El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, Kicillof y el titular del BCRA se reunirán con las exportadoras Nidera, Cargill, Bunge y Dreyfus
El gobierno se reúne hoy con las agroexportadoras
El Ejecutivo convocó a las cámaras CIARA y CEC para vislumbrar la perspectiva de ingreso de divisas por venta de granos. Para las empresas, el tipo de cambio es "competitivo" y buscarán negociar con los productores que especulan con el acopio.
Por: Equipo de Economía
Luego de una semana cargada de especulaciones de los grandes productores rurales con el tipo de cambio y el virtual acopio de producto, el gobierno recibirá hoy en Casa Rosada a los pesos pesados de las empresas agroexportadoras. Con agenda abierta, el objetivo será hacer foco en "tener un horizonte claro de liquidación de divisas", en momentos en los cuales el Ejecutivo busca garantizarse el ingreso de dólares de la cosecha en el marco de las nuevas medidas cambiarias anunciadas recientemente.
A las 11 horas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunirá con el Comité Ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En ambas cámaras –que representan un tercio de las exportaciones argentinas– confluyen firmas locales y multinacionales de la talla de Nidera, Cargill, Dreyfus y Bunge. Un dato no menor de la reunión será la presencia del titular del Banco Central (BCRA), Juan Carlos Fábrega, actor clave en la puesta en práctica de aspectos técnicos y prácticos del lineamiento económico que encaró el ministerio que conduce Axel Kicillof. Se especula con que, dada la relevancia de la cuestión de fondo, esté en la mesa del diálogo el propio Kicillof.
"Charlaremos sobre la forma de normalizar el flujo de dólares, ver cómo colaboramos para que los productores vendan", adelantó a Tiempo Argentino uno de los popes de la industria, que buscó quitarle peso en la especulación al sector que vende producto al exterior. Lo que el gobierno busca es trabajar con los exportadores como una especie de intermediarios con los productores, dado que ellos son quienes les proveen del grano a vender. De hecho, y ni bien recibieron la convocatoria por parte del gobierno para la reunión de hoy, muchas de las firmas agroexportadoras comenzaron a comunicarse telefónicamente con los productores para ir preparando el terreno.
Exportadores, en diálogo con este diario, confiaron que "hay márgenes para trabajar y discutir sobre liquidación de trigo y hasta soja". Estas firmas harán gestiones para liquidación de granos como un gesto hacia el gobierno luego de que este abriera parcialmente, a comienzos de año, la exportación de trigo, una parte del negocio que había quedado congelada durante la gestión de Guillermo Moreno en Comercio Interior, luego de que el funcionario detectara especulación con los precios y desabastecimiento del mercado interno.
La reunión que se desarrollará hoy en gobierno se enmarca en un escenario de fuerte presión por parte de los referentes de las cámaras agropecuarias que monopolizan la Mesa de Enlace. Poco preocupados por el pasar de los pequeños y medianos productores –muchos de los cuales son parte incluso de sus propias entidades–, los jefes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) salieron hace unos días a blanquear sus intenciones de no vender producto hasta tanto el dólar no se estabilice en un valor que, según ellos, sea conveniente. Los cañones más duros los comandó Luis Miguel Echevehere, de la SRA, quien consideró que "nadie obligó al gobierno a subir el dólar de $ 6 a $ 8". Lo siguieron de cerca Pedro Apaolaza, vicepresidente de CRA, quien consideró que "este es un país libre, así que vamos a vender cuando creamos que es oportuno hacerlo". Y hasta copió el discurso Carlos Garetto, de las cooperativas de Coninagro, que le hizo el juego a los grandes capitales asegurando que "el dólar a $ 8 no es un incentivo para liquidar cosechas".
El gobierno, por su parte, se quejó fuerte de los manejos del sector agropecuario. El propio Capitanich los criticó por "amarrocar" y "especular". Y ayer, en una entrevista exclusiva con Tiempo, fue aún más concreto y específico, marcando la cancha de la posición oficial que mostrará hoy ante los exportadores de granos: habló de "un nivel donde el tipo de cambio adquirió un nivel de convergencia razonable para la política económica" y dijo que "los exportadores (de granos) tienen que liquidar". En este sentido, alegó que "cuando disminuye la liquidación de soja es porque tienen los ingresos suficientes para vivir bien y cubrir sus necesidades".
En el mismo tono, Capitanich aseveró que "no puede ocurrir que un dirigente agropecuario diga que si vende hoy un producto a 2700 pesos y antes lo hacía a 1800 está peor. Se sabe que miente cuando dice eso. Alguien del sector agropecuario tampoco puede decir que con el actual tipo de cambio no logró mayor competitividad y apertura de nuevos mercados."
Según diálogos que mantuvo ayer este diario con las grandes firmas agroexportadoras, la negociación estaría encaminada para lograr normalizar las liquidaciones. "A todos nos conviene que haya flujo de producto, y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario", dijeron. Paralelamente, otra fuente concluyó en que el tipo de cambio es "competitivo" para liquidar, pero pidieron esperar a la reunión de esta mañana para dar una posición definitiva del panorama de corto y mediano plazo. A última hora de ayer, Capitanich volvió a marcar la cancha en el programa 6,7,8. Recordó que "el gobierno es quien más ha ayudado al desarrollo del sector agropecuario". Y apuntó que el campo fue beneficiado con obras viales por $ 15 mil millones, fondos solidarios de infraestructura y riego, y que, además, pagan sólo un 10,5% de IVA en 1500 productos que son insumos estratégicos.
casamiquela, con la cadena láctea
Hoy a las 14 horas, en la sede del Ministerio de Agricultura, el titular de la cartera, Carlos Casamiquela, recibirá a pequeños y grandes productores de la cadena láctea. "La idea es trabajar de la misma forma que lo hicimos con el sector de la carne", dijo a este diario un ladero del ministro.
Entre los concurrentes a la reunión de hoy habrá grandes productores de leche de todo el país. Entre ellos, la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL).
Los productores consideraron que la iniciativa permitirá "dialogar sobre la actualidad del sector frente a las buenas perspectivas internacionales y del mercado interno que se prevé para el primer semestre de 2014".
La JIPL agrupa a 16 cooperativas, más de 6000 trabajadores, 2400 tambos y 28 plantas industriales. La cadena láctea está fuertemente vinculada a los insumos de consumo básico. Por esta razón, en la mesa de hoy con los empresarios estará presente el tema de la estructura de costos, la productividad y los valores que terminan impactando en los precios finales que pagan los consumidores en las góndolas.
Precios
laboratorios
Capitanich pidió ayer control social para el acuerdo de precios en todo el país, y llamó a los productores de medicamentos locales e internacionales a retrotraer los precios.
03.02.2014
Reclaman la constitución de un organismo similar a la vieja junta nacional de granos
Pequeños productores piden controlar a los agromonopolios
Ante la polémica por el accionar de los grandes jugadores, las cooperativas piden que se recree el organismo de fiscalización estatal. Capitanich reconoció interés oficial en el tema. Pequeños productores cerealeros abogaron ayer por la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos contra prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y otros actores del sector que retienen la producción y la liquidación de exportaciones. Una parte de ellos, contenidos en la línea opositora de la Federación Agraria (FAA), ya presentó una iniciativa de diez puntos al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
Pequeños productores cerealeros abogaron ayer por la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos contra prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y otros actores del sector que retienen la producción y la liquidación de exportaciones. Una parte de ellos, contenidos en la línea opositora de la Federación Agraria (FAA), ya presentó una iniciativa de diez puntos al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
Reclaman la constitución de un organismo similar a la vieja junta nacional de granos
Pequeños productores piden controlar a los agromonopolios
Ante la polémica por el accionar de los grandes jugadores, las cooperativas piden que se recree el organismo de fiscalización estatal. Capitanich reconoció interés oficial en el tema. Pequeños productores cerealeros abogaron ayer por la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos contra prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y otros actores del sector que retienen la producción y la liquidación de exportaciones. Una parte de ellos, contenidos en la línea opositora de la Federación Agraria (FAA), ya presentó una iniciativa de diez puntos al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
Pequeños productores cerealeros abogaron ayer por la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos contra prácticas monopólicas de las grandes cerealeras y otros actores del sector que retienen la producción y la liquidación de exportaciones. Una parte de ellos, contenidos en la línea opositora de la Federación Agraria (FAA), ya presentó una iniciativa de diez puntos al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
En declaraciones realizadas ayer al programa televisivo 678, Jorge Capitanich no descartó la creación de un organismo similar y citó ejemplos de entidades de ese tipo en Canadá y Australia. El funcionario expresó que la posibilidad "es real y efectiva" y que "la intervención del Estado tiene que ser creativa por el interés del país" pero marcó que el primer objetivo "es verificar el funcionamiento adecuado de las normas regulatorias" vigentes.
La Junta Nacional de Granos (JNG) fue un organismo estatal creado con el fin de intervenir ante distorsiones en los mercados granarios. Nació en 1933 durante la presidencia del gobierno de Agustín P. Justo, aunque no como JNG sino que su nombre original fue Junta Reguladora de Granos. En 1946, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón cambió a IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y finalmente, en 1963, fue bautizada como JNG bajo la presidencia de José María Guido. En 1991, durante el menemismo, la JNG fue disuelta en medio del proceso de desregulación de los mercados.
Entre los productores que impulsa la reedición del organismo, Esteban Motta, del Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios (MAJA), propuso ayer en diálogo con la prensa que el futuro organismo sea "un ente público y privado" que tenga eje en las cooperativas.
En línea con Capitanich, Alfredo Camiletti, de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) planteó que "hay muchos lugares del mundo donde existen organismos similares" que, por ejemplo, podría establecer "un precio mínimo sostén que regule el mercado beneficiando a los pequeños productores" entre los que destacó también a las cooperativas.
Desde la localidad bonaerense de Bolívar, la productora Andrea Sarnari recordó que la eliminación de la JNG durante los años noventa "perjudicó a los productores y provocó que desaparecieran más de 103 mil". En esa línea, tomó distancia de los grandes jugadores del mercado local: "Las grandes exportadoras son las que retienen y tienen las espaldas suficientes para hacer el juego financiero con el grano."
Por su parte, Mariela Speroni, de la FAA agregó que "el país puede producir cuatro veces más de lo que consume" e indicó en ese contexto que "las cooperativas han crecido en estos últimos años, aunque faltan políticas agropecuarias que apunten a los pequeños productores y a la agricultura familiar".
Otro productor que abogó por la institución del organismo regulador fue Pedro Peretti, de la Agrupación Grito de Alcorta, quien denunció que "hay un claro intento de golpe de Estado (de grupos económicos y financieros). Y el gobierno debe actuar con más energía".
Juan Manuel Rossi, también de Fecofe, manifestó que la creación de una nueva JNG "significaría avanzar sobre la soberanía en la comercialización" de la producción. Rossi recordó que "los granos son comercializados en su gran mayoría por grandes empresas extranjeras" y diferenció el rol de los jugadores de menor porte: "Los pequeños productores venden el 100% de lo que producen para poder pagar la cosecha y poder vivir. En cambio, los grandes pooles de siembra son lo que juegan a la especulación." El productor planteó que este órgano podría regular la comercialización de tal forma que en los momentos de buenos precios, los productores tengan buenos precios y viceversa.
los comercios de la región patagonia entran la semana que viene
El acuerdo de Precios Cuidados empieza a llegar a todo el país
Tras firmar su compromiso el viernes último, se suman al programa comercios bonaerenses y de las provincias del Centro y el Norte.
A un mes de su lanzamiento en Capital y Gran Buenos Aires, el programa Precios Cuidados, que establece valores de referencia en productos de la canasta básica, empieza a tener vigencia hoy en las góndolas de los comercios del interior del país con valores "idénticos" a los pactados para la zona metropolitana y para la Costa Atlántica, expresó a Tiempo Argentino Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS).
En rigor, el avance del plan no incluye todavía a los comercios minoristas de la región patagónica. Sin embargo, en la reunión en la que se acordó la lista de Precios Cuidados, el viernes, en la Secretaría de Comercio Interior, hubo presencia de dirigentes de las provincias del sur, por lo que se descarta que el acuerdo llegará a esos distritos "la semana que viene". Por razones de ubicación geográfica, esa lista tendrá precios "entre un 5 y un 6%" más altos que en el resto del país, contó Aguirre.
Los 350 locales comerciales que entran hoy al acuerdo están, por el lado de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Berazategui, Florencio Varela, Junín, Mar del Plata, San Miguel, Santa Clara del Mar y Tres Arroyos. En Santa Fe, hay súper de la capital, Rosario, Rafaela y otras ciudades del interior. En Chaco, hay negocios de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña. En San Luis el acuerdo alcanzará la ciudad y Villa Mercedes.
La lista firmada estará también en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones y Tucumán.
La nómina incluye 80 productos de alimentación, perfumería, limpieza, y cuidado personal, entre otros rubros, El funcionamiento "va a depender de cada supermercado". La cámara por lo pronto ya está mandando las señalizaciones para las góndolas y los logos", indicó Aguirre, también vocero de la Federación Argentina de Supermercados (FASA).
El viernes en Comercio Interior, los empresarios estuvieron representados por el titular de FASA, Alberto Beltrán y el secretario de CAS, José Schena.
La rúbrica puso fin a un extenso proceso de negociación "porque había que analizar la situación de muchos súper distintos" al margen de la discusión con los proveedores, que concluyó con la adhesión de la mayoría. Los precios "tienen que ser los mismos para todo el país", agregó otra fuente del mercado, que apuntó contra las grandes cadenas y los proveedores: "querían aumentos que no se justificaban porque los súper del interior compraban a valores que les permitían tener el acuerdo". Esas maniobras explican la demora de un acuerdo para la Patagonia.
Fuente:TiempoArgentino
RAMON PUERTA SERA DEMANDADO POR EL HALLAZGO DE 32 PEONES EN CONDICIONES INFRAHUMANAS EN UNO DE SUS CAMPOS
“Algunos creen que terminó la esclavitud, pero no es así”
Los operativos del Renatea se hicieron por denuncias de trabajadores. Uno de ellos, Ramón Piñeiro, indicó que dejó de trabajar en el campo del ex gobernador de Misiones “por las condiciones en que nos tenían”.
Por Sebastián Premici
Los alojamientos precarios que se encontraron en el campo del ex gobernador Ramón Puerta.
El ex gobernador de Misiones Ramón Puerta será demandado penalmente por el delito de trata de persona (trata laboral) luego de que el Renatea encontrara a 32 peones rurales en condiciones infrahumanas en uno de sus campos, la Estancia I Pora, ubicada en el Departamento Garupa, Misiones. Otros 24 peones que trabajan en el mismo establecimiento, pero no vivían ahí, tampoco estaban registrados. Puerta utilizó la figura de los contratistas para conseguir peones rurales, pero según la nueva ley de trabajo agrario, el principal responsable por la situación de los trabajadores es el dueño de la estancia. Esta normativa fue sancionada en diciembre de 2011 cuando Puerta todavía era diputado nacional, aunque estuvo ausente a la hora de votar.
El escenario encontrado por los inspectores del Renatea y otras autoridades de la provincia era desolador: carpas que se venían abajo, colchones llenos de bichos, comida en mal estado y sin agua potable para beber. La denuncia fue realizada por uno de los trabajadores explotados, Ramón Piñeiro, quien también acusó al gremio de la Uatre por la desprotección.
Además de su carrera política, Ramón Puerta es un importante empresario yerbatero. Según los registros oficiales a los que accedió Página/12, posee al menos cuatro estancias: Yohasa (1480 hectáreas) y Yerbal el 17 (110 hectáreas), ubicadas en Corrientes, y Chacra Cruce Pinal (46 hectáreas) y Estancia I Pora (1004 hectáreas), en Misiones.
La Ley 26.727 modificó los mecanismos de contratación para los peones rurales, otorgándoles mayores derechos a los trabajadores y más obligaciones a los empresarios. El argumento para estos cambios fue que eran mecanismos de contratación que terminaban avalando situaciones de extrema precariedad, rozando lo inhumano. Sin embargo, los empresarios continúan recurriendo a estas prácticas ante el desconocimiento de los propios peones. Pero en esta oportunidad, Puerta fue denunciado por uno de los trabajadores explotados, Ramón Piñeiro, quien habló con Página/12.
“Estuve tarefeando una semana en el campo de Puerta pero me fui por las condiciones en las que estábamos. Te llevaban al yerbal y te tiraban ahí, en carpas, sin agua. Era imposible trabajar, era muy poco lo que te pagaban, había menores que trabajaban como cualquier obrero. Algunos creen que terminó la esclavitud, pero no es así”, denunció Piñeiro.
La inspección en el campo I Pora arrojó que en el lugar había tres cuadrillas con trabajadores precarizados y bajo condiciones de vida paupérrimas. Una de esas era manejada por Héctor Luis Díaz, donde fueron hallados 19 trabajadores, de los cuales 17 no estaban registrados. El acta labrada luego de la inspección no dejó lugar a dudas de la situación de los peones: vivían en carpas de lonas negras, sin agua, sin sanitarios, ni elementos de seguridad correspondientes a su labor. Había más de 20 carpas, por lo que las autoridades asumen que habría más trabajadores en esa situación que prefirieron ocultarse tras el operativo. Uno de los trabajadores era un menor de 14 años.
“Nos teníamos que llevar nuestra propia comida, teníamos carne en mal estado y algunos compañeros están infectados por picaduras de bichos. Muchas veces trabajé en ese establecimiento y no ha cambiado nada. Muchos sí cambiaron, pero el de Puerta sigue igual”, afirmó Piñeiro.
La segunda cuadrilla estaba manejada por Domingo Castillo. En este caso se encontraron 15 peones en una situación paupérrima. Luego de la fiscalización, los trabajadores solicitaron ser rescatados de ese lugar. Habían sido llevados con la promesa de salir los fines de semana, condición que no se cumplió. Y la tercera cuadrilla, manejada por Raúl Rivas, contaba con 27 peones precarizados.
Puerta está de viaje por Sudáfrica y no atendió el llamado de Página/12, aunque sí realizó declaraciones al sitio Misiones on line, donde aseveró que no tiene trabajadores informales en la Estancia I Pora. Con esas palabras, Puerta buscó desligarse de cualquier responsabilidad sobre los trabajadores precarizados. Según la Ley 26.727, en su artículo 12 se establecen las pautas para las subcontrataciones.
“Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de dichas actividades, deberán exigir de aquéllos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado”, puede leerse en la normativa.
“Cuando se contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal”, agrega la misma normativa. En el momento de su sanción, Puerta era diputado, pero estuvo ausente a la hora de votar.
Como la responsabilidad recae sobre el dueño del campo, la denuncia penal por trata laboral y trabajo infantil será formalizada hoy contra Ramón Puerta, actual aliado político de Sergio Massa.
“Nos pagaban menos de lo que nos habían prometido. Encima, nos hacían el descuento del sindicato (Uatre), del 2 por ciento. El sindicato (conducido por Gerónimo ‘Momo’ Venegas) nunca hizo nada por los tareferos. Nosotros queremos que los empresarios capitalistas como Puerta hagan valer el derecho de los trabajadores”, concluyó Piñeiro.
EL “MEJOR ALUMNO” DE CARLOS MENEM
El patrón y el playboy
“En Misiones, los chicos andan descalzos porque tienen calor”, dijo cierta vez mientras los números de su provincia marcaban que un tercio de la población tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Dueño de miles de hectáreas en la región, de empresas asociadas a la producción yerbatera y el transporte, de una chacra y un estilo de vida que ha ocupado páginas de la revista Caras, Ramón Puerta ya había sido denunciado, años atrás, por emplear niños y trabajadores en negro en la cosecha. El ex gobernador se defendió siempre argumentando que se trataba de acusaciones infundadas.
En Misiones es considerado uno de los hombres más ricos de la provincia. En parte, él mismo contribuyó a esa fama. Cuando en plena crisis de 2001 trascendió que tenía propiedades en París, frente al Arco de Triunfo, y en el Uruguay, como datos de un patrimonio millonario, él se limitó a señalar que era “el único” que decía todo lo que tenía.
Puerta nació en la localidad de Apóstoles en 1951. Es descendiente de inmigrantes españoles. Su abuelo, andaluz, socialista y cooperativista, fue uno de los fundadores del Banco de Misiones, que en los ’90 él privatizaría siendo gobernador. De su padre recibió el molino yerbatero con el que se convirtió en un poderoso empresario del rubro. Es ingeniero civil, aunque nunca ejerció. Su actividad estuvo ligada siempre a los negocios y la política.
En lo político, el punto más alto de su trayectoria estuvo vinculado al neoliberalismo. Puerta fue dos veces gobernador de Misiones, entre 1991 y 1999 (el entonces presidente Carlos Menem lo definió como el alumno “más aplicado” de su modelo económico). Había accedido a su primer cargo a los 36 años, en 1987, como diputado nacional, fue luego convencional constituyente y, tras los dos períodos como gobernador, entró en un acomodado declive como senador nacional. En los agitados días que siguieron a la caída de Fernando de la Rúa, Puerta fue presidente por 47 horas. En rigor, quedó a cargo del Ejecutivo como presidente provisional del Senado, cargo al que renunció argumentando cuestiones de salud cuando la Asamblea Legislativa nombró a Adolfo Rodríguez Saá a cargo de la Rosada.
La imagen pública de Puerta, sin embargo, quedó más marcada por sus apariciones en las revistas de chimentos. “Me gustan los boleros, escribir poemas y las mujeres rubias”, declaró a Caras en aquel diciembre del 2001. Soltero y padre de dos hijos, el dirigente ostentaba un noviazgo con la reina de la yerba mate y sonreía frente a las alusiones que lo calificaban de playboy y dandy. “Me gustan los autos antiguos, las casas antiguas... pero las mujeres jóvenes”, se confesaba.
Siempre supo tejer con los sectores más conservadores del PJ, así como mantenerse en buenas relaciones con la UCR, cuando el radicalismo estaba en el poder. Sobre el final del menemismo, el ex gobernador apostó a un tercer mandato del riojano, aunque finalmente sintonizó con el proyecto Duhalde 99. Ya en el Senado, accedió a la presidencia provisional con el respaldo del Frente Federal de gobernadores peronistas, y atravesó el gobierno de la Alianza apoyado en acuerdos con el entonces jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y Enrique “Coty” Nosiglia, a quien lo une una amistad familiar, ya que ambos son de la localidad de Apóstoles. Puerta también mantiene una larga y reconocida amistad con Mauricio Macri, con el que se conocieron en la Universidad Católica. A partir de 2003 se encolumnó en el antikirchnerismo.
En enero de 2004, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas y director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Pedro Angeloni, ya lo había denunciado por emplear en el establecimiento de Iporá 80 trabajadores en negro y 15 menores de edad. El ex gobernador desmintió las acusaciones y tachó al denunciante de querer “armar una novela” para perjudicarlo.
Inspección en la FJW
Por Sebastián Premici
El Renatea también realizó inspecciones en el campo de la empresa FJW, que corresponde a las siglas José Francisco Wipplinger. En una estancia de 17.000 hectáreas, encontraron a 15 trabajadores en situación de informalidad y dos menores de edad, por lo que también se procedió a realizar la denuncia penal por trata laboral y trabajo infantil. Wipplinger, además de ser un empresario forestal, es el dueño del diario Primera Edición, de Misiones.
La estancia de Wipplinger está ubicada en Corrientes. El operativo se inició a partir de la denuncia de trabajadores ante el Renatea. Como toda estancia, la misma está dividida en predios. La inspección se realizó sobre un primer perímetro de 80 hectáreas, cercano a la Ruta Nacional 120, en el kilómetro 35. Allí se encontró a 5 trabajadores sin agua potable, ni energía eléctrica, ni elementos de trabajo legales para la forestación.
Tampoco había baños ni lugar de aseo. Dormían sobre los colchones en el piso. Y la comida, que era descontada del sueldo que recibían los peones, había que ir a buscarla a 4 kilómetros del casco de la estancia. En el casco había otras 9 personas que también fueron relevadas por el Renatea.
Wipplinger es un nombre asociado a la carrera política de Ramón Puerta. El hijo de José Francisco, Claudio Wipplinger, fue el presidente del PRO en Misiones y un aliado de Puerta, hasta que se distanciaron. Ahora, el hijo del empresario forestal y dueño de un periódico apoya a Daniel Scioli.
Fuente:Pagina12
Por Raúl Dellatorre
La decisión de aplicar una devaluación del 18 por ciento en un solo paso, la apertura de venta de divisas para atesoramiento a particulares y las intervenciones del Banco Central en el mercado lograron recuperar cierta calma en el mercado cambiario. Pero sólo ha pasado una semana. Las amenazas de nuevas tormentas no desaparecieron del horizonte. La fuente principal de inestabilidad, en el diagnóstico del Gobierno y de varios analistas, se encuentra en la decisión de un grupo reducido pero muy poderoso de comercializadores de granos de seguir demorando la liquidación de sus exportaciones, con lo cual estrangulan la oferta de dólares en el mercado. Hay quienes ven en ello una forma de presión para lograr una devaluación mayor; otros adivinan detrás de estas maniobras la intención de desgastar al Gobierno. Las principales firmas exportadoras de cereales, núcleo central de este grupo de presión, han sido convocadas a la Casa Rosada para el próximo lunes. De allí puede surgir un acuerdo, si hay un cambio de actitud de estas firmas, o una ruptura. En este último caso, el Gobierno se verá obligado a impedir que la actitud mezquina de este sector pueda hacer desmoronar la estrategia oficial post devaluación. Las autoridades ya cuentan con algunas alternativas que arrimaron quienes advirtieron, ya hace rato, que la exportación de granos representa un foco de acumulación de poder demasiado importante. La necesidad de que el Estado asuma un mayor protagonismo en la comercialización de granos aparece en la base de todas esas propuestas.
La cuestión de la falta de divisas se da en un contexto de disputa despiadada por los ingresos. De un lado, el bloque exportador agropecuario, que está pasando por una coyuntura notablemente favorable por los precios del mercado mundial y una cosecha nacional de granos que se encuentra en uno de sus máximos históricos. Adicionalmente, recibe desde noviembre pasado los beneficios de una aceleración del ritmo de corrección cambiaria (10 por ciento en el último bimestre de 2013), al que se le agregó una fuerte devaluación en enero (23 por ciento en el acumulado del mes). Del otro lado, un Gobierno que pretende proteger los logros en materia de redistribución de ingresos, peleando contra un brusco salto en los precios de los principales productos de la canasta alimentaria en el último semestre de 2013 y la pretensión de los sectores hegemónicos de las cadenas productivas locales de capturar parte de los “beneficios” de la devaluación, trasladando al precio de sus productos una supuesta incidencia del aumento del dólar que no es tal.
Para peor, el sector dominante del bloque exportador, por especulación económica o impulsado por razones políticas, percibe la posibilidad de hacer más diferencia imponiéndole al Gobierno una devaluación de mayor magnitud. Para lograrlo, necesita generar clima de inestabilidad. Su apuesta es, claramente, al desorden. Esta intención quedó reflejada, durante la semana, en la forma en que se fabricó en algunos medios la información de un “dólar blue” cercano a los 13 pesos, cuando en las tradicionales cuevas no sólo desaparecieron los compradores, sino que además a quien se acercaba a vender divisas no se las aceptaban, ni siquiera ofrecidas a menos de 12 pesos. Para los intereses de estos sectores, no era conveniente convalidar que el marginal había caído a un precio más cercano a 11 que a 13.
En el mercado oficial de cambios, sin embargo, ese sector dominante hace sentir su presión en forma directa. El Gobierno estima que hay pendiente de liquidación unos 8 millones de toneladas de granos, mayormente soja, de la campaña anterior, que representarían unos 3500 millones de dólares. Las entidades de productores calculan que no son más de seis millones de toneladas, pero admiten la maniobra. El intento de ayer por la mañana, de Jorge Capitanich, tratando de diferenciar a pequeños y medianos productores de la actitud que asumen los grandes productores y exportadores es válida, en cuanto a identificar a los personajes del conflicto (dijo que estos últimos, con fuerte espalda financiera, son los únicos que pueden estar demorando la liquidación por meses para especular con una nueva devaluación), pero necesitará de otras medidas para generar un cambio de conductas. En ese plano es donde aparecen las propuestas, de diferentes sectores, de avanzar en el control del Estado sobre el comercio exterior de granos.
Para este lunes, el jefe de Gabinete convocó a las cámaras que representan a cerealeras y exportadoras de granos y oleaginosas a Casa de Gobierno. Los antecedentes inmediatos no son muy alentadores. Se esperaba que, tras la devaluación del pasado viernes 24, hubiera señales de empezar a liquidar, pero hasta ahora no ocurrió. El lunes, Capitanich escuchará lo que las cerealeras grandes estén dispuestas a decir.
Luego deberá actuar.
El problema está identificado. Que el 95 por ciento del principal rubro de exportación del país y, por lo tanto, principal fuente de divisas, esté en manos de no más de diez firmas cerealeras, la gran mayoría multinacionales, representa un flanco débil, máxime teniendo en cuenta el manejo que demuestran hacer de esas divisas. Cargill, Nidera, Noble Grain, Dreyfus, Topfer, ADM, Molinos y otras conforman un bloque de control con más de 150 centros acopiadores en todo el país, molinos harineros, plantas aceiteras y hasta puertos propios para el embarque que le restan posibilidades de control al Estado. Hace unos meses, la actitud de un sector de grandes productores, aliados a grandes exportadores, estuvo a punto de desabastecer al país por defender su negocio en la exportación de trigo. Hoy, amenaza con desfondar las reservas internacionales si el dólar no alcanza el valor que pretenden.
Quienes sostienen la necesidad de poner en manos del Estado el control del comercio exterior de granos recuerdan que Venezuela, mucho antes de Hugo Chávez, tiene su sector petrolero –principal y excluyente fuente de divisas e ingresos fiscales– en manos del Estado. Igual ocurre en Chile con el cobre, en un criterio ni siquiera alterado por el proceso ultraprivatista a sangre y fuego del dictador Augusto Pinochet. Hasta no hace mucho, la propia Federación Agraria (Pablo Orsolini, ex vicepresidente de FAA, enero de 2011) sostenía la necesidad de recuperar la Junta Nacional de Granos. Las propuestas actuales sostienen la necesidad “urgente” de crear una agencia nacional de comercialización, para garantizar a los pequeños y medianos productores “el real valor de la producción”, y una agencia nacional de alimentos, para defender “la seguridad y soberanía alimentaria”. Tanto estas como otras fórmulas, con diferencias de diseño pero no de propósitos, apuntan a quitarle al núcleo agroexportador el control de la producción, la sujeción del productor pequeño a los precios que este sector le fije, la capacidad de especular con el abastecimiento al mercado interno de productos de consumo básico, y el manejo y control de la oferta de divisas.
Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, sostiene que esta propuesta se fortalecería con una alianza estratégica del Estado con las cooperativas de productores. Leopoldo Moreau, dirigente radical, afirma que “la urgencia de tomar medidas” obliga a que se concrete a través de una resolución del Ejecutivo y posteriormente se convoque a “los sectores populares” a respaldarla. Recordó que el radicalismo no dudó en apoyar la reestatización de YPF aunque no fuera convocado previamente a discutirla. Analistas como Atilio Boron también mencionan la necesidad de “cortar de un tajo el nudo gordiano” del conflicto que hoy amenaza la estabilidad de la economía, mediante un proceso de convulsión financiera y cambiaria que no se compadece con la situación de la economía real, en la que los principales indicadores siguen arrojando resultados positivos.
En la reciente cumbre de la Celac, Argentina defendió la idea de avanzar en el fortalecimiento de un bloque regional que encuentre un proyecto común para sentarse a tratar de igual a igual con los bloques dominantes del Planeta. La Presidenta argentina, en su discurso en La Habana, subrayó la fortaleza que otorga contar con hidrocarburos, recursos naturales y producción de alimentos que le garantizan a la región las condiciones para un desarrollo sustentable y socialmente inclusivo. Pero para hacer efectivas esas fortalezas, la región todavía necesita resolver algunos conflictos internos, como el control del proceso de producción, comercialización y apropiación de la renta, por ejemplo, en áreas como la agroalimentaria en Argentina. Hay un estrecho vínculo entre la forma en que se resuelvan las disputas actuales en el país y las posibilidades de concreción de proyectos como el planteado esta semana en el foro internacional en Cuba.
Fuente:Pagina12
Envío:
Asociacion Ex Presos Politicos Cordoba
sitio web: https://sites.google.com/site/expresospoliticoscordoba/home





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