OPINIÓN.

OPINION

Mentiras y relato
Por Washington Uranga

Quien conoce mínimamente el funcionamiento de los medios periodísticos sabe que la nota principal de la tapa de un diario –máxime de una edición dominical– no puede ser nunca el resultado del desliz o la equivocación personal de un periodista. Ese título es siempre la consecuencia de una decisión editorial de la que participan los máximos responsables del medio. Dicho esto no cabe sino pensar que la especulación –disfrazada de noticia– acerca de una presunta reunión del papa Francisco para promover el “diálogo social” en la Argentina publicada el domingo por el diario La Nación (también se hizo eco Perfil) es una pieza más de la estrategia de la oposición mediática para instalar el relato de la crisis. Y, más allá de los señalamientos que se le pueden hacer al periodista que firma la nota (avalado también por uno de los columnistas más destacados del medio), existen, sin duda, responsabilidades ineludibles de las autoridades editoriales respecto de conductas profesionales reñidas con la ética.

“Para muestra basta un botón”, dice el adagio popular para indicar que, en muchos casos, no es necesario mostrar todo y que de un ejemplo se puede deducir lo que aún no se ha descubierto. Puede ser riesgosa la aplicación del refrán cuando, por ejemplo, se trata de cuestiones sometidas a la Justicia y para las que se necesitan pruebas para derribar la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona. Pese a eso el “botón de muestra” suele ser un recurso habitual de los opositores mediáticos. Sin embargo, en el caso de la desmentida reunión en el Vaticano la falsedad quedó a la vista, descubierta y denunciada por todos los supuestos actores y hasta por el propio Papa. Y puede servir para mostrar la metodología utilizada por ciertos medios de comunicación y por determinados periodistas para intentar desprestigiar y desacreditar al Gobierno.

Son precisamente aquellos que tanto han insistido en denunciar el “relato oficial” quienes intentan, por los medios que fueren, instalar el “relato de la crisis” para indicar que la Argentina está pasando por un momento caótico, con rumbo incierto y con pérdida de poder político por parte del Gobierno en general y de la Presidenta en particular. Los datos macroeconómicos –incluso los elaborados por economistas que se afilian en la oposición– y políticos –también reconocidos por figuras opositoras– no indican eso. Y muchos titulares apocalípticos de medios impresos y zócalos de televisión no condicen con lo que después se presenta como noticia. Pero “el relato” de la crisis está instalado y se reitera –sin fundamentos a la vista– tratando de imponer aquello de que “algo queda”.

Valga decir que quien escribe estas líneas está lejos de afirmar que no existen errores en la gestión de gobierno. Los hay. Muchos están a la vista y es importante señalarlos. Para que rectifique el mismo gobierno o para encontrar alternativas. Pero la mentira reiterada como recurso constante no sólo es un atentado contra la ética, sino que es un método de operación política instalado en los medios en la Argentina. Lo que enfrentamos no es una crisis en el sentido que se la quiere mostrar, sino la manifestación clara de un enfrentamiento por el poder y la avanzada de grupos muy poderosos que quieren recuperar influencias perdidas, hacer toma de ganancias y recomponer el nivel de lucro que tuvieron antes y que se ha visto apenas recortado por la gestión de los últimos gobiernos. Ya no son los militares las caras visibles de estas operaciones. Tampoco los partidos políticos de manera institucional (por más que ciertos personajes se presten al juego y se dejen utilizar a cambio de ganar algún titular). Son los medios de comunicación.
Pero no se trata apenas de mentiras aisladas. Es un método que intenta condicionar al gobierno actual, debilitarlo y, si es posible, doblegarlo. Pero deberían estar atentos también los opositores que hoy creen ganar terreno sumándose al discurso terrorífico. Porque quienes hoy les abren las pantallas y los titulares de los medios son los mismos poderes que desde ahora intentan condicionar y disciplinar a futuros gobiernos dejando en claro quién manda en la Argentina, para que no se repitan situaciones como las vividas. Para tenerlo en cuenta.

Caen en la misma trampa discursiva quienes, desde el oficialismo o desde posiciones cercanas, también apelan al lenguaje del terror para no admitir errores ni explicar de manera suficiente, política y técnicamente, los cambios de rumbo. No se puede subestimar la madurez política y la capacidad de discernimiento de la ciudadanía.

La obsesión y la necesidad de la oposición mediática por mantener el relato de la crisis son tan grandes que aun la desmentida más rotunda de los protagonistas se califica de “supuesto”, sosteniendo además que “podría haber un cambio de fecha y de formato del encuentro, una suspensión o un intento de bajarle el voltaje político” a una reunión que nunca existió. Otros, desde el mismo frente de medios opositores, se ven obligados a desmentir la información, pero aprovechan, aun reconociendo la evidente mentira mediática, para afirmar que es “Cristina (quien) no está dispuesta a abrirse al diálogo” y que el poder se le escurre dado “que encabeza un gobierno débil y en retirada”.

Se trata de nunca renunciar al relato de la crisis. No importa si se apoya o no en la verdad de los hechos. Hay muchos capítulos para revisar en los códigos de ética periodística, pero mucho más para escribir acerca del papel que juegan los medios de comunicación en la política actual, actuando como voceros de poderes que casi nunca dan la cara.

¡Ah! Equivocarse no es grave. Basta con rectificarse y pedir disculpas. Insistir en el error denota falta de honestidad.

OPINION

El sueño de los argentinos
Por Eduardo Jozami *

Imagen: Joaquin Salguero

Vivimos en una sociedad injusta, aunque no reflexionemos a diario sobre eso. Las diferencias sociales y las inequidades tienden a naturalizarse, aun en momentos de cambios profundos como los que se producen en la Argentina desde hace una década. Pero, en ciertos momentos, esa injusticia social se revela intolerable. Es cuando el interés de unos pocos aparece nítidamente como superior al del conjunto de los argentinos. En estos días hemos visto a las patronales del agro exaltar el derecho de los grandes productores para vender sus tenencias de soja cuando quieran, sin importarles las consecuencias que pudiera tener esa retracción de ventas sobre el conjunto de la economía, mientras los exportadores de cereales presionaban, a su vez, la devaluación de la moneda, negándose a liquidar los dólares provenientes de las ventas al exterior. La Mesa de Enlace ha defendido estas actitudes amparándose en una concepción de la propiedad que no admite restricciones, derecho supremo ante el que deberían ceder los de la gran mayoría de los argentinos cuyos ingresos y condiciones de vida se ven hoy afectados.

Esta presión sobre la divisa norteamericana no sólo apuntaba a multiplicar los ingresos de exportación aumentando la cantidad de pesos que se reciben por cada dólar, buscaba una verdadera corrida cambiaria que aceleraría el alza de los precios y dificultaría cada vez más el control de la coyuntura económica. Esta maniobra especulativa tiene también un definido propósito político: debilitar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obligarlo a desandar el camino seguido hasta hoy y mostrar el cumplimiento de lo que vienen pronosticando hace diez años los agoreros del privilegio: las políticas ambiciosas que se proponen reformas profundas como las que lleva adelante el kirchnerismo, terminan necesariamente en el fracaso. Este razonamiento se plantea como si las dificultades que hoy se observan fueran consecuencia de desconocer supuestas leyes de la economía y no tuvieran que ver con el sabotaje que realizan todos los sectores del gran capital y sus medios de comunicación.

Presionando el alza de los productos de la canasta básica, los grandes formadores de precios y los hipermercados hacen su contribución al intento desestabilizador, mientras los principales medios opositores siguen atribuyendo la inflación a los altos salarios y el exceso de gasto público, y reclamando, en consecuencia, un plan económico recesivo. Es la vieja receta, la de los planes del Fondo Monetario, la que elige matar al enfermo para terminar con la enfermedad: la inflación, en algunas ocasiones, fue controlada, pero al precio inaceptable de aumentar notablemente el nivel de desempleo y reducir los ingresos de los trabajadores en términos reales. Porque esa receta no debe ser aplicada, los acuerdos de precios son hoy un camino necesario y el Estado deberá reforzar su capacidad de control y sanción de los incumplimientos.

En su ofensiva incesante, los medios atacan al equipo económico que lleva adelante esta política, presentando a Axel Kicillof, alternativamente, como un demonio estatista o un joven ingenuo que cree en la palabra de los empresarios. Los comunicadores de la derecha tienen el olfato entrenado para detectar el riesgo que representa para el establishment un economista de sólida formación y fuerte compromiso político.
La devaluación tiende a producir una transferencia de ingresos contra los sectores populares, y por eso el Gobierno se resistía a tomar esta medida, a la que finalmente se vio obligado. Hoy, para limitar esos efectos negativos, es imprescindible asegurar que los formadores de precios no exageren la incidencia real de la devaluación sobre sus costos. Para ello, como acertadamente señaló la Presidenta, es imprescindible el activo control de la sociedad.

Frente al espectáculo indignante de los exportadores sentados sobre sus dólares, la indignación social se expresa de mil maneras, y es muy valioso que se plantee la necesidad del control estatal del comercio exterior. Esta es una vieja bandera del nacionalismo popular arriada en los ’90 y echada con los trastos viejos. Recuperar esa memoria de las luchas no es el menos importante de los logros de este tiempo. La negociación con los exportadores parece permitir hoy un alivio coyuntural, pero la discusión de fondo no puede evitarse.

Paradójicamente, fueron los conservadores los primeros en recurrir a estos instrumentos de intervención estatal en la década de 1930, cuando escaseaban las divisas y se cerraban los mercados de las exportaciones argentinas. Pero estas políticas atendían menos a la defensa del consumo popular que a los intereses de los grupos más concentrados del agro y a consolidar la relación con Gran Bretaña, como lo señalaran, desde trincheras distintas, Lisandro de la Torre y Raúl Scalabrini Ortiz. Ese intervencionismo conservador que llevó a la creación de las juntas nacionales de Granos y de Carnes fue continuado por Federico Pinedo desde una perspectiva algo diferente. Quien fuera en su juventud dirigente socialista concedía en su proyecto alguna importancia a la industria y ya avizoraba que los Estados Unidos se convertirían en nuestros principales socios. Federico Pinedo otorgaría a la industria el mínimo papel de “una pequeña rueda” que debía acompañar a la “gran rueda” de la producción agropecuaria, y si pensaba en otros mercados de exportación para la nueva industria era porque no concebía una expansión del mercado interno como la que, más tarde, el peronismo habría de producir.

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue el organismo creado por el gobierno de Perón para gestionar el comercio de exportación e importación. La cosecha era adquirida por el Estado y éste realizaba las operaciones. La diferencia entre el precio que recibían los productores y el que se obtenía por la exportación era utilizada para financiar el desarrollo y, en particular, la actividad industrial. Esta política suponía el reconocimiento de que la Argentina debía ubicarse entre las que Marcelo Diamand llamara “estructuras productivas desequilibradas”: la productividad del agro aseguraba la colocación de sus exportaciones, pero la industria no podía funcionar con el mismo tipo de cambio y requería necesariamente transferencias desde el sector más productivo de la economía. La renta extraordinaria de la actividad agropecuaria debía, en consecuencia, ser apropiada por el Estado. Para la militancia peronista, el IAPI se transformó en un símbolo de las políticas de desarrollo nacional. Se comprenderá que, inversamente, la oligarquía argentina haya demonizado esa sigla desde entonces.

Después de 1955, desaparecido el IAPI, la reivindicación de la nacionalización del comercio exterior figuraría en los programas de La Falda, Huerta Grande y la CGT de los Argentinos y encabezaría todas las luchas del movimiento obrero. Con el tiempo, aunque muchas veces la consigna permanecía en los programas, el entusiasmo declinó. Hasta que el menemismo culminó este proceso con la más drástica política privatizadora, y terminó también con las juntas que permitían al Estado alguna participación en la comercialización. Hoy, ante el intento de golpe de mercado, son muchos los que han salido a reivindicar una medida que no sólo apunta a terminar con una situación profundamente injusta, sino también a asegurar la sustentabilidad de una política económica de sesgo popular.

El Gobierno no está solo frente a los monopolios, porque resulta difícil creer que la mayoría de la sociedad acepte el proceder de la minoría que impulsa la desestabilización. Para sostener un diálogo fecundo con los más amplios sectores cuyos intereses no coinciden con los de los grupos económicos concentrados, habrá que reconocer las carencias de algunas políticas oficiales, las privaciones a la que es sometida la población por los problemas en los servicios públicos, así como la necesidad de atender a la restricción externa de la economía con propuestas que avancen más decididamente en la sustitución de importaciones y prioricen el rol de la industria nacional. Todo esto y mucho más puede y debe discutirse, pero ello no puede ser obstáculo para coincidir en la defensa de un proceso que cambió la Argentina, dejando atrás el país del desempleo de dos dígitos, recuperando la dignidad nacional, terminando con la política de relaciones carnales con los Estados Unidos, impulsando un inédito proceso de expansión de derechos y poniendo el objetivo de Memoria, Verdad y Justicia como divisa fundante del Gobierno.

El kirchnerismo sigue siendo una fuerza social muy significativa, pero hoy, cuando se juega el destino del país, debemos convocar a todos, a los radicales de Yrigoyen, que recuerdan el golpe de mercado que tumbó a Alfonsín, y a la izquierda, que –si quiere seguir llamándose tal– no puede permanecer neutral e indiferente en esta lucha contra los especuladores y los monopolios. Cuando es Argentina la que peligra, no hay espacio para las pequeñas diferencias. Tomando como bandera la creación de un organismo de control estatal del comercio exterior, el llamado más amplio debe dirigirse a los trabajadores, que serían las primeras víctimas de la reversión de esta política; a los pequeños y medianos empresarios, que nada tienen que ganar con las propuestas que alientan la concentración y desnacionalización.

Quienes estamos comprometidos con este proyecto de Néstor y Cristina, sabemos mejor que nadie lo que se está jugando en estos días. Por eso, por sobre agravios y cuestionamientos, tendemos la mano a todos los que coincidan con esta propuesta de democracia y justicia social. Creemos que ése sigue siendo el sueño de la mayoría de los argentinos.

* Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Fuente:Pagina12

11.02.2014 
OPINIÓN 
Apunten a los jóvenes 
Sabe usted dónde está su hijo en este momento?" 
La pregunta formaba parte de una campaña de la sangrienta dictadura cívico-militar nacida aquel 24 de marzo de 1976. Al mismo tiempo que miles de jóvenes eran perseguidos, secuestrados, torturados, violados y asesinados en los campos de concentración, desde las pantallas de televisión un locutor extendía la persecución al propio hogar de cada joven. Les inculcaban el temor a los padres sobre lo que le podía ocurrir en el futuro a sus hijos si se apartaban del estrecho camino que le marcaban los dictadores.

Por: Jorge Cicuttin
Nada de rebeldía, nada de lecturas ni de música prohibidas, ningún cuestionamiento. El espíritu joven debía ser desterrado. Era peligroso.

Los jóvenes debían ser rigurosamente vigilados. Por los militares, por la policía, los docentes y también por los propios padres.

Podían estudiar –pero sin apartarse de los libros y docentes "permitidos"–, trabajar por supuesto, ir a misa,  "divertirse  sanamente". Y punto.

En los años setenta la Juventud Peronista fue diezmada.

Los chicos que trabajaban en los barrios, que militaban en la universidad, que luchaban por sus ideales y por el retorno de la democracia, fueron perseguidos, desaparecidos.

Porque la juventud es peligrosa. Por eso de la desapareció.

Ya con el retorno de la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, los dardos volvieron a caer sobre los militantes de Franja Morada. Desde la derecha acusaban a estos jóvenes radicales de empujar a Alfonsín hacia la izquierda, de pisotear las viejas banderas radicales con la intención de desviar al partido hacia "el zurdaje".

Hoy los cañones apuntan hacia la militancia juvenil kirchnerista.

Todos los males tienen su origen en La Cámpora.

Así como años atrás tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández estaban rodeados y mal influenciados por Hugo Moyano, ahora que el jefe de los camioneros se volvió un referente de la oposición, esta última –tanto la política como la mediática–, ya no lo ven como una compañía peligrosa que ponía en riesgo "la institucionalidad". El blanco elegido hoy para culpar de todos los males es la militancia juvenil de La Cámpora.

La prensa opositora, especialmente La Nación –ya antes del papelón de ser desmentidos por el propio Papa Francisco–, destinó páginas y páginas a señalar a los integrantes de La Cámpora como los culpables de dinamitar el acuerdo con Marcelo Tinelli por las transmisiones de fútbol. También acusan a los jóvenes de esta agrupación de ir "copando" áreas centrales de gobierno, influir en las decisiones de ministros y, sobre todo, de la propia presidenta de la nación.

Otra vez los cañones apuntando contra la militancia juvenil.

Tantos ataques mediáticos terminan a veces en ataques físicos. Como por ejemplo lo ocurrido en San Isidro un mes atrás, cuando militantes de La Cámpora  fueron reprimidos por agentes municipales –que responden al intendente Gustavo Posse–, en una plaza frente a la estación de trenes de Villa Adelina, cuando realizaban una actividad cultural dirigida a niños que durante la semana reciben apoyó escolar por parte de los militantes. El saldo de esta represión fue de más de 15 militantes golpeados y uno con fisura de costilla, tres de ellos fueron detenidos, a la vez que también fueron secuestradas pertenencias personales y de la agrupación.

El ataque no mereció espacio en los medios hegemónicos ni el repudio de los dirigentes políticos de la oposición.

Tanto el año pasado como en estos días, desde algunos sectores se rechazó abiertamente el llamado y el compromiso de la militancia juvenil en el control de precios. En su momento, se advirtió que la presencia de jóvenes vigilando que se cumplan los acuerdos de precios en los supermercados iba a generar violencia. Se los llegó a comparar con las juventudes hitlerianas.

Esta acusación la repitió Carlos Maslatón, hombre de Patricia Bullrich en Unión por Todos, quien aseguró que "militantes políticos controlando precios, con este sistema económico, parece el fascismo inicial italiano y alemán de los años treinta', la comparación es inevitable", dijo sin inmutarse.

La estigmatización de los jóvenes es algo habitual.

Sean militantes.

Sean pobres.
Hasta cuando se critica a los denominados jóvenes "ni-ni" –se les dice así porque ni trabajan ni estudian–, no se hace debidamente la diferenciación entre los chicos de sectores altos que teniendo la oportunidad de estudiar sin la necesidad de ingresar al mercado laboral no lo hacen, con aquellos jóvenes de los sectores más desprotegidos que no pueden continuar sus estudios y que se ve atrapado en un empleo precario y en negro. La clasificación "ni-ni" iguala a veces situaciones muy diferentes.

El recientemente lanzado Plan Progresar, destinado a estos últimos jóvenes, intenta acercar una solución a esa problemática.

Cabe recordar que al día siguiente de ser anunciado este plan por la presidenta, se produjo el ataque especulativo que llevó el dólar ilegal a superar la barrera de los 13 pesos.

Apuntan a los jóvenes.

Porque la militancia juvenil molesta a algunos.

Y es bueno decirlo con todas las letras.

Porque muchos se hacen los desentendidos.
Fuente:TiempoArgentino