Chile y la falta de democracia para un debate postergado
Por Juan Francisco Coloane
Minutos después y quizás a los pocos segundos, de que el senador del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, apareciera en los medios diciendo que en Chile para romper los cimientos del llamado modelo neoliberal se necesitaba una máquina retroexcavadora, se dejó caer la espesa lluvia de ataques y comenzó la degradación del debate.
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La derecha local, troglodita y derrotada, comenzó a evocar al período del gobierno de Salvador Allende y en un sentido no disimulado la ruptura institucional del golpe militar. Recuerdo en una entrevista que le hice a un señero ex senador de la república, de la otra república que duró hasta el golpe militar de 1973, el radical Juan Luis Maurás, una frase: “Mire, la derecha en Chile en la década de 1950 no necesitaba del estímulo del macartismo para perseguir a los comunistas. Era suficientemente anticomunista y reaccionaria en su tradición para hacerlo”.
La frase del insigne político del radicalismo revelaba una tesis que yo no compartía pero que se ha sustentado en el tiempo: de que en Chile la derecha era tan auto referente y ciega en su anti izquierdismo, que el país podía prescindir de la infiltración de la inteligencia estadounidense para combatir la influencia soviética.
El símil del senador Quintana con la retroexcavadora aplicada para desenraizar el modelo y la respuesta enfurecida de la derecha es genial porque contiene el mismo realismo del senador radical citado y abre un debate que ha estado siempre mediatizado por la falta de democracia y la autocensura desde la dictadura. La frase, criticada por algunos miembros de su propio partido, revela ese pliegue de auto regulación en la convicción por el cambio.
El llamado modelo neoliberal, que de liberal tiene muy poco, si se indaga bien, representa un ajuste permanente a las economías basado en doctrinas neoconservadoras de la sociedad y de la economía y que han generado las desigualdades y la amenazante concentración de poder que tiene a los estados en el límite de su descomposición. Este es el debate medular en una mayoría de países y que Chile los subsume con eufemismos porque no sale del impacto traumático post dictadura.
Sin embargo el concepto de extraer la raíz del modelo, se conecta con los movimientos sociales que estallaron en 2011 donde se palpaba un ambiente de desenraizar las bases del modelo. Como síntoma, es más generalizado del que se quiere admitir en los cuarteles de la moderación convertida en freno a cualquier tipo de transformación sustantiva. Las condicionantes de un sistema político de mayorías que se anula a sí mismo impide ver con la otra inteligencia la propiedad del concepto central aludido.
"Hay que sincerar las propuestas y transparentar", dijo Quintana y es difícil no estar de acuerdo. Ha insistido en un debate de verdad, pendiente por más de 24 años en Chile. Se anticipa con un tema que es global como son las definiciones de transformación socioeconómica antes del despeñadero. No es la imagen del freno brusco que se le aplica a la locomotora desbocada que representa el capitalismo, en la interpretación de revolución según Walter Benjamín. Es de inteligencia política el reconocer el rechazo global al modelo neoliberal en términos ciudadanos.
A la globalización le incomoda especialmente su ineficacia en la gestión política. Es una forma de producción de bienes y servicios con un sistema político vulnerado de tal forma que al hacerlo su aliado operacional, terminó por deslegitimízalo. El modelo neoliberal colocó al estado liberal en la crisis política más grave de su historia y que se admite con retórica que elude la raíz del fenómeno.
La idea central de la Nueva Mayoría, la coalición que apoya a la recién asumida presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, consiste en implementar un programa para salir del modelo. Esto implica trabajar una transformación de base, restableciendo algunas estructuras de producción de bienes y servicios y algunos principios de organización social. No se trataba de remodelar todo el mecanismo de hacer funcionar una nación, aunque sí se aspiraba a restituir antiguos derechos de acceso a oportunidades y a la formación de nuevas plataformas de funcionamiento; más participativas y de naturaleza más ciudadana.
Los tres ejes principales en la declaración de principios pre-eleccionario, - reformas en la educación, en el sistema tributario, y en la Constitución-, no están distantes del concepto de excavar. Aunque encienda pasiones en una derecha adocenada que insiste en asumir protagonismo después de medio siglo de fracasos, grafica lo que las manifestaciones de 2011 reclamaban: No más modelo neoliberal.
Escuche decir: “Lo de la retroexcavadora no fue una frase inteligente”. Bien, con esa inteligencia, seguramente la que apela a la administración pura y convencional del modelo sin debatirlo a fondo, no existen buenos ejemplos y así le ha ido también al mundo. El estado de situación mundial con una beligerancia en alza reflejada en guerras, particiones y desestabilizaciones como las que se exhiben en la Europa más oriental, África, Siria, Venezuela, y otras partes de Asia y esta región, denota una globalización golpeada por el modelo que rige y que se está quedando sin legitimidad política que no sea la de una derecha agitando golpes de estado.
Con la batahola generada por las palabras del senador Quintana, se ha detectado una vez más que la madurez de su democracia y el asentamiento de valores republicanos que le atribuyen a Chile, políticos y académicos influyentes, es una exageración propia de evaluaciones parciales, sesgadas, y en el fondo expresión de mala política y débil academia.
En el Chile post segunda guerra mundial, los antecedentes han demostrado que ni los políticos ni los académicos que influyeron le apuntaron en el diagnóstico y los procesos subyacentes salieron a la superficie sin aviso. La predominancia del gran capital por sobre la pequeña y la gran política operan detrás de un gran muro y los fenómenos políticos y sociales se observan como la punta de un iceberg. En eso reside la soberbia: en no aceptar las limitaciones del análisis y en la desidia de no someterse a evaluaciones más rigurosas. Ese es el desafío de las políticas públicas aplicadas con uno solo tipo de inteligencia u objetivo.
VIERNES, 28 DE MARZO DE 2014
El gobierno de Bachelet acota la Ley de Antiterrorismo en Chile
XINHUA
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El gobierno de Michelle Bachelet en Chile descartó esta semana que vaya a recurrir a la Ley Antiterrorista para resolver problemas sociales como las protestas estudiantiles o de mapuches, en un giro a la política que venía aplicando la anterior administración de derecha de Sebastián Piñera.
El martes pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, desechó la posibilidad de que el nuevo gobierno vaya a solicitar a la justicia aplicar la polémica Ley Antiterrorista, tras sostener, de entrada, que en el país sudamericano no ocurren actos terroristas, lo que desató las críticas por parte de los legisladores de la oposición de derecha.
"La Ley Antiterrorista no está para resolver los problemas sociales de Chile, por lo que en el gobierno de la presidenta Bachelet no la vamos a ocupar", dijo Peñailillo el 25 de marzo pasado, tras reunirse con el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla.
El gobierno de Bachelet, que asumió el pasado 11 de marzo para un periodo de cuatro años, considera que la legislación chilena común es suficiente para juzgar los ataques de los estudiantes a carabineros (policía militarizada) durante sus marchas o para acciones violentas de mapuches en la Araucanía en busca de la recuperación de tierras.
Más allá de esos hechos, en Chile no se producen actos terroristas, como ocurren en otros países, por ejemplo, del Medio Oriente, explicó Peñailillo.
El ministro, además, anunció ese día que solicitó a un equipo jurídico elaborar una propuesta que modifique la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista -que fue aprobada en 1984 durante el régimen militar (1973-1990) de Augusto Pinochet- para que se adecue a los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos.
Esa norma, que fue modificada por última vez en 2005, castiga como "terrorismo" delitos como homicidio, lesiones, secuestro, incendios, infracciones contra la salud, si su finalidad es provocar temor en la población; si se usan explosivos, armas de alto poder destructivo, medios tóxicos o infecciosos o para chantajear autoridades.
Las declaraciones del nuevo ministro del Interior, que ratificaron la postura que ofreció en la campaña presidencial el equipo de Bachelet, recibió el apoyo de organismos de derechos humanos que cuestionan la Ley Antiterrorista. "Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no debe aplicarse, porque no da garantías del debido proceso. No existe terrorismo en Chile", dijo por su parte la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries.
"Está claro que la Ley Antiterrorista es una herramienta deslegitimada (...) y nos acercamos a la posibilidad de reformarla, lo que hace tres años no tenía piso y hoy pareciera que viene de los propios jueces", agregó la funcionaria del organismo estatal. El gobierno de Piñera (2010-2014, derecha) invocó la Ley Antiterrorista para acusar a estudiantes que lanzaron bombas molotov durante las protestas por la reforma educativa que se iniciaron desde 2011 en Chile y en el juicio contra el mapuche Celestino Córdova, acusado de la muerte de un matrimonio en un incendio en Temuco.
En ambos casos, los tribunales chilenos rechazaron aplicar la Ley Antiterrorista por no encontrar elementos suficientes para ello. Según los expertos, la definición de terrorismo en Chile incluye elementos subjetivos, como la intención de causar temor e influir en las políticas del gobierno, que la hace ser una definición muy amplia y abierta a muchas interpretaciones.
Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la aplicación de la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones violentas del pueblo mapuche, que busca recuperar su territorial ancestral y el respeto cultural a su etnia.
La ONU instó a priorizar los procesos de devolución de tierras ancestrales, solicitó la no aplicación de la Ley Antiterrorista contra mapuches e investigar las denuncias de abusos y violencia contra los pueblos indígenas cometidas por miembros de la policía. Las recomendaciones y conclusiones de la ONU son compartidas por expertos y organizaciones locales.
El programa de gobierno de Bachelet plantea un nuevo trato en el histórico conflicto con los mapuche, a quienes el Estado chileno despojó de tierras en el siglo XIX.
Oposición de derecha
La decisión del gobierno de Bachelet de no recurrir a la Ley Antiterrorista abrió un fuerte debate entre los legisladores opositores y oficialistas en Chile. La derecha, que volvió a la oposición con la entrada del gobierno de centroizquierda de Bachelet el 11 de marzo pasado, insiste en que es indispensable aplicar la Ley Antiterrorista, pero el oficialismo agrupado en Nueva Mayoría apoya a la presidenta.
El senador Alberto Espina, del partido Renovación Nacional (RN, de Sebastián Piñera), criticó al gobierno de Bachelet por querer modificar la Ley Antiterrorista, al señalar que "es el deber del Estado de garantizar la paz social y aplicar el peso de la ley a quienes usan la violencia para sacar de sus tierras a parceleros y agricultores de la Araucanía". Para el también senador opositor, Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), las declaraciones del ministro Peñailillo contra recurrir a la Ley Antiterrorista "limitan los instrumentos de orden público y seguridad ciudadana.
Es una posición equivocada". Larraín sostuvo, además, que la Ley Antiterrorista "cumple los estándares internacionales, pero siempre hay espacio para mejorarla".
Por su parte, el diputado conservador Arturo Squella, también de la UDI, consideró negativo que el gobierno renuncie anticipadamente a la aplicación de esa ley especial. En su opinión, lo que está detrás de la iniciativa oficial es "darle el gusto a los grupos más radicalizados para contener a los movimientos sociales".
En cambio, el senador oficialista, Eugenio Tuma, del Partido Por la Democracia (PPD, izquierda), consideró "buena la decisión de no seguir aplicándo (la ley antiterrorista), cuando hay demandas de reivindicaciones y una deuda que el Estado debe saldar con los mapuche". Sin embargo, tomó distancia de la decisión de modificar la norma, al señalar que "el tema de fondo no es el cambio de esa norma, sino que la deuda que tiene el Estado" con los pueblos originarios desde hace más de 100 años.
La posición del gobierno frente a Ley Anterrorista tiene amplio apoyo popular, al igual que su promesa de saldar la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos indígenas.
Fuente:Argenpress
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