Una crónica desde el oeste: Santa Catalina
Tres meses después de que Sergio Lemos fue asesinado por un policía, la vida sigue en Santa Catalina, ese barrio pegado al Cerro, con aire de pueblo y la playa más contaminada de la ciudad.
SEBASTIÁN CABRERA-01 feb 2014
Hay algo que recuerda a los morros brasileños. Es probable que sean las calles, en bajada, que se hacen cada vez más angostas a medida que uno avanza y allá al final se convierten en pasajes y mueren en una pequeña playa de puntas rocosas. O la vegetación, bien verde, y el vecino parque de Punta Yeguas, que le dan al lugar un toque bastante agreste. También ayuda el cielo plomizo, y una humedad insoportable, que anuncian que se viene tormenta. Esto podría ser un morro brasileño pero el agua amarronada del Río de la Plata indica que estamos en Montevideo.
Es Santa Catalina, en el oeste y a cinco minutos en auto del Cerro.
Con 5.731 habitantes según el último censo, esta zona ha crecido en las últimas décadas y es muchas cosas al mismo tiempo. Es una extensión natural del Cerro. Pero no es el Cerro: es un barrio con identidad propia, cierto aire de pueblo y un ritmo cansino. Y es un barrio bastante politizado donde desde hace mucho gana el Frente Amplio. Es un feudo del MPP pero los grupos radicales de izquierda también tienen cierto peso.
Ahora, además, el barrio está asociado a la crónica roja después del asesinato de Sergio Lemos, en la noche del 4 de noviembre. El muchacho, de 19 años, iba en su moto y un policía le disparó. Esa noche se había dispuesto un gran operativo policial tras una rapiña a un almacén. Lemos no estaba armado ni había participado en el robo. Igual le dispararon.
Pero Santa Catalina también es balneario con playa y todo.
Allá mar adentro pero no muy lejos se ve una de las dragas de la obra de la regasificadora de Puntas de Sayago, que extrae material del río. Hacia el oeste, el edificio de la vieja fábrica textil Pedro Ferrés y compañía, hoy abandonado.
La arena está húmeda. Una cañada baja en el medio de la playa, otras en los costados. Lo que arrastran estos arroyitos son las aguas servidas de cientos de hogares de Santa Catalina. Por eso, la bandera en el puesto de guardavidas es roja con una cruz verde en el medio; eso significa que la playa está contaminada.
Y está contaminada, se supone, por esas aguas servidas que llegan desde las casas. La situación ha empeorado en los últimos veranos. En Santa Catalina muchos no tienen pozo negro y también abundan los "robadores", esos cañitos que tiran el agua a la calle. Resultado: todo va a la playa.
Algunos vecinos dicen que el dragado de la regasificadora ha removido todo y que tiene su influencia en la contaminación. Pero la teoría no está comprobada: lo que hay son coliformes fecales, y eso a priori no tiene mucha relación con los sedimentos que se remueven en el mar. También hay quienes dicen que hace cinco años el centro comunal arregló la caminería de Santa Catalina e hizo unas zanjas profundas, que funcionan tan bien que han colaborado en arrastrar todas las aguas servidas hacia la playa.
Gerardo Palacios, un vecino que tiene su rancho frente a la playa y una llamativa cabellera rasta, está convencido que eso es así. En el comedor del rancho, Palacios muestra fotos y hace dibujos en un papel, se desespera por intentar convencer que aquella obra tiene una gran influencia en la contaminación de la playa.
"Yo te la llevo que la gente tiene su culpa", dice, "pero fijate que con esta canalización confluyen todas las cañadas en la playa".
Una fuente de la Intendencia de Montevideo, que pide no ser identificada, le da algo de razón: aquella obra agravó la situación, al igual que el aumento en la población de la zona. La única solución es que llegue el saneamiento a Santa Catalina. Pero para eso falta bastante: no está previsto que suceda antes de 2020, según la información que manejan los concejales vecinales del barrio. Y las muestras de agua que ha tomado la intendencia han dado resultados alarmantes. Esta temporada, la playa de Santa Catalina ha tenido una media de 1.867 coliformes fecales cada 100 mililitros, cuando lo máximo permitido es 1.000 coliformes y la mayoría de las playas montevideanas tienen valores por debajo de los 200. Además, algunos registros han sido peligrosamente altos: el 4 de enero había 16.834 coliformes cada 100 mililitros y la semana anterior 9.385 coliformes.
Es mucho. Por lejos, es la playa más contaminada de Montevideo. La falta de saneamiento es uno de los dramas de Santa Catalina. Pero no el único.
En Santa Catalina los fines de semana viene mucha gente, pero hoy -que está nublado y es día de semana- pueden disfrutar de la playa casi exclusivamente para ellos.
"Yo le digo a Mateo que cierre la boca y ya está", dice Walter. "¿Me explico?", pregunta. Y después le ordena a su hijo que, si se quiere bañar, lo haga ya, porque se hace tarde y hay que volver a casa. En la otra punta de la playa, unos muchachos juegan un picado. Otros prefieren ir a la vecina playa de Punta Yeguas, que no está contaminada, pero para eso hay que caminar unos 300 metros por la arena.
En la primera semana de enero la Intendencia de Montevideo retiró la escuela de canotaje que funcionaba allí y dejó de enviar a profesores de educación física. El servicio de guardavidas se mantiene, porque la gente se baña igual, a pesar de la recomendación de no hacerlo.
De hecho, hace poco dos niños se ahogaban y los guardavidas, un varón y una chica, entraron a rescatarlos. Al día siguiente, ella empezó con un fuerte cuadro de gastroenterocolitis que le duró varios días. Su compañero Santiago cuenta la historia y dice que ellos no pueden dejar de actuar. Pero es un riesgo para su salud.
"Allá vive el tambero", dice una almacenera que tiene su negocio en el pasaje No me olvides. Y señala una casa que está justo atrás de la casilla de los guardavidas y al lado del rancho de Palacios, el vecino rasta.
La casa de Jorge Zabalza está enrejada, tiene postigones de madera y adentro dos perros que ladran cuando alguien pasa. Es, sin dudas, una de las casas más lindas de la zona costera de Santa Catalina. Esta zona es llamada despectivamente como "el cante" por algunos de los que viven más arriba. Zabalza es el vecino famoso en la zona sur, de calles angostas, en picada y una casa casi arriba de la otra. Los ranchos son humildes, pero -eso sí- dignos. En la zona norte hay casas algo más señoriales o, al menos, más de balneario. En esa zona, más acomodada, el vecino famoso es Luis Rosadilla, exministro de Defensa. Zabalza y Rosadilla, viejos compañeros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y hoy rivales en la política, viven a unas siete cuadras de distancia. Pero, si se cruzan, ni se saludan. Se ignoran.
De chancletas, bermuda en tonos grises y remera naranja, Zabalza abre el portón de su casa e invita a pasar. "Esto antes era una playa de verdad, había médanos", se queja. Ahora no se ve ningún médano frente a su casa. Se acomoda el pelo, tiene cara de dormido ("anoche hacía mucho calor, costó dormir", dice) y entra al garaje, donde está su Volkswagen Gol.
Zabalza se instaló en la zona más o menos hace 25 años. Al regreso a la democracia el comité ejecutivo del MLN había decidido "insertarse" en los barrios humildes y eligió esta zona. Después le gustó y se quedó. Hasta puso una carnicería, que luego vendió. Hoy vive con su esposa Veronika, hija de Henry Engler, también tupamaro y rehén de la dictadura. De 70 años, Zabalza dedica buena parte de su tiempo a escribir. Ahora está preparando un libro sobre la historia reciente.
Zabalza se sienta en una mesa en el garaje y enseguida se pone a hablar de todo lo que rodeó a la muerte de Lemos, que define como "una tragedia tremenda, una violencia desmedida de la Policía".
Cuando él habla, se sabe, no solo habla un vecino de Santa Catalina. Habla también un político, un férreo opositor al gobierno. Dice que le llama la atención la "ausencia de los representantes del gobierno que viven acá", a quienes él les preguntaría qué hicieron y qué hacen para evitar la violencia policial contra los jóvenes, "que no tienen un lugar dónde estar" y por eso pasan las horas en la plaza o en las calles. Se refiere, en concreto, a Rosadilla y a Graciela Garín, ex edil del MPP, ahora en la Intendencia.
Pero Zabalza también dice que la muerte de Lemos opacó otras tragedias, menos graves. Como la de Hernán, un amigo de Lemos apaleado por los mismos policías y detenido varios días. La de Lorena, una muchacha que también fue golpeada por los policías en la cabeza. Y la de Graciela Ríos, "la Perica", la almacenera robada aquella noche, culpada al principio por "los gurises" por haber llamado a la Policía. Hasta le tiraron un cóctel molotov en el techo del almacén. Zabalza dice que ahí los muchachos se equivocaron, porque además su testimonio fue determinante en el procesamiento del policía.
Una consecuencia de la tragedia, según Zabalza, es una notoria baja en la presencia policial desde aquel momento (de hecho, Qué Pasa visitó la zona dos días distintos y no vio un solo policía). Y Zabalza también dice que la Guardia Republicana, que antes "provocaba" a los jóvenes y hacía el "222" atrás de los ómnibus, hoy ya no entra a Santa Catalina.
Ómnibus y robos.
La terminal está en el centro, a tres cuadras de la costa. En verano allí se baja la gente que viene a hacer playa desde otros barrios como el Cerro, La Teja, Belvedere y Nuevo París.
Ni el inspector ni los choferes de los ómnibus quieren hablar de lo que pasó después del 4 de noviembre ni de la seguridad en el barrio. Uno de ellos, que no da su nombre, sí dice que robos y arrebatos hay, "y a veces a mano armada".
A unas cuadras de allí, un comerciante cercano al almacén de Perica, el que fue robado aquella noche, opina que el problema es "el malandraje" que viene desde otras zonas a hacer playa en Santa Catalina. Y que, al atardecer, hace de las suyas. "Un boleto barrial sale 10 pesos y eso complica", dice, y pone cara de resignado.
Sin embargo, si uno camina por las calles de Santa Catalina no percibe un clima de inseguridad ni sensación de peligro. Al menos durante el día.
En la calle Víctor Hugo, casi frente al almacén de Perica, está la escuela 309. En uno de sus muros, se lee: "No somos ni los mejores ni los peores. Somos distintos". Por ahí una gallina y unos pollitos picotean el piso, en busca de comida. Y, en un cordón, Danilo y Jonathan, dos muchachos que no llegan a los 20 años de edad, terminan de fumar un porro frente al almacén y, por lo tanto, al lado del sitio donde le dispararon a Lemos.
Ellos dicen que lo conocían. Que "el botija" era muy bien y trabajaba con su padre en la barraca. Señalan un charco de agua en la esquina y dicen que sobre ese charco Lemos aceleró y entonces el policía le disparó sin más. Lemos cayó.
Danilo y Jonathan se ríen de a ratos. Dicen, casi a coro, que es una injusticia que haya un solo policía preso, que otros también son cómplices. Dicen que la Justicia es injusta. Dicen, también, que los que robaron no eran de Santa Catalina, que todos saben eso muy bien.
A Willman Pereyra lo conocen como Kiko. Tiene 53 años, es militante del MPP y concejal vecinal del barrio. Además, es empleado de una empresa de instalación de sistemas anti incendios pero hace unos días lo enviaron al seguro de paro, porque hay poco trabajo. Pereira vive cerca de lo de Rosadilla, en la zona norte de Santa Catalina, donde se mezclan las casas típicas de balneario con otras más humildes y también algunos comercios. En una casa se anuncia que venden nafta y en otro comercio hay "tragamonedas y cigarros". Por ahí también hay un local de los Testigos de Jehová.
La casa de Rosadilla tiene rejas azules y las persianas bajas, porque el ex ministro salió. Y está frente a Punta Yeguas, el enorme parque verde al oeste de Santa Catalina. Pereyra, el concejal, elige las mesas ubicadas a la entrada de ese parque para charlar sobre el barrio, al cual se mudó en 2005. Antes vivía en Cerro Norte.
Para él, Santa Catalina sigue siendo como un pueblito del interior. Dice que los gurises fuman un porro y toman vino en la plaza pero no molestan a nadie. Que lo único que hacía Lemos era andar con la moto de arriba para abajo, haciendo ruido. Que la Policía se iba de mambo "muy seguido" y que lo del 4 de noviembre fue la gota que desbordó el vaso.
Al rato llega "la Chonga", otra concejal, también frenteamplista y de 69 años. Se llama María Mercedes Mathías y la acompaña Marta Fleitas, quien se presenta como "mano derecha de Chonga". Y los tres se ríen. Ellas dos trabajan en un taller donde fabrican túnicas para empresas. Además, proyectan abrir un merendero para niños y adolescentes. Y, cuando pueden, agarran el termo y el mate y salen a hacer recorridas nocturnas, para ver qué está haciendo la muchachada. Es una suerte de control, por fuera de la Policía. "A veces son las cuatro de la mañana y seguimos de ronda", dice Fleitas. Y explica que Lemos no era "ni un malandro ni un rastrillo ni un drogadicto".
Durante los días siguientes a la muerte de Lemos hubo un clima de indignación popular y tensión en Santa Catalina. Fleitas admite que "los gurises" no son todos inocentes y que muchos apedreaban los coches de la policía; algunos lo siguen haciendo. Mathías le quita importancia y dice que "eso es rencor de algunos de ellos, por el dolor de haber perdido al amigo".
Dicen, también, que hubo actitudes violentas de los policías, que "provocaban a los jóvenes". Y hubo piquetes, quemaron una comisaría móvil y los ómnibus dejaron de entrar al barrio durante unos días.
Además de la actuación policial y la falta de saneamiento, los concejales afirman que el menú de problemas de Santa Catalina incluye la ausencia de lomos de burro y veredas, una sobrepoblación de ratas y los chiquilines en las motos de noche, que hacen ruido y van en una rueda sola, eso que llaman "willy", dice la concejal. Pero luego aclara que los que hacen eso "no son de acá".
El "no son de acá" es algo que se repite casi cada vez que quieren señalar algo malo en Santa Catalina.
En su rancho frente al mar, Zabalza, en cambio, había dicho un rato antes que el problema principal del barrio no son las ratas ni las motos, sino que la mayoría de la gente gana menos de 14.000 pesos al mes. Son pobres.
La policlínica, en la entrada de Santa Catalina, es una de las mayores contradicciones de un barrio muy identificado con la izquierda.
Porque esta policlínica, al igual que dos gimnasios, fue donada por el comando sur de Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio de Defensa. Cuando en 2006 se anunció la inversión, algunos dirigentes de la izquierda, entre ellos el general retirado Víctor Licandro, alertaron que esto podría ser la antesala de la instalación de una base militar de Estados Unidos en esta zona de Montevideo.
Zabalza sigue sospechando que hay un "doble propósito" y que la idea de la "base yanqui" está ahí. "Un galpón con una cancha de basquetbol adentro puede ser usada para muchas cosas en otro momento", alerta, y abre bien los ojos.
Los concejales se sonríen y prefieren no hablar del tema. Lo cierto es que la policlínica parece funcionar bien. Tiene una gran demanda: cerca del mediodía hay colas para atenderse, e incluso viene gente de otros barrios. Es un edificio amplio y es de las que está mejor equipada en la ciudad.
Allí, en la puerta de su consultorio y con un estetoscopio en la mano, una pediatra de rostro cansado dice que ve muchos casos de gastroenterocolitis cada semana y que eso coincide con el hecho de que la playa de Santa Catalina está contaminada. Pero no tiene cómo probar si hay una relación entre los dos hechos. Hace un tiempo la policlínica hizo una campaña para que la gente no se bañe en la playa. Pero, por lo visto, no hubo éxito.
Cuando hace mucho calor, es difícil resistirse a darse un baño. Por más que sea la playa más contaminada de Montevideo.
"Ni los mejores, ni los peores"
Los muros hablan en Santa Catalina, y muestran cierta organización para la protesta. El "no al abuso policial" se lee en varias paredes y paradas de ómnibus en el pueblo. "Sergio, siempre en nuestros corazones", escribieron en un muro en el camino de entrada al barrio. Y, frente a la escuela, dice: "No somos ni los mejores ni los peores. Somos distintos".
¿Plaza Sergio Lemos?
Cuando el alcalde Gabriel Otero anunció la construcción de una plaza de deportes en Santa Catalina, la reacción de un grupo grande de vecinos fue inmediata. El espacio debía llevar sí o sí el nombre de Sergio Lemos. Al alcalde le pareció muy buena idea. Pero todavía no está confirmado el nombre de la plaza. Los concejales Willman Pereyra y María Mathías dicen que hay que esperar un poco, porque todo depende de la decisión de la Junta Departamental de Montevideo. Y el Estado tiene sus tiempos.
Los que se movilizan
Sonrientes, Ruben Bouza y Silvia Ledesma están sentados en sillas de playa bajo unos pinos en el parque de Punta Yeguas. Es lunes a media tarde y desde hace un día ellos dos están haciendo un ayuno contra la planta regasificadora de Puntas de Sayago, cercana a Santa Catalina.
Durante el día han pasado varios periodistas por el lugar, para entrevistarlos. Recién se fue un equipo del canal VTV y ahora es el turno de Radio Uruguay. A unos metros hay una carpa. Más allá, una bandera de Uruguay y varias pancartas que advierten que el oeste de Montevideo está "muy amenazado" por la regasificadora. Bouza dice que toman solo jugo de manzana y caldo de verdura, todo colado, hasta tres litros por día, y que están bajo control de médicos. Y hace un llamado a la reflexión sobre el dragado, que -cree- ha influido mucho en potenciar la contaminación de la playa de Santa Catalina.
Pero hay quienes piensan que la movida contra la regasificadora es exclusivamente política. Eso dice, por ejemplo, Gustavo Acuña, dueño de una ferretería de la zona, quien se afilia a la hipótesis de que la contaminación es solo por las aguas servidas que bajan a la playa. "Todo lo otro es política", opina el comerciante.
La gente que pasa por el monte en Punta Yeguas, rumbo a la playa, mira a Bouza y Ledesma y sigue. No parece haber una gran indignación popular por la regasificadora. No, al menos, como para concentrarse y respaldar en forma masiva la medida. Alrededor de ellos dos, hay sí cinco o seis personas que integran la coordinadora de vecinos del oeste de Montevideo. Es gente que apoya y difunde el ayuno. Algunos son los mismos que organizaron a fines del año pasado movilizaciones pidiendo justicia por Sergio Lemos y contra el abuso policial en Santa Catalina. La más importante fue una marcha desde el Obelisco hasta la Universidad de la República. Porque, en el oeste, las causas se mezclan.
DIEGO CASTRO01 feb 2014
La muerte de un hijo es una de las cosas más tristes que le pueden pasar a una persona. Hugo Lemos y Graciela López -comerciantes, dueños de una humilde barraca- pasaron por esa terrible experiencia en la noche del 4 de noviembre. Casi tres meses después, siguen sin poder superar aquel incidente. Y reclaman justicia, porque creen que no alcanza solo con el procesamiento por homicidio simple del policía que le disparó a Sergio, esa noche en que se buscaba al autor del robo a un almacén. Otros tres policías fueron liberados.
Qué Pasa visitó a la pareja en la barraca de Santa Catalina.
Hugo Lemos: Estamos esperando que se haga justicia. Por ahora al policía le dieron dos años por homicidio simple. Estamos esperando que cambien la carátula para que le den más años de prisión. Odiamos a este tipo por lo que hizo con nuestro hijo, nada más. El policía tiene que saber cuándo disparar y cuándo no. No puede tirar a matar. Tiene que tirar a la pierna. No tiene perdón de Dios.
Graciela López: Él implantó el arma, lo mató peor que a un animal. Cuando lo estaba matando lo pateó en el piso, en todo el cuerpo. Yo con los días me enteré de muchas más cosas...
Hugo: Los que realmente robaron el almacén están libres. Nosotros no sabemos quiénes son porque nos dedicamos a laburar todo el día acá en la barraca, pero tenemos vecinos que los conocen, saben quiénes son. Dicen que viven en el Cerro Norte y Casabó. Incluso nos cuentan que los han visto en la playa y todo. Esto fue una cama porque le tenían bronca a Sergio. Mi hijo andaba en moto en la vuelta con dos o tres amigos, hacían ruido, rompían las bolas. Y el policía quería detenerlo, como si fuera un funcionario de la intendencia, pero él es policía y estaba para cuidar los ómnibus y la panadería. Hay mucha cosa tapada: implantaron el arma, taparon la sangre, está el GPS que muestra que ellos después de matar a Sergio fueron y vinieron varias veces para tapar las macanas que habían hecho.
Graciela: Cuando él (Hugo) fue a ver a mi hijo le dijeron que nadie le había pegado un tiro, que él estaba desmayado.
Hugo: Me querían pegar y me dijeron "señor, vaya, salga de acá, su hijo está bien, se cayó de la moto y se desmayó. Si quiere ir a verlo vaya al Centro Coordinado del Cerro". Si yo hubiera sabido en ese momento que mi hijo estaba muerto, no sé qué podía llegar a pasar.
Graciela: Es como la ropa de mi hijo, nunca la devolvieron.
Hugo: Cuando mi hijo estaba tirado en el piso, pasaron por radio, yo lo escuché, "clave 49 y medio, casi 50" (N. de R: en la radio policial clave 50 es persona muerta). Ya ahí sabían que él estaba muerto y no podían trasladarlo. No podían sacarlo de la calle.
Graciela: Primero dijeron, "el pichi esta casi muerto". Y después confirmaron que estaba muerto.
Hugo: De acá lo levantaron muerto.
Graciela: No podés matar una persona así nomás. Mi hijo nunca robó, nunca estuvo armado.
Hugo: Él estaba trabajando en Fripur y me daba una mano acá, con la barraca. Hacíamos pila de changas con los vecinos. Nos ayudaba económicamente y, quieras o no, era una mano importante que nos daba.
Graciela: Yo tuve que dejar mi trabajo de guardia de seguridad para venir a trabajar acá. Y Sergio estaba guardando unos pesitos para las fiestas, estaba contento.
Hugo: Después esto es una tortura todos los días, no podemos dormir, es complicado. Ahora la abogada está estudiando el tema de la demanda. No sabemos cuánto va a demorar. En marzo habrá una reunión para saber si el ministerio está de acuerdo con la demanda, sino habrá que seguir el juicio adelante.
Graciela: La cifra, 800.000 dólares, la puso la abogada. Nosotros no estábamos para poner números. Por más que me den toda la plata del mundo y me llenen la mesa, me va a faltar la silla de mi hijo.
Hugo: Otra bronca que me da es que acá se hizo una denuncia un par de meses antes en asuntos internos de la Jefatura para que sacaran a este milico que mató a mi hijo. Esos tipos les pegaban a todos los gurises que se sentaban en la vereda. Los picaban de todos lados. Para ellos (la Policía) nosotros somos pichis.
Después de todo esto que pasó quieren que tengamos confianza en la Justicia, que creamos en la Policía. El barrio está tranquilo. Mucha gente está preocupada porque no se hizo la reconstrucción y no sabemos por qué no se hizo, por más que los vecinos dijeron que se podía hacer sin problema. A él se lo llevaron en un móvil policial, la moto también. De ahí al Coordinado del Cerro y después al forense. Nunca nos dejaron verlo. No nos dejaron reconocer el cuerpo, ni nos hicieron firmar ningún papel. Todo fue irregular. Tampoco nos querían dejar velar el cuerpo. La abogada llamó y pidió que nos dejaran. Y ahí nos dejaron, pero un par de horas nomás.
CÓMO SIGUE EL PROCESO JUDICIAL
Tras el fin de la feria judicial, la próxima semana se retoma la actuación judicial.
El policía que disparó fue procesado con prisión por homicidio simple, pero la familia de Lemos y otros vecinos pretenden el cambio de carátula porque consideran que fue un caso grave que amerita más años de prisión. Los otros policías involucrados no fueron procesados, pero sí fueron sumariados. La familia de Lemos reclama un resarcimiento de 800.000 dólares al Ministerio del Interior.
contrato Dice que pagará US$ 54 millones anuales a los productores rurales
Aratirí ofrece un canon mayor si le dan estabilidad impositiva
Aratirí ofrece un canon mayor si le dan estabilidad impositiva
Aratirí le ofrecerá al gobierno pagarle un canon superior si le garantiza estabilidad en los impuestos durante diez años. El plazo del contrato que se negocia oscilará entre 18 y 25 años.
JUAN PABLO CORREA-01 feb 2014 El País uy
Aratirí planea pedirle al gobierno que le garantice estabilidad tributaria durante un período de diez años, a cambio de un incremento de 2% en el canon que deberá pagar, según supo El País.
Topear el monto de los impuestos es una posibilidad prevista en el artículo 43 de la ley 19.126 que reguló la actividad minera de gran porte y que establece que cuando el contrato contenga una cláusula de estabilidad tributaria se aplicará un adicional al Canon de Producción que será, precisamente, de 2% y que no podrá exceder los diez años.
Estos puntos son objeto de negociación en momentos en que el tema Aratirí ingresa de lleno en la campaña electoral y las críticas arrecian desde la oposición, tanto al proyecto en sí como a la actitud del gobierno al que se le atribuye falta de transparencia en este asunto.
Si no puede ver la infografía haga click aquí
Está previsto que aproximadamente el 50% de las ganancias que genere la producción minera quede en las arcas estatales a través del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), de un adicional especial a este tributo que crea la ley y del canon. Este último equivaldrá al 5% de la facturación por la exportación de hierro.
Los ingresos para el Estado que generaría esta inversión minera, enorme para los estándares uruguayos, serían de US$ 450 millones anuales.
Esos cálculos fueron realizados asumiendo que el precio de la tonelada de hierro en los mercados internacionales rondará en el corto y mediano plazo los US$ 100. Con ese escenario, los negociadores calculan que los productores en la zona de la explotación percibirían, por concepto de "servidumbre de paso" y canon, un total de US$ 54 millones anuales, de acuerdo a cálculos a los que accedió El País.
De esta forma, de acuerdo con esos cálculos, podrían acceder a US$ 3.500 por hectárea y por año, una cantidad que aproximadamente duplica el precio de la hectárea en la zona. La servidumbre de paso la cobrarán los propietarios de los campos por los que pasará el ducto que llevará el hierro hasta su punto de embarque en las costas de Rocha.
La compleja negociación entre el gobierno y el grupo que dirige el inversionista indio Pramod Agarwal, comenzó en 2008, y está muy avanzada. De todos modos, es difícil que termine en las primeras semanas de febrero como se había propuesto el gobierno.
El grupo inversor también tiene interés en que el contrato establezca que las eventuales divergencias con el Estado puedan laudarse a través de arbitrajes, porque entienden que estos, aunque son caros, aseguran rapidez en sus decisiones.
Agarwal, radicado en Londres, dirige un grupo que ya controla tres minas de hierro en Brasil y está siguiendo muy de cerca la marcha de las negociaciones, al punto que ha estado viniendo a Uruguay hasta dos veces por mes y consulta permanentemente a sus asesores locales por teléfono.
La voz cantante en el gobierno la lleva al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, a quien acompaña el subsecretario Edgardo Ortuño, y el asesor presidencial Pedro Buonomo, comentaron las fuentes.
En la empresa y el gobierno se entiende, a diferencia de lo que opinan los ambientalistas que quieren prohibir la minería de metales a cielo abierto en Uruguay y algunos dirigentes opositores, que se puede suscribir el
"Contrato de Concesión para Explotar Minería de Gran Porte" (tal su nombre exacto), aún cuando no esté pronta la Autorización Ambiental Previa.
"La obtención de la autorización ambiental previa no es un presupuesto necesario para el contrato (y el otorgamiento del título minero) sino que lo es para la entrega de la mina. Nadie invertiría en estudios ambientales si antes no cuenta con el derecho correspondiente, sea una empresa minera o de otro tipo", dijo un informante.
Además, y como garantía adicional, el contrato establecerá a texto expreso que la actividad extractiva no podrá comenzar hasta que las autorizaciones ambientales no estén disponibles.
"Nadie podrá mover un gramo de tierra antes de la entrega de la mina", aseguró la fuente consultada por El País.
Mientras se sigue discutiendo el plazo del acuerdo, ya se estableció que la empresa deberá extraer determinado volumen mínimo al año. De todas formas, la empresa, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, podrá no tener actividad extractiva durante un año. Si la inactividad llegara a los dos años se configurará una de las causales de rescisión del convenio.
La siguiente etapa será la negociación entre el gobierno y Aratirí para la construcción de una terminal especializada que funcionará al lado del puerto de "aguas profundas" que el gobierno planea construir en El Palenque (Rocha). Se espera que esta negociación resulte más sencilla porque las instalaciones consistirán básicamente en un espigón y una cinta transportadora.
El hierro es hoy fuertemente demandado en China. Como otros metales, su cotización varía mucho, ya que sigue, al menos en parte, la evolución de la economía del país asiático. Se sabe de su existencia en la zona de Valentines y Cerro Chato (ver mapa) al menos desde 1916. Los yacimientos, si bien importantes, tienen un margen de rentabilidad acotado. De hecho, Anglo American y la brasileña Vale do Rio Doce, dos actores fundamentales del mercado internacional del hierro, analizaron su viabilidad y descartaron su explotación.
Pero Aratirí se instaló en 2007, invirtió más de US$ 170 millones en diversos estudios y llegó a la conclusión de que el potencial era interesante y que la actividad extractiva podría extenderse entre 20 y 30 años.
En las distintas obras vinculadas al proyecto trabajarán hasta 4.000 trabajadores y en el funcionamiento de las minas unos 1.500. Hasta el momento, parece complicado que el gobierno logre el propósito de que las exportaciones comiencen antes de las elecciones. Faltan las autorizaciones ambientales. El Informe Ambiental debe publicarse durante tres días en el Diario Oficial, estar 20 días "de manifiesto" para habilitar a cualquier ciudadano a formular reparos y luego el gobierno fijar una audiencia pública.
Topear el monto de los impuestos es una posibilidad prevista en el artículo 43 de la ley 19.126 que reguló la actividad minera de gran porte y que establece que cuando el contrato contenga una cláusula de estabilidad tributaria se aplicará un adicional al Canon de Producción que será, precisamente, de 2% y que no podrá exceder los diez años.
Estos puntos son objeto de negociación en momentos en que el tema Aratirí ingresa de lleno en la campaña electoral y las críticas arrecian desde la oposición, tanto al proyecto en sí como a la actitud del gobierno al que se le atribuye falta de transparencia en este asunto.
Está previsto que aproximadamente el 50% de las ganancias que genere la producción minera quede en las arcas estatales a través del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), de un adicional especial a este tributo que crea la ley y del canon. Este último equivaldrá al 5% de la facturación por la exportación de hierro.
Los ingresos para el Estado que generaría esta inversión minera, enorme para los estándares uruguayos, serían de US$ 450 millones anuales.
Esos cálculos fueron realizados asumiendo que el precio de la tonelada de hierro en los mercados internacionales rondará en el corto y mediano plazo los US$ 100. Con ese escenario, los negociadores calculan que los productores en la zona de la explotación percibirían, por concepto de "servidumbre de paso" y canon, un total de US$ 54 millones anuales, de acuerdo a cálculos a los que accedió El País.
De esta forma, de acuerdo con esos cálculos, podrían acceder a US$ 3.500 por hectárea y por año, una cantidad que aproximadamente duplica el precio de la hectárea en la zona. La servidumbre de paso la cobrarán los propietarios de los campos por los que pasará el ducto que llevará el hierro hasta su punto de embarque en las costas de Rocha.
La compleja negociación entre el gobierno y el grupo que dirige el inversionista indio Pramod Agarwal, comenzó en 2008, y está muy avanzada. De todos modos, es difícil que termine en las primeras semanas de febrero como se había propuesto el gobierno.
El grupo inversor también tiene interés en que el contrato establezca que las eventuales divergencias con el Estado puedan laudarse a través de arbitrajes, porque entienden que estos, aunque son caros, aseguran rapidez en sus decisiones.
Agarwal, radicado en Londres, dirige un grupo que ya controla tres minas de hierro en Brasil y está siguiendo muy de cerca la marcha de las negociaciones, al punto que ha estado viniendo a Uruguay hasta dos veces por mes y consulta permanentemente a sus asesores locales por teléfono.
La voz cantante en el gobierno la lleva al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, a quien acompaña el subsecretario Edgardo Ortuño, y el asesor presidencial Pedro Buonomo, comentaron las fuentes.
En la empresa y el gobierno se entiende, a diferencia de lo que opinan los ambientalistas que quieren prohibir la minería de metales a cielo abierto en Uruguay y algunos dirigentes opositores, que se puede suscribir el
"Contrato de Concesión para Explotar Minería de Gran Porte" (tal su nombre exacto), aún cuando no esté pronta la Autorización Ambiental Previa.
"La obtención de la autorización ambiental previa no es un presupuesto necesario para el contrato (y el otorgamiento del título minero) sino que lo es para la entrega de la mina. Nadie invertiría en estudios ambientales si antes no cuenta con el derecho correspondiente, sea una empresa minera o de otro tipo", dijo un informante.
Además, y como garantía adicional, el contrato establecerá a texto expreso que la actividad extractiva no podrá comenzar hasta que las autorizaciones ambientales no estén disponibles.
"Nadie podrá mover un gramo de tierra antes de la entrega de la mina", aseguró la fuente consultada por El País.
Mientras se sigue discutiendo el plazo del acuerdo, ya se estableció que la empresa deberá extraer determinado volumen mínimo al año. De todas formas, la empresa, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, podrá no tener actividad extractiva durante un año. Si la inactividad llegara a los dos años se configurará una de las causales de rescisión del convenio.
La siguiente etapa será la negociación entre el gobierno y Aratirí para la construcción de una terminal especializada que funcionará al lado del puerto de "aguas profundas" que el gobierno planea construir en El Palenque (Rocha). Se espera que esta negociación resulte más sencilla porque las instalaciones consistirán básicamente en un espigón y una cinta transportadora.
El hierro es hoy fuertemente demandado en China. Como otros metales, su cotización varía mucho, ya que sigue, al menos en parte, la evolución de la economía del país asiático. Se sabe de su existencia en la zona de Valentines y Cerro Chato (ver mapa) al menos desde 1916. Los yacimientos, si bien importantes, tienen un margen de rentabilidad acotado. De hecho, Anglo American y la brasileña Vale do Rio Doce, dos actores fundamentales del mercado internacional del hierro, analizaron su viabilidad y descartaron su explotación.
Pero Aratirí se instaló en 2007, invirtió más de US$ 170 millones en diversos estudios y llegó a la conclusión de que el potencial era interesante y que la actividad extractiva podría extenderse entre 20 y 30 años.
En las distintas obras vinculadas al proyecto trabajarán hasta 4.000 trabajadores y en el funcionamiento de las minas unos 1.500. Hasta el momento, parece complicado que el gobierno logre el propósito de que las exportaciones comiencen antes de las elecciones. Faltan las autorizaciones ambientales. El Informe Ambiental debe publicarse durante tres días en el Diario Oficial, estar 20 días "de manifiesto" para habilitar a cualquier ciudadano a formular reparos y luego el gobierno fijar una audiencia pública.
La cooperativa que se hizo cargo de Calvinor ya comenzó su primera vendimia en Bella Unión.
Viene vino
La cooperativa que se hizo cargo de Calvinor ya comenzó su primera vendimia en Bella Unión.
No había capital de giro, y eso provocó muchas idas y venidas. También angustia para los trabajadores. Pero, finalmente, el síndico designado por el Poder Judicial y la Cooperativa de Trabajadores Vitivinícolas del Norte (Cooptravinor) llegaron a un acuerdo y esta semana comenzó la vendimia en el predio ubicado a 25 kilómetros de Bella Unión. Este avance en las negociaciones permitió que la cooperativa se hiciera cargo de la vendimia y la elaboración del vino.
Por el ciclo de maduración de la uva, la cosecha debía empezar antes del 15 de enero, pero el inicio se postergó para el lunes 27, lo que generó una gran cantidad de uva pasada de tiempo y seca, debido a la sequía y al calor, y a que no la pudieran regar.
Un elemento importante para este comienzo es que los productores aceptaron una fórmula de pago planteada por la sindicatura, que establece que si no se concreta el pago, éste pueda cobrarse con el vino elaborado. El acuerdo involucra también a los integrantes de Cooptravinor, que tiene seis hectáreas de viña tras un acuerdo con un productor.
En la cosecha del viñedo de Calvinor trabajan unos 40 cortadores destajistas, que cobran 10 pesos por cada cajón cosechado.
Le preguntamos a Enrique Machado, presidente de la cooperativa, qué significaba empezar una vendimia sin patrones, y nos respondió lo siguiente: “Parece mentira, porque nosotros siempre hicimos esto. Toda la vida hicimos vendimia así, como la estamos haciendo ahora. Vos te parás a observar y resulta que somos nosotros, y nos preguntamos, ‘¿qué pasó antes?’. Lo que pasó es que nunca nos dimos el valor que nos estamos dando hoy. Siempre lo hicimos nosotros y solucionamos los problemas nosotros. A los señores que venían, que se dice que eran patrones, no los veías para nada”.
Frente a esa ausencia, señaló Machado, la vendimia “la hacíamos los obreros”, que ya en aquel momento se organizaban en equipo y tenían capacidad para solucionar “todo lo que se pasaba por delante”.
“Y salían los litros de vino. Salía todo, el proceso se hacía y los señores disfrutaban de todo eso, mientras que nosotros seguíamos en la miseria”, concluyó.
Envío:Amarelle
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