En México, 77 periodistas asesinados y otros 17 han desaparecido desde el año 2000, alertó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
Por Diana Baptista (AGENCIA REFORMA)
En México, 77 periodistas han sido asesinados y otros 17 han desaparecido desde el año 2000, alertó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas en inglés).
Tan sólo en lo que va de la administración de Enrique Peña se ha registrado la muerte de cinco periodistas y la desaparición de dos.
"México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para periodistas (...) La presión nacional e internacional llevó a una ley, en 2013, que federalizó los crímenes contra trabajadores de medios de comunicación, pero los graves ataques siguen al alza", condenó la asociación en el reporte "Comprando Complacencia: Publicidad Gubernamental y Censura Indirecta en México".
Junto con el control de la publicidad oficial, el ataque a periodistas es uno de los principales medios de censura, afirmó la WAN-IFRA.
Según el reporte, durante los últimos dos sexenios el Gobierno mexicano ha retirado publicidad oficial como medio de coerción para lograr el despido de un periodista, o para cambiar la línea editorial de algún medio de comunicación.
"La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial sigue siendo una práctica profundamente atrincherada en México. La publicidad gubernamental es mayormente distribuida con base en criterios políticos e intereses privados", afirmó.
Para la asociación, los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales por transparentar y regular la publicidad oficial han sido insuficientes.
Además, acusó que los Gobiernos federales han incrementado de manera significativa el gasto en publicidad, pasando de un presupuesto de un millón 934 mil 562 pesos en 2001, a 8 millones 429 mil 511 pesos en 2012 [equivalentes a unos 650 mil dólares].
VIERNES, 28 DE MARZO DE 2014
Unilateralismo en el combate a la inseguridad
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Es evidente la prisa que tiene el gobierno federal por mostrar resultados en la denominada Estrategia Nacional Antisecuestro. Qué bueno que sea sensible al extendido malestar social porque el ilícito cada día afecta a más sectores, también a los populares, con la extendida práctica de secuestrar por unas horas y unos cuantos miles de pesos. Qué deplorable que las estrategias, en este caso la cuarta que se aplica desde el gobierno de Ernesto Zedillo, estén selladas por la coyuntura y la inmediatez.
Mientras las estrategias de la seguridad pública estén selladas por lo coyuntural y la inmediatez, como pareciera ser el caso de la que encabeza el subprocurador Renato Sales, seguramente se tendrán avances plausibles y necesarios, pero el crimen organizado terminará migrando de allí a negocios menos vigilados y más rentables.
Hace tiempo que los mal llamados cárteles del tráfico de narcóticos a Estados Unidos y otras latitudes fueron obligados por la acción efectiva del gobierno de Enrique Peña y antes el de Felipe Calderón, a migrar a renglones tanto o más rentables como la trata de personas, el tráfico de indocumentados y de órganos humanos, la extorsión, el secuestro, la piratería y el fraude cibernético, hasta provenir de allí más de la mitad de sus ganancias.
El procurador General de la República lo anunció con orgullo a fines del 2013, acaso sin darse cuenta que exhibía la unilateralidad del quehacer público en seguridad: Le dimos golpes tan decisivos al narcotráfico que se refugiaron en el secuestro.
Brindar seguridad en sus bienes y vidas a los ciudadanos es tarea elemental de cualquier Estado que se precie de serlo, y el mexicano lo presume con escándalo publicitario en el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, los que ahora están de fiesta con las iniciativas de ley secundarias en la materia.
Es una obligación estatal básica que se cumple o debe cumplirse sin importar por cual de las múltiples prácticas del crimen organizado el ciudadano perdió bienes (recuperables) o la vida (irrepetible). Justamente porque son pérdidas, o pensarán distinto en el Gabinete de Seguridad, ¿supondrán que es peor morir en el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos? Tarea que subordinadamente privilegian desde el gobierno de Luis Echeverría (1970-76).
Mientras el Estado no haga frente a la inseguridad –con notable repunte en el primer trimestre de 2014 en asaltos a casa habitación y robo en el transporte y la vía públicas--, como un todo con ramificaciones múltiples y que tiene causalidad multifactorial, socioeconómica y sociopolítica, la coyuntura permitirá avances en un rubro criminal que encontrará a donde desplazarse.
No es preciso formar parte de Gabinete de Seguridad para prever desde hoy que si las autoridades tienen éxito en el combate “al delito más lacerante para la sociedad” (Sales Heredia dixit), la delincuencia organizada ganará mucho más espacio en los fraudes cibernéticos que ya son abundantes y sin que reciban la atención necesaria.
Y mientras los circuitos financieros del crimen organizado permanezcan básicamente intocados, la eficacia de cualquier estrategia será efímera y la espiral delincuencial no tendrá freno.
Finalmente, el comisionado Nacional Antisecuestros reconoció lo que es público: En la mayoría de los penales continúa el uso de teléfonos para extorsionar y organizar plagios. Y dijo no tener información acerca del posible plagio de menores en Michoacán para extraerles sus órganos, como señaló el comisionado Federal para la Seguridad. ¿Y la “extraordinaria” coordinación oficial donde quedó?.
Fuente:Argenpress
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