Tras el desastroso fracaso del gobierno en el combate al narcotráfico, ha sido el pueblo quién finalmente ha dado con la solución, tomar las armas y darles batalla de frente.
El auto disminuye la velocidad y tras una prolongada curva comienzan a brotar las coloridas casas del pueblo de Peribán, seis jóvenes nos miran con profunda sospecha mientras rápidamente llenan sendos costales blancos con arena. Hace escasas horas un comando armado de campesinos, comerciantes, profesionales y pequeños empresarios, entró y explusó a punta de escopetas, ametralladoras y fusiles, a los
Caballeros Templarios, organización criminal dedicada al narcotráfico que mantenía a la población bajo un despiadado régimen de horror. Los sacos son para construir las trincheras que detendrán las extorsiones, secuestros, violaciones y por supuesto, las balas del narco.
La comunidad de Peribán, cabecera de un municipio de 25 mil habitantes, en Michoacán, México, se reúne en la plaza principal para dialogar con las fuerzas liberadoras. Entre los recién llegados no se cuentan integrantes de esa localidad en específico, pero sí de los poblados aledaños que también se han alzado en armas recientemente. Rápido la asamblea decide reforzar las filas de los Comunitarios y lanzar los preparativos para continuar el avance y hacerle frente a los Templarios en el poblado siguiente, Los Reyes.
Las Autodefensas, o Comunitarios, como son llamados por los y las michoacanas, surgieron del hartazgo y la desesperación de vecinas y vecinos que ven como diariamente sus comunidades son destruidas mientras el gobierno y sus fuerzas del orden hacen vista gorda.
Armamento incautado por los Comunitarios a la organización criminal Los Caballeros Templarios
El primer estallido popular contra el narco se dió en la ciudad de Cherán, a 109 kilómetros de Morelia, capital del estado. El 15 de abril de 2011, las entradas principales de la ciudad amanecieron bloqueadas por mujeres, dueñas de casa, que decidieron impedir el paso a los camiones de las empresas madereras de la zona, empresas de propiedad templaria, y que habían comenzado sus trabajos contaminando el yacimiento de agua que alimentaba no solo a esa comunidad, sino que a otras cuarenta más. Como respuesta al movimiento ciudadano, se dejaron caer sobre las doñas un letal y variopinto contingente; talamontes, caballeros templarios y la propia policía municipal a la cabeza, marcharon armados por las calles para exigir la entrega de los choferes tomados como rehenes horas antes, desencadenando un enfrentamiento a muerte entre la comunidad y quienes buscan somertarla a través del terror.
En poco más de dos meses se cumplen tres años del levantamiento y los cheranenses celebrarán varias e importantes conquistas. No solo derrotaron al narcotráfico bajo su ley, la ley del plomo, la que a su vez obligó la formación de una Policía Comunitaria que actualmente es la exclusiva encargada de la seguridad del lugar, sino también celebran la expulsión de los partidos políticos y la policía municipal, aliados históricos del narco, para establecer su propio gobierno autónomo.
Hoy Cherán es el ejemplo a seguir para muchas de las comunidades alzadas a través de los Comunitarios, movimiento que en menos de un año ha liberado una cuarta parte del territorio de Michoacán y que en la práctica tiene en jaque al estado, en lo que respecta al monopolio del uso de la fuerza. Sus filas están integradas por civiles y han accedido a las armas comprándolas o recuperándolas directamente de los templarios abatidos en combate.
Si bien este movimiento inició con la experiencia del municipio de Cherán, el efecto en cadena se desató en febrero del año pasado, cuando la ciudad de Tepalcatepec decidió hacerle frente a sus opresores directos. A partir de ahí y hasta la fecha, semana a semana se han creado nuevas fuerzas de Comunitarios que avanzan rápidamente por el estado. Sus líderes, como era de esperar, han captado la atención principal de los medios de comunicación, quienes centrándose en sus personalidades y acciones han dejado de lado el profundo y complicado proceso político que han iniciado las comunidades al verse obligados de asumir un rol que históricamente ha sido exclusivo del estado.
“Papá Pitufo”, líder de las Autodefensas de Tepalcatepec, interpela a las autoridades durante la firma del tratado de legalización.
LA AUTONOMÍA MESTIZA
En Michoacán, al igual que los demás estados del sur de México, gran parte de la población es indígena, la que a pesar de la larga noche de los quinientos años, sige viva en sus tradiciones y formas de organización; de hecho este país ya cuenta con un referente mundial en lo que respecta a un levantamiento armado indígena devenido en un proceso de autodeterminación, el Zapatismo.
Pero lo llamativo de lo que sucede con los Comunitarios de Michoacán es que ya no son exclusivamente las comunidades originarias las sublevadas, pueblos y ciudades mestizas se han sumado con igual ímpetu en esta guerra contra el narco, y esas mismas comunidades comienzan a ver con muy buenos ojos las experiencias de los concejos populares indígenas, ya que hasta el momento han demostrado su blindaje a las mañas, malas prácticas y corrupción del gobierno tradicional.
Al sureste del estado se encuentran los municipios de Coalcomán, Buenavista y Chinicuila, los cuales ya han iniciado su proceso de autogobierno, conformando asambleas locales y coordinando ya una instancia distrital que en las próximas semanas comenzará a operar. De estos tres municipio solo uno, Chinicuila, cuenta con un porcentaje de población indígena, sus habitantes desienden mayoritariamente de migrantes españoles, franceses y alemanes.
Las revisiones a los vehículos que circulan por los territorios son liberados se realizan durante las 24 horas.
“La organización de los concejos populares de la sierra costa de Michoacán tiene su origen hace muchos años, han habido muchas luchas, han habido huelgas de hambre, han habido muchos compañeros desaparecidos, pero es por transformar el mundo”, señala Rafael Martínez Gómez, activo habitante de Coalcomán y agrega: “Ya teníamos la historia de la organización del concejo de Chinicuila, pero ahora se nos presenta la oportunidad amable e histórica de entrarle en medio de la guerra de las Autodefensas contra del narcotráfco, y con la gente nos estamos organizando, pero lo hacemos de manera tranquila y no nos duele el tiempo porque finalmente vamos a tener hijos, nietos, bisnietos y van a seguir con este proceso”.
Estas asambleas aprobaron, apoyaron y algunas hasta coordinaron directamente a los grupos de Comunitarios que aparecieron el año pasado. “Cuando se levantó Chinicuila, había problema entre los mismos grupos de Comunitarios, y el concejo fue un mediador para que las cosas se dieran y en quince días estábamos sacando a toda esa lacra de los Caballeros Templarios”, señala orgulloso José Gabriel Pelayo, facilitador del concejo popular. Esta experiencia y la erradicación de los Templarios en esa zona, sin duda vino fortalecer y entregar nuevos bríos a las comunidades que se encuentran en este esfuerzo por conseguir una vida digna y un desarrollo real.
Estos brotes de autonomía han despertado todas las alarmas de los políticos y sus secuaces, quienes no han escatimado esfuerzos, a través de la prensa, por crear la falsa idea de que ellos han apoyado el proceso de las Autodefensas desde su inicio, como una manera de sumarse al carro de la victoria de las exitosas campañas de los últimos meses e intentar coptar a los grupos armados.
Pero su primera reacción fue distinta. El 13 de enero de este año, y a través de un decreto federal, efectivos militares hicieron presencia en la comunidad de Antúnez. Las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los militares al encontrarse con la oposición pacífica y sin armas de la población, abrió fuego contra ell@s. “Tuvieron por ahí un altercado y lamentablemente algunos elementos militares, de acuerdo a los testimonios que traemos, accionaron sus armas y ésto ocasionó la muerte de cuatro personas”, aseguró el Director Nacional del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, además de confirmar que entre los fallecidos está una menor de edad, un integrante de los grupos de autodefensa y dos civiles desarmados.
LOS ACUERDOS DE LEGALIZACIÓN
Es indudable que los Comunitarios cuentan con todo el apoyo de los habitantes de Michoacán, y el motivo no son sus abrumantes éxitos militares, ni siquiera la tranquilidad y seguridad que se vive en los territorios liberados; cuentan con una alta aprobación porque básicamente son ellos mismos, los habitantes de Michoacán en rebeldía contra el crimen organizado y a ellos no se les viene con cuentos.
Por eso los constantes abucheos que recibió el Gobernador del estado y los representantes del Gobierno Federal, durante la reunión que sostuvieron este lunes 27 de febrero en Tepalcatepec. Ante la inminente toma por parte de los Comunitarios de la ciudad de Apatzingan, bastión de Los Caballeros Templarios y que actualmente se encuentra bajo la vigilancia de la Policía Federal y el Ejército.
“Desde antes que estallara todo este caos social ya estaban mal las cosas y el narco-gobierno no hacía nada. Aquí el crimen organizado se paseaba impunenmente con armas, hacían lo que ellos querían y cometían crímenes. Asesinaron a un amigo mío y su crimen sige impune, y ahorita viene el gobierno a firmar un convenio, no puedo creer que firmarán un convenio con estos criminales de cuello blanco”, denuncia con voz firme la joven Tania, habitante de Tepalcatepec.
Las autoridades llamaron a un alto al fuego para firmar el tratado de legalización de los Comunitarios, los cuales, de acuerdo al texto, se sumarán a las Policías Rurales, entregaran una lista de sus integrantes, armas y se compromenten a que las próximas acciones serán coordinadas en conjunto con las autoridades de gobierno.
Para Rafael de Coalcomán, esto es “un teatro, el gobierno siempre ha hecho teatros desde la federación para poder impactar en la tele y convencer al resto del país de que está haciendo algo en Michoacán, y las Autodefensas le están jugando a hacerle caso a los tratados y poder legalizarse. Pero tambien lo estan viendo en función de presionar para que el gobierno realmente cumpla el deseo de la gente, que no haya narcotráfico, sea del cártel que sea. Eso sí, yo no creo que las autodefensas se vayan a chupar el dedo, y sí el gobierno intenta desarmarlas sin haber cumplido con la promesa de erradicar al narco, se desatará seguramente una represión encabronada contra ellos y contra el pueblo”
La firma del tradado concluye en calma y mientras las cámaras de televisión se guardan, recibimos un mensaje en nuestro celular adviertiéndonos que un comando de Comunitarios acaba de entrar al poblado de Peribán. Sin dudarlo nos subimos al carro para atravesar lo más rápido que pudimos la sionuosa sierra michoacana, donde a pesar de tratados y firmas, el pueblo continúa llevando las riendas de su liberación.
Texto y fotos por Nicolás Tapia, desde México.
El Ciudadano
domingo, 26 de enero de 2014
Michoacán: una ventana de oportunidad
Es francamente débil la hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el nacimiento de las autodefensas) en una moción privativamente gubernamental. Los cárteles de la droga son una criatura de la economía global. También los gobiernos. Difícilmente estas dos instituciones, una legal otra ilegal, aunque en realidad son una sola, impulsarían gratuitamente la aparición de un grupo civil armado, a no ser por una relativa pérdida de control en el sostenimiento de un poder u orden. Aún otorgando que se trata de una verdad parcial (la intervención sustantiva del gobierno), cabe reconocer que el paramilitarismo o el uso de guardias extraoficiales es un signo de debilidad, y de urgencia para recuperar un terreno perdido en la correlación de fuerzas políticas, ciertamente en el contexto de la economía global. Porque el conflicto en Michoacán no es local, ni siquiera nacional: es un conflicto geopolítico, es decir, global. (La intensiva cobertura en prensa internacional no es fortuita, especialmente en Estados Unidos). En esta conflagración se articulan intereses comerciales que involucran a China, Estados Unidos y a ciertos grupos caciquiles o familias locales.
Para situarnos en un terreno común, es preciso indicar que este conflicto es una de las expresiones de la narco-guerra, que no es otra cosa que una estrategia mundial, adaptada a la realidad nacional, para la consolidación de economías sostenidas en una virtual ingobernabilidad. Un Estado es fallido sólo cuando el orden económico dominante así lo reclama, como ocurre en México. Pero es fallido únicamente en la aplicación de las leyes escritas, no así en la concertación con las leyes materiales no escritas o no verbalizadas (por ejemplo, la adscripción casi religiosa de los factores económicos domésticos al credo neoliberal). En este contexto de laxitud o fallecimiento jurídico del Estado, el monopolio de la violencia se “federaliza": atraviesa una suerte de descentralización; se delegan facultades para el uso de la violencia a otros órganos no inscritos directamente en las instituciones estatales. Entre estos actores u órganos paralegales, destacan los brazos armados de los cárteles de la droga, empresas de seguridad privada, milicias rurales, mercenarios foráneos etc. Y ahora se pretende incorporar a las autodefensas a este abanico de fuerzas reaccionarias. Pero esto no equivale a sostener que la naturaleza de estos grupos es única e indivisiblemente progubernamental o pro-Estado. Y acá radica el quid de toda la discusión en torno al caso michoacano.
Si bien es indiscutible la injerencia del gobierno (al menos parcial) en el comportamiento de las autodefensas, cabe advertir que la sola participación (o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de riesgos virtualmente desfavorables para el poder constituido. Las propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos. Más que una reflexión neutral o imparcial, acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por acción u omisión las autoridades públicas.
El riesgo para el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía frente al orden estatal dual (el lícito y el ilícito); y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon. En este escenario la desintegración del actual Estado criminal sería irrefrenable.
En la anterior entrega se sostuvo: “Resumidamente, se pueden agrupar a los protagonistas en dos grandes bloques: los que son afines al poder, y los que desafían el poder” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-preambulo-de-una-revolucion.html).
Aún cuando el poder institucional interviene para manipular el curso de las autodefensas, el desafío de estos grupos a los mandatos gubernamentales es un horizonte militarmente factible, y acaso políticamente deseable.
A nuestro entender, y aún concediendo verosimilitud al diagnóstico que sitúa a las autodefensas en el eje de una táctica discrecional e inconfesable del gobierno, la posibilidad de que este recurso comunitario se generalice es tan alto como la posibilidad de un aplastamiento que redunde en un beneficio para el actual orden (inconstitucional, cabe decir).
Y en un escenario hipotético de éxito insurreccional comunitario, nadie podría objetar el carácter éticamente legítimo de esta modalidad de defensa. Nótese que la preocupación central del gobierno no reside en el descabezamiento de un cártel u otro (Caballeros Templarios u homólogos transterritoriales): su principal empeño es el descabezamiento de la ciudadanía o la sociedad organizada, por más frágiles que pudieran ser estas formas organizacionales.
Esta vez no discrepamos ni un ápice con Javier Sicilia, cuando sostiene: “Es absolutamente legítimo [el recurso de las autodefensas]. Estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No se puede tolerar que en nombre de un gobierno… la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, le secuestren a sus hijas, las violen y las descuarticen”.
Este gobierno criminal que describe Sicilia es el que está en vilo. Desconocemos si las autodefensas alcancen a articular una oposición plausible en el corto o mediano plazo. Pero es un hecho que se trata de una ventana de oportunidad, una moneda al aire cuya suerte es incierta.
Publicado por la digna voz
Michoacán: preámbulo de una revolución
El pasado miércoles, la Jornada Michoacán cerró su nota editorial con la siguiente advertencia: “Si la actual administración no es capaz de formularla con prontitud [una estrategia gubernamental coherente e integral], el país vivirá otro sexenio de violencia descontrolada, descomposición institucional y barbarie multiplicada. Es de esperar que no sea el caso”. Las buenas intenciones no se traducen necesariamente en análisis sesudos, “coherentes e integrales”. Pocos espacios informativos aciertan a la hora de elaborar diagnósticos, o bien por compromisos institucionales, o bien por las agravantes limitaciones analíticas que imponen las estériles ideologías dominantes. Ni siquiera la llamada prensa “progresista” arriesga una lectura diferente.
El conflicto en Michoacán es el preámbulo de una revolución. Es preciso mirar los contenidos del poder y las resistencias para aprehender la naturaleza de las hostilidades, y descubrir los visos insurreccionales que entraña esta crisis social.
En este tenor, cabe observar que la “violencia descontrolada, descomposición institucional y barbarie multiplicada” no es un problema de capacidades o incompetencias, y que si la “actual administración no es capaz de formular con prontitud una estrategia coherente”, no se debe a una limitación privativa de la entrante gestión peñista, o en su defecto de la saliente gerencia calderonista: la violencia está en el ADN de la propia institucionalidad, la descomposición e incoherencia corre en el torrente sanguíneo de las distintas administraciones.
No se contradice acá la complejidad de la efervescencia en Michoacán. Al contrario, se reconoce tal condición, y por ello se recomienda absoluta consistencia en el análisis. Se sabe que existe una multiplicidad de fracciones en disputa, pero casi nunca se atina en el posicionamiento político (frente al poder) que ocupan estos grupos.
Tan sólo dentro del consejo de autodefensas de Michoacán concurren 32 coordinadores, tres mediáticamente visibles: José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán e Hipólito Mora. Aunque las discrepancias e intereses encontrados priman en los procedimientos de coordinación (aún no sabemos si de manera significativa), esta caleidoscópica confederación de autodefensas se enfrenta fundamentalmente, y con relativa cohesión, a un grupo delincuencial: los Caballeros Templarios (estos además movilizan a ciertos grupos ciudadanos para protestar contra la presencia de las autodefensas). Se especula que existen básicamente dos huestes orgánicas al interior de las guardias comunitarias: una insurreccional (mayoritaria), y otra presumiblemente infiltrada, leal a algún cártel o al gobierno (minoritaria). El cártel Nueva Generación es una suerte de actor sigiloso pero no menos importante. Y por último, el más discreto pero también más decisivo de los actores: el Estado, a cuyas instrucciones acuden los más de mil 500 elementos de la Policía Federal y los 200 efectivos militares que intervienen en la zona de conflicto.
El desenlace de este primer episodio beligerante es de pronóstico reservado. Pero es un hecho que los bandos en conflagración comienzan a visualizarse con cristalina claridad. Y es acá donde los analistas no pueden desvariar, pues de lo contrario contribuirían a la premeditada e irresponsable desinformación que concertadamente inducen los poderes constituidos.
Resumidamente, se pueden agrupar a los protagonistas en dos grandes bloques: los que son afines al poder, y los que desafían el poder.
En el primer bloque se ubican casi todos los actores, incluida por cierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (virtualmente un apéndice del Estado), cuyo presidente, Raúl Plascencia, fijó sin ambages el posicionamiento de este organismo: “No hay ninguna justificación para que grupos de personas armadas en las calles pretendan hacer justicia por mano propia”. Está visto que la policía federal y el ejército también van tras las autodefensas insurreccionales. No es accidental que elementos del ejército mexicano ingresaran violentamente al epicentro del conflicto para desarmar a los colectivos de autodefensas, y no a los cárteles. De acuerdo con las autodefensas, los efectivos militares asesinaron a cuatro personas; destaca tristemente el caso de una niña de 11 años. El representativo del Estado (PRI y consortes) tampoco economiza las amenazas, bravatas e intimidaciones: “[Los operativos] han venido dando resultados (sic) […] Eso eliminará los pretextos (sic) o las razones de quienes dicen (sic) estar buscando justicia” (Jesús Murillo Karam –procurador); “Los delincuentes [o grupos de autodefensa] deben recibir el trato que la ley dispone y en este sentido no habrá ninguna consideración por el Estado mexicano. No hay espacio alguno ni para la tolerancia (sic) ni para la complacencia… Vamos por quienes transgreden la ley” (Osorio Chong –secretario de gobernación). Los cárteles de la droga, unos en contubernio con el Estado, otros con la fracción truculenta de las autodefensas, siguen en lo suyo: disputándose plazas con la venia e irrestricto apoyo logístico de las autoridades.
En el otro bloque, el insurreccional, se ubican, hasta donde se alcanza a advertir, la mayoría de las coordinaciones del Consejo General de las Autodefensas. Allí se incuba el desafío al poder, que naturalmente el Estado se dispone a aplastar, ahora sí, con “prontitud” e incorregible violencia.
En suma, el Estado no persigue a los cárteles o las bandas delincuenciales. Por eso desarma a las guardias comunitarias cuando más cerca están de arrebatar a los cárteles el control y recuperar la totalidad del territorio michoacano. Es posible que consintiera el avance parcial de las autodefensas, sólo con el fin de debilitar al cártel de los Caballeros Templarios, y facilitar una claudicación negociada sin costos políticos mayúsculos para el gobierno (recuérdese las incómodas videograbaciones de la “Tuta”, líder de la organización criminal), y acaso posicionar casi monopólicamente a Nueva Generación, que es un brazo armado del cártel oficialista, a saber, el de Sinaloa que regenta el empresario Joaquín “Chapo” Guzmán.
Los contenidos insurreccionales de las autodefensas radican precisamente en su desafío a toda la cadena de poder que representa el gobierno, la fuerzas castrenses, los cárteles y los intereses creados en torno a estos. Por eso el Estado ha convenido utilizar al ejército para apagar el conflicto, y a la policía sólo accesoriamente: el propósito es liquidar transgresores de la ley, y no prevenir la proliferación del crimen.
Acá no caben confusiones: las autodefensas desafían el monopolio legítimo de la violencia pública que técnicamente concentra el Estado. Y en este sentido se debe insistir en la existencia fundamental de dos bloques antagónicos: los que salvaguardan este monopolio, y los que se alzan –las autodefensas– contra este delincuencial monopolio en cuyas filas concurren el Estado, los cárteles de la droga y secuaces.
Este desafío puede constituir la antesala de una sublevación armada.
Publicado por Arsinoé Orihuela Ochoa
Envío:Amarelle
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