OPINIÓN.

Pablo Escobar y la nueva geopolítica del narcotráfico

Por José Natanson

Fracasada desde cualquier punto de vista, la guerra contra las drogas lanzada por Estados Unidos en los ’70 se basa en la idea de reducir el consumo mediante el control de la oferta. En Globalización, narcotráfico y violencia (Norma), Juan Gabriel Tokatlian explica de manera sencilla pero clarísima el carácter quimérico de esta cruzada, que asume que una represión eficiente y sostenible permitirá, en algún momento, extinguir el problema. En otras palabras, la ilusión prohibicionista de que será posible, por vía del combate duro, lograr la abstinencia total.

Nada de esto ha sucedido, por supuesto. Pese a los esfuerzos guerreros, la prevalencia del consumo de drogas se ha mantenido más o menos igual en los últimos años. Según Naciones Unidas, sólo el 5 por ciento del total de la población mundial adulta –208 millones de personas– consumió algún tipo de estupefaciente prohibido en los últimos doce meses, mientras que solamente el 0,6 por ciento registra un patrón problemático de consumo. La marihuana, la droga más difundida, es consumida por el 4 por ciento de la población (unos 165 millones de personas), y hay alrededor de 16 millones de consumidores de cocaína y 24 millones de anfetaminas. Colateralmente, la guerra contra las drogas ha generado efectos sociales, medioambientales y de derechos humanos muy negativos. Y también consecuencias políticas impensadas, como la emergencia del liderazgo de Evo Morales, que no se entiende sin considerar la brutal represión a los cocaleros del Chapare por las fuerzas de seguridad bolivianas asistidas por la DEA.

Pero no sólo la demanda, también la oferta se mantiene estable, lo que ha llevado a algunos buenos lectores de Adam Smith, como el escritor Mario Vargas Llosa o los editores de The Economist, a inscribirse en el cada vez más nutrido bando de la despenalización. La producción de cocaína, tras el descenso experimentado luego del boom de los ’80 es más o menos la misma desde hace una década. Lo mismo sucede con la de marihuana, en tanto que la producción de heroína y drogas sintéticas se ha incrementado.

Pero lo más notable del análisis de la oferta es su especialización geográfica en territorios con fuerte influencia político-militar de Estados Unidos: Afganistán produce el 80 por ciento de la heroína del mundo, el 60 por ciento de la cual se concentra en la provincia de Helmand, en el sur del país. Los talibán, que en el pasado combatieron las plantaciones de amapola por motivos religiosos, aprendieron la lección y ahora las administran (y se benefician de ellas), lo que demuestra que cuando hay dinero de por medio incluso las interpretaciones islamistas más fanáticas se flexibilizan. En cuanto a la cocaína, casi la totalidad se produce en tres países: dos de ellos, Colombia y Perú, son aliados estratégicos de Washington (el tercero es Bolivia). La marihuana, en cambio, se cultiva prácticamente en todos lados, pues alcanza con una maceta y un poco de sol. Hasta en Cuba, que combate las drogas con rigor stalinista, es posible ver las plantas a la vera de algunas rutas.

Todo cambia

Pero que la guerra contra las drogas haya fracasado no implica que no haya producido efectos. El más importante es una reconfiguración del narconegocio a nivel global que incluye el traslado de los centros estratégicos de decisión de Colombia a México y la caída de los grandes carteles de los ’80/’90, en un proceso que tuvo su punto más alto con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el capo del Cartel de Medellín que había llegado a controlar el 80 por ciento de la cocaína del mundo, que llegó a ser el séptimo hombre más rico del planeta según Forbes y que en su gigantesca hacienda de Antioquia contaba con un zoológico privado por donde se paseaban hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces. La serie que lo retrata –El patrón del mal– se ha convertido en un justificado un éxito de rating.

¿Qué es lo que sucedió? Básicamente, que la ofensiva antidroga arrinconó a los tradicionales carteles andinos y se sumó a las nuevas tecnologías de comunicaciones (GPS y celulares) y a los avances en el campo de la aeronáutica (sistemas de bombeo para recargar combustible en vuelo y ganar autonomía) para definir una reconversión a gran escala, a la que también contribuyeron ciertas transformaciones económicas, como la mayor fluidez del comercio internacional y el perfeccionamiento de los mecanismos de lavado de dinero. Como consecuencia de estos cambios, la estructura piramidal anterior, que implicaba una integración vertical de los diferentes eslabones de la cadena de producción en una relación cara a cara bajo un único liderazgo al estilo Escobar, fue reemplazada por organizaciones autónomas que operan bajo la forma de un circuito de postas, en donde cada paso del proceso (cultivo, primer procesamiento en bruto, refinación, corte y distribución) queda a cargo de una banda diferente, muchas veces situada en un país distinto (Juan Cruz Vázquez, La sombra del narcotráfico, Editorial Capital Intelectual).

Esto le da al narco actual un carácter más descentralizado, transnacional y elusivo. Cada eslabón de la cadena conoce sólo al anterior y al siguiente, de modo que, si cae, no arrastra al resto, que pueden ser reemplazados con facilidad. Y produce también una cierta economía de la violencia. ¿Qué significa esto? Por sus características, el negocio del narcotráfico es eminentemente territorial: requiere zonas de cultivo, rutas de traslado y áreas de distribución (y ejércitos para protegerlas). Es este carácter de frontera, más que la maldad intrínseca de los capos, lo que explica su estilo violento. Pero los narcos aprendieron de la experiencia de líderes como Escobar, que inauguraba partidos de fútbol, se hacía elegir diputado y conquistaba a periodistas despampanantes, y tienden a comportarse, cada vez más, de manera sigilosa y mimética, camuflados en la “vida normal” de la ciudad. Por eso, a diferencia de lo que sucedía hasta hace unos años, hoy ya no conocemos los nombres de las narcoestrellas, que recién cuando son detenidas nos revelan todo su mal gusto para las casas (grandes), los autos (deportivos) y las chicas (siliconadas).

En casa

El lugar de Argentina en esta nueva geopolítica narco también ha cambiado.

En los últimos años, las presiones de Estados Unidos y la cooperación con las agencias de seguridad local fueron limitando las posibilidades de las organizaciones del área andina para operar en sus países. La radarización de las zonas selváticas de Perú, Ecuador y sobre todo Colombia limitó los vuelos desde los lugares de producción hacia el mercado norteamericano y forzó a las redes ilegales a ensayar triangulaciones y nuevas rutas. En esta nueva división regional del trabajo, Argentina dispone de algunas ventajas comparativas: cuenta con el puerto más importante de Sudamérica, aeropuertos muy transitados y 15 mil kilómetros de fronteras escasamente custodiadas (más por la ausencia de conflictos limítrofes que por una especial desidia gubernamental).

El aumento de la producción de coca en un país limítrofe como Bolivia, admitido por el mismísimo Evo Morales, el desplazamiento de parte de los cultivos colombianos a Perú y el auge de las plantaciones de marihuana en Paraguay terminaron de cerrar el círculo. La consecuencia de este nuevo contexto es la radicación en territorio nacional del último eslabón de la cadena de producción: la transformación de la pasta base en cocaína en las llamadas “cocinas”, que además aprovechan la amplia disponibilidad de solventes ácidos y oxidantes de la industria química local, la segunda más importante de la región, y el desconocimiento –o complicidad– de policías poco acostumbrados a lidiar con bandas narco profesionales.

Si Argentina fue durante años un país de tránsito y más tarde un país de tránsito lento, hoy es un centro de producción con destino a los lucrativos mercados del Primer Mundo. Se estima que la mayor parte de la droga sale por el puerto de Buenos Aires y que el resto se traslada en vuelos comerciales, fundamentalmente desde Ezeiza, como confirma la decisión de las autoridades del Hospital Teresa de Calcuta, cercano al aeropuerto, de acondicionar una sala de terapia intensiva especialmente destinada a los capsuleros, las mulas que son detectadas con droga dentro de sus estómagos, e incluso prevé contar con médicos que hablen francés, inglés y portugués para atenderlos.

Uno de los efectos colaterales del nuevo lugar de Argentina en el entramado narco es el aumento del consumo local. Los especialistas coinciden en que los niveles de prevalencia se acercan hoy a los de los mercados maduros de Europa y Estados Unidos. Sucede que, bajo las nuevas condiciones de organización intermodal del negocio, se ha generalizado el pago en drogas, que bajan por las rutas que conectan los puntos de ingreso en la frontera noroeste y noreste con las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La utilización de la misma droga como moneda de cambio obliga a las bandas a buscar mercados, o a pelear por ellos, y el procesamiento en las cocinas permite utilizar los desechos para producir paco.

El resultado es una montaña de dinero para comprar policías y jueces y, como sostiene Marcelo Saín, el quiebre del tradicional pacto de regulación del delito con las fuerzas de seguridad, lo que a su vez explica la disparada fenomenal de la violencia en algunos puntos, como Rosario, donde el año pasado se registraron 200 homicidios intencionales, una tasa superior a los 20 homicidios cada 100 mil habitantes de, por ejemplo, San Pablo.

Confusiones

El debate acerca de la incidencia del narcotráfico, necesario y urgente, debería, sin embargo, evitar simplificaciones y lugares comunes. Por ejemplo, la confusión acerca de la mejor forma de combatir el negocio, que depende mucho menos de radares y scanners que del trabajo paciente y silencioso de las agencias de Inteligencia, como demuestra el hecho de que la droga sigue ingresando a Estados Unidos por la frontera mexicana a pesar de los 40 mil agentes que la custodian, el muro artillado de mil kilómetros y los drones que la sobrevuelan día y noche. También convendría poner en cuestión el entusiasmo un poco irresponsable con el que algunos impulsan la creación de policías municipales, que pueden ser útiles para acercar la seguridad a los vecinos pero que, sin un adecuado sistema de supervisión, podrían derivar en pequeñas bandas armadas fácilmente corrompibles. Esto es justamente lo que sucede en México, donde hay más de tres mil cuerpos de policía (que se entienda: no tres mil agentes sino tres mil instituciones de policía) que se disputan el servicio de albergue a los grupos narco en verdaderas subastas de protección. Para evitarlo, el único camino conocido es la conducción efectiva por parte del poder político, algo que, como demostraron los amotinamientos de diciembre, está lejos de suceder.

Por otra parte, aunque la tan mentada relación entre pobreza y drogas es más compleja de lo que habitualmente se piensa, resulta difícil entender el auge del narcotráfico sin considerar su función social. En efecto, si se analiza el conjunto del negocio es fácil comprobar que los oligopolios se sitúan sobre todo en la producción, y que a medida que se desciende en la cadena se van multiplicando los actores hasta llegar a una amplia atomización en el último nivel. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre con los productos legales, cuya comercialización se concentra en las grandes cadenas –de supermercados o ropa o lo que sea–, en el caso de las drogas es imposible, por motivos de seguridad, oligopolizar la distribución minorista, que recae en miles y miles de dealers individuales, en general pertenecientes a los sectores excluidos. Según los números de Iban de Rementería (revista Nueva Sociedad, Nº 222), ellos se quedan con el 57 por ciento del ingreso total. Los datos coinciden con los de Mauro Federico, que en su libro Mi sangre explica que un kilo de coca cuesta 250 euros en Bolivia, 950 en la localidad salteña de Salvador Mazza, 2500 en Buenos Aires y 35.000 en las calles de Barcelona. Para decirlo con las palabras de moda, las drogas contribuyen a la redistribución del ingreso.

Advirtamos por último sobre las comparaciones apresuradas. Argentina, contra lo que se escucha a veces, no podrá ser nunca Colombia sencillamente por una cuestión topográfica: no existen aquí selvas y montañas aptas para los cultivos ni porciones sustanciales del territorio sustraídas al control del Estado durante décadas, las “zonas marrones” sobre las que prevenía Guillermo O’Donnell. Tampoco México, que comparte 3300 kilómetros de frontera con el principal país consumidor del planeta. La idea de que Rosario es la “Medellín argentina” no pasa por lo tanto de una exageración televisiva. Pero Argentina sí puede acercarse a Brasil (no a Río, porque las favelas son verdaderos fuertes controlables por los narcos desde sus cuarteles en las alturas, como muestra bien esa enorme película que es Tropa de Elite) sino a San Pablo, megalópolis de llanura en la que, como en Buenos Aires o Rosario, la pobreza  convive pornográficamente con la opulencia más absoluta.

* Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. www.eldiplo.org

Envío:Marta Ronga 

Opinión
La defensa corporativa por sobre los derechos
06/03/2014
Por Nicolás Lovaisa

Foto: Matías Sarlo

Alicia Gutiérrez y José Corral salieron a bancar a Diego Poretti, quien como funcionario de seguridad –junto con el juez Jorge Pegassano– participó de un allanamiento ilegal comandado por Hugo Tognoli. En el operativo, que violó las garantías constitucionales, no se halló nada relevante. Sin embargo, para la legisladora las críticas del PJ buscan “invalidar pruebas y favorecer a los narcos”, mientras que para el intendente los fiscales que investigan el hecho “son de La Cámpora”.

El miércoles 27 de junio de 2012 OP se encontraba pintando su casa, ubicada en Las Encinas y Algarrobo, en Colastiné Norte. Cerca de las 16 horas escuchó que golpeaban el portón de ingreso. “Es la policía, abrí”, avisaron desde el otro lado. Mientras se dirigía hacia allí, aceleró su paso ante la amenaza: “Apurate, apurate porque la rompemos”, bramó Hugo Tognoli, en ese momento Jefe de Policía de la Provincia, hoy procesado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Cuando abrí la puerta me esposaron y me tiraron al piso. Lo mismo le hicieron a mi concubino. Me dijeron que estaban ahí por la ola de robos en Colastiné y me mostraron una lista con los objetos que buscaban. Ninguno de ellos fue hallado en mi domicilio”, declaró OP en sede judicial.

Su elección sexual fue, para Tognoli, un elemento más para intimidarlo y burlarse durante las casi ocho horas que duró el allanamiento: “Puto, yo voy a hacer que te rompan el culo, no sabés con quién te metiste”, le advertía, ante las risas de los más de 20 policías que había en el lugar.

“Cuando se presentaron en mi domicilio el personal no exhibió orden de allanamiento. No hicieron referencia a haber estado autorizados a ingresar a mi vivienda. Les abrí el portón de acceso porque me hallaba condicionado por las manifestaciones de los policías. Tognoli era el más agresivo de todos”, agregó.

La manera en la que se desarrolló el allanamiento deja en claro todas las irregularidades que se cometieron: la policía irrumpió sin orden judicial y sin ningún tipo de investigación previa. Recién cuando ya habían requisado la vivienda se hizo presente el juez, Jorge Pegassano, junto con la secretaria del juzgado, Ana Laura Gioria. “No hay registro en el juzgado de resolución judicial ni de orden de allanamiento. Los procedimientos realizados ese día fueron por pedido expreso del entonces Jefe de Policía Hugo Tognoli”, confirmó Gioria.

Lo mismo admitió el propio Pegassano.Gioria explicó que fueron conducidos hasta esa finca por “un grupo importante de personal policial, quienes nos señalan la existencia en gran cantidad de equipos de audio, cámaras fotográficas, equipos de pesca y aparatos de teléfonos móviles”. De los elementos robados que buscaban en el domicilio no encontraron ninguno. El relato de la secretaria grafica de qué manera se manejó la policía: secuestró los elementos que consideró relevantes de manera absolutamente discrecional, sin la presencia de ningún funcionario judicial.

Sí hallaron droga: 10 gramos de cocaína y 55 de gramos de marihuana. “El personal policial nos informó que había convocado a los funcionarios de drogas porque habían encontrado material estupefaciente en el lugar”, detalló Gioria. Cabe recordar que Tognoli, antes de llegar a Jefe Policial, había estado a cargo de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones (ex Drogas Peligrosas) y aún tenía una gran influencia en esa dependencia, donde algunos de sus colaboradores, como José Luis Baella, fueron procesados luego por su presunta relación con el narcotráfico.

La cantidad de droga secuestrada –siempre y cuando el operativo se hubiera ajustado a derecho- podía permitir, a lo sumo, el inicio de una causa por tenencia simple. Sin embargo, los dueños de casa estuvieron detenidos hasta el otro día. ¿Por qué, si en la casa la policía no encontró los elementos robados que buscaba, y cuando le informaron al juzgado federal la ínfima cantidad de droga que habían secuestrado, desde el juzgado se les ordenó que los dejen en libertad?

Viciado de nulidad
Para el fiscal federal Walter Rodríguez OP no tuvo manera de resistirse al allanamiento, pese a que en las actas policiales se destaca la “actitud permisiva” que mostraron los dueños de casa. “La presencia del jefe de la policía y de un funcionario del gobierno, ambos secundados por el resto de los funcionarios policiales, marca a las claras que la esfera discrecional de los imputados para resistir a la medida se encontraba restringida”. “El consentimiento válido debe ser prestado en forma tal que no queden dudas de la libertad del individuo”, agrega.

El fiscal sostiene que es “inverosímil” que Tognoli y Poretti “hayan actuado cumpliendo órdenes emanadas” del juez Pegassano, cuando “la propia secretaria del Juzgado, Ana Laura Gioria, admitió que no existe ninguna resolución que haya autorizado el allanamiento en cuestión, ni constancias que permitan vincular el inmueble requisado con investigación determinada”.

También señala que “el procedimiento pudo entorpecer o hacer caer una investigación más grande por venta de estupefacientes”, hecho que parece ser pasado por alto por la diputada Alicia Gutiérrez y el intendente José Corral.

Por su parte, el juez federal, Francisco Miño, consideró en su escrito que “el procedimiento que dio origen a la causa y todo lo actuado en consecuencia deviene nulo de nulidad absoluta y como consecuencia de ellos resultan también nulos los secuestros de material estupefaciente, el acta que documenta dicha diligencia y todas las actuaciones que en su consecuencia se produjeron”. “No puede pretenderse la utilización de probanzas incriminatorias que fueron obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales pues ello es una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”, añade.

Por último, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar), Félix Crouss, sostuvo que “funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de Santa Fe”.

Respuesta desmesurada
En ese contexto, sorprenden las declaraciones de la diputada provincial del SI-FPCyS, Alicia Gutiérrez, para quien “el justicialismo quiere invalidar pruebas y favorecer a los narcos”. La frase es, cuanto menos, desafortunada: en el operativo en el que se cuestiona la participación de Poretti no había en marcha ninguna investigación de narcotráfico. En realidad, no había ninguna investigación en marcha, ni orden judicial, ni indicios que permitieran a la policía ingresar a un domicilio, esposar a los dueños de casa, allanar la vivienda y mantenerlos detenidos sin causa.

“Creo que hay toda una operación de algunos sectores del Gobierno Nacional tendiente a mostrar que acá (en Santa Fe) hay connivencia de los funcionarios políticos con el narcotráfico”, insistió la diputada, pese a que en la causa jamás se menciona una posible vinculación de Poretti con el narcotráfico. Lo llamativo es que Gutiérrez, de activa militancia en torno a la defensa de los derechos humanos, defienda un operativo a todas luces ilegal e inconstitucional.

Más duras aún fueron las apreciaciones del intendente, José Corral, quien directamente desde su cuenta de Twitter atribuyó la investigación judicial que tiene como protagonistas a Poretti y Pegassano a “un exabrupto de fiscales de La Cámpora que deben investigar a los narcos y miran a otro lado”. Una declaración “para la tribuna”, que apunta a impactar en los medios más importantes (donde las palaras del intendente no suelen ser contradecidas) pero que podría tener una respuesta institucional, por la gravedad de sus dichos.

Un rumor que recorre los tribunales santafesinos explica, en parte, por qué enojó tanto la investigación contra Poretti: “En el reparto de poder dentro del Frente Progresista la justicia es una de las pocas cosas que quedó en manos de la UCR. Y no quieren conflictos”.

Se excusó
El juez federal Francisco Miño se excusó en la causa “por haber emitido opinión en el allanamiento ilegal”, por lo que la investigación recaería ahora en el juzgado de Reinaldo Rodríguez. Fuentes judiciales afirman que Rodríguez también se excusaría, teniendo en cuenta su amistad con el juez Jorge Pegassano, con quien suele compartir almuerzos en un restaurant ubicado en Villa California.
Fuente:RedaccionRosario

OPINION

Pena y política
Por Julio Maier *

No debería intervenir en este debate, al menos antes de estudiar su tema material, pues la admonición del juez de la Corte Suprema Doctor Zaffaroni es correcta y creo que, expresada de otro modo menos familiar y cotidiano, en alguna oportunidad se me ocurrió a mí como respuesta a quienes hablan sin saber, irresponsablemente, sólo porque tienen la oportunidad de hacer oír su voz: “Agarrá los libros que no muerden”. Esto vale también para mí como para el provocador de este debate inútil, Sr. Massa –y sus defensores–, pues ni él ni yo conocemos un texto todavía no parido del todo, encargado por el PE nacional, entregado como anteproyecto y sometido actualmente al tamiz político de la decisión de autoridad que implica remitirlo como proyecto al Parlamento nacional. La provocación del debate puede ser calificada, según aquella verificación –también parafraseando al Sr. Juez de la Corte–, como “ridícula”, algo parecido a discurrir sobre los libros escritos por Sócrates, caso que alguna vez tuvimos que escuchar públicamente en otro sentido. Más ridículo aún suena el debate anticipado, no sólo por desconocimiento del texto criticado, todavía no parido, sino, antes bien, porque sus provocadores incluyen el instrumento institucional de un llamado a la “consulta popular” sobre el texto no parido aún, sin debatir previamente si ello es posible, según la materia y la oportunidad, en el Derecho argentino. Todo suena, como muchos lo han advertido, a “oportunismo político irresponsable” y, si se quiere, a partitura musical o verso plagiados, según la intervención de otros coprovocadores.

Pero, en mi caso particular, tampoco debería intervenir en ese debate, porque desde la aparición de otro improvisado jurista –ciudadano responsable reconocido del desquicio del Derecho penal actual en gran medida y gracias a la colaboración de actores políticos de todo signo, de los cuales alguno reincide ahora– decidí apartarme, por asco, del Derecho penal actual que, universalmente, pregona contenidos políticos por mí imposibles de imaginar otrora, cuando decidí adentrarme en esa cultura. No quiero ni creo en la pena, menos aún en la prisión, como “donosa remedio de todo mal”, según reza la antigua zamba, ni comprendo al Derecho penal como “sanalotodo de todos los males sociales”, según escribí en otra oportunidad, y parece el imperativo de la época. Como estimo que no soy revolucionario de veras, admito culturalmente tan sólo que unas pocas conductas sean sometidas por el poder político a una reacción del todo inhumana como lo es la pena privativa de libertad y, seguramente, parafraseando al mismo jurista mencionado al comienzo, seré crítico del texto, por “conservador”, si él se trasforma en proyecto institucional, expresión de la autoridad estatal, pero en un sentido totalmente diferente al debate actual. Pero ello es sólo, por el momento, pura imaginación.

Quiero terminar por expresar que no me sorprenden las expresiones al respecto del Sr. Ma-ssa ni las de aquellos que han salido a defenderlas, en cierta manera ya anticipadas públicamente con su conducta como políticos.
* Profesor titular consulto de Derecho penal - U.B.A.
Fuente:Pagina12



07.03.2014 

los precios 
De Diocleciano a los monopolios criollos 
La cuestión de fondo que subyace a la temática inflacionaria es la puja por apropiarse de la renta.

Por: Juan Carlos Junio
En el año 301, el emperador romano Diocleciano promulgó el célebre Edicto sobre Precios, que entre otras cuestiones establecía precios máximos para 1300 productos. En sus fundamentos, se sostenía que la norma se debía "a la carestía y a la devaluación del denario, a la oscilación de los precios entre las diversas regiones y en los transportes, y a la avaricia de los acaparadores y los especuladores".

Más allá de los matices y de los 1713 años que nos separan de aquel episodio –ni que hablar de las importantes transformaciones de los sistemas políticos y económicos que se fueron sucediendo con el paso del tiempo–, la cita mantiene una notable vigencia, particularmente en la crucial cuestión de la formación de precios, en el control de los productos faltantes incluidos en el programa de Precios Cuidados y en la esencia del comportamiento de los núcleos  del poder económico.

Desde nuestra perspectiva, la cuestión de fondo que subyace a la temática inflacionaria radica en la puja por apropiarse de la renta. En esta cuestión, desde la ortodoxia velan u ocultan la verdadera causa de los incrementos y remarcaciones. En ese sentido, en un seminario organizado por la Asociación de Inversores en Mercados Emergentes, realizado hace una semana en Nueva York, los analistas del establishment destacaron el acuerdo con Repsol y la gestión del Banco Central, aunque remarcaron, como siempre, que el gobierno deberá resolver el déficit fiscal para atacar la inflación.

En esas tribunas suele resonar la falsa retórica que repite, como una máxima inquebrantable, que aquellos países de la región sostenedores de políticas "serias" no tienen problemas en la faz de los precios, aunque no dice que el costo de esas agrias medicinas neoliberales radica en la imposibilidad de discutir la distribución de los ingresos para hacerla más equitativa, ya que demoniza, por ejemplo, grandes logros sociales, como las paritarias libres o la movilidad de las jubilaciones. Esas visiones perimidas, que a todas luces van en contra de los intereses de los trabajadores y de todos aquellos que perciben ingresos fijos, apuntan a que el Estado sea mínimo, sin ningún poder, y que dé piedra libre a las fuerzas del mercado, facilitando los negocios del gran capital y sus enormes ganancias.

Es por ello que resulta esencial contar con un Estado activo y eficiente, capaz de arbitrar los mecanismos que hagan posible una mejora sustentable en los parámetros de la distribución de la riqueza y que gestione la provisión de los recursos esenciales para el abastecimiento de la población.

Al respecto, es interesante rescatar una mención del discurso de la presidenta en la inauguración de las sesiones legislativas de este año, cuando le observó al senador Gerardo Morales que "él también forma parte de un partido político que tiene posibilidades de gestionar el Estado, así que no tiene que ser escéptico en que la política pueda ser mejor que los empresarios en gestionar económicamente en función de la gente". También resultaron valiosos los datos que Cristina Fernández mostró, relacionados al aumento en la producción de gas natural y petróleo en todo 2013, de un 2,2% y 3,4%, respectivamente. Muestran la importante administración estatal de YPF, que contrasta con la dinámica observada bajo la gestión privada de Repsol, con caídas continuas en la producción de petróleo, desde 2002, y gas, desde 2004. 

Volviendo a la cuestión de los precios, la presidenta también le dedicó un espacio a quienes lucran en la actual coyuntura. Señaló críticamente a los sectores empresarios que poseen una capacidad instalada similar a la de 2012, advirtiendo que "no hay ningún justificativo para aumentos de precios por encima de valores que no se condicen con la realidad y que solamente saquean el bolsillo de los argentinos". En el mismo sentido, señaló al rubro automotriz, resaltando que algunas marcas subieron sus precios "en promedio 45% por arriba de lo que fue la devaluación", destacando también que pagan salarios en pesos, gozan de energía subsidiada por el Estado, y que la mayoría de las autopartes son de origen nacional. Queda clarísimo que los incrementos en los precios son propios de monopolios que manejan el mercado como se les antoja.

Sin lugar a dudas, la devaluación puso de manifiesto, una vez más, que la aceleración en la remarcación de precios de los últimos meses obedeció al comportamiento oportunista de sectores muy concentrados, que lucran desde su posición dominante con el único propósito de obtener ganancias extraordinarias a costa de la población. Esta actitud antisocial, propia de la naturaleza económica de los oligopolios –y que como muestra la historia universal no es una particularidad local–, nos obliga a adecuar los mecanismos estatales sin recurrir a los cantos de sirena de corte "técnico" que sólo pretenden congelar la puja distributiva.

Por ello, resulta necesario profundizar los instrumentos del Estado que aseguren el cuidado de los intereses de las mayorías, sin recurrir a las clásicas recetas de ajuste macroeconómico y enfriamiento compulsivo. En este sentido, la labor parlamentaria nos presenta desafíos a corto plazo, expresados por Cristina cuando resaltó la necesidad de "sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos", en línea "con el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores".

Todo esto implica seguir profundizando el estudio de las cadenas de valor, los acuerdos de Precios Cuidados y otras herramientas del mismo signo, y en paralelo, incrementar la capacidad sancionatoria del Estado, ya que de lo contrario su rol se debilita. Las críticas esgrimidas por entidades representativas de los grupos monopólicos (Asociación Empresaria Argentina, UIA y Cámara de Comercio, por ejemplo) a proyectos como el del diputado Héctor Recalde, que entre otras cuestiones busca sancionar el acopio y la especulación, nos muestran que transitamos por el buen sentido. Todo indica que aquellos avaros, acaparadores y especuladores que enfrentaba desde el fondo de los tiempos el emperador Diocleciano, tienen una buena zaga en nuestras tierras. 

Fuente:TiempoArgentino

OPINION

A la memoria de Vasco
Por Eduardo Tavani *

El general no pudo soportarlo, se sintió “ofendido” y resolvió recurrir a la Justicia en busca de reparación. Era el año 1999.

El señalado como “ofensor” había sido pasado a retiro con el grado de capitán del Ejército por decisión de un tribunal militar en 1976. A partir de entonces y por denunciar el golpe y a los golpistas, fue sancionado reiteradas veces con arresto, hasta que en 1985 un Consejo de Guerra dispuso su destitución de la fuerza.
Integró a su tiempo el Centro de Militares para la Democracia en la Argentina (Cemida) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Tiempo después egresó como periodista del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y colaboró en los diarios La Razón, Río Negro, Página/12 y en las revistas Humor y El Periodista de Buenos Aires.
Su primer libro, El Escuadrón Perdido, publicado en 1998, es un minucioso trabajo llevado a cabo a través de años de investigación hurgando en archivos públicos y privados, recogiendo testimonios y cotejando expedientes administrativos y judiciales. Allí daba cuenta del secuestro y la desaparición de 129 soldados del Ejército Argentino, durante los años ’70. El general alcanzó la jefatura del Ejército, el máximo cargo en la carrera militar, en tiempos de Raúl Alfonsín.

Las investigaciones realizadas por el supuesto “ofensor” desnudaban el destino sufrido por un grupo de jóvenes soldados del Ejército durante el período más aciago de la historia argentina contemporánea.

Las “ofensas” al honor, dignidad y reputación que parecían afligir al general eran una derivación de su vinculación con los hechos investigados en el libro, entre los que se destacaba el caso de un joven miembro del Ejército, el cabo José Hernández, uno entre muchos otros, desaparecido por el terrorismo de Estado en la provincia de Salta, donde el “ofendido” con el grado de teniente coronel se había desempeñado como jefe del Regimiento 28 de Infantería de Monte con asiento en Tartagal, organismo bajo jurisdicción de la V Brigada de Infantería de Monte de Tucumán, cuyo responsable fuera el también jefe del Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi.

El “ofendido”, en plena vida pública y todavía jefe del Estado Mayor, el 5 de mayo de 1986, ante 300 oficiales, en el comando logístico de Palermo habría afirmado: “... quedará para el futuro, cuando el tiempo y el espacio lo permitan, si es que podemos, reivindicar a nuestros comandantes”, según extracto del artículo “La Política del Punto Final, el plan de Ríos Ereñú”, publicado en El Periodista de Buenos Aires Nº 120, del 26 de diciembre de 1986, páginas 8 y 9, Ediciones de La Urraca.

En los estrados judiciales fueron demolidos, uno tras otro, los presupuestos relativos a la responsabilidad que el “ofendido” le endilgaba al “ofensor”, quien con absoluto apego a la verdad y sentido crítico, en tiempos de impunidad se había animado a denunciar crímenes sin juicio ni castigo.

Un dictamen, oscuro y arbitrario del entonces procurador general de la Nación Nicolás Eduardo Becerra habilitó a que la Corte Suprema de Justicia mandara dictar una nueva sentencia. Los votos de los jueces Belluscio, Vázquez y Boggiano y de las conjuezas Cossio de Mercau y Berraz de Vidal conformaron la mayoría que facilitó el vuelco de la causa. No fue difícil imaginar el origen y peso de las influencias que permitieron tumbar un fallo justo.

El “ofensor”, José Luis D’Andrea Mohr, por entonces ex capitán, autor del El Escuadrón Perdido, un hombre íntegro, a quien serví como colimba, de quien fui amigo y que me honró al designarme su defensor en la causa “Ríos Ereñú, H. C/D’Andrea Mohr y otros”, no alcanzó a ver tamaña satrapía. Falleció el 22 de febrero de 2001.

El “ofendido”, Héctor Ríos Ereñú, fue condenado el 21 de diciembre de 2013 a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Salta, por crímenes de lesa humanidad, cometidos a partir de 1975, en esa provincia.

José Luis, doce años después, todos a los que aún nos duele tu ausencia podemos afirmar que esta batalla,
en la que como en otras, tozuda e inquebrantablemente te enfrentaste a la impunidad y el olvido, está ganada.
* Abogado.
Fuente:Pagina12