3-3-2014
Juicio
Félix Crous
El juicio por la masacre del 20 de diciembre de 2001
2001: la medida de la impunidad
Juicio
Félix Crous
El juicio por la masacre del 20 de diciembre de 2001
2001: la medida de la impunidad
El titular de la Procunar, Felix Crous, recuerda aquellas jornadas a la luz del tiempo del Poder Judicial. Una temporalidad enemiga de la justicia demandada.
Esta semana comenzó el juicio por la masacre del 20 de diciembre de 2001. De las hecatombes político-sociales que terminaron con muertos en nuestra Patria, es la que, por generación, me tocó vivir con los años suficientes para entender y participar.
Los tiempos del Poder Judicial son desesperantes; pero más lo son cuando los comparamos con los de las contingencias de nuestras vidas, la de cualquiera. Mi querido amigo Gerardo Taratuto –destacado dramaturgo, guionista de tele (¿recuerdan “Hombres de Ley”?) y flamante juez de la por entonces también flamante justicia porteña… permítanme detenerme a recordarlo–, con quien marchamos la noche del 19 por Corrientes hasta la Plaza de Mayo, ya no está entre nosotros. Se fue un poco apresuradamente, es verdad.
Wado de Pedro, protagonista del artículo que días después escribiera Miguel Bonasso en Página/12 (http://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-23/pag17.htm) contando su virtual secuestro, es Diputado Nacional y preside, desde hace días nada más, la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación, institución que elige los jueces federales, como los son los que juzgan los hechos que lo tuvieron como víctima.
Damián Neustadt, el fotógrafo al que alude Bonasso en esa nota, que tomó la fotografía que la acompaña, por entonces se ganaba la vida como reportero gráfico, bastante intrépido por lo que cuenta Bonasso. Hoy es un brillante politólogo que me acompaña como responsable del Área de Relaciones Interinstitucionales y con la Comunidad de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, mientras acuna insomne sus mellizos, que en aquellos días, mientras se jugaba la vida, ni siquiera imaginaría.
Los hechos brutales de violencia estatal destrozan familias enteras. Demasiado a menudo esa violencia mata; pero también sigue matando, como bomba de explosión retardada, el dolor que inflige. Basta pensar en las secuelas del terrorismo de Estado, o volver sobre la historia estremecedora del desgarro de la familia de Walter Bulacio desde el asesinato del joven hasta la tardía, mala y pobre condena por el crimen –tres intentos de suicidio y dos infartos, hijos todos de la pena, mataron al padre antes de la escuálida condena, y eso que partió nueve años después que su hijo–, crónica contenida en el magistral voto del juez brasileño Antonio Cancado Trindade en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(puede leerse despojado de introducciones odiosas en
http://www.cels.org.ar/common/documentos/sentencia_cidh_caso_bulacio_voto_juez_cancado.pdf.).
Son estos casos en que el Poder Judicial –la apodada Justicia– los condena a sobrellevar ese drama consagrando un largo tramo de sus vidas a obtener un acto estatal reparador –quizás tan solo simbólicamente–, transitando laberintos kafkianos mientras mastican impunidad, la que se acrecienta cada día que demora una indagatoria; la resolución de una apelación; el comienzo de un juicio. Un juicio cuyas audiencias nunca comenzarán puntualmente porque, ya se sabe, dan las nueve de la mañana cuando Sus Señorías dicen que son las nueve de la mañana.
Todo el tiempo escuchamos muestras de admiración por la resiliencia (esa capacidad de hacerse más fuerte frente a la adversidad), de algunas víctimas de estos hechos, su altura moral que empequeñece a los victimarios, la capacidad de convertir el dolor en lucha por la Justicia, ejemplo y lección.
Pero convendría también detenernos en el envés de esa trama trágica ¿por qué nos impresiona de los ofendidos ese mínimo común denominador consistente en exigir Justicia? Nos impresiona porque el reclamo se expande, se instala, cobra presencia social y otro volumen por el paso del tiempo. Ese reclamo es, a la vez, la medida de la impunidad.
Si podemos admirar la perseverancia, el “no bajar los brazos”, es porque ha sido imperioso mantenerlos alzados en el reclamo.Y hasta que esa sentencia que ponga fin a la letanía llegue, tantos planes habrán pasado al olvido, tantos amores abandonados por la urgencia, tanto goce impedido, tanta imprescindible levedad de la vida sencilla obturada por la esfuerzo titánico que impone la lucha prolongada por lo que es, sencillamente, justo. Suele repetirse que la justicia tardía no es Justicia. No, no lo es. Pero en casos como el del juicio por la masacre del 20 de diciembre de 2001 no se define por la negativa. Es del mismo perverso linaje del crimen.
Félix Crous es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (ProcuNar). Las fotografías que Damián Neustadt tomó esos días fueron incorporadas como prueba en el juicio a pedido del CELS.
Fuente:InfoJus
Los tiempos del Poder Judicial son desesperantes; pero más lo son cuando los comparamos con los de las contingencias de nuestras vidas, la de cualquiera. Mi querido amigo Gerardo Taratuto –destacado dramaturgo, guionista de tele (¿recuerdan “Hombres de Ley”?) y flamante juez de la por entonces también flamante justicia porteña… permítanme detenerme a recordarlo–, con quien marchamos la noche del 19 por Corrientes hasta la Plaza de Mayo, ya no está entre nosotros. Se fue un poco apresuradamente, es verdad.
Wado de Pedro, protagonista del artículo que días después escribiera Miguel Bonasso en Página/12 (http://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-23/pag17.htm) contando su virtual secuestro, es Diputado Nacional y preside, desde hace días nada más, la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación, institución que elige los jueces federales, como los son los que juzgan los hechos que lo tuvieron como víctima.
Damián Neustadt, el fotógrafo al que alude Bonasso en esa nota, que tomó la fotografía que la acompaña, por entonces se ganaba la vida como reportero gráfico, bastante intrépido por lo que cuenta Bonasso. Hoy es un brillante politólogo que me acompaña como responsable del Área de Relaciones Interinstitucionales y con la Comunidad de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, mientras acuna insomne sus mellizos, que en aquellos días, mientras se jugaba la vida, ni siquiera imaginaría.
Los hechos brutales de violencia estatal destrozan familias enteras. Demasiado a menudo esa violencia mata; pero también sigue matando, como bomba de explosión retardada, el dolor que inflige. Basta pensar en las secuelas del terrorismo de Estado, o volver sobre la historia estremecedora del desgarro de la familia de Walter Bulacio desde el asesinato del joven hasta la tardía, mala y pobre condena por el crimen –tres intentos de suicidio y dos infartos, hijos todos de la pena, mataron al padre antes de la escuálida condena, y eso que partió nueve años después que su hijo–, crónica contenida en el magistral voto del juez brasileño Antonio Cancado Trindade en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(puede leerse despojado de introducciones odiosas en
http://www.cels.org.ar/common/documentos/sentencia_cidh_caso_bulacio_voto_juez_cancado.pdf.).
Son estos casos en que el Poder Judicial –la apodada Justicia– los condena a sobrellevar ese drama consagrando un largo tramo de sus vidas a obtener un acto estatal reparador –quizás tan solo simbólicamente–, transitando laberintos kafkianos mientras mastican impunidad, la que se acrecienta cada día que demora una indagatoria; la resolución de una apelación; el comienzo de un juicio. Un juicio cuyas audiencias nunca comenzarán puntualmente porque, ya se sabe, dan las nueve de la mañana cuando Sus Señorías dicen que son las nueve de la mañana.
Todo el tiempo escuchamos muestras de admiración por la resiliencia (esa capacidad de hacerse más fuerte frente a la adversidad), de algunas víctimas de estos hechos, su altura moral que empequeñece a los victimarios, la capacidad de convertir el dolor en lucha por la Justicia, ejemplo y lección.
Pero convendría también detenernos en el envés de esa trama trágica ¿por qué nos impresiona de los ofendidos ese mínimo común denominador consistente en exigir Justicia? Nos impresiona porque el reclamo se expande, se instala, cobra presencia social y otro volumen por el paso del tiempo. Ese reclamo es, a la vez, la medida de la impunidad.
Si podemos admirar la perseverancia, el “no bajar los brazos”, es porque ha sido imperioso mantenerlos alzados en el reclamo.Y hasta que esa sentencia que ponga fin a la letanía llegue, tantos planes habrán pasado al olvido, tantos amores abandonados por la urgencia, tanto goce impedido, tanta imprescindible levedad de la vida sencilla obturada por la esfuerzo titánico que impone la lucha prolongada por lo que es, sencillamente, justo. Suele repetirse que la justicia tardía no es Justicia. No, no lo es. Pero en casos como el del juicio por la masacre del 20 de diciembre de 2001 no se define por la negativa. Es del mismo perverso linaje del crimen.
Félix Crous es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (ProcuNar). Las fotografías que Damián Neustadt tomó esos días fueron incorporadas como prueba en el juicio a pedido del CELS.
Fuente:InfoJus
03.03.2014
rené derecho integró la policía federal, donde sucedió al "fino" palacios
Prisión preventiva a ex comisario acusado de aplicar tormentos
La jueza le atribuyó los maltratos a los que fue sometido en 1988 un ciudadano uruguayo. La medida debe ser ratificada por la Cámara.
Por: N.O. E.
El tribunal internacional describió que "a principios de 1988 el señor Bueno Alves, uruguayo residente en Argentina, de 43 años de edad y artesano marmolero de profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria con la señora Norma Lage, operación que finalmente se frustró. A raíz de ello, en febrero de 1988 denunció a la señora Lage por estafa y amenazas por el mencionado intento de transacción. A su vez, el 10 de marzo de 1988, la señora Norma Lage denunció por estafa y extorsión al señor Bueno Alves y a otros, con base en la misma transacción. El 20 de marzo de 1988 las partes acordaron rescindir la transacción." La CIDH destacó que, "sin embargo, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión con tal fin, Bueno Alves y su abogado, Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos y la oficina profesional de este fue allanada. Todas estas acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina". En ese momento, "Bueno Alves fue objeto de torturas consistentes en golpes con la mano ahuecada en los oídos, mientras se encontraba en sede policial la madrugada del 6 de abril de 1988, a fin de que declarase contra sí mismo y su abogado, lo cual fue puesto en conocimiento del juez de la causa. A consecuencia de estos golpes Bueno Alves supuestamente sufrió un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio."
Por esos hechos, la jueza penal subrogante Guillermina Martínez dictó la prisión preventiva de Derecho, que aún no se concretó, pues está pendiente de una confirmación por parte de la Cámara del Crimen.
Bueno Alves identificó a Derecho como el policía que lo "detuvo y maltrató". La causa estuvo virtualmente dormida durante dos décadas y media. El juez de instrucción Luis Zelaya, quien tuvo a su cargo la investigación, fue apartado del caso el 20 de diciembre del año pasado. La Cámara resolvió, para impulsar el expediente y, fundamentalmente, para cumplir con el fallo del tribunal internacional, enviarle las actuaciones a la jueza Martínez. Y el jueves de la semana pasada, la magistrada firmó la prisión preventiva.
La causa, por su antigüedad, tramita por el viejo Código Penal, por lo que la decisión de la magistrada implica un estado de sospecha equivalente a un procesamiento.
Derecho ocupó roles importantes en la Policía Federal. En abril de 2004, fue designado sucesor del "Fino" Palacios, hoy comprometido en la causa por las escuchas ilegales por las que está procesado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y por el presunto entorpecimiento de la investigación del atentado contra la AMIA. Derecho remplazó a Palacios, quien fue removido por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, después de que trascendiera una escucha telefónica en la que el propio Palacios aparecía dialogando con un reducidor de autos investigado por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.
Derecho también intervino en el frustrado desalojo de la Plaza de Mayo previo a la caída de Fernando De la Rúa. No está imputado en el juicio oral que comenzó el lunes último. Al declarar en el expediente, Derecho –quien estaba vestido de civil y con un intercomunicador en una mano– sostuvo que recibió por parte de la jueza María Servini de Cubría la "autorización" para "intentar que esas personas se retiren del lugar".
Pero el episodio de mayor resonancia lo protagonizó Derecho el 2 de octubre de 2003. Ese día, efectivos de la División Análisis Delictivos de la Policía Federal llegaron a Ramón Falcón 2364, en Flores, para detener al entonces jefe de la barra brava de Boca Juniors, Rafael Di Zeo. Sin embargo, "El Rafa" escapó.
El fiscal Gabriel Nardiello, hoy juez de un tribunal oral federal, dijo entonces, según declaraciones que publicó el diario deportivo Olé: "A mí no me van a tomar por tarado. Cuando comenzó el allanamiento iban a agarrarlo. Pero llegó el comisario René Derecho y todo cambió. A la policía se le escapó la tortuga."
Fuente:TiempoArgentino
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