SAN LUIS: EL JUICIO AVANZA, CON GARANTÍAS PARA LOS ACUSADOS, PERO UN DEFENSOR DECIDE BAJARSE.

20.02.2014
Eduardo Esley no toleró que el TOF declarara "extemporánea" una recusación
San Luis: El juicio avanza, con garantías para los acusados, pero un defensor decidió bajarse

Represores de la dictadura en el banquillo: gozan de garantías que les negaron a sus víctimas.
San Luis.- El abogado Norberto Foresti, representante de la APDH de San Luis y querellante en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se cumple en la capital puntana, ponderó el avance del proceso y afirmó hoy que "básicamente están dadas todas las garantías a los procesados que no tuvieron las víctimas en los años de terror iniciados en 1976". Mientras tanto, el abogado defensor de cinco imputados en este segundo juicio que se realiza en la provincia, Eduardo Esley, renunció ante el TOF presidido por Héctor Cortes, luego de que el organismo rechazara una recusación en su contra por considerarla "extemporánea e improcedente".

"Han pasado ya más de 40 testigos -declaró el querellante Foresti- y a pesar de los escasos días fijados para las audiencias, es un número realmente bueno, con testimonios sorprendentes, como el caso de Lucy María o el de Alejo Sosa que resaltaron lo vivido por ellos prolongándolo en el tiempo", señaló el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos puntana.

Sobre el reinicio de las audiencias, el 6 de febrero último, Foresti afirmó que "tuvo una particularidad llamativa, con la renuncia de uno de los vocales del Tribunal Oral Federal (TOF), José María Pérez Villalobo, situación que fue resuelta incorporando en su lugar a Oscar Hergott, quien se desempeñará junto a Héctor Cortes y Marcelo Alvero". "Fueron -aclaró- muy importantes las jornadas del 6 y 7 de febrero último, porque declararon dos víctimas, Juan Cruz Sarmiento y Víctor Carlos Fernández, y ambos dieron fundamento de todas las crueldades cometidas, apremios ilegales y el sometimiento de ambos a este régimen brutal de 1976". Destacó el caso de otros testigos, como la sobrina del desaparecido dirigente peronista, Domingo Chacón, de la localidad de Luján, quien dijo que cuando estaba descansando con su abuela, en la casa de donde lo habían sacado a Chacón, irrumpió violentamente con armas una comisión del Ejército, al mando del teniente Ricardo Alfredo Rossi, a quien reconoció por fotos de aquella época.
   
La testigo afirmó además que a los pocos días del allanamiento, los militares volvieron a pasar e irónicamente le preguntaron si no sabían nada de Chacón, "siendo que en verdad habían sido los militares los que se lo habían llevado", resaltó. También resaltó testimonios de "compañeros de Quines y Candelaria, y que también fueron contundentes en las descripciones de sus detenciones ilegales y el accionar del Ejército, que se trasladó en jeep y camiones desde la ciudad de San Luis hacia el norte y que regresó a San Luis cargado de militantes de aquella zona". "Ellos relataron las torturas y padecimientos físicos a que fueron sometidos y señalaron como responsables de estos operativos ilegales a (al exteniente Ricardo) Rossi, (al excapitán Carlos Esteban) Pla (exjefe de la policía de San Luis en esa época), (al exteniente Alberto) Camps, entre otros", acusados de participar en detenciones de militantes.

"Uno de estos testigos trabajaba en el Banco de la Provincia de San Luis por aquellos años y adjuntó copias del legajo de él y de otro compañero, donde consta que fueron detenidos por `averiguación de antecedentes` y que quien estaba al mando era Rossi". "Pudo probarse además que quienes certifican las detenciones al Banco de la Provincia son los actuales imputados, Juan Carlos Pérez y Ricardo Rossi".

Asimismo, el abogado destacó "la valentía de las víctimas y los testigos en cada una de las
jornadas". Sostuvo que la reciente detención y llamado a indagatoria de Alberto Camps, "no fue algo sorpresivo porque desde la querella habíamos insistido ya en la instrucción acerca de su detención".

La querella espera ahora que el Juzgado Federal ordene el procesamiento que el Fiscal ha solicitado, teniendo en cuenta las pruebas existentes en relación a Camps. En esta oportunidad se juzgan por segunda vez a los exmilitares Ángel Fernández Gez (exjefe de la Guarnición Militar San Luis) y Carlos Esteban Pla, y a los exmiembros de esta fuerza, Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes ya fueron condenados en 2009.
   
Ahora se suman a la lista de imputados los militares y policías retirados Luciano Benjamín Menéndez (juzgado en ausencia), Vicente Ernesto Moreno Recalde, Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro, y Pedro Armando Gil Puebla. También Nelson Humberto Godoy -exjefe departamental de la Policía de San Luis, en Villa Mercedes-, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofré, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Alberto Jorge Moreira, Jorge Félix Natel, Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomás Palma, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi.
   
Se investiga la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildegardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis. Además. la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.
   

Renuncia Esley y deja todo en manos del defensor de oficio
Eduardo Esley se negó a continuar representando a Horacio Angel Dana, Andrés Leonardo García Calderón, Raúl Benjamín López, Alberto Jorge Moreira y Iginio Rafael Robles, lo que obligó a los acusados a optar por la defensa oficial o nombrar a otro letrado para que los representara. "Avalar a este tribunal sería traicionar a mis representados", afirmó Esley, para retirarse luego del recinto de audiencias. La decisión hizo que el Tribunal debiera asegurarse de que los imputados estuvieran debidamente representados para no vulnerar su derecho de defensa, hecho que se zanjó con el nombramiento de Eduardo García Garro en representación de Dana, García Calderón, Moreira y Robles, en tanto, López optó por ser representado por el defensor oficial, Santiago Bahamondes.

La actitud de Esley fue calificada por los abogados de la querella, Norberto Foresti y Carlos Pereyra Malatini, como "un intento burdo de detener el juicio que se lleva a cabo ante un tribunal que ha demostrado ser imparcial y técnicamente capaz para reafirmar el derecho a defensa de los imputados".

Los abogados aseguraron a Télam que "técnicamente la denegación resuelta por el TOF, carecía de fundamentos para su aprobación ya que Esley cometió errores formales, como el tiempo de la presentación, que inhabilitan el tratamiento de la cuestión de fondo, por extemporáneo".
   
Una vez resuelto el incidente, se escuchó la declaración de Celso Clemente Riquelme, policía jubilado de la localidad de Luján, que se encontraba de guardia en la comisaría de esa localidad cuando el dirigente peronista Domingo Chacon fue secuestrado de su casa por un grupo de tareas compuesto por personal del Ejército y la policía de la provincia.

La comisaría de Luján se encuentra a 30 metros de la casa del dirigente secuestrado, sin embargo, el ex policía negó haber visto el operativo en el que se lo llevaron y negó además que sus familiares hubieran reclamado por su aparición en esa dependencia.
Fuente:Telam