusados de homicidio culposo por estos casos.
El de Márquez es el único asesinato por el que deberán responder sus ejecutores. “Los identificamos rápidamente”, precisó el abogado Juan Carlos García Dietze, que representa a sus tres hijos. García Dietze contó que su aniquilamiento fue “registrado por una cámara de la federal, desde una ventana en el Obelisco”.
Los acusados pertenecían a un grupo de Asuntos Internos que dispararon contra los manifestantes que se refugiaban en una plazoleta, en la avenida 9 de Julio casi esquina Sarmiento. Por esta causa estuvieron detenidos los 9 policías que están acusados como coautores, pero dada la demora en el inicio del debate llegan al juicio en libertad. García Dietze explicó que les cabe la misma responsabilidad porque “si 4, 5 o más personas se paran y disparan contra una muchedumbre, resulta indiferente qué proyectil causó la muerte”.
Durante más de 10 meses, los jueces del Tribunal Oral Federal n°6 escucharán a casi 600 testigos. Y también está previsto que durante las audiencias se dé a conocer el mapa y la cronología de los hechos que reconstruyeron los profesionales del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche (GFF), que organizaron y analizaron cientos de videos y fotografías de aquella jornada trágica. Esta primera semana, el tribunal escuchará los argumentos de la acusación que involucra a 17 acusados.
Fuente:InfoJus
No hay comentarios:
Publicar un comentario