ENTREVISTA EXCLUSIVA AL SECRETARIO DE COMERCIO, AUGUSTO COSTA, SOBRE LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA REVERTIR LA SITUACION
“La gente ahora sale a defender sus derechos”
Cómo fue el impacto que tuvo la devaluación, las campañas que alarmaban sobre una hiperinflación, y cómo se logró revertir la situación y las subas injustificadas. El desafío inmediato, dijo, es “garantizar que las bajas en los insumos se reflejen en los precios finales”.
Por Javier Lewkowicz
Por Javier Lewkowicz
Imagen: Jorge Larrosa
“El desafío para las próximas semanas es garantizar que la caída en los costos de los insumos se refleje en los precios finales”, define el secretario de Comercio, Augusto Costa. Admite que hubo subas de precios después del salto en el tipo de cambio del 24 de enero, que explica por “avivadas empresariales y actitudes defensivas en un contexto de pánico, generado en buena medida por los medios y por referentes de la oposición”. Costa remarca que el Gobierno luego actuó con una serie de acuerdos con formadores de precios, revisión de otros precios, el avance del programa Precios Cuidados y también el reclamo de consumidores y entidades. Pero resalta que hay en juego una disputa por márgenes de rentabilidad entre las empresas y frente a los consumidores. Costa dialogó en exclusiva con Página/12. Detrás de él asomaba el gigantesco planisferio en el despacho de secretario. Casi de la magnitud de su tarea.
“El desafío para las próximas semanas es garantizar que la caída en los costos de los insumos se refleje en los precios finales”, define el secretario de Comercio, Augusto Costa. Admite que hubo subas de precios después del salto en el tipo de cambio del 24 de enero, que explica por “avivadas empresariales y actitudes defensivas en un contexto de pánico, generado en buena medida por los medios y por referentes de la oposición”. Costa remarca que el Gobierno luego actuó con una serie de acuerdos con formadores de precios, revisión de otros precios, el avance del programa Precios Cuidados y también el reclamo de consumidores y entidades. Pero resalta que hay en juego una disputa por márgenes de rentabilidad entre las empresas y frente a los consumidores. Costa dialogó en exclusiva con Página/12. Detrás de él asomaba el gigantesco planisferio en el despacho de secretario. Casi de la magnitud de su tarea.
–En enero se lanzó Precios Cuidados, saltó el tipo de cambio, hubo aumentos de precios y nuevos acuerdos con empresas. ¿Cómo evalúa esa serie de eventos?
–Veníamos con una experiencia de tres semanas de plena vigencia en AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) de Precios Cuidados y avanzando en el monitoreo de su implementación. Luego de la suba del dólar del 17 por ciento en una semana, empieza a haber una campaña mediática tratando de poner en riesgo el acuerdo y generando alarmas respecto de una hiperinflación. Eso tuvo efectos concretos en la conducta de muchos agentes económicos, tanto de los que son parte del programa Precios Cuidados como de otros sectores y cadenas. Nuestra respuesta fue rápidamente ratificar el acuerdo. Precios Cuidados es el eje central de nuestra política de administración de precios. Las empresas también lo ratificaron, y nosotros nos comprometimos a considerar variaciones en los valores acordados en función de cambios en los costos. Eso es parte del acuerdo: si el cambio está justificado, los precios van a variar en las revisiones trimestrales. Luego continuamos avanzando con el programa en el interior del país. El mensaje fue que el programa no sólo está vigente, sino que se amplía. Al mismo tiempo empezamos a relevar otros precios. Y ahí, en muchas empresas y supermercados vimos movimientos de precios en reacción a la devaluación. Entonces, para ofrecer más certidumbre de precios en un contexto de señales distorsionadas, lanzamos la canasta escolar y la de construcción. Avanzamos porque desde la macroeconomía hay señales de estabilidad que el Gobierno garantizó.
–Desde diversos sectores advierten que hubo una importante suba de precios.
–Vimos aumentos injustificados en distintos sectores como reflejo de esta especie de psicosis social que se generó. También hubo situaciones de desabastecimiento, interrupción de venta y cambios en las condiciones comerciales respecto del plazo de pago y de las prácticas de comercialización. Esto fue generalizado, pero con particularidades que nos llevaron a intervenir en ciertas cadenas de valor para procurar restablecer la normalidad. Nos reunimos con distintos actores clave del sector de insumos difundidos, como acero, aluminio y petroquímica, que habían sido denunciados por empresas de alimentos, automotrices y construcción por haber dolarizado los precios. Con las petroleras también se acordó un esquema de traslación. Allí muchos costos son en dólares, la suba está justificada, pero la idea es que sea de manera coordinada. También estamos trabajando con los productores de envases (ver nota en estas páginas).
–Una situación que se repite es que la industria modera algo las subas a los supermercados más grandes, pero a comercios medianos y pequeños les aumenta fuerte, con impacto sobre una porción relevante de consumidores.
–Efectivamente. Los actores con menor poder de negociación, como las cadenas regionales o los comercios más chicos, recibieron de muchas empresas –Arcor, por ejemplo– listas de precios que no incorporan los mismos aumentos que a las cadenas grandes. Nosotros ahí tuvimos una intervención para equilibrar el terreno de juego. Lo que está de fondo es la disputa por los márgenes, por la apropiación de la renta de la cadena. En la revisión de precios que hacemos se pone muy de manifiesto todo esto, estamos interviniendo para evitar situaciones de abuso. El caso de Arcor es paradigmático. Varias empresas y supermercados denunciaron aumentos, nosotros inspeccionamos y ahí empieza el juego de siempre, que la empresa dice que no aumentó pero en góndola sí aumentaron. En el caso de las cadenas regionales, adherir a Precios Cuidados es una forma de que el Estado los ampare ante abusos de las empresas más grandes. Generan así un vínculo con el Estado.
–Hay acuerdos en insumos difundidos y con otras empresas proveedoras, pero eso en muchos casos no se refleja en los precios finales.
–Típicamente, ante un incremento de los costos, el traslado a precios es inmediato. Y cuando se revierten los costos, hay resistencia a la baja de los precios. Por ejemplo, todos los productos panificados subieron cuando hubo un salto en el precio de la harina a mediados del año pasado. En el último trimestre, la harina bajó un 60 por ciento, y los panificados siguieron subiendo. Entonces era una excusa la suba de la harina, de hecho ese insumo explica sólo un 15/20 por ciento de los costos totales. El objetivo es garantizar que la caída en los costos de los insumos se refleje en precios finales. Para eso estamos haciendo inspecciones permanentes en todo tipo de comercios. Este es el desafío de las próximas semanas.
–¿Cómo actúa la Secretaría luego de una denuncia?
–Recibimos permanentemente denuncias, es infinita la cantidad que nos llega. Lo que hacemos es tomar nota de todo y llamar a la empresa. Si niegan la acusación, se le envía una cédula oficial para que presente información de la evolución de precios de los últimos seis meses. Y a partir de ahí se analiza si el hecho denunciado es cierto o no. En algunos casos, se hacen visitas de inspectores. Igualmente, nosotros no podemos fijar precios. Nuestras intervenciones tienen que ver con la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor y tenemos que encuadrar allí cualquier sanción. En ninguno de los dos aparece el incremento de precio como una infracción. Pero si detectamos otro tipo de irregularidades a partir de las inspecciones, eso nos permite intervenir. Además, identificando a las empresas denunciadas, nos sentamos y dialogamos para que ese incremento se revierta.
–¿Y Precios Cuidados les permite, por ley, atacar los aumentos desmedidos?
–A través de Precios Cuidados labramos más de cien actas de infracción y esta semana tenemos 15 situaciones con posibilidad de aplicar sanciones (ver aparte). Pero, además, la referencia que da la canasta permite que el resto de los precios se ajusten por mecanismo de mercado. Si no lo hacen, la gente compraría sólo los productos acordados. Si se agotan y no se reponen, se estaría incentivando el desabastecimiento. Eso es incumplimiento y se va a sancionar. Si bien las canastas de Precios Cuidados, ya sea de consumo masivo, construcción o útiles escolares, muestran caídas de precios en promedio, su gran objetivo no es bajar precios, sino dar valores de referencia. Porque, constituidas esas referencias, tanto el consumidor como el Estado tienen nuevas herramientas. Si las empresas admitieron que esos precios son correctos, entonces los demás precios no se pueden distanciar mucho. No pueden poner precios disparatados fuera del acuerdo. Por eso también le damos tanta importancia al programa como eje de nuestra política. Por supuesto que también hay muchos otros productos que no tienen referencia directa con Precios Cuidados. Ahí estamos analizando la evolución de precios y convocando a las empresas.
–¿Cómo evalúa la reacción de los consumidores?
–La participación de los consumidores creció de manera exponencial. A partir de que la propia Presidenta transmitió que son los consumidores los que se tienen que poner la camiseta de la defensa de sus derechos, esta semana tuvimos muchos más contactos con la Secretaría. De hecho, pasamos de estar de 8 a 20 horas con 30 telefonistas a estar las 24 horas todos los días de la semana con más de 100 puestos de atención. Estamos coordinando acciones con las asociaciones de consumidores. Hay situaciones descentralizadas, como el “apagón” de consumo del viernes. También firmamos un convenio con la Federación Argentina de Municipios y esta semana vamos a definir la interacción con las áreas correspondientes de las provincias. Cuando pusimos en marcha Precios Cuidados, dijimos que uno de los objetivos era brindar elementos para que los consumidores pudieran tomar decisiones con información. Esa información está generando las reacciones que esperábamos, que es que la gente sale a defender sus derechos. También se conocieron casos de comerciantes que no convalidan aumentos de sus proveedores.
–¿Cuál es el plazo razonable para que se estabilice la situación y los precios reflejen la realidad de los costos?
–Desde el punto de vista cambiario ya está todo muy claro. De hecho, en los últimos días, hubo una disminución del tipo de cambio. El Gobierno está garantizando un horizonte de previsibilidad. Entendemos que en las próximas semanas debería alcanzarse un grado de estabilidad en materia de precios, reversión en los casos injustificados y una tendencia lógica en función de las variables económicas. Referentes políticos y medios de comunicación generaron daño a muchos consumidores al apuntar a un clima de casi crisis estructural, cuando las condiciones objetivas del país están muy lejos de eso. Y perjudicaron a los consumidores. Un ejemplo claro es que mucha gente fue corriendo a las casas de electrodomésticos y electrónica a comprar, convalidaron las subas desmedidas, de entre el 20 y el 25 por ciento, y después acordamos con esas empresas y los precios bajaron.
–En la gestión anterior de la Secretaría, regía un sistema informal de autorizaciones de precios. ¿Es replicable ese esquema, por fuera de la canasta de productos del acuerdo?
–Por fuera de Precios Cuidados, estamos juntándonos con las principales empresas, analizando toda la lista de precios y estableciendo pautas para cada una. Esas pautas se basan en ver cómo evolucionaron los precios de esos productos en los últimos meses y cómo lo hicieron los costos. En algunos casos se reconocen aumentos y en otros no, o porque ya habíamos detectado aumentos o porque no hay variaciones relevantes de costos.
–¿Qué se espera que pase a partir de abril, con la primera revisión de Precios Cuidados?
–Va a depender del producto. En algunos casos hubo mayor variación de costos, en otros casos, menores, y eso se va a reflejar en los precios. Y en algunos casos van a bajar los precios, como en frutería u hortalizas. Es un análisis producto por producto.
“ALGUNOS SIGUEN CON EL DOLAR A 12 EN LA CABEZA”
Anticipó que bajará la carnePor Javier Lewkowicz
El secretario de Comercio también se refirió, durante la entrevista, a la situación del mercado de la carne, en el cual los últimos aumentos trajeron preocupación dada la alta incidencia en el presupuesto familiar de los argentinos. Asegura que los precios de la hacienda revirtieron la suba y el impacto llegará a los mostradores esta semana.
–¿Cuál es la situación en el sector de la carne?
–Desde el mes de julio se empezó a rumorear en el sector que el Gobierno iba a bajar las retenciones o eliminarlas. Eso generó una perspectiva de que iba a haber mayor rentabilidad en el sector exportador y, por lo tanto, de que iban a poder pagarse mejores precios por el ganado en pie, lo que marcó una tendencia alcista en el precio de la carne, que se potenció con la suba estacional de diciembre. Hubo mayor retención de ganado de parte de los productores, que guardaron terneros para engordarlos con vistas a la exportación. Con la aceleración del tipo de cambio, se generó nuevamente un proceso de retención para engorde y la perspectiva de obtener más rentabilidad en la exportación. Estimaban un tipo de cambio superior al cual se estabilizó. Algunos ganaderos tienen en la cabeza un tipo de cambio de 11 o 12 pesos todavía, porque miran el “blue” y no el tipo de cambio real. Con eso en mente, se convalidan precios que incorporan una rentabilidad esperada por un tipo de cambio que no es real ni es el que va a regir en la economía. Y por parte de los compradores, no solo se convalidó la suba sino que se apostó más fuerte a comprar.
–¿El precio va a bajar?
–Nosotros nos reunimos con actores del sector para decirles que el precio de la carne está basado en un escenario de tipo de cambio que el Gobierno no piensa convalidar. Y que si el sector no ajustaba sus expectativas, el Gobierno iba a intervenir. Entonces durante toda la semana que pasó comenzó a revertirse lentamente la tendencia alcista en el Mercado de Liniers y apostamos a que la semana que viene continúe así. El viernes hubo buena oferta de ganado en pie porque se está volviendo a pensar en el tipo de cambio real. Hoy al productor le conviene vender y hay compradores fuertes que están a la espera, porque no creen que el precio vaya a seguir subiendo. A las carnicerías esto llega con algún rezago, venden lo que compraron la semana anterior. A partir de esta semana va a empezar a bajar la carne al público.
MEDICAMENTOS Y ENVASES CERCA DEL ACUERDO
“Subas que no se justifican”
“Estamos conversando con el sector de medicamentos porque hubo en las últimas semanas un incremento injustificado de precios y trabajamos para revertirlo. Seguramente esta semana tendremos alguna novedad.
Es otro de los casos que están pendientes de resolución. Hubo reacciones injustificadas e incrementos de precios exagerados por parte de las empresas del sector”, manifestó Augusto Costa. “Nuestro planteo es que tienen que retrotraer los aumentos aplicados y acordar con la Secretaría de Comercio pautas de incrementos razonables de acá en más. Recibimos algunas propuestas del sector que no son aceptables hasta el momento”, indicó.
Desde mediados de diciembre, según Deuco, la asociación de consumidores que dirige Pedro Busetti, se registraron aumentos del 10 hasta el 50 por ciento, especialmente los medicamentos para tratar enfermedades complejas. “La semana que viene deberíamos llegar a un acuerdo para retrotraer los precios a niveles previos a la devaluación; también se va a exigir volver a niveles vigentes a principios de diciembre para una serie de medicamentos que cubren las principales patologías y son representativos del consumo de la población”, detalló Costa. Los remedios no van a entrar en el esquema de Precios Cuidados.
Otro sector que preocupa por su incidencia en diversos productos de góndola es el de envases de cartón, vidrio y plástico. “Reconocieron una sobrerreación de precios que estuvo en línea con la suba del dólar y ahora nos están presentando propuestas para revertir la semana próxima ese incremento excesivo”, indicó el secretario. El sector está muy concentrado. En multilaminados, la firma TetraPak tiene el monopolio, mientras que en vidrio y en cajas de cartón tres empresas dominan el mercado. Según las denuncias recibidas por la Secretaría, hubo aumentos del 30 por ciento en diciembre en una firma líder. En cajas de cartón, una compañía aumentó un 90 por ciento en 2013 y desde el 24 de enero un 25 por ciento más, otra lo hizo en un 9 por ciento en diciembre y un 25 por ciento después de la devaluación, mientras que la tercera empresa dominante subió en un año un 190 por ciento y luego un 31 por ciento más en enero.
Multas en las gateras
La Secretaría de Comercio tiene preparadas alrededor de quince actas de infracción al acuerdo de precios que pretende llevar a la etapa sancionatoria esta semana. Carrefour sería sancionada por seis incumplimientos, Coto, por cinco, Jumbo, por tres, y Walmart, por una falta. Cada multa va de 100 a cinco millones de pesos, por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. En total, se labraron 101 actas a supermercados y se realizaron 29 inspecciones a laboratorios e igual número a otro tipo de empresas fabricantes de productos de consumo masivo. Se contactaron 138 empresas por “denuncias de incrementos excesivos de precios y desabastecimeinto”, de las cuales 42 fueron visitadas por inspectores y en siete se iniciaron actas por faltas a la legislación vigente.
El teléfono de contacto con la secretaría es el 0800-666-1518, aunque hay además 30 celulares que operan como canales alternativos de comunicación. Esa información se encuentra en www.precioscuidados.com. Las denuncias diarias al 0800 pasaron de un promedio de 700 antes de la implementación de Precios Cuidados a 1500 por día.
Además de las denuncias de consumidores, Precios Cuidados cuenta con un software a través del cual supermercados, empresas proveedoras, municipios, provincias y asociaciones de consumidores cargan su “alerta temprana” o desviaciones al acuerdo y están en contacto directo con los operadores.
FERIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES, UN COMERCIO LIBRE DE LOS FORMADORES DE PRECIOS
Sin la concentración es más barato
Más de 300 ferias de pequeños productores ya funcionan en el país, que venden productos frescos y alimentos elaborados mucho más económicos que los de hipermercados. Otros precios son posibles, según explicó la secretaria de Desarrollo Rural.
Por Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
Carla Campos Bilbao, titular del área de agricultura familiar, junto al actual ministro Carlos Casamiquela
Mientras que en los grandes centros urbanos está planteada una complicada disputa por desarmar las prácticas abusivas en la formación de precios, con grandes cadenas comerciales y empresas productoras altamente concentradas en la mira, desde el interior del país se desarrolló una tarea muy distinta, pero que confluye hacia el mismo objetivo. No menos de 300 ferias y “plataformas” comerciales funcionan en distintos puntos del país, reuniendo a productores zonales para ofrecer una amplia variedad de alimentos a precios, habitualmente, muy inferiores a los que se pagan en las góndolas de Buenos Aires, Rosario o Córdoba capital. “Funcionan como mercados de cercanía, en localidades pequeñas o medianas de todo el país pero también en el conurbano bonaerense; se abastecen con la producción excedente de pequeños agricultores familiares pero con estándares de calidad muy elevados. Pueden ofrecer sus productos a una población de dos mil o de cien mil habitantes según el caso, no pretenden llegar a las grandes capitales ni a la góndola de los hipermercados, pero con la acción impulsora del Estado han logrado, en cinco años, generar una oferta alimentaria diversificada y accesible, inclusión social y equidad para una población a la que las leyes del mercado no se las garantizan”, describe Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural, que desde 2008 lidera este proyecto.
Mientras que en los grandes centros urbanos está planteada una complicada disputa por desarmar las prácticas abusivas en la formación de precios, con grandes cadenas comerciales y empresas productoras altamente concentradas en la mira, desde el interior del país se desarrolló una tarea muy distinta, pero que confluye hacia el mismo objetivo. No menos de 300 ferias y “plataformas” comerciales funcionan en distintos puntos del país, reuniendo a productores zonales para ofrecer una amplia variedad de alimentos a precios, habitualmente, muy inferiores a los que se pagan en las góndolas de Buenos Aires, Rosario o Córdoba capital. “Funcionan como mercados de cercanía, en localidades pequeñas o medianas de todo el país pero también en el conurbano bonaerense; se abastecen con la producción excedente de pequeños agricultores familiares pero con estándares de calidad muy elevados. Pueden ofrecer sus productos a una población de dos mil o de cien mil habitantes según el caso, no pretenden llegar a las grandes capitales ni a la góndola de los hipermercados, pero con la acción impulsora del Estado han logrado, en cinco años, generar una oferta alimentaria diversificada y accesible, inclusión social y equidad para una población a la que las leyes del mercado no se las garantizan”, describe Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural, que desde 2008 lidera este proyecto.
Con distintos niveles de intervención estatal, desde el apoyo para la conformación de organizaciones comunitarias, a la instalación de centros de procesamiento para el agregado de valor a nivel local, el programa de desarrollo de la agricultura familiar ya engloba a 85 mil productores en todo el país. Su producción fluye por circuitos alternativos a los tradicionales, habitualmente muy concentrados en su manejo y centralizados en el abastecimiento a grandes centros urbanos. El desarrollo de este tipo de organización productiva ha posibilitado, por ejemplo, que en Misiones, que hasta hace cinco años “importaba” de otras zonas del país más del 80 por ciento de los alimentos que consumían sus habitantes, haya podido revertir esa relación y hoy produzca, en su territorio, más del 80 por ciento de sus alimentos a través de la agricultura familiar.
“La intervención pública es estrictamente necesaria para alcanzar estos logros, porque se trata de dotar a los pequeños productores de las herramientas para poder desarrollarse, encontrar los canales de comercialización y facilitar las condiciones de asociatividad”, señala Carla Campos Bilbao al explicar la tarea y sus resultados. “El desafío es garantizar alimentos básicos a la población, pero de la mano de estas intervenciones del Estado, que fueron más de 2500 en cinco años, también se logra el desarrollo social de las zonas rurales, que es lo que explica hoy las muy bajas tasas de desocupación y de mortalidad infantil”, sostuvo ante Página/12.
El modelo de desarrollo de ferias itinerantes y francas arrancó entre 2009 y 2010, como una forma de acompañar la reactivación del consumo y la necesidad de atender “una nueva ruralidad, no limitada al alambrado y al paquete tecnológico”, apunta Campos Bilbao, en referencia al modelo de producción extensivo que ata la producción primaria a la exportación y a los monopolios que le venden la semilla, fertilizantes y agroquímicos al productor dejándolo cautivo del monocultivo. “No podemos caer en la trampa de que el mercado resuelva la meta de las 160 millones de toneladas de producción, planteada en el Plan Agroalimentario 2020, aumentando simplemente la producción de soja”, advierte la funcionaria.
El programa de desarrollo de ferias regionales ya incluye a más de 30 puntos de concentración de producción y ventas en provincia de Buenos Aires (La Plata, Luján, Esteban Echeverría y La Matanza son algunos de los lugares donde más se han expandido), 6 en Corrientes, 4 en Entre Ríos, 3 en Salta. En Misiones, existen 55 ferias reunidas en la Asociación provincial de Ferias Francas. En Río Negro, funciona en la ciudad de General Roca la feria de horticultores, de lunes a viernes, a primera hora para mayoristas (de 6 a 9) y luego para el público en general (de 9 a 14). Los productores asociados siguen un protocolo interno por el cual garantizan un piso de calidad y se comprometen a que los precios entre los 30 puestos existentes no difieren mayormente para un mismo producto. Los precios son notablemente más bajos en que los supermercados y la calidad es superior. La manzana, por ejemplo, que las grandes firmas de la zona destinan prioritariamente a la exportación, y dejan para el mercado interno la de menor calidad y a precios elevados, en esta feria se obtiene a mitad de precio que en un supermercado (7 pesos por kilo contra 14). El modelo de comercialización en ferias zonales, lejos de reducir la dieta alimentaria a unos pocos productos de cultivo local, este tipo de organización ha diversificado notablemente la oferta de alimentos.
Es una forma distinta de entrar en el debate por la competitividad y la distribución de ingresos; en la instancia actual, donde salen a la luz los abusos de los sectores formadores de precios en la cadena de procesamiento y comercialización de alimentos, hay experiencias que revelan que, desenganchándose de los circuitos tradicionales, productores y consumidores salen beneficiados a la vez. “Donde hay concentración en algún punto de la cadena, cualquier medida que mejore el precio final no llega al productor, porque el que tenga el poder de control se la apropia y no la transfiere: es el caso de la devaluación, de la que al productor de una economía regional prácticamente no le llega nada”, sostiene Campos Bilbao.
Fuente:Pagina12
la embajadora argentina en ee.uu respondió un duro editorial del matutino
Nahón al Washington Post: "La economía va en el curso correcto"
A través de una carta dirigida al editor del periódico estadounidense, la diplomática defendió las últimas medidas oficiales.
Por: Martin Piqué
Nahón, además de referirse a otras cuestiones, explica y contextualiza la decisión de producir una corrección cambiaria durante el mes de enero. Ese corrimiento del valor del dólar oficial, recordó la diplomática, coincidió con devaluaciones en Sudáfrica, India y Rusia. “Los recientes movimientos de tipo de cambio en economías emergentes, incluyendo a la Argentina, no deberían opacar los notables logros socioeconómicos de la Argentina durante los últimos 10 años”, subrayó la embajadora.
En la carta enviada al Washington Post, Nahón criticó “la pobre valoración” que el periódico estadounidense le asignó a la cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y consideró que esa indiferencia a la realización de un foro que logró reunir a mandatarios de América Latina junto a los secretarios generales de la OEA y la ONU era, por lo menos, “desconcertante”.
La embajadora, que tiene una formación de economista (se graduó en la UBA, hizo un máster en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics y realizó un doctorado en FLACSO), cuestionó además que la “crítica vehemente al gobierno argentino” por algunos aspectos de la actualidad de su política económica obviara los resultados exitosos obtenidos a lo largo de la década 2003-2013. “La crítica vehemente al gobierno argentino tergiversa el proceso de crecimiento económico con inclusión social de la Argentina”, reprochó la representante de la Argentina en Washington.
En su respuesta dirigida al diario estadounidense, Nahón enumeró lo que consideró logros del período iniciado en 2003, con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, y que está en pleno desarrollo en la segundo mandato de Cristina Fernández. Según la embajadora, en los últimos diez años hubo “un crecimiento promedio anual del PBI de 7,1%, la reducción de su deuda como porcentaje del PBI de 166% a 42%, la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo, la mejora en la distribución del ingreso, y el fortalecimiento de la democracia y los Derechos Humanos, entre muchos otros”.
La diplomática dedicó un especial énfasisa la reestructuración de la deuda soberana que inició Kirchner y completó su esposa, que sólo dejó afuera a un 7% de los tenedores de bonos argentinos, donde predominan los fondos buitres. También resaltó la disposición a cancelar la deuda con el Club de París y a regularizar los pagos de las empresas que ganaron litigios contra la Argentina en el CIADI, el tribunal de arreglo de diferencias relativas a inversiones que forma parte del Banco Mundial. “La Argentina canceló sus obligaciones con el FMI, saldó laudos definitivos relativos a arbitrajes sobre disputas de inversión y recientemente reforzó su diálogo con el Club de París”, remarcó Nahón.
09.02.2014
Se prevé que el tipo de cambio se mantendrá en su actual nivel hasta junio
El gobierno frenó la corrida cambiaria tras una pulseada de dos semanas
Los economistas consideran como un triunfo de la política oficial el que haya estabilizado el dólar en 8 pesos. Ahora la atención de los analistas se posa sobre el nivel de precios, cuyo salto podría recrear presiones cambiarias.
Por: Equipo de Economía
La esperada estabilidad en el valor del dólar pareció haber llegado en los últimos días luego de dos semanas de efervescencia cambiaria y especulaciones en torno al futuro del tipo de cambio y las reservas internacionales del Banco Central. “En el mercado de futuros de Rosario uno puede comprar dólares para final de febrero a $7,75 y para fines de marzo a 7,90. El mercado está diciendo que, desde ayer, se terminó la corrida”, aseguró el economista Miguel Bein el viernes, impactando en las expectativas de todo el mundo financiero. Esa frase, junto al hecho de que las exportadoras de cereales prometieron liquidar U$S 2000 millones antes de marzo y que las reservas volvieron a subir el viernes luego de las sucesivas caídas de las últimas semanas, abrieron la puerta para empezar analizar qué es lo que viene ahora.
Se prevé que el tipo de cambio se mantendrá en su actual nivel hasta junio
El gobierno frenó la corrida cambiaria tras una pulseada de dos semanas
Los economistas consideran como un triunfo de la política oficial el que haya estabilizado el dólar en 8 pesos. Ahora la atención de los analistas se posa sobre el nivel de precios, cuyo salto podría recrear presiones cambiarias.
Por: Equipo de Economía
En diálogo con Tiempo Argentino tres economistas plantearon que aunque todavía es pronto para hacer un análisis definitivo, el escenario empieza a mostrar buenas señales que deben ser cuidadas. Los costados destacados por los especialistas van desde las expectativas de las empresas y el sector financiero hasta el aumento desmedido de los precios luego de la devaluación, porque en ese caso volvería todo al primer punto, casi como en un círculo vicioso.
El economista Héctor Valle, titular de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), analizó que “todavía no es momento de dar una conclusión definitiva, pero hubo un éxito importante que puede mantener gracias a las divisas que faltan liquidar”. De todas formas, especificó que ningún análisis de la situación actual debe dejar de lado que junto al fenómeno económico (presión cambiaria–corrida–devaluación), existe “una movida especulativa que tiene que ver más con una cuestión política y un tire y afloje entre el gobierno nacional y el poder económico concentrado”.
“Hay situaciones auspiciosas, y el gobierno consiguió los 2000 millones de dólares de las exportaciones del agro que prolongan la estabilidad con el tipo de cambio actual hasta marzo. El problema es separar la imagen exterior del conflicto del fuerte enfrentamiento que existe con el poder económico, cosa que puede llevar a que las señales preliminares favorables caigan frente a un ataque de aquellos que especulan”, subrayó Valle.
Frente a esto, el economista adelantó que inevitablemente el nivel de actividad del primer semestre se va a ver resentido, y marcó las contradicciones que existen al interior de los grandes grupos económicos. “Con estas peleas, contradicen el que debería su interés de tener el nivel de ganancias más alto posible”, indicó, y agregó que el escenario de los próximos meses “también depende mucho de lo que haga cada uno de ellos, ya que, por ejemplo, a los productores que exportan les conviene poca actividad para que exista un mayor excedente exportable con un tipo de cambio alto”.
En tanto, Enrique Dentice, economista de la Universidad de San Martín, analizó que existe una política acertada de Juan Carlos Fábrega en el Banco Central al haber subido las tasas de interés y al mismo tiempo provocado una fuerte presión en el mercado para bajar la cotización del dólar con las ventas de títulos de los bancos. “Es un mensaje que pregunta a los actores cuánto más pueden esperar sin liquidar lo que tienen, porque mientras pasa el tiempo tienen que hacerse cargo de costos y no hay cosecha nueva”, indicó.
“Lo que hay es una presión dentro de la economía de algunos grupos económicos, pero la sensación es que todos ya se están dando cuenta que es mucho más conveniente no jugar contra el nivel de actividad y ahí es donde veo que después de marzo se va a extender una visión más inteligente entre los agentes económicos para empezar a invertir”, agregó Dentice.
En este contexto advirtió sobre las complicaciones que podría implicar una falta de éxito en la contención de la inflación. “La tasa de inflación es multicausal, pero principalmente está ubicada en las expectativas de los agentes, que son todos –incluyendo a los consumidores– formadores de precios. Hay pasos hacia la corrección macroeconómica que tanto se pidió y ahora hay que tener mucho cuidado con el nivel de empleo; ganar mucho a través del tipo de cambio alto o a través de la remarcación de precios no es un buen negocio en el mediano plazo, ya que los que consumen son los trabajadores”, explicó Dentice. También apuntó que “el gobierno está tomando algunas decisiones difíciles pero saludables, como el movimiento de las tasas de interés para mantener equilibrado el escenario y evitar que se recaliente”, ya que de otra forma habría una presión sobre el tipo de cambio a partir de los depósitos que se irían de los bancos. “La clave va a estar en el comienzo de las clases y la paritaria docente, son dos puntos fundamentales”, planteó.
Agustín Crivelli, economista del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Universidad de Buenos Aires, analizó que “se puede terminar la corrida por un tiempo, pero hay que tener muy en cuenta la confianza que se genera en la economía”. Frente a esto indicó que es muy importante mantener el tipo de cambio y observar la capacidad del Banco Central para intervenir y su disposición para esforzar en pos de que el dólar siga en su valor.
“Cuánto tiempo lo va a poder mantener depende cuánto se vaya liquidando de las exportaciones, y estas últimas dependen de cuánto se mantenga en el tiempo el tipo de cambio. Es un circulo, una cosa depende de la otra”, subrayó Crivelli. Para explicarlo sostuvo que si se van liquidando exportaciones entran dólares que ayudan a que haya oferta en el mercado e incluso se pueda a llegar a ver una baja en el valor del billete norteamericano.
“Las medidas que se tienen que tomar deben mirar también el tema de la puja distributiva, que es uno de los factores que pueden generar suba de precios y terminar por minar la nueva estabilidad dentro de unos meses para devolver todo al principio”, advirtió. Además planteó que todo “va a depender mucho de las paritarias de los acuerdos sectoriales” y sobre todo de “la capacidad que tenga el Estado de imponer sanciones o quitar subsidios a los que no cumplen, ya que el ritmo de hacer acuerdos puede ir más lento que la dinámica de los precios y ese es un problema”.
Frente a esto, subrayó que hay que mostrar “iniciativa estatal para disciplinar a los sectores que no quieren sentarse ni llegar a ningún tipo de entendimiento y apuntar a controlar los precios y seguir intentando incremente el saldo neto de divisas”. Los caminos para esta última pata, muy importante para mantener el tipo de cambio en el equilibrio de ocho pesos que quiere el gobierno, se basan en “aumentar las exportaciones a destinos no tradicionales y sustituir importaciones o elegir bien qué importaciones se deja entrar y cuáles no son tan imprescindibles para un buen uso de las divisas”.
Fuente:TiempoArgentino
El Estado y la comercialización de granos y oleaginosas
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Una hoja de ruta. El texto siguiente sirve de ordenador para articular la participación de los actores públicos y los privados, así como de las cooperativas. Canpo tiene sus propias ideas sobre cómo debería ser esa agencia de comercialización pero parece más inteligente no poner el carro delante del caballo y proponer un temario donde se compatibilicen acuerdos. No hay que perder de vista que el nivel de poder que tienen las cerealeras transnacionales es tan grande que de nada sirve una propuesta de laboratorio sin consensos ni capacidad de aglomerar los intereses diversos de la cadena de producción y comercialización de productos agropecuarios.
A continuación, el texto de Canpo sobre la Empresa Nacional de Comercialización.
Para desarrollar un comercio de granos desde el Estado necesitamos comenzar por:
Descripción y análisis del punto de partida para el diseño de la política de comercialización:
1. Hacer un análisis de la situación de los niveles de concentración del comercio de granos: quiénes lo manejan, qué cantidad, el origen de estos capitales.
2. Saber con qué infraestructura cuenta hoy el Estado (acopio, acondicionamiento, puertos, oficinas comerciales), en qué situación están (concesionadas, prestadas, paradas, en desuso) y en qué lugares.
3. Analizar el espectro de exportadores, aceiteros y molineros, acopiadores con quienes es posible desarrollar las alianzas para la construcción de la empresa estatal.
4. Para poder definir con quién, debemos tener en cuenta el aspecto político, lo económico (tamaño de cada empresa), la infraestructura con que cuenta, la ubicación espacial territorial de cada una, a fin de garantizar contar con una red que permita llegar a todo el país o a donde nosotros queremos llegar.
Definir el formato que tiene que tener la Empresa Nacional Mixta, qué pone cada uno y qué pone el Estado. Además, la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios.
Caracterizar la participación de organismos e instituciones públicos y privados, como por ejemplo: el Banco Nación y el BICE (financiamiento interno, exportaciones e infraestructura), el INTA para el análisis de productos primarios, Senasa, INTI para los productos de la agroindustria.
Definir la conformación de la empresa de comercialización, estableciendo un orden de prioridades:
1. El Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura.
2. Los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Santa Fe (ya que éstos son parte del ente que maneja el puerto).
3. Las dos grandes empresas cooperativas ACA y AFA.
4. Los trabajadores.
5. Las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc.), como así también las pequeñas y medianas.
6. Los acopios con una distribución que permita operar en las principales zonas. Estos acopios están nucleados en la Federación de Centros y Entidades Gremiales de acopiadores de cereales, es una asociación de segundo grado formada por los 18 Centros y Sociedades de primer grado, que a su vez nuclean a las 950 empresas acopiadoras de granos existentes en el país.
Definir la manera de operar de la empresa, a partir de dos formas:
1. La forma clásica de compra a través de los acopios o en forma directa, operando en el mercado disponible como en el mercado futuro. Comprando y pagando el grano en el momento de la entrega de la mercadería como normalmente opera cualquier otra empresa.
2. Esta debe ser una forma novedosa que nos debe distinguir del resto de las empresas y tiene que ver con modelos similares a los implementados en Canadá o Australia, con el siguiente mecanismo de funcionamiento:
a) El productor deberá elegir previamente si elige este sistema de comercialización definiendo las toneladas aproximadas a comercializar bajo este sistema el cual siempre se hará a través de los acopios cooperativos o privados.
b) Al momento de la entrega del producto se le pagará un valor del 60 o 70 por ciento del total, con todo este producto se hará un pool de granos que después se irá vendiendo prioritariamente al mercado interno para la molienda o entregado a fason a las plantas de empresas nacionales para luego obtener aceite y subproductos
c) A partir de las ventas que se vayan realizando durante el año se irá construyendo un precio promedio de todas las ventas el cual deberá estar todos los días en Internet para que cada productor pueda ver todas las operaciones de compra-venta que se hacen con el pool de granos que él integra, para poder determinar cuál es el precio final del producto que él entregó para ser liquidado por completo al momento de finalizar las ventas.
d) Si el precio de venta final es inferior al monto entregado al inicio (60 o 70 por ciento) la empresa o el Estado se hará cargo de esa diferencia, que debe ser recuperada en los próximos años, lo cual garantiza una estabilidad de precio tanto a lo largo del año como a través de los años.
e) Quien ingrese a este sistema tendrá la posibilidad de que se le financien a cosecha todos los insumos necesarios para la producción de su cultivo, se hará a través de la red de acopios.
f) Acuerdo estratégico con Ciafa que es la cámara de los laboratorios nacionales para poder distribuir sus productos, la misma se deberá comprometer a garantizar la calidad de los mismos y la cantidad necesaria para proveer a los productores, lo mismo con la semilla a través de los multiplicadores nacionales Casem.
Organizar el modo de financiamiento del sistema: ya sea la compra de productos como la entrega de insumos a la cosecha es un factor fundamental y estratégico.
a) Nuestra empresa Nacional deberá estar integrada por los grandes bancos públicos más la participación de bancos provinciales, siendo ésta la fuente de financiamiento
b) La empresa recibirá como ingresos una comisión por el comercio de los granos, la cual será definida previamente así como definirá la comisión que se le pagará al acopio, en un sistema de transparencia donde el productor o cualquier involucrado tenga acceso por Internet u otros sistemas a la información simple y requerida por él mismo.
Planificar la política de infraestructura de la empresa de comercialización:
a) La empresa podrá desarrollar todo tipo de emprendimientos para el logro de sus objetivos como la construcción de puertos, depósitos, oficinas, fábricas para el procesamiento de los granos y sus derivados.
b) Análisis de la composición actual de la red nacional de carga y la utilización del tendido ferroviario para diseñar estrategias de infraestructura a futuro.
c) Sobre la base del análisis, definir cuáles son los ramales estratégicos.
d) Controlar de estos ramales a través de asociaciones con los concesionarios actuales para el desarrollo de la empresa nacional de comercialización en el interior del país.
El país, el comercio exterior y el poder de las corporaciones
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Horacio Rovelli. Economista
politica@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Horacio Rovelli. Economista
politica@miradasalsur.com
En primer lugar es claro que en cualquier economía poner en discusión el valor del tipo de cambio es no aceptar la moneda nacional como dinero válido y pleno. Eso por un lado, por el otro genera una transferencia de recursos de los que perciben ingresos fijos en dinero local a favor de los que poseen u obtienen divisas. Ya sea los más de 214.1921 millones de dólares que estima el Indec de activos en el exterior de residentes de nuestro país, o los que se suscitan por la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones, o por cualquier otro medio. Por ende, no es un tema menor que el Gobierno y los ciudadanos de a pie defendamos nuestra moneda y su poder adquisitivo.
En segundo término, también es indiscutible que el mercado internacional de cereales y oleaginosas ha tenido históricamente, y cada vez más, una desproporcionada participación de grandes empresas comercializadoras quienes llevaron y llevan adelante prácticas de manejo de precios que perjudicaron y perjudican a los productores captando porciones crecientes del excedente generado por éstos. Esta situación llevó a que muchos países implementaran políticas y medidas que ponen freno al accionar monopólico de esas grandes empresas, buscando la protección de los sectores más vulnerables y de menor poder de negociación. Políticas de este tipo en el caso de los países exportadores de granos deben implementarse con más razón, por el estratégico rol que cumplen en el ingreso de divisas.
El comercio de granos en la Argentina ha demostrado un grado superior de concentración a raíz de varios factores, dentro de los cuales, la falta de regulación ha provocado que los pequeños y medianos productores se encuentren desprotegidos y a merced de las grandes empresas concentradoras que son las que determinan cuando y cuanto vender, problema que periódicamente se agranda cuando nos encontramos como ahora, con fuertes restricciones externas.
En el año 2013 el 93% de las exportaciones de granos de nuestro país fueron realizados por no más de diez firmas: Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval, Molinos Río de la Plata, más las aceiteras General Deheza y Vincentín, quienes tienen más de 150 centros acopiadores en todo el país, molinos harineros, plantas aceiteras, producción propia y puertos propios. Podemos inferir que la estimación del gobierno sobre unas 8.000.000 de toneladas de granos de cosechas anteriores retenidas implica lo siguiente: la mayor parte de ella está en poder de las empresas nombradas, mientras que otra parte está en manos de grandes productores2.
Estos grandes acopiadores y comercializadores tienen un volumen de operaciones que, por el tipo de actividad que realizan, no puede fluctuar sin la debida y corroborable justificación, por lo tanto resulta imprescindible retomar caminos, prácticas o recursos que ya se usaron en nuestro país y resultaron de gran utilidad; o tomar el ejemplo de otras naciones o bloques económicos (Canadá, Francia, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea) donde se establecen normas claras para regular el comercio de cereales y oleaginosas. En esos casos, las leyes procuran la igualdad de condiciones y parámetros de negociación; es decir, que un pequeño productor o una cooperativa no sean condenadas a una desigualdad tal que las obligue a subordinarse a las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras, ni que éstas fijen los precios o liquiden cuando quieran.
Recrear un órgano estatal con las funciones como en su momento tuvo la Junta Nacional de Granos en la Argentina es tan necesario como estratégico, más si apreciamos la incidencia que tiene la actividad en el ingreso de divisas
Del decreto ley 6.698 de 1963 y hasta que en 1991 Menem y Cavallo la liquidaran y vendieran a precio vil sus instalaciones, la Junta Nacional de Granos tenía como objetivo autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio, se encargaba de controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, pero podía “intervenir con su asesoramiento en la fijación de la política cambiaria en cuanto se relacione con la exportación de granos y sus subproductos”. Incluso dicha norma autorizaba al organismo a “fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios internacionales”.
Cuando el Poder Ejecutivo lo disponía, la Junta Nacional de Granos ejercía el comercio interno o externo de aquellos granos y de los productos y subproductos de la industria oleaginosa en cuya compraventa el Estado Nacional decida intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el ejercicio de ese comercio, realizar toda clase de operaciones, al contado o a plazos, fijar intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos en pago.
Varios sectores de pequeños y medianos productores, muchos de ellos vinculados a la Federación Agraria, mostraron su conformidad –desde hace años– para la creación de un organismo de tales características que fije precios mínimos, garantice el pago a los productores que quedan a merced de los grandes exportadores concentrados y, además, disponga de la producción para que sea “liquidada” en tiempo y forma que la entidad disponga, refiriéndose por ejemplo, a las frecuentes diferencias de cotizaciones de la producción agrícola entre los mercados internacionales y el argentino, que desbordan los mayores costos con los que pretenden justificar esas diferencias las corporaciones económicas que dominan el mercado.
El Estado tiene además diversos instrumentos para accionar sobre las corporaciones como por ejemplo la inspección fiscal, recordemos por ejemplo que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó el 3 de enero de 2014 la suspensión de la clave fiscal de la exportadora de granos Nidera por irregularidades en un embarque de trigo realizado a fines de 2013, y por otra parte, multó a Molinos Río de la Plata por el “uso abusivo” del sistema de doble imposición que la Argentina firmó con Chile. Paralelamente, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, sostuvo el 5 de febrero 2014 que se está investigando operaciones de comercio exterior que suman 6.842 millones de dólares, se trata de exportaciones por 3.824 millones de dólares con el plazo vencido para ingresar las divisas al mercado cambiario que aún no lo hicieron, y de importaciones por 3.018 millones de dólares donde se autorizó la compra de divisas pero las empresas no ingresaron la mercadería, y precisó que se trata de “incumplimientos en principales empresas” entre las que identificó a mineras, cerealeras, alimentarias, automotrices y petroleras.
El Estado también dispone de importantes leyes vigentes, como el régimen penal cambiario (Ley 19.359 vigente desde la época del dictador Alejandro Lanusse) contra maniobras especulativas con las divisas, y de la Ley 20.680 de Abastecimiento, para que en caso de que se infiera un incremento injustificado de los precios, acaparamiento de materias primas o productos, negación o restricción injustificada de la venta de bienes sin causa que lo justifique. El Estado también puede, ante conductas de desabastecimiento o suba abusiva de precios, impulsar que la población y las micro, pequeñas y medianas empresas presenten denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
El poder del Estado no es menor, como lo demuestra este gobierno mediante la Circular A-5.536 del BCRA del 4 de febrero de 2014, que básicamente determina la posición en divisas –en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia– de las entidades financieras no podrá superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda o los recursos propios líquidos, en febrero 2014, y determina que la posición global neta positiva de moneda extranjera a término al 30 de abril 2014 no podrá superar el 10 por ciento de la responsabilidad patrimonial computable3 del mes anterior al que corresponda. De la lectura de los balances de los bancos la venta de dólares rondaría los 3.600 millones de dólares hasta abril, y así el Gobierno lograr el ansiado puente con la liquidación de los dólares de la soja de la cosecha 2013/14.
En síntesis, es una pulseada muy fuerte contra un sector muy concentrado e internacionalizado, que es proveedor de divisas al país. Pero el Gobierno cuenta con instrumentos que debe acrecentar para regular su actividad, y los ceos, administradores y dueños de esas corporaciones saben o deberían saber que infringen normas legales y deben ser penados por ello, en nombre del bienestar de la población y el futuro de los argentinos.
1. Para el Indec, en el año 2012 los activos de residentes argentinos en el exterior ascendía a U$S 214.192 millones.
2. Obviamente un pequeño productor ya vendió su cosecha y espera cosechar la nueva.
3. La Responsabilidad Patrimonial Computable de una entidad financiera es el capital propio de la misma, que contablemente surge como la diferencia entre sus activos (básicamente los créditos o préstamos que otorga) y el pasivo (los depósitos que recibe).
En segundo término, también es indiscutible que el mercado internacional de cereales y oleaginosas ha tenido históricamente, y cada vez más, una desproporcionada participación de grandes empresas comercializadoras quienes llevaron y llevan adelante prácticas de manejo de precios que perjudicaron y perjudican a los productores captando porciones crecientes del excedente generado por éstos. Esta situación llevó a que muchos países implementaran políticas y medidas que ponen freno al accionar monopólico de esas grandes empresas, buscando la protección de los sectores más vulnerables y de menor poder de negociación. Políticas de este tipo en el caso de los países exportadores de granos deben implementarse con más razón, por el estratégico rol que cumplen en el ingreso de divisas.
El comercio de granos en la Argentina ha demostrado un grado superior de concentración a raíz de varios factores, dentro de los cuales, la falta de regulación ha provocado que los pequeños y medianos productores se encuentren desprotegidos y a merced de las grandes empresas concentradoras que son las que determinan cuando y cuanto vender, problema que periódicamente se agranda cuando nos encontramos como ahora, con fuertes restricciones externas.
En el año 2013 el 93% de las exportaciones de granos de nuestro país fueron realizados por no más de diez firmas: Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval, Molinos Río de la Plata, más las aceiteras General Deheza y Vincentín, quienes tienen más de 150 centros acopiadores en todo el país, molinos harineros, plantas aceiteras, producción propia y puertos propios. Podemos inferir que la estimación del gobierno sobre unas 8.000.000 de toneladas de granos de cosechas anteriores retenidas implica lo siguiente: la mayor parte de ella está en poder de las empresas nombradas, mientras que otra parte está en manos de grandes productores2.
Estos grandes acopiadores y comercializadores tienen un volumen de operaciones que, por el tipo de actividad que realizan, no puede fluctuar sin la debida y corroborable justificación, por lo tanto resulta imprescindible retomar caminos, prácticas o recursos que ya se usaron en nuestro país y resultaron de gran utilidad; o tomar el ejemplo de otras naciones o bloques económicos (Canadá, Francia, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea) donde se establecen normas claras para regular el comercio de cereales y oleaginosas. En esos casos, las leyes procuran la igualdad de condiciones y parámetros de negociación; es decir, que un pequeño productor o una cooperativa no sean condenadas a una desigualdad tal que las obligue a subordinarse a las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras, ni que éstas fijen los precios o liquiden cuando quieran.
Recrear un órgano estatal con las funciones como en su momento tuvo la Junta Nacional de Granos en la Argentina es tan necesario como estratégico, más si apreciamos la incidencia que tiene la actividad en el ingreso de divisas
Del decreto ley 6.698 de 1963 y hasta que en 1991 Menem y Cavallo la liquidaran y vendieran a precio vil sus instalaciones, la Junta Nacional de Granos tenía como objetivo autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio, se encargaba de controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, pero podía “intervenir con su asesoramiento en la fijación de la política cambiaria en cuanto se relacione con la exportación de granos y sus subproductos”. Incluso dicha norma autorizaba al organismo a “fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios internacionales”.
Cuando el Poder Ejecutivo lo disponía, la Junta Nacional de Granos ejercía el comercio interno o externo de aquellos granos y de los productos y subproductos de la industria oleaginosa en cuya compraventa el Estado Nacional decida intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el ejercicio de ese comercio, realizar toda clase de operaciones, al contado o a plazos, fijar intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos en pago.
Varios sectores de pequeños y medianos productores, muchos de ellos vinculados a la Federación Agraria, mostraron su conformidad –desde hace años– para la creación de un organismo de tales características que fije precios mínimos, garantice el pago a los productores que quedan a merced de los grandes exportadores concentrados y, además, disponga de la producción para que sea “liquidada” en tiempo y forma que la entidad disponga, refiriéndose por ejemplo, a las frecuentes diferencias de cotizaciones de la producción agrícola entre los mercados internacionales y el argentino, que desbordan los mayores costos con los que pretenden justificar esas diferencias las corporaciones económicas que dominan el mercado.
El Estado tiene además diversos instrumentos para accionar sobre las corporaciones como por ejemplo la inspección fiscal, recordemos por ejemplo que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó el 3 de enero de 2014 la suspensión de la clave fiscal de la exportadora de granos Nidera por irregularidades en un embarque de trigo realizado a fines de 2013, y por otra parte, multó a Molinos Río de la Plata por el “uso abusivo” del sistema de doble imposición que la Argentina firmó con Chile. Paralelamente, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, sostuvo el 5 de febrero 2014 que se está investigando operaciones de comercio exterior que suman 6.842 millones de dólares, se trata de exportaciones por 3.824 millones de dólares con el plazo vencido para ingresar las divisas al mercado cambiario que aún no lo hicieron, y de importaciones por 3.018 millones de dólares donde se autorizó la compra de divisas pero las empresas no ingresaron la mercadería, y precisó que se trata de “incumplimientos en principales empresas” entre las que identificó a mineras, cerealeras, alimentarias, automotrices y petroleras.
El Estado también dispone de importantes leyes vigentes, como el régimen penal cambiario (Ley 19.359 vigente desde la época del dictador Alejandro Lanusse) contra maniobras especulativas con las divisas, y de la Ley 20.680 de Abastecimiento, para que en caso de que se infiera un incremento injustificado de los precios, acaparamiento de materias primas o productos, negación o restricción injustificada de la venta de bienes sin causa que lo justifique. El Estado también puede, ante conductas de desabastecimiento o suba abusiva de precios, impulsar que la población y las micro, pequeñas y medianas empresas presenten denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
El poder del Estado no es menor, como lo demuestra este gobierno mediante la Circular A-5.536 del BCRA del 4 de febrero de 2014, que básicamente determina la posición en divisas –en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia– de las entidades financieras no podrá superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda o los recursos propios líquidos, en febrero 2014, y determina que la posición global neta positiva de moneda extranjera a término al 30 de abril 2014 no podrá superar el 10 por ciento de la responsabilidad patrimonial computable3 del mes anterior al que corresponda. De la lectura de los balances de los bancos la venta de dólares rondaría los 3.600 millones de dólares hasta abril, y así el Gobierno lograr el ansiado puente con la liquidación de los dólares de la soja de la cosecha 2013/14.
En síntesis, es una pulseada muy fuerte contra un sector muy concentrado e internacionalizado, que es proveedor de divisas al país. Pero el Gobierno cuenta con instrumentos que debe acrecentar para regular su actividad, y los ceos, administradores y dueños de esas corporaciones saben o deberían saber que infringen normas legales y deben ser penados por ello, en nombre del bienestar de la población y el futuro de los argentinos.
1. Para el Indec, en el año 2012 los activos de residentes argentinos en el exterior ascendía a U$S 214.192 millones.
2. Obviamente un pequeño productor ya vendió su cosecha y espera cosechar la nueva.
3. La Responsabilidad Patrimonial Computable de una entidad financiera es el capital propio de la misma, que contablemente surge como la diferencia entre sus activos (básicamente los créditos o préstamos que otorga) y el pasivo (los depósitos que recibe).
Un escenario complejo
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
En una semana más tranquila, con el dólar planchado, es un momento oportuno para hacer un paneo sobre los temas que permitan mirar un poco más adelante. Es preciso reconocer que la inflación de enero golpeó en los precios de los artículos de consumo masivo, incluso de aquellos que no tienen componentes importados. Eso sucedió en enero más y se proyectó en el mes en curso. En los próximos días comenzarán los primeros encuentros entre dirigentes gremiales, empresarios y representantes del Estado. Es difícil prever resultados, aunque la reunión de los dirigentes de Ctera del viernes pasado en Casa Rosada no se avanzó: mientras los docentes propusieron un acuerdo corto para cerrar paritarias en junio, el gobierno propuso un acuerdo anual en tres tramos. Ambos interlocutores rechazaron mutuamente sus propuestas.
Todo indica que la agenda económica es la principal preocupación del jefe de Gabinete y del ministro de Economía. También es preciso señalar que en sus pocas apariciones públicas y en sus tuits, la Presidenta no ha dado un diagnóstico. Los esfuerzos, hasta ahora, no mostraron la determinación de valerse de herramientas de intervención estatal para frenar aumentos de precios o falta de liquidación de dólares por parte de los exportadores entre otras maniobras que llevan, inevitablemente, a limar a quienes tienen ingresos fijos. Es difícil saber cuánto influyen los datos propios de la macroeconomía, cuánto los de sectores privilegiados, no solo especulativos, que pretenden una mayor devaluación de la monea y, finalmente, cuánto pesan las decisiones políticas de gobierno.
Sería un ejercicio especulativo decir que las cosas estarían mejor de haberse impuesto una batería de medidas más activas, de control real de precios, con sanciones, en cambio de reuniones con cámaras empresarias que se comprometen ante la foto a cosas que son de cumplimiento eventual. Es difícil ponderar cuánto tiempo hubiera demandado instalar una red de comercios municipales con los mismos precios que el Mercado Central, sensiblemente más baratos que los de los súper o los chinos. En la misma línea, no se sabe cuánta eficacia hubiera tenido la puesta en marcha de una agencia de comercio exterior. O mayores controles de la Aduana y la AFIP. Sin embargo, a juicio de quien escribe estas líneas, el Gobierno debería advertir que por más buena que resulte una convocatoria a boicotear compras, la sociedad necesita que el Estado defienda el interés general con toda determinación. Al respecto, aunque parezca una pedantería formularlo sin más autoridad que el propio deseo, hay tres caminos que deben recorrerse de modo simultáneo. El primero es poner en marcha un plan económico global y que sea expresado al conjunto. Las apariciones y entrevistas de Jorge Capitanich demuestran su alto grado de conocimiento y sus ganas de actuar en todos los frentes, pero avanza con la agenda del día y todos saben que no es más que el jefe de Gabinete. El segundo eje es convocar al Congreso a debatir propuestas de todos los sectores para apuntalar, mejorar o corregir los planes y medidas del Ejecutivo. Sin esos debates parlamentarios, sin el respaldo de leyes consensuadas es difícil saber qué impacto pueden tener las normas y las instituciones políticas en el mundo real de los precios y los acuerdos salariales. Por último, la política no es solo de los políticos, hay instrumentos como el Consejo Económico y Social así como otras formas de consensos que revitalicen la democracia. Hay silencios que resultan demasiado ruidosos. Hay quietudes que revelan mucho movimiento. Hay uniformidades que denotan grandes divergencias.
Lo que se insinuó un par de semanas atrás, parece convertirse en la política económica que el gobierno implementará durante este tiempo de turbulencia. Una combinación de medidas ortodoxas –dispuestas en mayor medida desde el Banco Central–, con otras heterodoxas que buscan proteger a los sectores más carenciados. Este delicado equilibrio, tuvo inicio a fines de enero, cuando el gobierno pareció admitir que los grupos económicos concentrados habían ganado la pulseada en la puja devaluatoria, y que sostener la cotización de la moneda norteamericana con el objetivo de defender el poder adquisitivo de los salarios no hacía más que minar la base de reservas monetarias así como conducir, más temprano que tarde, a la fuerte devaluación que siempre se buscó impedir.
Así, tras la fuerte devaluación operada dos semanas atrás, el objetivo de corto plazo fue logrado: en la semana que pasó el dólar oficial se mantuvo estable y levemente a la baja, cerrando el viernes en 7,85 pesos y experimentando la primer semana de descenso en muchos meses, mientras que el paralelo siguió desinflándose, pues cotizó casi un peso menos que la semana anterior, a 12,13 pesos. Las reservas, por su parte, bajaron en la última semana alrededor de 300 millones –de 28.100 millones de dólares a 27.821 millones–, lo cual fue una reducción significativamente menor a los 963 millones que se habían perdido en la última semana de enero, mes que totalizó con una baja de 2.499 millones de dólares. De todas formas, la disminución de reservas no tiene una relación directa con la demanda de compra de dólares, pues a partir de la nueva Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012, las mismas también se utilizan para el pago de la deuda y el financiamiento público y privado para la producción.
El camino de la nueva táctica. La nueva táctica de combinar medidas ortodoxas y heterodoxas comenzó los días 22 y 23 de enero, cuando el Banco Central llevó el dólar de $6,90 a $8,01, tras lo cual, una jornada más tarde, el Gobierno decidió liberar parcialmente el dólar para atesoramiento. A estas acciones, le continuó una suba de las tasas de interés, que desde aquellas fechas a la actualidad aumentaron nueve puntos porcentuales, para quedar por encima del 28%. El objetivo de esta última medida, también de corte ortodoxo, fue alentar la colocación de depósitos en pesos, para evitar que la moneda nacional se fugue al dólar y aumente la presión sobre el mismo, así como también frenar la especulación que los productores de granos realizaban mediante la toma de créditos a bajo costo en lugar de vender sus tenencias, calculadas en 4.000 millones de dólares. Si bien esta medida ayudó a contener el valor del dólar, sus consecuencias serán el encarecimiento del crédito y un menor nivel de actividad.
Asimismo, el miércoles pasado se reactivó una normativa del año 2003 del Banco Central, que entrará en vigencia a partir de abril, según la cual los bancos no podrán poseer más del 30% de sus activos en moneda extranjera,. Si bien el desprendimiento de casi la mitad de los 9.000 millones de dólares –entre efectivo y títulos– que los bancos poseen en su haber no modificará la posición de las reservas, pues los mismos ya se encuentran depositados en el Banco Central, la mayor oferta de la moneda norteamericana incidió en la mencionada caída de su valor durante esta semana, en la cual los bancos se deprendieron de 1.000 millones de dólares entre efectivo y títulos. Paralelamente, el Gobierno mantuvo tres reuniones con las empresas nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), quienes de acuerdo con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se comprometieron a liquidar 2.000 millones de dólares durante el actual mes y a vender, en todo el año, entre 27 mil millones y 29 mil millones de dólares.
Así, en declaraciones radiales efectuadas el pasado viernes, el economista Miguel Bein –uno de los pocos del ámbito privado cuyas proyecciones suelen cumplirse– señaló que “la corrida bancaria se terminó”, destacando que el Gobierno había logrado “el puente de todos los años” hasta abril, cuando se liquidan las cosechas, con lo que “el drama, el thriller de los últimos días, se terminó”.
Pero posiblemente, el mayor logro haya sido político, pues con estas medidas el Gobierno pudo ganar terreno frente al embate con el que algunos sectores del campo económico, político, y mediático opositor buscaron –y parcialmente lograron–, acorralarlo.
De todas formas, si bien se vio obligado a ceder parte de su agenda económica a la demanda de los grupos concentrados –fundamentalmente en lo que respecta a devaluación y tasas de interés–, el Gobierno mantuvo también el impulso a las medidas heterodoxas que signaron su gestión. Así, al programa Progresar de becas para jóvenes sin estudios ni trabajo lanzado el 22 de enero, el pasado martes se sumó un aumento del 200% en las asignaciones familiares por ayuda escolar, y se anunció que a partir de marzo los jubilados y pensionados recibirán uno de los dos aumentos anuales –el cual será del 11,37% sobre los haberes actuales–, previstos en la ley de movilidad jubilatoria sancionada por este gobierno.
En el ámbito financiero, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso la elevación de los porcentajes mínimos obligatorios para que las aseguradoras inviertan en proyectos productivos, subiendo del 10% al 14,5% el monto a destinar para inversiones en la economía real.
Se trata, en definitiva, de una combinación de medidas ortodoxas para atravesar las turbulencias financieras, junto a otras de corte heterodoxo que permitan proteger a los sectores que más se verán afectados por estas mismas medidas. Una combinación que el Gobierno comenzó a ensayar y profundizar en las últimas semanas para frenar la embestida de un sector de la oposición que logró modificar, pero no transformar, la agenda económica que se ha desplegado en estos años.
Fuente:MiradasalSur
Dialécticas
El impacto de la devaluación se dilucidará en meses, cuanto menos en lo que falta del año. En la semana que pasó, la mejor nueva fue que se ancló la cotización del dólar oficial y que el Banco Central comenzó a recuperar reservas. Más aún, que hay medidas y movidas que fortalecen esa posición fiscal. El compromiso de poderosos exportadores agropecuarios para liquidar soja que tienen amarrocada en silos bolsa es una de ellas. No es producto de presiones brutales sino de un activismo estatal inteligente, que comprende haber inculcado a la contraparte la convicción de que ahora le conviene vender.
El sistema financiero también soltó dólares como consecuencia de una batería de medidas. La colocación de letras (Lebac) por parte del Central y disposiciones sobre los encajes de los bancos motorizó el desplazamiento.
El aumento de las tasas de interés incide en las decisiones de los operadores: el rendimiento de una colocación a plazo fijo puede competir con los devaneos sobre un crecimiento adicional del valor del dólar.
Y valerse del descubierto en los bancos para financiarse puede ser más costoso para las empresas que sacar unos dólares “del colchón”.
La impresión dominante (que se cuela incluso en los medios ídem, si se leen con lupa) es que la corrida cesó.
Las reservas, se presume, se fortalecerán hasta que llegue la cosecha de soja, que será liquidada en gran medida. El cronista, poco afecto a las predicciones, no las hará en este punto pero un relevamiento realizado entre economistas de distintas versiones confirma la lectura.
El más enfático en expedirse es el consultor Miguel Bein, cuyos análisis suelen dar buena cuenta de la realidad, tal vez porque no revista en ningún fundamentalismo y porque entiende de política. Bein anticipó, en su informe mensual divulgado no bien se produjo la devaluación oficial: “Seguramente, el nivel del tipo de cambio real sea hoy el más alto de los próximos meses, aunque la trayectoria de convergencia va a estar directamente dada por la política, en el manejo de la puja distributiva”. Lo ratificó en un acting televisivo durante un reportaje de Marcelo Zlotogwiazda.
El viernes comentó a varios periodistas, el firmante entre tantos, que “el Gobierno construyó el puente de plata hasta abril”. Y citó como referencia a actores privados: el mercado a futuro de Rosario vende dólares para fin de mes a $7,75 pesos y para fin de marzo a 7,90 pesos.
Si la tendencia se confirma, su trascendencia excedería la esfera económica estricta: se proyecta a la gobernabilidad misma. El asedio a las posiciones del Central, los deseos y análisis que imaginaban (o por ahí empujaban) una debacle financiera perderían asidero. Se debilitan las perspectivas reales de un “golpe de mercado”, que rondaron mentes en la city y en grupos concentrados.
Habrá que ver qué ocurre en el futuro inminente, pero lo cierto es que “las condiciones objetivas” para jugadas destituyentes han menguado.
Desde luego, jamás se puede cantar victoria, máxime cuando hay grandes jugadores que pueden haber perdido fortunas por haber comprado dólares a muy otro precio y que estarán ganosos de una retaliación.
Pero el asentamiento del peso y la mayor robustez de las reservas fortalecen al sistema democrático, anche al Gobierno.
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Dura dialéctica: Claro que lo que es eficaz y hasta imprescindible en el momento tiene contraindicaciones severas. Toda realidad es dialéctica, ni qué hablar de las consecuencias de una devaluación, antipopular como sello. La suba de las tasas de interés limita al crédito, la absorción de plata “seca” la plaza. Las perspectivas del consumo se estrechan, todo lo dicho está en el manual.
El Gobierno adopta medidas que no estaban en su menú heterodoxo, tratando de matizar las consecuencias inexorables de la devaluación. El valor de los salarios en dólares ya bajó, sería tan ideal como dificultoso que se mantuviera intacto en pesos. La inflación es una derivación inevitable y dolorosa, más grave porque su nivel era elevado desde hace años.
El accionar estatal se dispersa en tratar de sostener el nivel de actividad, el de empleo, moderar la inflación. Contra lo que dicen sus adversarios políticos y los enemigos del sistema democrático, el oficialismo tiene clara la magnitud del desafío. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo conversa diariamente o más que eso con ministros y secretarios de Estado.
A los ojos de este escriba tal vez el discurso oficial se queda corto a la hora de describir las dificultades, llamémoslas “objetivas”. El señalamiento del accionar pérfido de formadores de precios, con ser válido e ineludible, es incompleto. La inflación, por caso, no es para nada exclusiva consecuencia de remarcaciones aviesas. Hay costos que suben y mucho. Lo corroboran los pactos sectoriales que el propio Gobierno avala, por ejemplo con las petroleras. Lo hace con vigor infrecuente en otras gestiones pero eso no eclipsa la lógica de los aumentos. Poner dique a las demasías es un deber que se interpreta al “modo K” (lo que en esta nota es un elogio), también es necesario asumir que el alza no encontró techo aún.
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Lo logrado y el día de hoy: El aumento semestral de las jubilaciones combina ingredientes que menciona Ferrer en estas mismas páginas. Por un lado, la recuperación de la Anses, la cuasiuniversalización de la cobertura, la fijación de un coeficiente legal para los incrementos aluden a un gobierno con poder para implementar rotundos cambios progresistas, en este caso debidamente institucionalizados. La utilización del poder político como no se hacía desde hace décadas forma parte del acervo de la sociedad y del kirchnerismo.
Por otra parte, está la recurrencia de situaciones que revelan los límites de los proyectos nacional-populares. El porcentaje de aumento en esta ocasión se queda corto. Es menor que sus precedentes: no conseguirá empardar a la inflación ya sucedida cuando se perciban los nuevos haberes y correrá de atrás a la del semestre.
La idea fija del Gobierno es “poner plata por abajo” para preservar el patrimonio de los argentinos más necesitados. La suba de la asignación preescolar es una acción coherente aunque homeopática porque se cobrará sólo una vez, en hogares de trabajadores formales que tengan chicos en edad escolar.
Más pretencioso y encomiable es el programa Progresar. La consigna entre los funcionarios es que cientos de miles de pibes se integren y empiecen a percibirlo a fin de febrero. Ese objetivo requerirá mucha acción cotidiana, mucha “infantería” que interpele a los jóvenes. Una fracción importante del conjunto de virtuales beneficiarios no estudia ni trabaja. En promedio desconfían de todo lo institucional, muchos podrían ser poco versados en el manejo de Internet y estar desmotivados para implicarse en las condicionalidades del aprendizaje. La medida es virtuosa, “apunta a un núcleo desamparado por la amplia cobertura social previa” pero como muchas soluciones de la etapa su urdimbre es más densa y menos eficaz en corto que logros previos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El rumbo es adecuado, llegar a destino exigirá esfuerzo y buena praxis.
El importe de la AUH, el mayor programa de ingresos y uno de los mejores aportes del kirchnerismo, no tiene un régimen legal de aumentos. En el corto plazo, la mensualidad deberá ser mejorada, pues, discrecionalmente. La ecuación fiscal no es la mejor pero la necesidad es imperiosa. Si se consolida la posición estatal en dólares, habrá un alivio que puede ayudar.
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Indices acusadores: Ni la valoración de cuánto se ha avanzado en casi once años ni la gravedad de la crisis obstan (más bien incitan) a repensar las carencias del “modelo” y los errores de la política gubernamental. La pérdida de prestigio y credibilidad del Indec están entre las peores fallas, no quizá por su magnitud pero sí por haber sido causada a propósito. El jueves que viene se conocerá el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (IPC-UN). Es una medida reparadora, ojalá que acierte en su ejecución.
El cronista es profano para pontificar sobre “la cocina” del IPC-UN, cree tener más idea sobre la lógica de los imaginarios colectivos. Su credibilidad inicial será muy baja, por el daño autoinfligido durante muchos años. En el mejor de los supuestos insumirá mucho tiempo reconstruirla.
Es indudable que la inflación del trimestre diciembre, enero y febrero (en buena dosis ya construida) es altísima. Si esos porcentajes acumulados se proyectaran al año, se llegaría a guarismos incompatibles con la tutela del ingreso de los trabajadores y aun de los niveles de ocupación.
Los Precios Cuidados son una herramienta interesante, mucho mejor urdida que sus precedentes cercanos.
La información es más precisa, el conocimiento de los consumidores es creciente. El seguimiento es pertinaz, habrá que calibrar los resultados que son la cabal medida del obrar estatal.
De todos modos, el alcance de la medida es parcial. Concierne a una canasta restringida. Medido a ojímetro se aplica en menos de la mitad del territorio nacional y a menos de la mitad de la población. La intención es ampliar la cobertura.
Las convocatorias a boicots y movilización de los ciudadanos-consumidores son siempre valiosas. Pero sería voluntarista suponer que son la clave para el problema de la inflación: ni siquiera la regulación celosa de los precios lo es.
En este sentido, las urgencias del corto plazo subrayan carencias instaladas y no resueltas en la década. La concentración de los formadores de precios, sin ir más lejos.
Tampoco se ha hecho tanto en materia de ampliación de las redes de comercialización que tienen precedentes sugestivos en el pasado. Ninguno podría calcarse en un país distinto, unos cuantos podrían aggiornarse.
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Cuestiones primarias: Una virtud del Gobierno es pulsear con los poderes fácticos. Su defensa acendrada de las retenciones es un bastión. La pugna con los silobolsistas le hace favor si se la coteja con la sumisión de otros gobiernos surgidos del voto popular. Todo eso dicho, siempre es oportuno indagarse por qué un país que creció exponencialmente es tan vulnerable a una especulación que, acaso, llegue a 4000 millones de dólares. Es un bruto número, más vale, pero no tan impactante si se lo compara con la magnitud del Producto Bruto Interno (PBI). Ese poder concentrado comprueba una falla del sistema económico.
Hay un núcleo duro que no se terminó de revertir. La industria genera empleo, nutre al mercado interno, activa. Pero la sustitución de importaciones es muy imperfecta, el sector industrial es muy demandante de importaciones. La tajada mayor de las divisas la provee “el campo” cuyo poder de veto y de presión crece en consecuencia. No hay conspiración en esto, sino una lógica sistémica: los sectores productivos más ligados al crecimiento de los sectores populares absorben divisas. Ahora mismo, la industria mayormente ensambladora de Tierra del Fuego, la automotriz y la actividad energética (pilares de la etapa y de su prosperidad relativa), son grandes generadoras de déficit de la balanza comercial.
Esos aspectos estructurales seguramente no se podrán superar en el corto lapso que resta del mandato de la presidenta Cristina pero sí podría haber cambios de direccionalidad o de instrumentos para aliviar la dificultad. Mirarse en el espejo es parte de la solución, máxime si se perciben los límites y las fallas.
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Todos y todas: El país transita su peor crisis desde hace muchos años. El Gobierno atraviesa su peor trance desde el 2008-2009.
Responde al reto con medidas ajenas a su ideario tradicional, las contrapesa con las más cercanas a sus convicciones.
Celoso defensor de los intereses mayoritarios, mejoró la vida y el patrimonio de muchos argentinos, de variados segmentos sociales. También amplió su esfera de derechos sociales, laborales, humanos e individuales. Consumó un reformismo intenso y constante Los representó bien y por eso fue revalidado con altas cifras de participación y adhesión en dos ocasiones.
Si se recorre bien su saga, se puede notar que a veces convenció a quienes representa con ahínco y que en otras no pudo o no supo. Poner toda la responsabilidad del “ruido” en los ciudadanos es un criterio inadmisible, autocomplaciente, máxime en una fuerza de raíz peronista.
A partir del urnazo de 2011, el oficialismo tendió a emblocarse en su base irreductible, ese envidiable e insuficiente tercio del electorado. Fue un error, que pagó en las elecciones. Sería penoso repetirlo ahora, cuando precisa (y reclama) apoyo activo.
Saber sumar, aun desde la palabra, integra el plexo de tareas urgentes.
Comprometerse con las necesidades y derechos de la mayoría de los argentinos es un blasón. Persuadirlos al respecto, un imperativo tan acuciante y seguramente no menos complejo que “clavar” la cotización del dólar.
La lección del maestro
Por Mario Wainfeld
En otros países de América latina el poder está más estructurado.
Somos el país en el que la política no tiene andariveles: se puede pasar de (Carlos) Menem a (Néstor) Kirchner. La variabilidad de la política en la Argentina tiene un grado de dispersión mayor que en otros lados. Por otra parte, hemos tenido un largo período de inestabilidad institucional...
Es decir, que la política tiene enorme capacidad de transformación... Piensen que se resolvió el problema de la deuda como se hizo: en contra de la posición del mercado financiero internacional y del FMI. Se nacionalizaron las AFJP, el petróleo... incluso la ley de medios. Una serie de decisiones con un impacto fenomenal en el sistema de poder.
Y esto lo hace un gobierno democrático, legítimo... es muy poco frecuente en otros lados. El caso brasileño es interesante. Cuando el presidente Lula llega al gobierno la paridad estaba alrededor de 4 reales por dólar. (Tras sus primeras medidas) se armó un desorden en el campo financiero. (Solo) lo resolvió poniendo en la conducción del Banco Central a alguien del sector financiero.
Diría que tenemos una capacidad de transformación que, al mismo tiempo, es un rasgo de inestabilidad muy grande. Tal vez allí se puede encontrar parte de la respuesta a por qué hemos convivido tanto tiempo con tanta inflación. En el siglo pasado tuvimos el record mundial, con varias híper incluidas.
La Argentina es, yo creo, el país más democrático de América latina desde el punto de vista de la participación política y de la capacidad del sistema político de influir en la realidad. Pero el tema es cómo administramos ese potencial político para construir proyectos viables. Porque ya nos ha pasado, hemos tenido en otros tiempos proyectos nacionales y populares que (por infinidad de factores) se desestabilizan y abren la puerta para que vuelva el pasado. Y no es solo que el pasado tenga tanto poder de bloqueo para que el cambio no sea posible porque, si fuera así, no tendríamos alternativa. Creo que hay que observar en la propia conducta de los sectores nacionales y populares: qué es lo que hacemos mal para no poder terminar de consumar una transformación profunda.
Pese a la peor crisis mundial en un siglo, el producto interno argentino de estos años superó no sólo al de los países centrales, sino también al de los demás de la región, incluso aquellos cuya producción exportable gozó de mejores términos del intercambio. Además se mantuvieron los niveles de ocupación y de salarios, a expensas de la rentabilidad de las 500 empresas de mayor tamaño, que disminuyó casi diez puntos (de 35,8 a 26,5 por ciento) desde que Cristina asumió la presidencia en 2007, como se observa en el gráfico 1. También se redujo la incidencia de las 200 empresas más grandes del país en las exportaciones: del 74,4 en el primer año del mandato inicial de CFK al 64,1 en 2012. Lo mismo ocurrió con el peso de las empresas extranjeras y los grupos económicos locales dentro de ese total, que no obstante sigue siendo descomunal. Ese 64,1 por ciento de las exportaciones en manos de 200 empresas es una limitación estructural que explica el poder de los grandes actores en esos mercados. En 2012 el superávit comercial rozó los 13.000 millones de dólares. Pero las 200 empresas más grandes tuvieron un saldo comercial de casi 30.000 millones de dólares y el resto de la economía argentina un déficit que rondó los 17.000 millones (gráfico 2). Más acentuado es el cuadro si se limita a las cruciales exportaciones cerealeras: quince empresas representan el 95 por ciento de todos los porotos de soja exportados en 2013. La vida te da sorpresas: la primera de la lista no es Dreyfuss, Cargill, Toepfer, Bunge o Nidera, sino la Asociación de Cooperativas Argentinas, con casi el 18 por ciento del total. Sumado al 7 por ciento de Agricultores Federados Argentinos la cuarta parte de esas exportaciones son manejadas por cooperativas próximas a la Federación Agraria. No por casualidad, su presidente, Eduardo Buzzi, fue el primer dirigente que en plena corrida cambiaria puso el foco en las retenciones, para advertir que no aceptarían un aumento compensatorio de la devaluación. Pero quien perfeccionó el razonamiento fue el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, quien dijo que no pedían una devaluación (¡si ya la habían conseguido!) sino “que se reduzcan y eliminen retenciones” para ganar competitividad. Se comprende: las retenciones tienen carácter estructural y cualquier territorio ganado se defiende como la casa propia. Lo mismo ocurrió con los aportes patronales reducidos por Cavallo hace dos décadas, con el mismo argumento de la competitividad. Nunca fue posible reponerlos y sólo contribuyeron a engrosar la rentabilidad empresaria sin mejorar su capacidad competitiva, que depende de decisiones macroeconómicas, de inversión y desarrollo tecnológico.
Nunca antes lució tan racional el discurso de los ruralistas: a esa velocidad, “¿quién puede confiar en el peso que se le hace agua en las manos?”, como preguntó Etchevehere. En ese punto, el gobierno apretó el acelerador y recién clavó el freno en 8. La sacudida fue fuerte, como el impacto sobre precios y poder adquisitivo del salario. Para el gobierno ese número es un techo a sostener, para los exportadores un piso desde el cual planificar el ataque sobre las retenciones. Pero además, y como tardía compensación a la persistente falta de instrumentos de ahorro para quienes tienen excedentes, vino el aumento en la tasa de interés, cuyo daño colateral sobre el nivel de actividad aún no puede evaluarse. Las reservas perdidas fueron significativas pero bien empleadas, porque tendieron un puente hacia la liquidación de la próxima cosecha.
Aún así, pasada la corrida, la brecha superior al 50 por ciento sigue siendo una incitación peligrosa. De abril a septiembre ingresará al cofre del Banco Central buena parte de lo que permitió salir ahora. Lo que pase a partir de octubre dependerá de otras variables: si el gobierno volverá a utilizar el tipo de cambio como freno de mano antiinflacionario, qué ocurrirá con el Club de París y los holdouts, la proximidad de la renovación presidencial.
La intervención manu militari de los silobolsas está fuera de cualquier hipótesis. Las condiciones del agro argentino tampoco permiten una proyección mecánica de aquellos modelos. En la primera mitad del siglo pasado, los pequeños arrendatarios resistían la explotación de los grandes propietarios pampeanos. En el actual paradigma sojero, en cambio, no median relaciones de explotación entre quienes ceden y quienes toman tierras ya que las economías de escala operan en pequeñas, grandes y medianas superficies. Los principales tomadores de tierras son también propietarios y no agentes económicos de otras actividades económicas. Muchos obtienen reducciones de costos al aumentar la superficie trabajada y otros alcanzan un buen pasar como rentistas. Una propuesta tradicional de reforma agraria unificaría a todos en contra y en todo el país, ya que la soja rompió los límites de la región pampeana. Pero ese agro que adquirió dimensión nacional sigue siendo manejado por los descendientes de la oligarquía pampeana. Peor aún, en esas nuevas regiones sojeras hasta los trabajadores podrían identificarse con los propietarios, ya que ganan más que con los cultivos tradicionales desplazados. Sin hablar del apreciable número de gobernadores, legisladores y sus familiares, del oficialismo y de la oposición, que se dedican a esos cultivos.
- El kirchnerismo consigue hacer pie en ese núcleo duro inconmovible, llega con un candidato propio a la disputa electoral y se consolida como una nueva identidad política con la que sea imprescindible contar de ahí en más, bajo la conducción de Cristina (ya sea que ese candidato se imponga, por dentro o por fuera del PJ, o que retenga un porcentaje apreciable de los votos, no inferior al 20 por ciento); o bien
- Se diluye sin pena ni gloria y estos años se recordarán con nostalgia como una encarnación efímera del justicialismo, igual que antes el menemismo.
Como corresponde, ambas opciones tienen firmes partidarios dentro del heterogéneo universo que en estos años acompañó al gobierno nacional.
Todo indica que la agenda económica es la principal preocupación del jefe de Gabinete y del ministro de Economía. También es preciso señalar que en sus pocas apariciones públicas y en sus tuits, la Presidenta no ha dado un diagnóstico. Los esfuerzos, hasta ahora, no mostraron la determinación de valerse de herramientas de intervención estatal para frenar aumentos de precios o falta de liquidación de dólares por parte de los exportadores entre otras maniobras que llevan, inevitablemente, a limar a quienes tienen ingresos fijos. Es difícil saber cuánto influyen los datos propios de la macroeconomía, cuánto los de sectores privilegiados, no solo especulativos, que pretenden una mayor devaluación de la monea y, finalmente, cuánto pesan las decisiones políticas de gobierno.
Sería un ejercicio especulativo decir que las cosas estarían mejor de haberse impuesto una batería de medidas más activas, de control real de precios, con sanciones, en cambio de reuniones con cámaras empresarias que se comprometen ante la foto a cosas que son de cumplimiento eventual. Es difícil ponderar cuánto tiempo hubiera demandado instalar una red de comercios municipales con los mismos precios que el Mercado Central, sensiblemente más baratos que los de los súper o los chinos. En la misma línea, no se sabe cuánta eficacia hubiera tenido la puesta en marcha de una agencia de comercio exterior. O mayores controles de la Aduana y la AFIP. Sin embargo, a juicio de quien escribe estas líneas, el Gobierno debería advertir que por más buena que resulte una convocatoria a boicotear compras, la sociedad necesita que el Estado defienda el interés general con toda determinación. Al respecto, aunque parezca una pedantería formularlo sin más autoridad que el propio deseo, hay tres caminos que deben recorrerse de modo simultáneo. El primero es poner en marcha un plan económico global y que sea expresado al conjunto. Las apariciones y entrevistas de Jorge Capitanich demuestran su alto grado de conocimiento y sus ganas de actuar en todos los frentes, pero avanza con la agenda del día y todos saben que no es más que el jefe de Gabinete. El segundo eje es convocar al Congreso a debatir propuestas de todos los sectores para apuntalar, mejorar o corregir los planes y medidas del Ejecutivo. Sin esos debates parlamentarios, sin el respaldo de leyes consensuadas es difícil saber qué impacto pueden tener las normas y las instituciones políticas en el mundo real de los precios y los acuerdos salariales. Por último, la política no es solo de los políticos, hay instrumentos como el Consejo Económico y Social así como otras formas de consensos que revitalicen la democracia. Hay silencios que resultan demasiado ruidosos. Hay quietudes que revelan mucho movimiento. Hay uniformidades que denotan grandes divergencias.
Una combinación que aquietó las aguas
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Julian Blejmar
politica@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014
Por Julian Blejmar
politica@miradasalsur.com
Panorama económico.
Así, tras la fuerte devaluación operada dos semanas atrás, el objetivo de corto plazo fue logrado: en la semana que pasó el dólar oficial se mantuvo estable y levemente a la baja, cerrando el viernes en 7,85 pesos y experimentando la primer semana de descenso en muchos meses, mientras que el paralelo siguió desinflándose, pues cotizó casi un peso menos que la semana anterior, a 12,13 pesos. Las reservas, por su parte, bajaron en la última semana alrededor de 300 millones –de 28.100 millones de dólares a 27.821 millones–, lo cual fue una reducción significativamente menor a los 963 millones que se habían perdido en la última semana de enero, mes que totalizó con una baja de 2.499 millones de dólares. De todas formas, la disminución de reservas no tiene una relación directa con la demanda de compra de dólares, pues a partir de la nueva Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012, las mismas también se utilizan para el pago de la deuda y el financiamiento público y privado para la producción.
El camino de la nueva táctica. La nueva táctica de combinar medidas ortodoxas y heterodoxas comenzó los días 22 y 23 de enero, cuando el Banco Central llevó el dólar de $6,90 a $8,01, tras lo cual, una jornada más tarde, el Gobierno decidió liberar parcialmente el dólar para atesoramiento. A estas acciones, le continuó una suba de las tasas de interés, que desde aquellas fechas a la actualidad aumentaron nueve puntos porcentuales, para quedar por encima del 28%. El objetivo de esta última medida, también de corte ortodoxo, fue alentar la colocación de depósitos en pesos, para evitar que la moneda nacional se fugue al dólar y aumente la presión sobre el mismo, así como también frenar la especulación que los productores de granos realizaban mediante la toma de créditos a bajo costo en lugar de vender sus tenencias, calculadas en 4.000 millones de dólares. Si bien esta medida ayudó a contener el valor del dólar, sus consecuencias serán el encarecimiento del crédito y un menor nivel de actividad.
Asimismo, el miércoles pasado se reactivó una normativa del año 2003 del Banco Central, que entrará en vigencia a partir de abril, según la cual los bancos no podrán poseer más del 30% de sus activos en moneda extranjera,. Si bien el desprendimiento de casi la mitad de los 9.000 millones de dólares –entre efectivo y títulos– que los bancos poseen en su haber no modificará la posición de las reservas, pues los mismos ya se encuentran depositados en el Banco Central, la mayor oferta de la moneda norteamericana incidió en la mencionada caída de su valor durante esta semana, en la cual los bancos se deprendieron de 1.000 millones de dólares entre efectivo y títulos. Paralelamente, el Gobierno mantuvo tres reuniones con las empresas nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), quienes de acuerdo con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se comprometieron a liquidar 2.000 millones de dólares durante el actual mes y a vender, en todo el año, entre 27 mil millones y 29 mil millones de dólares.
Así, en declaraciones radiales efectuadas el pasado viernes, el economista Miguel Bein –uno de los pocos del ámbito privado cuyas proyecciones suelen cumplirse– señaló que “la corrida bancaria se terminó”, destacando que el Gobierno había logrado “el puente de todos los años” hasta abril, cuando se liquidan las cosechas, con lo que “el drama, el thriller de los últimos días, se terminó”.
Pero posiblemente, el mayor logro haya sido político, pues con estas medidas el Gobierno pudo ganar terreno frente al embate con el que algunos sectores del campo económico, político, y mediático opositor buscaron –y parcialmente lograron–, acorralarlo.
De todas formas, si bien se vio obligado a ceder parte de su agenda económica a la demanda de los grupos concentrados –fundamentalmente en lo que respecta a devaluación y tasas de interés–, el Gobierno mantuvo también el impulso a las medidas heterodoxas que signaron su gestión. Así, al programa Progresar de becas para jóvenes sin estudios ni trabajo lanzado el 22 de enero, el pasado martes se sumó un aumento del 200% en las asignaciones familiares por ayuda escolar, y se anunció que a partir de marzo los jubilados y pensionados recibirán uno de los dos aumentos anuales –el cual será del 11,37% sobre los haberes actuales–, previstos en la ley de movilidad jubilatoria sancionada por este gobierno.
En el ámbito financiero, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso la elevación de los porcentajes mínimos obligatorios para que las aseguradoras inviertan en proyectos productivos, subiendo del 10% al 14,5% el monto a destinar para inversiones en la economía real.
Se trata, en definitiva, de una combinación de medidas ortodoxas para atravesar las turbulencias financieras, junto a otras de corte heterodoxo que permitan proteger a los sectores que más se verán afectados por estas mismas medidas. Una combinación que el Gobierno comenzó a ensayar y profundizar en las últimas semanas para frenar la embestida de un sector de la oposición que logró modificar, pero no transformar, la agenda económica que se ha desplegado en estos años.
Fuente:MiradasalSur
Dialécticas
El Gobierno activa en varios frentes para mitigar las consecuencias de la devaluación. La cotización del dólar, buena nueva que va más allá de la economía. Inflación, nivel de actividad y de empleo en la mira. Los problemas coyunturales, causas específicas y estructurales. Bonus track: una lección sobre economía política en democracia.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Télam
Por una vez, para hacerse entender mejor y variar un cachito, el cronista propone una forma especial de lectura para estas páginas. Sugiere leer primero el recuadro titulado “La lección del maestro”, con cita del economista Aldo Ferrer. Esa reflexión da contexto calificado a lo que se intenta expresar en esta columna.
La visión es más general que el artículo, bastante sumergido en la coyuntura febril, pero sirve para comprenderla y vistear más allá del estrecho horizonte del día a día.El impacto de la devaluación se dilucidará en meses, cuanto menos en lo que falta del año. En la semana que pasó, la mejor nueva fue que se ancló la cotización del dólar oficial y que el Banco Central comenzó a recuperar reservas. Más aún, que hay medidas y movidas que fortalecen esa posición fiscal. El compromiso de poderosos exportadores agropecuarios para liquidar soja que tienen amarrocada en silos bolsa es una de ellas. No es producto de presiones brutales sino de un activismo estatal inteligente, que comprende haber inculcado a la contraparte la convicción de que ahora le conviene vender.
El sistema financiero también soltó dólares como consecuencia de una batería de medidas. La colocación de letras (Lebac) por parte del Central y disposiciones sobre los encajes de los bancos motorizó el desplazamiento.
El aumento de las tasas de interés incide en las decisiones de los operadores: el rendimiento de una colocación a plazo fijo puede competir con los devaneos sobre un crecimiento adicional del valor del dólar.
Y valerse del descubierto en los bancos para financiarse puede ser más costoso para las empresas que sacar unos dólares “del colchón”.
La impresión dominante (que se cuela incluso en los medios ídem, si se leen con lupa) es que la corrida cesó.
Las reservas, se presume, se fortalecerán hasta que llegue la cosecha de soja, que será liquidada en gran medida. El cronista, poco afecto a las predicciones, no las hará en este punto pero un relevamiento realizado entre economistas de distintas versiones confirma la lectura.
El más enfático en expedirse es el consultor Miguel Bein, cuyos análisis suelen dar buena cuenta de la realidad, tal vez porque no revista en ningún fundamentalismo y porque entiende de política. Bein anticipó, en su informe mensual divulgado no bien se produjo la devaluación oficial: “Seguramente, el nivel del tipo de cambio real sea hoy el más alto de los próximos meses, aunque la trayectoria de convergencia va a estar directamente dada por la política, en el manejo de la puja distributiva”. Lo ratificó en un acting televisivo durante un reportaje de Marcelo Zlotogwiazda.
El viernes comentó a varios periodistas, el firmante entre tantos, que “el Gobierno construyó el puente de plata hasta abril”. Y citó como referencia a actores privados: el mercado a futuro de Rosario vende dólares para fin de mes a $7,75 pesos y para fin de marzo a 7,90 pesos.
Si la tendencia se confirma, su trascendencia excedería la esfera económica estricta: se proyecta a la gobernabilidad misma. El asedio a las posiciones del Central, los deseos y análisis que imaginaban (o por ahí empujaban) una debacle financiera perderían asidero. Se debilitan las perspectivas reales de un “golpe de mercado”, que rondaron mentes en la city y en grupos concentrados.
Habrá que ver qué ocurre en el futuro inminente, pero lo cierto es que “las condiciones objetivas” para jugadas destituyentes han menguado.
Desde luego, jamás se puede cantar victoria, máxime cuando hay grandes jugadores que pueden haber perdido fortunas por haber comprado dólares a muy otro precio y que estarán ganosos de una retaliación.
Pero el asentamiento del peso y la mayor robustez de las reservas fortalecen al sistema democrático, anche al Gobierno.
- - -
Dura dialéctica: Claro que lo que es eficaz y hasta imprescindible en el momento tiene contraindicaciones severas. Toda realidad es dialéctica, ni qué hablar de las consecuencias de una devaluación, antipopular como sello. La suba de las tasas de interés limita al crédito, la absorción de plata “seca” la plaza. Las perspectivas del consumo se estrechan, todo lo dicho está en el manual.
El Gobierno adopta medidas que no estaban en su menú heterodoxo, tratando de matizar las consecuencias inexorables de la devaluación. El valor de los salarios en dólares ya bajó, sería tan ideal como dificultoso que se mantuviera intacto en pesos. La inflación es una derivación inevitable y dolorosa, más grave porque su nivel era elevado desde hace años.
El accionar estatal se dispersa en tratar de sostener el nivel de actividad, el de empleo, moderar la inflación. Contra lo que dicen sus adversarios políticos y los enemigos del sistema democrático, el oficialismo tiene clara la magnitud del desafío. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo conversa diariamente o más que eso con ministros y secretarios de Estado.
A los ojos de este escriba tal vez el discurso oficial se queda corto a la hora de describir las dificultades, llamémoslas “objetivas”. El señalamiento del accionar pérfido de formadores de precios, con ser válido e ineludible, es incompleto. La inflación, por caso, no es para nada exclusiva consecuencia de remarcaciones aviesas. Hay costos que suben y mucho. Lo corroboran los pactos sectoriales que el propio Gobierno avala, por ejemplo con las petroleras. Lo hace con vigor infrecuente en otras gestiones pero eso no eclipsa la lógica de los aumentos. Poner dique a las demasías es un deber que se interpreta al “modo K” (lo que en esta nota es un elogio), también es necesario asumir que el alza no encontró techo aún.
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Lo logrado y el día de hoy: El aumento semestral de las jubilaciones combina ingredientes que menciona Ferrer en estas mismas páginas. Por un lado, la recuperación de la Anses, la cuasiuniversalización de la cobertura, la fijación de un coeficiente legal para los incrementos aluden a un gobierno con poder para implementar rotundos cambios progresistas, en este caso debidamente institucionalizados. La utilización del poder político como no se hacía desde hace décadas forma parte del acervo de la sociedad y del kirchnerismo.
Por otra parte, está la recurrencia de situaciones que revelan los límites de los proyectos nacional-populares. El porcentaje de aumento en esta ocasión se queda corto. Es menor que sus precedentes: no conseguirá empardar a la inflación ya sucedida cuando se perciban los nuevos haberes y correrá de atrás a la del semestre.
La idea fija del Gobierno es “poner plata por abajo” para preservar el patrimonio de los argentinos más necesitados. La suba de la asignación preescolar es una acción coherente aunque homeopática porque se cobrará sólo una vez, en hogares de trabajadores formales que tengan chicos en edad escolar.
Más pretencioso y encomiable es el programa Progresar. La consigna entre los funcionarios es que cientos de miles de pibes se integren y empiecen a percibirlo a fin de febrero. Ese objetivo requerirá mucha acción cotidiana, mucha “infantería” que interpele a los jóvenes. Una fracción importante del conjunto de virtuales beneficiarios no estudia ni trabaja. En promedio desconfían de todo lo institucional, muchos podrían ser poco versados en el manejo de Internet y estar desmotivados para implicarse en las condicionalidades del aprendizaje. La medida es virtuosa, “apunta a un núcleo desamparado por la amplia cobertura social previa” pero como muchas soluciones de la etapa su urdimbre es más densa y menos eficaz en corto que logros previos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El rumbo es adecuado, llegar a destino exigirá esfuerzo y buena praxis.
El importe de la AUH, el mayor programa de ingresos y uno de los mejores aportes del kirchnerismo, no tiene un régimen legal de aumentos. En el corto plazo, la mensualidad deberá ser mejorada, pues, discrecionalmente. La ecuación fiscal no es la mejor pero la necesidad es imperiosa. Si se consolida la posición estatal en dólares, habrá un alivio que puede ayudar.
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Indices acusadores: Ni la valoración de cuánto se ha avanzado en casi once años ni la gravedad de la crisis obstan (más bien incitan) a repensar las carencias del “modelo” y los errores de la política gubernamental. La pérdida de prestigio y credibilidad del Indec están entre las peores fallas, no quizá por su magnitud pero sí por haber sido causada a propósito. El jueves que viene se conocerá el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (IPC-UN). Es una medida reparadora, ojalá que acierte en su ejecución.
El cronista es profano para pontificar sobre “la cocina” del IPC-UN, cree tener más idea sobre la lógica de los imaginarios colectivos. Su credibilidad inicial será muy baja, por el daño autoinfligido durante muchos años. En el mejor de los supuestos insumirá mucho tiempo reconstruirla.
Es indudable que la inflación del trimestre diciembre, enero y febrero (en buena dosis ya construida) es altísima. Si esos porcentajes acumulados se proyectaran al año, se llegaría a guarismos incompatibles con la tutela del ingreso de los trabajadores y aun de los niveles de ocupación.
Los Precios Cuidados son una herramienta interesante, mucho mejor urdida que sus precedentes cercanos.
La información es más precisa, el conocimiento de los consumidores es creciente. El seguimiento es pertinaz, habrá que calibrar los resultados que son la cabal medida del obrar estatal.
De todos modos, el alcance de la medida es parcial. Concierne a una canasta restringida. Medido a ojímetro se aplica en menos de la mitad del territorio nacional y a menos de la mitad de la población. La intención es ampliar la cobertura.
Las convocatorias a boicots y movilización de los ciudadanos-consumidores son siempre valiosas. Pero sería voluntarista suponer que son la clave para el problema de la inflación: ni siquiera la regulación celosa de los precios lo es.
En este sentido, las urgencias del corto plazo subrayan carencias instaladas y no resueltas en la década. La concentración de los formadores de precios, sin ir más lejos.
Tampoco se ha hecho tanto en materia de ampliación de las redes de comercialización que tienen precedentes sugestivos en el pasado. Ninguno podría calcarse en un país distinto, unos cuantos podrían aggiornarse.
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Cuestiones primarias: Una virtud del Gobierno es pulsear con los poderes fácticos. Su defensa acendrada de las retenciones es un bastión. La pugna con los silobolsistas le hace favor si se la coteja con la sumisión de otros gobiernos surgidos del voto popular. Todo eso dicho, siempre es oportuno indagarse por qué un país que creció exponencialmente es tan vulnerable a una especulación que, acaso, llegue a 4000 millones de dólares. Es un bruto número, más vale, pero no tan impactante si se lo compara con la magnitud del Producto Bruto Interno (PBI). Ese poder concentrado comprueba una falla del sistema económico.
Hay un núcleo duro que no se terminó de revertir. La industria genera empleo, nutre al mercado interno, activa. Pero la sustitución de importaciones es muy imperfecta, el sector industrial es muy demandante de importaciones. La tajada mayor de las divisas la provee “el campo” cuyo poder de veto y de presión crece en consecuencia. No hay conspiración en esto, sino una lógica sistémica: los sectores productivos más ligados al crecimiento de los sectores populares absorben divisas. Ahora mismo, la industria mayormente ensambladora de Tierra del Fuego, la automotriz y la actividad energética (pilares de la etapa y de su prosperidad relativa), son grandes generadoras de déficit de la balanza comercial.
Esos aspectos estructurales seguramente no se podrán superar en el corto lapso que resta del mandato de la presidenta Cristina pero sí podría haber cambios de direccionalidad o de instrumentos para aliviar la dificultad. Mirarse en el espejo es parte de la solución, máxime si se perciben los límites y las fallas.
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Todos y todas: El país transita su peor crisis desde hace muchos años. El Gobierno atraviesa su peor trance desde el 2008-2009.
Responde al reto con medidas ajenas a su ideario tradicional, las contrapesa con las más cercanas a sus convicciones.
Celoso defensor de los intereses mayoritarios, mejoró la vida y el patrimonio de muchos argentinos, de variados segmentos sociales. También amplió su esfera de derechos sociales, laborales, humanos e individuales. Consumó un reformismo intenso y constante Los representó bien y por eso fue revalidado con altas cifras de participación y adhesión en dos ocasiones.
Si se recorre bien su saga, se puede notar que a veces convenció a quienes representa con ahínco y que en otras no pudo o no supo. Poner toda la responsabilidad del “ruido” en los ciudadanos es un criterio inadmisible, autocomplaciente, máxime en una fuerza de raíz peronista.
A partir del urnazo de 2011, el oficialismo tendió a emblocarse en su base irreductible, ese envidiable e insuficiente tercio del electorado. Fue un error, que pagó en las elecciones. Sería penoso repetirlo ahora, cuando precisa (y reclama) apoyo activo.
Saber sumar, aun desde la palabra, integra el plexo de tareas urgentes.
Comprometerse con las necesidades y derechos de la mayoría de los argentinos es un blasón. Persuadirlos al respecto, un imperativo tan acuciante y seguramente no menos complejo que “clavar” la cotización del dólar.
La lección del maestro
Por Mario Wainfeld
La reflexión siguiente fue formulada por el economista Aldo Ferrer, luminoso a sus ochenta y tantos años. Fue expresada durante una extensa entrevista realizada en el programa Gente de a pie que se emite por RNA Radio Nacional (AM 870). Alude a la compleja relación entre el vivaz sistema democrático argentino y la posibilidad de producir cambios estructurales en la economía, entre otras cuestiones. Ahí va:
En otros países de América latina el poder está más estructurado.
Somos el país en el que la política no tiene andariveles: se puede pasar de (Carlos) Menem a (Néstor) Kirchner. La variabilidad de la política en la Argentina tiene un grado de dispersión mayor que en otros lados. Por otra parte, hemos tenido un largo período de inestabilidad institucional...
Es decir, que la política tiene enorme capacidad de transformación... Piensen que se resolvió el problema de la deuda como se hizo: en contra de la posición del mercado financiero internacional y del FMI. Se nacionalizaron las AFJP, el petróleo... incluso la ley de medios. Una serie de decisiones con un impacto fenomenal en el sistema de poder.
Y esto lo hace un gobierno democrático, legítimo... es muy poco frecuente en otros lados. El caso brasileño es interesante. Cuando el presidente Lula llega al gobierno la paridad estaba alrededor de 4 reales por dólar. (Tras sus primeras medidas) se armó un desorden en el campo financiero. (Solo) lo resolvió poniendo en la conducción del Banco Central a alguien del sector financiero.
Diría que tenemos una capacidad de transformación que, al mismo tiempo, es un rasgo de inestabilidad muy grande. Tal vez allí se puede encontrar parte de la respuesta a por qué hemos convivido tanto tiempo con tanta inflación. En el siglo pasado tuvimos el record mundial, con varias híper incluidas.
La Argentina es, yo creo, el país más democrático de América latina desde el punto de vista de la participación política y de la capacidad del sistema político de influir en la realidad. Pero el tema es cómo administramos ese potencial político para construir proyectos viables. Porque ya nos ha pasado, hemos tenido en otros tiempos proyectos nacionales y populares que (por infinidad de factores) se desestabilizan y abren la puerta para que vuelva el pasado. Y no es solo que el pasado tenga tanto poder de bloqueo para que el cambio no sea posible porque, si fuera así, no tendríamos alternativa. Creo que hay que observar en la propia conducta de los sectores nacionales y populares: qué es lo que hacemos mal para no poder terminar de consumar una transformación profunda.
EL GOBIERNO Y LA PARADOJICA FORTALEZA DE LA DIFICULTAD
Curva cerrada
Ni los logros de la década ni las tribulaciones de hoy dan cuenta de la situación y sus perspectivas. Es tan vano negar el ajuste como desconocer su carácter heterodoxo, con toda clase de defensas para los más débiles. El núcleo duro que pese al malhumor social mantiene su pacto de lealtad con CFK será la base de una identidad kirchnerista que dispute el futuro, o se reabsorberá en el justicialismo sin pena ni gloria. Las limitaciones estructurales que no pueden superarse en el corto plazo.
Por Horacio Verbitsky
La estrechez de las opciones económicas del gobierno nacional y la avidez de las oposiciones económica, política y mediática por sacar ventaja del momento más difícil del kirchnerismo sirven paradójicamente para medir la solidez de la construcción social realizada desde 2003. La peor coyuntura resulta moderada por los cambios previos en la estructura social y esto permite soportar un cimbronazo que de otro modo podría haber sido devastador, como ocurrió en las crisis cíclicas pasadas, en las que se hundieron el salario y la participación laboral en el ingreso. Junto a los inquietantes síntomas de los últimos meses debe ponderarse la consistencia de las políticas aplicadas en estos años, que han puesto un tope a la línea descendente que golpea sobre los hombros más débiles. Ni las teorías conspirativas sobre una crisis institucional, ni las propuestas de salida por izquierda dan cuenta fiel de la situación. El gobierno ha ingresado a una curva cerrada, pero tiene resto para disminuir la velocidad y tomarla sin derrapar ni perder el rumbo. Para más adelante quedará la evaluación del daño, económico, social y político. No tiene sentido negar que se trata de un ajuste, pero tampoco perder de vista su carácter heterodoxo y la decisión de atemperarlo con todo tipo de medidas que no desamparen a la base social del kirchnerismo. Este no será un año de avance, pero esas políticas pueden minimizar el retroceso.
Un contrato vigente
El adverso contexto internacional, con un flujo de capitales que vuelve a dirigirse de la periferia al centro; la merma de la actividad por los obstáculos a las importaciones que planteó desde Comercio Interior un especialista en jugar con cosas que pueden romperse y no tienen repuesto; el insoportable mes de diciembre (con la peor ola de calor que se conozca, los cortes de luz, los intencionados motines policiales y las consecuentes zonas liberadas); la opción del nuevo equipo económico por un gradualismo que da resultados en el agua destilada del laboratorio pero no en el barroso río de las pirañas; la aceleración del ritmo devaluatorio e inflacionario y la inmediata disparada de precios, no escalaron el conflicto social que en cualquier otra época de los últimos sesenta años hubiera producido llamas y derrumbes. A pesar de los padecimientos, la incertidumbre y la espantosa cantidad de vidas humanas perdidas en el diciembre tórrido de los saqueos, el contrato recíproco de lealtad entre CFK y la base social de su estructura política resistió. La presidente tiene conciencia de la importancia de ese pacto con un núcleo duro que, a pesar del ostensible malhumor social de los últimos meses, no la abandona porque sabe que no hay mejor opción. Durante sus últimas apariciones públicas, anunció medidas destinadas a atenuar las secuelas del salto inflacionario, como los programas de asistencia a los jóvenes de 18 a 24 años sin empleo ni estudios, el aumento a jubilados o la canasta escolar, a lo que se suman los acuerdos de precios anunciados desde la jefatura de gabinete, el Ministerio de Economía y la Anses, cuya aplicación es el nuevo terreno en disputa. Gracias a las medidas similares que se vinieron tomando durante años, no se produjo hasta ahora un salto brusco de la desocupación ni un desplome vertical de los salarios, dos variables sometidas a extrema tensión, que serán centrales en las inminentes negociaciones paritarias. Del mismo modo, la sorprendente dureza del discurso público contra el sindicalismo más dispuesto a defender las conquistas de estos años, se compensó con las reuniones privadas que Cristina mantuvo con los líderes de las centrales sindicales próximas: con Hugo Yasky en la Casa de Gobierno y con Antonio Caló en Olivos, en las que se exploraron fórmulas para que los convenios en discusión no dejen a los trabajadores a la intemperie ni realimenten la inflación. En ambos encuentros la presidente objetó la reapertura automática de las mesas de discusión dentro de cuatro o seis meses y las cláusulas gatillo de actualización a partir de cierto nivel de precios. Su contraoferta de un aumento anual pero fragmentado en tramos tampoco fue aceptada. Menos contundente fue su rechazo a un aumento inmediato de suma fija que permita aguardar hasta ver en qué niveles se aquietan las variables en movimiento, dada la dificultad de asentar algo sobre arenas movedizas.Pese a la peor crisis mundial en un siglo, el producto interno argentino de estos años superó no sólo al de los países centrales, sino también al de los demás de la región, incluso aquellos cuya producción exportable gozó de mejores términos del intercambio. Además se mantuvieron los niveles de ocupación y de salarios, a expensas de la rentabilidad de las 500 empresas de mayor tamaño, que disminuyó casi diez puntos (de 35,8 a 26,5 por ciento) desde que Cristina asumió la presidencia en 2007, como se observa en el gráfico 1. También se redujo la incidencia de las 200 empresas más grandes del país en las exportaciones: del 74,4 en el primer año del mandato inicial de CFK al 64,1 en 2012. Lo mismo ocurrió con el peso de las empresas extranjeras y los grupos económicos locales dentro de ese total, que no obstante sigue siendo descomunal. Ese 64,1 por ciento de las exportaciones en manos de 200 empresas es una limitación estructural que explica el poder de los grandes actores en esos mercados. En 2012 el superávit comercial rozó los 13.000 millones de dólares. Pero las 200 empresas más grandes tuvieron un saldo comercial de casi 30.000 millones de dólares y el resto de la economía argentina un déficit que rondó los 17.000 millones (gráfico 2). Más acentuado es el cuadro si se limita a las cruciales exportaciones cerealeras: quince empresas representan el 95 por ciento de todos los porotos de soja exportados en 2013. La vida te da sorpresas: la primera de la lista no es Dreyfuss, Cargill, Toepfer, Bunge o Nidera, sino la Asociación de Cooperativas Argentinas, con casi el 18 por ciento del total. Sumado al 7 por ciento de Agricultores Federados Argentinos la cuarta parte de esas exportaciones son manejadas por cooperativas próximas a la Federación Agraria. No por casualidad, su presidente, Eduardo Buzzi, fue el primer dirigente que en plena corrida cambiaria puso el foco en las retenciones, para advertir que no aceptarían un aumento compensatorio de la devaluación. Pero quien perfeccionó el razonamiento fue el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, quien dijo que no pedían una devaluación (¡si ya la habían conseguido!) sino “que se reduzcan y eliminen retenciones” para ganar competitividad. Se comprende: las retenciones tienen carácter estructural y cualquier territorio ganado se defiende como la casa propia. Lo mismo ocurrió con los aportes patronales reducidos por Cavallo hace dos décadas, con el mismo argumento de la competitividad. Nunca fue posible reponerlos y sólo contribuyeron a engrosar la rentabilidad empresaria sin mejorar su capacidad competitiva, que depende de decisiones macroeconómicas, de inversión y desarrollo tecnológico.
El piso o el techo
Es imposible responder en términos binarios si la fijación del tipo de cambio en 8 pesos por dólar fue una imposición de los productores y exportadores que se negaron a liquidar más de un décimo de la cosecha de soja, o una decisión soberana del gobierno nacional. El ministro Axel Kicillof prefería tipos de cambio diferenciales, pero no convenció al Poder Ejecutivo. La alternativa fue acelerar el ritmo de la devaluación, para acortar la distancia entre la cotización oficial y la ilegal del dólar. Esto pareció funcionar en las primeras semanas. Pero los exportadores agropecuarios advirtieron que si la cotización clandestina seguía como su sombra a la legal conseguirían un logro al mismo tiempo económico y político: forzarían una nueva aceleración devaluatoria y convertirían una reivindicación sectorial en el sentido común de la sociedad.Nunca antes lució tan racional el discurso de los ruralistas: a esa velocidad, “¿quién puede confiar en el peso que se le hace agua en las manos?”, como preguntó Etchevehere. En ese punto, el gobierno apretó el acelerador y recién clavó el freno en 8. La sacudida fue fuerte, como el impacto sobre precios y poder adquisitivo del salario. Para el gobierno ese número es un techo a sostener, para los exportadores un piso desde el cual planificar el ataque sobre las retenciones. Pero además, y como tardía compensación a la persistente falta de instrumentos de ahorro para quienes tienen excedentes, vino el aumento en la tasa de interés, cuyo daño colateral sobre el nivel de actividad aún no puede evaluarse. Las reservas perdidas fueron significativas pero bien empleadas, porque tendieron un puente hacia la liquidación de la próxima cosecha.
Aún así, pasada la corrida, la brecha superior al 50 por ciento sigue siendo una incitación peligrosa. De abril a septiembre ingresará al cofre del Banco Central buena parte de lo que permitió salir ahora. Lo que pase a partir de octubre dependerá de otras variables: si el gobierno volverá a utilizar el tipo de cambio como freno de mano antiinflacionario, qué ocurrirá con el Club de París y los holdouts, la proximidad de la renovación presidencial.
Restricciones
Hay opciones de política económica que han tenido un efecto benéfico sobre el empleo y el consumo pero que plantean limitaciones estructurales. La elección de la industria automotriz y de la armaduría electrónica de Tierra del Fuego como dinamizadores del crecimiento ha sido un arma de doble filo, porque ambas tienen una balanza comercial muy negativa y además incentivan el consumo energético en rubros no productivos. La integración de partes nacionales es baja en el complejo automotriz y nula en la electrónica, a lo que se suma la deficitaria cuenta de combustibles. La corrección de estos desequilibrios no es fácil y mucho menos en los plazos exiguos que plantean el balance de pagos y el calendario electoral. El mecánico Ricardo Pignanelli y el metalúrgico Antonio Caló han sido los dirigentes de la CGT más comprensivos con la maniobra económica iniciada por el gobierno para salir de la trampa de los paralelos frenos cambiario y comercial, porque sus sindicatos están entre los que más crecieron desde 2003. Pero ahora serían los principales afectados por la corrección de ambos trastornos comerciales. Caló planteó una moderación de los reclamos salariales a cambio de un compromiso de mantenimiento de los niveles de empleo. La fragmentación sindical tampoco facilita las cosas. Los docentes privados de la CGT anunciaron un pedido de aumento del 61 por ciento, una cifra irreal de la que no les costará retroceder sin costo, ya que no deben responder en asambleas ante poderosas bases organizadas, a diferencia de la Ctera que forma parte de la CTA. Todos ellos coexisten, además, con otros dirigentes enrolados en la política de oposición, como Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, cuyo petardismo verbal los asocia con marginales como Jorge Yoma, muy locuaz desde que le pidieron cuentas por sus gastos como embajador en México, o el ex senador Eduardo Duhalde quien, como el diario La Nación, lleva años penando por que se hagan realidad sus vaticinios sobre el final apocalíptico del kirchnerismo. La Nación hizo el suyo en 2003, antes de que asumiera Néstor; Duhalde en 2007, durante la primera campaña electoral de Cristina. La deriva de Moyano, del kirchnerismo ardiente a la alianza electoral con Francisco de Narváez, su reconciliación con Patricia Bullrich (quien ha perdido interés en las propiedades y cuentas bancarias del camionero) e incluso Maurizio Macrì, a quien prodigó elogios inverosímiles, es tan errática como la de un globo que se desinfla. Por intermedio de uno de sus hijos también tiende puentes con el diputado bonaerense Sergio Massa, quien no se apura por corresponderle. Con un Moyano le basta, y el juvenil Facundo le parece más atractivo que Hugo, quien hace un mes llegó a los 70 años sin encontrar la fórmula para convertir su fortaleza gremial en poder político, dada la desmesura de sus ambiciones y el desatino con que muta de alianzas, en las que no intervienen la reflexión ni el cálculo.Altri tempi
Desde distintos sectores de lo que podría denominarse la izquierda K se plantean alternativas de profundización que eludan los condicionamientos señalados: alguna forma de intervención estatal en el comercio de cereales o la lisa y llana reforma agraria. Son inquietudes legítimas para no someterse a las condiciones que se intentan imponer al gobierno y la sociedad, pero su aplicación requeriría de adecuaciones para las que al actual gobierno no le sobra el tiempo. Suponiendo que ya existiera un organismo regulador como el IAPI del primer peronismo o la Junta Nacional de Granos que disolvieron Menem y su ministro Felipe Solá, no podría dar respuesta a las advertencias del vicepresidente de Confederaciones Rurales, Pedro Apaolaza (“El productor va a comercializar cuando quiera porque todavía estamos en un país libre”).La intervención manu militari de los silobolsas está fuera de cualquier hipótesis. Las condiciones del agro argentino tampoco permiten una proyección mecánica de aquellos modelos. En la primera mitad del siglo pasado, los pequeños arrendatarios resistían la explotación de los grandes propietarios pampeanos. En el actual paradigma sojero, en cambio, no median relaciones de explotación entre quienes ceden y quienes toman tierras ya que las economías de escala operan en pequeñas, grandes y medianas superficies. Los principales tomadores de tierras son también propietarios y no agentes económicos de otras actividades económicas. Muchos obtienen reducciones de costos al aumentar la superficie trabajada y otros alcanzan un buen pasar como rentistas. Una propuesta tradicional de reforma agraria unificaría a todos en contra y en todo el país, ya que la soja rompió los límites de la región pampeana. Pero ese agro que adquirió dimensión nacional sigue siendo manejado por los descendientes de la oligarquía pampeana. Peor aún, en esas nuevas regiones sojeras hasta los trabajadores podrían identificarse con los propietarios, ya que ganan más que con los cultivos tradicionales desplazados. Sin hablar del apreciable número de gobernadores, legisladores y sus familiares, del oficialismo y de la oposición, que se dedican a esos cultivos.
Activos
Además de la fidelidad de su base a Cristina, el gobierno cuenta entre sus activos con la falta de confluencia entre los intereses de los sectores dominantes. Sólo en ese sentido la situación es similar a la de los últimos años del alfonsinismo, cuando los acreedores externos competían con los grupos locales subsidiados por los escasos recursos que le quedaban a un Estado en bancarrota y sin acceso a los mercados internacionales. La solución que idearon Henry Kissinger y el Citibank y que Menem aplicó con la pasión del converso consistió en unificar esos intereses antagónicos en un negocio común: el desguace del capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado, a precio vil. Para ello impusieron la formación de asociaciones que debían incluir a bancos acreedores que aportaban los títulos depreciados de deuda, operadores internacionales capaces de mantener en funcionamiento los servicios públicos y grupos económicos locales idóneos para aceitar las bisagras de las puertas que se necesitaba abrir, en el momento oportuno. Esos fueron los años excepcionales en los cuales se revirtió la tradicional fuga de capitales, porque los dineros fugitivos volvieron para aprovechar esa oportunidad única. Luego de la reelección de Menem en 1995, los grupos locales vendieron su participación a los extranjeros y realizaron sus ganancias extraordinarias en la producción agropecuaria y los depósitos en el extranjero, a la espera de la próxima gran devaluación, que en 2002 les concedería Duhalde. La fantasía de repetir hoy una o varias partes de esa operación no tiene asidero en los intereses y las relaciones de fuerza actuales. Apreciar el dólar y/o suprimir las retenciones es un programa del sector agropecuario al que adhirieron algunos dirigentes, como Hermes Binner, Elisa Carrió y Sergio Massa, pero que disgusta al sector industrial productor de bienes no transables y a los prestadores de servicios públicos, donde siguen prevaleciendo las empresas extranjeras. La modificación de precios relativos y el desfinanciamiento del Estado van en contra de ellos y no sólo de los trabajadores, porque de allí deberían salir los recursos que se resignen. Unificar esos intereses contrapuestos es una tarea para genios políticos y económicos, que no abundan. El debate instalado a partir de la insidiosa frase que el Papa Francisco le transmitió a José Mendiguren para que la repitiera aquí (“hay que cuidar a Cristina”, con todos los subtextos implícitos que cada uno pueda agregarle), es puro artificio. No hay condiciones estructurales para la hecatombe en la que sólo se interesan algunos vivillos irrelevantes, como Yoma, Duhalde o Barrionuevo.De ahora en más
Las consecuencias políticas de todo esto son una incógnita que nadie puede dar por resuelta con alguna seriedad y lo único que proliferan son operaciones interesadas en favorecer alguna de las hipótesis. A lo sumo puede formularse el dilema que se desenvolverá en el próximo año y medio:- El kirchnerismo consigue hacer pie en ese núcleo duro inconmovible, llega con un candidato propio a la disputa electoral y se consolida como una nueva identidad política con la que sea imprescindible contar de ahí en más, bajo la conducción de Cristina (ya sea que ese candidato se imponga, por dentro o por fuera del PJ, o que retenga un porcentaje apreciable de los votos, no inferior al 20 por ciento); o bien
- Se diluye sin pena ni gloria y estos años se recordarán con nostalgia como una encarnación efímera del justicialismo, igual que antes el menemismo.
Como corresponde, ambas opciones tienen firmes partidarios dentro del heterogéneo universo que en estos años acompañó al gobierno nacional.
En buena hora
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
En lo que resta de febrero la autoridad de aplicación de la ley audiovisual dictaminará sobre los planes de adecuación presentados por distintos prestadores antes del 7 de diciembre de 2012. Tanto aquellos consorcios cuyas propuestas sean aceptadas, como los que reciban un rechazo, tendrán 180 días para desprenderse de los activos que excedan la cantidad de licencias permitidas o que incurran en alguna de las incompatibilidades contempladas por la legislación. Las mayores novedades que se prevén conciernen al Grupo Clarín y a Telefónica. La misma noche de la elección de octubre pasado, el Grupo Clarín entendió que había perdido la batalla, porque el gobierno conservó la mayoría en ambas cámaras del Congreso y no podría modificar la ley. Lo mismo advirtió la Corte Suprema, que dos días después convalidó su constitucionalidad. Ante esa constatación, la Banda de los Cuatro decidió retener aquellos instrumentos de acción política que le permitan seguir tratando de modificar esa situación más adelante: Canal 13, la señal TN, la radio Mitre y varios canales y radios del interior. En cambio se desprendería de Cablevisión y de sus demás señales de producción propia, que serían vendidos a inversores de Estados Unidos y México, con interés en los negocios y no en la política. El otro gigante es Telefónica. Como concesionario de un servicio público debería vender Telefe. De este modo la desconcentración abriría espacio para nuevos actores que incrementaran el pluralismo de la oferta disponible. La aplicación a todos sin excepciones de esa ley imperfecta, incompleta, producto de las relaciones de fuerza de un momento dado, constituirá un rito de pasaje de la democracia argentina a la mayoría de edad.
Fuente:Pagina12
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