Otro jefe de la policía imputado por narcotráfico
07/02/2014
Foto: Policía Federal Argentina
La investigación es llevada adelante por el juzgado federal 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros,y la semana próxima resolverá la situación procesal del imputado.
Zacarías fue detenido en septiembre pasado en una finca ubicada en Funes, cerca de Rosario, con 300 kilos de cocaína y 1.300 litros de precursores químicos, en el denominado “Operativo Flipper”.
Comini era titular de la Brigada I de la ex Drogas Peligrosas de la policía de Santa Fe hasta que salió a la luz su presunta vinculación con la banda de Zacarías y el Ministerio de Seguridad provincial dispuso su pase a disponibilidad, recordaron fuentes del caso.
“Comini fue detenido el viernes pasado e imputado como partícipe del delito de tráfico de estupefacientes, agravado por la participación de varias personas y por su condición de funcionario público”, dijo un vocero judicial a la agencia de noticias Télam.
“El juez Vera Barros tiene diez días para dictar su procesamiento o dictarle la falta de mérito, es decir que la semana que viene tiene que resolver”, añadió el informante.
A la vez, agregó que el juez rechazó a instancias de la fiscal actuante, Adriana Saccone, un pedido de excarcelación del policía, por lo que continuará detenido.
Según las escuchas telefónicas acumuladas en el expediente, Comini habría alertado a integrantes de la banda que dirigía Delfín Zacarías sobre procedimientos policiales, con el fin de que “bajaran las persianas” de bunker que iban a ser allanados.
Además, en un operativo realizado la semana pasada fueron hallados recibos de expensas de un departamento alquilado por la esposa de Zacarías (Sandra Inés Martín, también procesada por narcotráfico), que figuraban como abonados por Comini.
En la causa están procesados por tenencia de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes, producción, fabricación y preparación de estupefacientes Zacarías, su esposa y sus dos hijos entre una decena de personas, precisaron fuentes judiciales.
A algunos de ellos también se los procesó por “administración y disimulación de bienes provenientes de las ganancias” del narcotráfico, atento a que los investigadores descubrieron más de 20 propiedades y 30 automóviles ligados a la organización.
El juez Vera Barros también procesó en la causa a un policía federal, José Luis Abat, alias “He Man”, como partícipe de la organización dedicada a la fabricación y venta de estupefacientes.
Fuente:RedaccionRosario
Mac Narco
“Se protege al jefe de los allanadores ilegales”
07/02/2014
El misterio de la notebook de Luis Medina continúa sin revelarse. Mientras se esperan novedades en la investigación de la jueza Rodenas, el paso de los ministros Galassi y Lewis por diputados sigue levantando polvareda. Ahora Toniolli los cruzó duro.
Tal cual publicó en su nota de tapa el periódico El Eslabón, las actas policiales refutaron la versión del ejecutivo provincial sobre cómo y por qué dos funcionarios del ministerio de Seguridad santafesino se aprestaron a “colaborar con la justicia” para desbloquear la computadora Macbook Ultrabook del presunto narco asesinado el 29 de diciembre pasado, Luis Medina, a horas de haberse obtenido en un allanamiento.
“No hubo solicitud judicial de colaboración que justifique la ida a jefatura de los funcionarios políticos Echaniz y Degratti. Los envió el ministro Lamberto anoticiado por la policía. Estando ya presentes, desbloquean la computadora personal de Luis Medina a las 23:59”, remarcó este viernes el diputado provincial Eduardo Toniolli.
Toniolli, quien participó este jueves de la interpelación a los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Justicia, Juan Lewis, repasó este viernes los datos surgidos tras las reunión. “El trámite para lograr autorización judicial lo empieza la fiscal cuando llega, a las 0:20 del día siguiente. Es decir, 21 minutos después de haber realizado la intervención sobre la maquina. Estos datos surgen de las actas, y no fueron contradichos por los ministros”, recordó el diputado provincial del Movimiento Evita.
Toniolli, indicó además que “con respecto al allanamiento ilegal a la casa de Pilar” también inquirieron al ministro de Gobierno “porqué se separó sólo a los agentes presentes en el operativo, y no al Jefe de la División (Cristian Romero), que asumió públicamente estar al tanto de la acción ilegal”.
El legislador kirchnerista cuestionó que a Romero “se le haya habilitado una licencia por un mes (para viajar a Miami), sabiendo que iba a ser citado a declarar por la jueza”, y criticó la respuesta de Galassi quien según Toniolli afirmó: “no puedo dar precisiones sobre ese tema, no soy el ministro de seguridad”.
Para el diputado kirchnerista “no es nueva la protección del gobierno provincial a Romero, jefe de la División Judiciales de la Policía Santafesina, jefe de los allanadores ilegales y de los que dejaron ir a uno de Los Monos de la misma jefatura”.
Toniolli recordó que “cuando el año pasado el fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó su legajo para investigarlo, el Ejecutivo hizo público el pedido, cuestionó a Murray por los medios, y protegió a Romero.”
La palabra oficialPor su parte, tras la reunión de este jueves a la que los ministros de Gobierno y de Justicia fueron convocados por los diputados para dar explicaciones por el desempeño del Ejecutivo provincial en el peritaje de la computadora de Medina, Galassi manifestó que desde el gobierno provincial están “convencidos de haber actuado sujetos a derecho y de buena fe, tratando de aportar en todas las cuestiones que hacen a mejorar la seguridad de los santafesinos”, y aseguró que “ante circunstancias similares, volveríamos a hacer lo mismo”.
“Hay una jueza que tiene una investigación en marcha, motivo por el cual hemos sido citados por los diputados, y si hay alguna consideración especifica con respecto al accionar de cada uno de los actores, será esta magistrada quien la haga”, planteó el ministro de Gobierno provincial.
“En ese sentido pido prudencia porque se trata de que una jueza determine, con la tranquilidad suficiente, qué ha sucedido. Pero reitero que desde el Poder Ejecutivo hemos tratado de colaborar, como con tantas acciones cotidianas que hacemos, a mejorar la seguridad pública en Santa Fe”, afirmó el funcionario.
Fuente:RedaccionRosario
Decisión política para enfrentar al narcotráfico
Dirigentes del PRO estuvieron en Rosario y se interiorizaron de sobre la falta de control político de la administración local sobre las fuerzas de seguridad
“La única forma de erradicar el narcotráfico es con decisión política; para empezar a solucionar los problemas, primero hay que reconocerlos”, coincidieron los referentes partidarios.
Por su parte, el diputado nacional Miguel Del Sel señaló que es “fundamental un gobierno que implemente los recursos necesarios, reformule el sistema de seguridad interior, fortalezca las policías provinciales y ponga en marcha un sistema de control de corrupción”. Luego, propuso el lanzamiento de un “programa integral en villas y barrios” que sufren “en forma directa” el narcotráfico y narcomenudeo, con el objetivo de “combatir las redes y de generar oportunidades para los jóvenes”.
El encuentro contó, además, con la presencia de los diputados nacionales Héctor Baldassi, Gisela Scaglia, Ricardo Spinozzi, Jorge Triaca, Cornelia Schimidt Liermann, Pablo Tonelli y Eduardo Cáceres; los diputados provinciales Federico Angelini, Alejandra Vucasovich, German Mastrocola y Raúl Fernandez; y los concejales por Rosario Roy López Molina y Anita Martínez; y el Director Académico de la Fundación Pensar y legislador porteño Iván Petrella.
“Queremos seguir trabajando con todos los espacios porque tenemos la obligación de hacer políticas de Estado y ponernos de acuerdo en los temas transcendentes para la gente, como el narcotráfico y la inseguridad”, afirmó la senadora nacional, Gabriela Michetti.
“Necesitamos decisión política para parar a los narcos, nuestras fronteras están absolutamente descubiertas, ya no es un colador, sino un agujero”, criticó el presidente del bloque PRO en Diputados, Federico Pinedo. “Por eso, una de nuestras propuestas se centra en la importancia de radarizar el espacio aéreo argentino, que sólo lo ha hecho en un 10 por ciento, mientras que nuestros países vecinos alcanzan un 90”, indicó.
Asimismo explicó que al estar “liberado” el territorio argentino, la droga “emigró” hacia nuestro país generando así que la Argentina “deje de ser un país de tránsito, para ser productor y consumidor”.
Para finalizar, la diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich afirmó que “estamos dispuestos a trabajar para resolver el problema del narcotráfico de forma conjunta sin distinción de banderas políticas” y enfatizó en la necesidad de “separar al narcotraficante del adicto” para poder ayudar a estos últimos a “recuperarse y alejarse de la droga”.
Fuente:PoliticaPlus
Sábado, 08 de febrero de 2014
"Con la estructura actual investigar 300 homicidios anuales es imposible"
Entrevista a Luis María Caterina, juez de Instrucción de Rosario. Estuvo en turno la segunda quincena de enero, a días deel sistema penal santafesino más relevante de su historia.
“En 15 días de mi turno en la feria de enero hubo 17 homicidios. Solamente en tres hubo detenidos”, dijo Luis Caterina
Por María Laura Cicerchia
Caterina estuvo a cargo del trámite de causas penales durante el receso de verano, en un territorio que además del distrito judicial de Rosario abarcó los de San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda y Cañada de Gómez. En las dos últimas semanas de feria que tuvieron un juez al mando se abrieron más de 400 causas y escaló la estadística de los homicidios dolosos. En la zona de Rosario fueron 33 en todo el mes, un 39 por ciento más que el registro ya alto del año pasado. En ese escenario, fueron detenidas más de 120 personas y se tramitaron 70 oficios de libertad. Todo con una infraestructura de siete empleados y un secretario. Sobre esa experiencia reflexiona en esta nota, de cara a la reforma, que lo encontrará trabajando en el sistema de conclusión de causas iniciadas bajo el viejo sistema escrito.
— ¿Cuál fue la dinámica de trabajo en la última quincena de la feria?
—En este último turno se vio bien claro un contexto territorial ocupado por violentos. Sobre todo en tres hechos aberrantes: una nena de 5 años que murió en un tiroteo, un ataque a una chica de 16 años que estaba tomando mates y el crimen de un hombre de 77 años (acuchillado en su casa de Empalme Graneros). Esto quiere decir que la situación está descontrolada: no se trata ya de enfrentamientos entre bandas sino que caen inocentes. Son cosas preocupantes. Y los hechos se han extendido: antes estaban más concentrados en Las Flores o La Tablada. Ahora son en todos lados y cada vez más graves. Antes preocupaba el cobro de peaje, hoy eso pasó a segundo plano.
—En ese contexto se destacó el repunte histórico de los homicidios. ¿Cómo analiza ese dato?
—Estos homicidios indiscriminados están hablando de una política de dominación, no digo que esté diseñada como tal, pero sí que opera de esa forma en la práctica. El hecho de que haya un mural del Pájaro Cantero está significando que hay un Estado que está cada vez más corrido y es reemplazado en sus funciones. Frente a eso, lo que tenemos es una segmentación de la seguridad: corredores seguros para los taxistas, policías de proximidad, controles para las estaciones de servicios. La gente se encierra, la policía patrulla ámbitos determinados y el resto queda desprotegido. Son estrategias reactivas. Pero la seguridad es pública y general, si la privatizamos y la segmentamos no es seguridad. ¿Quién puede privatizar la seguridad? El que pone una alarma, el que compra rejas, el que tiene vigilancia privada o el que vive en un barrio cerrado. Entonces, cada vez zonas más grandes ya no están agredidas por los violentos, sino dominadas. Sólo en mi turno hubo 17 homicidios.
—¿En cuántos de esos casos hubo detenidos?
—En tres. Cuatro causas tienen sospechosos individualizados. Pero los otros son todos NN.
—Esto se percibe como impunidad y genera un enorme descontento social. ¿Qué causa el bajo esclarecimiento de los homicidios?
—Con la infraestructura actual, policial y judicial, es imposible hacer frente a la investigación de 300 homicidios anuales, en números redondos. Sin una política global de seguridad, es impensable. Hoy quedan impunes no sólo por las falencias de las investigaciones sino porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para que los ciudadanos comunes presten colaboración. Aún suponiendo que esclareciéramos todos los homicidios, no tenemos capacidad operativa para cuidar a dos testigos por causa. Sólo los que están muy cercanos a las víctimas se comprometen. La sensación de impunidad alcanza a quien ejecuta el delito y también a quien es testigo del delito. Hay que vivir en el mismo barrio del que mató a tu vecino. Sin una estructura para que la gente se sienta contenida, es imposible esclarecerlos.
—¿Qué les compete en esto a jueces y fiscales?
—Creo que funcionamos bien dentro de las limitaciones que tenemos. La impunidad no se fomenta ni se permite alegremente: investigamos, pero dentro de una escasez de medios materiales. Y dentro de un sistema de garantías que voy a defender a muerte: no se puede detener sin pruebas.
—¿A qué se refiere con una política de seguridad global?
—El tema es de una complejidad tal que requiere avanzar en muchos frentes simultáneamente. Hay que recuperar el territorio hoy ganado por bandas narcos o violentos. Hay que desarticular a todos los grupos delictivos, si no parece que el Estado se concentra en uno para favorecer a los otros. Recuperar la escolarización, a los jóvenes "ni-ni". En ese sentido la jornada extendida en las escuelas me parece una medida fantástica. Urgen lugares públicos de recuperación de adictos y no estamos dando respuestas a los que delinquen, simplemente los sacamos de circulación un tiempo: en las cárceles no hay suficiente trabajo y las medidas sustitutivas de la prisión no dan resultados por la falta de control. Creo que hay que mirar las experiencias lationamericanas antes que las europeas. Hay experiencias positivas y negativas que han recorrido los colombianos, los brasileños y los mexicanos. Nuestra problemática es esa.
—¿Qué expectativas tiene ante la reforma penal que arranca el lunes?
—Llevará un tiempo lógico de acomodamiento. Habrá que tener calma antes de exigir resultados positivos. Creo que la reforma es buena, pero hemos puesto una carrocería de Ferrari con repuestos de Renoleta. ¿A qué me refiero? A que sin una policía de investigaciones que dependa del Poder Judicial y una política criminal global, la reforma no puede generar grandes expectativas. Va a ser positiva en cuanto a la transparencia, la agilidad y la cercanía, pero en lo inmediato no mucho más. No podemos pretender soluciones en seis meses. Hay temas sobre los que no se conoce lo suficiente y es de esperar que la Fiscalía Regional avance rápido en eso: ¿de dónde salen las pistolas 9 milímetros que son hoy casi el arma de uso masivo? La reforma es buena en tanto la prevención sea activa y generalizada.
—¿Por qué cree que la policía de investigaciones debe depender del Poder Judicial?
—Es imprescindible que dependa del Poder Judicial o al menos de las fiscalías. Porque así se toma distancia de las investigaciones meramente policiales. Esto supone más garantías y más transparencia. Y se distingue bien lo que es una policía de investigación de la policía de seguridad, que con esta división se ve beneficiada y recibe funciones delimitadas claras. Ha sido casi un resabio monárquico continuar con esa dependencia en el ámbito del Poder Ejecutivo.
—¿Cómo se va a trabajar en el cierre de causas residuales bajo el viejo sistema de juicio?
—Tenemos que apostar a que lo nuevo empiece bien. Si los que permanecemos en el viejo sistema tenemos que hacer algún sacrificio, lo haremos. De hecho estamos trabajando con una planta reducidísima por la cantidad de personal que se volcó al nuevo sistema. Entendemos que no vamos a ser la prioridad y está bien porque de a poco el esquema residual se va a ir achicando. Con recursos escasos, hay que apostar a que lo nuevo empiece a funcionar bien y que de respuestas para que sea confiable.
Fuente:LaCapital
El asesinato del empresario Luis Medina sigue dejando tela para cortar. Después de la visita que los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Justicia, Juan Lewis, realizaron el jueves último a la Legislatura provincial, y cuyas explicaciones no conformaron a la oposición, un grupo de diputados encabezado por el justicialista Héctor Acuña decidió conformar una comisión investigadora para tratar de esclarecer los motivos del crimen.
La iniciativa tiene el apoyo de todos los sectores de la oposición –los nueve sub-bloques del PJ y los dos de Unión PRO-Federal– y su objetivo central es investigar el asesinato del empresario sospechado de narco y, a la vez, establecer si hubo irregularidades por parte de la Justicia o del Poder Ejecutivo.
Este jueves, Galassi y Lewis se entrevistaron con una treintena de diputados del oficialismo y de la oposición. Allí, defendieron la actuación de los funcionarios del Ministerio de Gobierno –Javier Echaniz y Martín Degrati– que participaron, en las primeras horas después del asesinato, del peritaje de la notebook de Medina.
Los legisladores opositores remarcaron que no hubo orden judicial que habilitara la participación del Poder Ejecutivo en las pesquisas y plantearon sus dudas respecto de las verdaderas intenciones del gobierno provincial. Finalizado el encuentro del jueves, desde la oposición avisaron que ingresarán un proyecto para conformar una comisión legislativa investigadora “para llevar esto hasta las últimas consecuencias”, según definió el diputado Acuña, titular de la comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Según Acuña, “hay tres cuestiones centrales: una es la solicitud por parte del poder político para la colaborar en el peritaje, otra es la autorización de esa colaboración y la tercera es la urgencia que tuvo el gobierno en peritar y abrir la computadora antes que lo haga la Justicia”.
El empresario Luis Medina fue asesinado a balazos a fines de diciembre último junto a su novia Justina María Castelli Pérez en una emboscada cuando circulaban a bordo de su auto por el acceso sur. En la primera etapa de la investigación, la participación de dos funcionarios del gobierno –Echaniz y Degrati– levantó sospechas en todo el arco opositor.
Durante enero, los diputados del PJ y del PRO se reunieron en la ciudad y decidieron convocar a los ministros Lewis y Galassi a la Legislatura. En el encuentro, celebrado el último jueves en Santa Fe, los representantes de la oposición pidieron más detalles a los funcionarios sobre el operativo posterior al asesinato del empresario sospechado de narco –que incluyó un procedimiento irregular en un country de Pilar por parte de la Policía provincial– pero no quedaron conformes con las respuestas.
Igual que ocurrió con el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli, detenido por su supuesta vinculación a bandas delictivas y procesado por coacciones contra Norma Castaño, el caso Medina unió a todos los espacios de la oposición, tanto del justicialismo como del PRO.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
El crimen de Medina, bajo la lupa
8 feb, 2014
Tras la visita que los ministros Galassi y Lewis realizaron el jueves a la Legislatura provincial, un grupo de diputados encabezado por el justicialista Héctor Acuña decidió conformar una comisión investigadora para tratar de esclarecer las causas del homicidio.
8 feb, 2014
El asesinato del empresario Luis Medina sigue dejando tela para cortar. Después de la visita que los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Justicia, Juan Lewis, realizaron el jueves último a la Legislatura provincial, y cuyas explicaciones no conformaron a la oposición, un grupo de diputados encabezado por el justicialista Héctor Acuña decidió conformar una comisión investigadora para tratar de esclarecer los motivos del crimen.
La iniciativa tiene el apoyo de todos los sectores de la oposición –los nueve sub-bloques del PJ y los dos de Unión PRO-Federal– y su objetivo central es investigar el asesinato del empresario sospechado de narco y, a la vez, establecer si hubo irregularidades por parte de la Justicia o del Poder Ejecutivo.
Este jueves, Galassi y Lewis se entrevistaron con una treintena de diputados del oficialismo y de la oposición. Allí, defendieron la actuación de los funcionarios del Ministerio de Gobierno –Javier Echaniz y Martín Degrati– que participaron, en las primeras horas después del asesinato, del peritaje de la notebook de Medina.
Los legisladores opositores remarcaron que no hubo orden judicial que habilitara la participación del Poder Ejecutivo en las pesquisas y plantearon sus dudas respecto de las verdaderas intenciones del gobierno provincial. Finalizado el encuentro del jueves, desde la oposición avisaron que ingresarán un proyecto para conformar una comisión legislativa investigadora “para llevar esto hasta las últimas consecuencias”, según definió el diputado Acuña, titular de la comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Según Acuña, “hay tres cuestiones centrales: una es la solicitud por parte del poder político para la colaborar en el peritaje, otra es la autorización de esa colaboración y la tercera es la urgencia que tuvo el gobierno en peritar y abrir la computadora antes que lo haga la Justicia”.
El empresario Luis Medina fue asesinado a balazos a fines de diciembre último junto a su novia Justina María Castelli Pérez en una emboscada cuando circulaban a bordo de su auto por el acceso sur. En la primera etapa de la investigación, la participación de dos funcionarios del gobierno –Echaniz y Degrati– levantó sospechas en todo el arco opositor.
Durante enero, los diputados del PJ y del PRO se reunieron en la ciudad y decidieron convocar a los ministros Lewis y Galassi a la Legislatura. En el encuentro, celebrado el último jueves en Santa Fe, los representantes de la oposición pidieron más detalles a los funcionarios sobre el operativo posterior al asesinato del empresario sospechado de narco –que incluyó un procedimiento irregular en un country de Pilar por parte de la Policía provincial– pero no quedaron conformes con las respuestas.
Igual que ocurrió con el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli, detenido por su supuesta vinculación a bandas delictivas y procesado por coacciones contra Norma Castaño, el caso Medina unió a todos los espacios de la oposición, tanto del justicialismo como del PRO.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
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