31/1/2014
Campesinos hacen justicia por mano propia ante abuso de sojeros e inacción de autoridades.
Pobladores de Luz Bella, departamento de San Pedro, cansados de los abusos a que son sometidos por los empresarios brasileños de la soja, decidieron hacer justicia por mano propia. Detuvieron dos camiones de gran porte repletos de soja, derramaron el cargamento en el suelo y posteriormente quemaron los aproximadamente 1.500 kilos de granos que estaban siendo transportados. Esta acción se realizó en repudio a la sojización, al avance del monocultivo de transgénicos y la pulverización con agrotóxicos en la zona, reportó Julio Franco, de Radio FM Luz Bella.
Tras las repetitivas advertencias a los camioneros y a los sojeros hechas por los campesinos de no pasar más con productos transgénicos por la colonia, en la tarde de este 28 de enero pobladores de Luz Bella decidieron detener los camiones y quemar la soja que trasportaban, ya que las fumigaciones afectan la salud de la población, destruye sus cultivos y mata sus animales.
Defensa ante agresión
Los labriegos denuncian que los organismos estatales como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), la Secretaría del Ambiente (Seam) y la Fiscalía del Medio Ambiente hacen la vista gorda a la violación de las leyes ambientales que cometen los sojeros contras las comunidades campesinas. Los pobladores observan que los empresarios sojeros gozan de todos los privilegios y que no existen derechos humanos para las personas humildes. Esta situación hace crecer la sensación de indefensión y no les queda otra opción –según afirman– que establecer un sistema de autodefensa frente a los ataques que sufren de parte de extranjeros. Además de las fumigaciones, otro de los atentados de los terratenientes contra la población son la contratación de sicarios que cometen asesinatos selectivos contra dirigentes campesinos que se oponen al avance de los transgénicos.
Amenaza de represión
En la tarde del martes pasado el asistente fiscal de San Estanislao, Fernando Medina, se constituyó en el barrio San Francisco, de la Colonia Luz Bella, para tratar con los pobladores de la zona acerca de la oposición a las fumigaciones en tres derecheras adquiridas por un ciudadano brasileño en medio del vecindario.
El representante del Ministerio Público advirtió a los campesinos que actuarán con la fuerza necesaria si los pobladores se resisten a la implementación del monocultivo en medio de la agricultura familiar campesina.
Según la denuncia, el agente fiscal argumenta que el “productor” es un ciudadano paraguayo y que tiene derecho a trabajar como cualquier otro, ignorando las violaciones de la Constitución Nacional, el Estatuto Agrario, leyes ambientales y otras disposiciones legales vigentes en el país. Los pobladores solicitaron copia del título de propiedad del brasilero, pero nunca mostraron.
Las leyes paraguayas castigan a quienes venden como también a quienes compran terrenos que hayan sido cedidos por el Estado para la reforma agraria, pero que posteriormente hayan sido vendidos a un tercero.
Además, las fumigaciones se realizan en violación de la Ley 3742 de Control de Productos Fitosanitarios, que en su artículo 68, inciso a, “Sobre aplicación terrestre de agroquímicos”, establece la obligación de “una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola”. En caso de aplicaciones aéreas, la franja de protección debe ser de 200 metros.
Asimismo, en el inciso c. de dicho artículo la ley dispone que “en casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja protección de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicidas”.
FUENTE noticias PIA
- 31 Enero 2014
Ante las declaraciones del Ministro del Interior, Francisco de Vargas, relacionadas con el “conflicto campesino”, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:
El Ministro De Vargas dice que el conflicto campesino es una cuestión política y hasta ideológica con la que algunas personas pretenden obtener réditos políticos, que la Policía Nacional no es responsable del modelo de producción y que solo cumple órdenes; señaló además que en nuestro país se pretende “satanizar” la producción de soja transgénica.
Le respondemos al Ministro por este medio que:
1. El conflicto campesino es, efectivamente, una cuestión política desde el momento en que se ven afectadas poblaciones enteras debido al avasallamiento de sus derechos humanos y comunitarios mientras unos pocos empresarios se benefician cultivando transgénicos y fumigando con agrotóxicos; además, la defensa de la vida no se trata de una postura ideológica, sino de un derecho garantizado en la propia Constitución;
2. La Policía Nacional, en conjunto con el Poder Judicial, son responsables también de que este modelo de producción continúe vigente, ya que reclamar un ambiente sano para vivir es motivo suficiente para la criminalización, las imputaciones, la persecución y la represión con balines de goma y gases lacrimógenos, tal como ha sucedido en la Colonia Luz Bella, Maracaná, Brítez Cué y Capiibary, por citar solo los de mayor repercusión.
3. La oposición contra el cultivo de la producción transgénica es, hoy por hoy, universal. Instamos al Ministro a informarse acerca de las diversas luchas que se están llevando en numerosos países a medida que salen a la luz informes sobre las consecuencias producidas por los monocultivos OGM, como urgencias humanitarias, sanitarias y ambientales. Le otorgamos un plazo prudente para leer informes de organismos internacionales, navegar en internet, acudir a la biblioteca a educarse hasta formar un criterio objetivo acerca de lo que le obliga su investidura pública, en lo que concierne a la justicia y el orden; de lo contrario, solo podemos concluir que el mismo responde a intereses de la plutocracia y que, en consonancia con el Nuevo Rumbo, su lucha contra la pobreza se resume en la lucha contra los pobres.
Nos adherimos a la causa del campesinado que resiste a las fumigaciones con agrotóxicos y que son víctimas del agronegocio en conjunto con el aparato judicial que otorga las medidas y permite el “alquiler” de la fuerza pública para proteger a quienes pisotean la Constitución en abierta afectación de los derechos conquistados. Esas acciones de resistencia a las que son forzados los pobladores para proteger su salud y la de sus animales y por los bienes comunes, son absolutamente necesarias debido a la falta de control de los organismos del Estado: el Senave –cuyo titular confesó que la institución cuenta con 2 ingenieros agrónomos por departamento, para un cultivo nacional de soja que superó las 3 millones de hectáreas en 2013–, la Seam y las Secretarías del Ambiente municipales.
La CLOC-Vía Campesina, articulación a la que estamos afiliadas, lleva 20 años de lucha por los derechos de las comunidades del campo, denunciando en todo el mundo el modelo de muerte impuesto por los agronegocios, que impacta perversamente sobre la vida y la cultura de los pueblos y que permite el lucro a costa de los intereses comunitarios.
Gente del campo y de la ciudad:
¡luchando por la vida, por la tierra y por la justicia social!
¡Alimento sano, pueblo soberano!
Envío:DiariodeUrgencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario