El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, no descartó hoy que a mitad de este año el Estado empiece a pagar pensiones a quienes fueron víctimas de detenciones ilegales entre 1975 y 1983, una vez que termine de reglamentarse la ley sancionada a fines del año pasado.
"Es probable que a mitad del año el sistema pueda estar funcionando", aseguró Fresneda, en diálogo con Télam, sobre la puesta en marcha de un regimen jubilatorio especial para los ex presos políticos, privados de su libertad entre el 1 de enero de 1975 y el 10 de diciembre de 1983.
La "reparación" económica a "víctimas de detención ilegal por razones de carácter política o sindical" (Ley 26.913) fue aprobada por el Congreso nacional en noviembre del año pasado, pero la norma no entró en vigencia porque todavía está en proceso de reglamentación.
Fresneda detalló que se están evaluando alternativas institucionales para definir el órgano de pago de esas partidas que saldrán del Tesoro nacional.
Unas 10.000 víctimas de detenciones ilegales ya recibieron una indemnización única en la década del 90 (a partir de una ley sancionada en 1994) por los "daños y perjuicios" sufridos a causa del terrorismo de estado.
Fresneda explicó que las reparaciones tienen "naturalezas jurídicas distintas": en el caso anterior la indemnización se otorgaba para aliviar el padecimiento de haber sido privado ilegalmente de la libertad, pero la nueva ley está ligada a compensar la "indefensión económica, física y psíquica" de las víctimas.
Fuente:Telam
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