Por Irina Hauser
RICARDO LORENZETTI RECONOCIO QUE HACEN FALTA CAMBIOS EN LA JUSTICIA
La necesidad de una reforma
El presidente de la Corte Suprema habló en la inauguración del año judicial. Admitió como “innegable” que se necesitan reformas y mencionó al narcotráfico como una amenaza al estado de derecho. Buena presencia de jueces y funcionarios.
Por Irina Hauser
Imagen: DyN
Fue un discurso mesurado, menos incisivo que otras veces, con un dejo de autocrítica en lo que atañe al funcionamiento del Poder Judicial, aunque siempre político y con la impronta de quien tiene una vista panorámica, que mira desde arriba, aconseja y trata de mostrar que no se ubica en ninguna parte. “Casi episcopal”, dijo de sí mismo Ricardo Lorenzetti, cuando inauguraba ayer el año judicial frente a decenas de jueces de todo el país. En su exposición, repitió conceptos de todos los años, aunque eligió anclar algunos en la actualidad, en especial cuando asumió que es “innegable” que hacen falta reformas para que el sistema de justicia sea más rápido y accesible al común de la gente y al referirse al narcotráfico como “una amenaza al estado de derecho”. Les pidió a los jueces que lo escuchaban que “cooperen” para encontrar soluciones.
Entre sus muletillas más conocidas, reivindicó “la independencia de poderes” y el Derecho como “límite a los abusos del Estado”.
Entre sus muletillas más conocidas, reivindicó “la independencia de poderes” y el Derecho como “límite a los abusos del Estado”.
“Episcopal”, subrayó Lorenze-tti, es una palabra que le “gusta mucho” y que define al que “no está ni de un lado ni del otro”. “La Corte puede intervenir en la agenda pública iluminando algunos temas”, resumió lo que podría interpretarse como uno de los objetivos de su discurso. Igual que el año pasado, y posiblemente porque se le suele atribuir cierto personalismo, el presidente supremo aclaró de entrada que el speech había sido consensuado con sus colegas del alto tribunal. “No queremos hablar de las cuestiones del poder sino del pueblo”, agregó, intentando extender su apelación más allá del auditorio judicial que lo escuchaba, al común de la gente.
“Los problemas del pueblo trascienden a los gobiernos”, afirmó, y los enumeró en este orden: “el temor de los que tienen algo ahorrado y que pueden perderlo, crisis tras crisis”; “el miedo de los que están excluidos de las sociedad y no tienen futuro”; “el temor de los niños afectados por la droga”; “o el temor de los jubilados”; “o el de los que piensan que la ley no es igual para todos y que hay impunidad”. A su entender, la falta de “previsibilidad” es uno de los problemas clave, y que nadie se ocupa de “la raíz de los problemas”, aunque hizo corresponsables a los tres poderes.
Lorenzetti ofrece este tipo de discursos desde 2007, cuando cumplió un año en su presidencia suprema. Según el contexto político, ha sido más o menos hostil hacia el Gobierno. El año pasado estuvo marcado por la pelea permanente, en medio de la discusión de las leyes de “democratización” de la Justicia y la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte de la reforma de la ley de Consejo de la Magistratura. Ahora hay cierto clima conciliador entre la Casa Rosada y la familia judicial, que se advierte desde que el oficialismo en el Consejo admitió y votó en la presidencia y vice del organismo a dos jueces representantes de la conservadora lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Ayer, en el acto en la señorial sala de audiencias del Palacio de Justicia, la Corte estaba en pleno y había más representantes del Gobierno que lo habitual. Desde el ministro de Justicia, Julio Alak; su número dos, Julián Alvarez, y colaboradores de la cartera; la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y el titular de la Sedronar, el cura Juan Carlos Molina. También había integrantes de Justicia Legítima –entre ellos su titular, María Laura Garrigós de Rébori– además de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general, Stella Maris Martínez; cerca se ubicaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitksy, y el sindicalista Julio Piumato. Afuera, en las escalinatas, protestaba la defensora de los represores Cecilia Pando.
Poco después de dejar tribunales, Alvarez –quien también es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo– posteó en las redes sociales: “Coincidimos con el presidente de la Corte Suprema en la necesidad de producir reformas en la Justicia para acercarla a los problemas de la sociedad y para evitar demoras”. En la cartera de Justicia se daban por contentos con el hecho de que el juez supremo hubiera admitido que “hay que reformar el Poder Judicial”. La diferencia es que Lorenzetti plantea una reforma desde adentro de la corporación, con los jueces a la vanguardia, mientras que el Gobierno piensa en cambios más vastos, que abarcan los códigos Penal, Procesal, Civil, el Servicio Penitenciario y el funcionamiento del Consejo.
“Nunca menos”
Lorenzetti habló de dos objetivos hacia donde deberían orientarse los cambios dentro del Poder Judicial. Habló de “acercar la Justicia a la gente”, “poner los jueces donde están los conflictos”, “designar jueces de pequeñas causas, mediadores, en los barrios pobres, en lugares donde hay conflictos”. “Esto pacifica”, aseguró. “No puede ser que sigamos con un diseño del siglo XIX, cuando la gente iba al centro a litigar (...) Tenemos que crear jueces móviles” que se trasladen “a aquellas regiones donde hay grandes distancias”, insistió el juez. El “segundo gran cambio”, señaló, “es en la celeridad”. “Son cambios organizativos”, sostuvo, y recordó que hay camaristas y jueces de tribunales orales trabajando en propuestas “para obtener una Justicia más rápida”. “No crean que el Poder Judicial está de maravillas. Tenemos que transformarlo, tenemos que hacer un esfuerzo todos y debe ser una política de Estado.”
Ayer no fue la primera vez que la Corte asumió un papel de prédica en la cuestión del narcotráfico. Ya lo hizo el año pasado, en una resolución en la que pedía medidas tanto de Gobierno, de las fuerzas de seguridad como del Consejo. “El narcotráfico está afectando el estado de derecho”, sentenció Lorenzetti, que lo mencionó como un problema del país y la región. “No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones básicas e implementarlas”, clamó. “Exhortamos a todos los jueces, principalmente a aquellos que están en regiones donde este tema es acuciante, a que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva. A los otros poderes del Estado les decimos que esta agenda del narcotráfico debe ser prioritaria”, pidió Lorenzetti.
Lorenzetti tiene la habilidad de plantear conceptos de manera genérica, sin dar nombres ni casos, pero siempre fáciles de asociar con alguna situación o debate vigente, desde la toma de tierras o la inflación hasta el problema para estudiar en las escuelas porteñas. Así, por ejemplo, hizo un listado de “valores” para la comunidad judicial que lo escuchaba y atravesó todo el arco temático posible: “El sistema jurídico parece un hotel cinco estrellas, porque es perfecto, pero no todos pueden acceder a él (...) pero las normas de acceso no son sólo las procesales, también hablamos del acceso a bienes primarios esenciales (...) por eso la Corte ha hablado del derecho a la vivienda”, del derecho “a las prestaciones de salud”, “al consumo”, “el derecho a la educación” y establecer si es “discriminatorio”.
Fiel a su estilo, Lorenzetti fue dejando grandes frases y grandes asuntos sembrados a medida que hablaba. “No hay estado de derecho vigente sin igualdad”, dijo. “El estado de derecho debe promover la diversidad”, predicó. “Hay que admitir la pluralidad de modos de vida y de ideas”. Mencionó el derecho a “la autodeterminación”, el derecho “de criticar”. Sugestivamente, mientras hablaba de “fortalecer el debate público” sin “demonizar”, afirmó: “Necesitamos un cambio de paradigma en la gobernabilidad”.
Lorenzetti habla casi sin titubear. Lee poco y nada, mira al público. Acompaña su discurso con las manos y eleva el tono cuando quiere enfatizar una palabra. Lo hizo al hablar de “democracia”. “La Corte y todo el Poder Judicial deben respetar el funcionamiento democrático (...) pero el funcionamiento del sistema democrático también implica división de poderes, porque las mayorías pueden tomar decisiones que son inconstitucionales”, advirtió. Una afirmación similar hizo años previos, cada vez que quiso dejar en claro que el Poder Judicial les pone límites a los demás, y una vez más reivindicó la independencia de poderes. “Hay un límite –remarcó ayer– que es el de los derechos fundamentales (...) proteger los derechos del ciudadano común frente al Estado que lo puede afectar (...) el estado de derecho es el límite a los poderes estatales, a los poderes económicos y a todos aquellos que tienen por idea llevarse por delante los recursos naturales.”
Lorenzetti llamó a no retroceder en materia de “derechos fundamentales”. “Nunca menos”, dijo evocando a Néstor Kirchner. Dijo que la Corte sigue sosteniendo los juicios de lesa humanidad como “política de Estado” y “si hay alguien que piensa que esto va a cambiar está equivocado”. Para “ver cómo hacemos para terminar estos juicios guiados por el principio del debido proceso” anunció que volverá a convocar a una comisión interpoderes. Al final, señaló que la agenda pública debería incluir “los derechos ambientales”, que son su especialidad. Lo explicó como una cuestión bien mundana, tangible para cualquiera: “Sin darnos cuenta hemos comenzado a tenerle miedo a las tormentas (...) si una ciudad se inunda, y las inundaciones son cada vez más frecuentes, en 24 horas volvemos a la edad de piedra. Podemos no tener luz, ni servicios ni medicamentos. Llega la noche y la ciudad está oscura y no hay control social. Nos parece que la cuestión ambiental es esencial para que podamos tener un futuro”, señaló. Según Lorenzetti, es “la principal litigiosidad en la Argentina”, o sea, juicios derivados de asuntos ambientales o de disputas por recursos naturales.
Así, con un intento de marcar agenda, judicial y política, sin palabras de confrontación hacia el Gobierno u otros poderes, ni grandes reclamos, evitando referencias a las reformas de los códigos que están en plena discusión, Lorenzetti inauguró “el año judicial”. Trató de dejar, una vez más, el sello de una Corte con juego propio.
LOS JUECES SE MOSTRARON A FAVOR DEL ANTEPROYECTO POR EL CODIGO PENAL
Apoyo para el nuevo CódigoPor Irina Hauser
Los magistrados que concurrieron ayer a Tribunales coincidieron en la necesidad de reformar el actual Código Penal. Hubo críticas para Massa por cómo planteó la discusión en base a frases efectistas que apelan al miedo.
Un buen número de funcionarios, jueces y fiscales se congregó ayer en el cuarto piso de Tribunales.
Imagen: DyN.
Imagen: DyN.
En el tumulto de jueces que se armó después del discurso de Ricardo Lorenzetti, en el hall del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde las voces y los pasos retumban, el debate del anteproyecto para reformar el Código Penal era tema casi excluyente. Lo notable es que jueces de un amplio espectro ideológico consultados por Página/12 alientan la reforma, la creen necesaria, dicen que el Código actual es disparatado, que ni ellos saben cómo aplicarlo a veces. Plantean –sí– algún puñado de críticas que preferirían que fueran debatidas por expertos y la mayoría cuestiona el modo en que Sergio Massa instaló la discusión, con frases hechas que apelan al miedo y la sensación de que todo está armado para favorecer la delincuencia. Nadie cree que mayores penas garanticen menos delitos.
“Para los jueces, una reforma al Código Penal, que lo ordene y sistematice las penas y la gravedad de los delitos, es clave. El Código de 1921 sufrió 900 reformas parciales. Desde el endurecimiento de penas de las leyes Blumberg en 2004 se generó un caos que no trajo ningún bienestar. En dictadura un robo con armas tenía una pena de 5 a 15 años, luego en 2004 pasó a tener de seis años y ocho meses a veinte. ¿De qué sirvió el aumento indiscriminado de penas? De nada”, reflexiona Diego Barroetaveña, juez del Tribunal Oral 21, referente del oficialismo de la Asociación de Magistrados y uno de los firmantes –el año pasado– de los planteos de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Barroetaveña sostiene que el máximo de penas que el anteproyecto fija en treinta años “se adecua al Estatuto de Roma” y acuerda con que la comisión reformadora haya “tenido en cuenta que el bien más preciado es la vida” y se vuelva a la lógica de que un homicidio, por ejemplo, prevea entonces un castigo mayor que los secuestros extorsivos. Tampoco cuestiona las penas alternativas ni la eliminación de la llamada reincidencia. Sus dudas apuntan a otra cuestión: “Tal vez el tramo final de un gobierno no sea un buen momento político para poner esto en debate, hubiera sido más fácil años atrás, pero el tiempo dirá”.
Ariel Lijo, juez federal, conocido en estos días porque tiene a cargo el caso Ciccone, planteó que “cualquier proceso que tienda a reunificar la legislación penal es una buena noticia, porque llevamos décadas de decodificación, casi todas las leyes tienen una sanción penal, sería bueno que esté todo unificado”. “El Código es una garantía en sí mismo para la gente, por eso sería bueno que se sepa bien qué es lo que está prohibido. Hoy está difuso”, advirtió Lijo. Cuestionó a su vez el modo en que se ha planteado el debate, después del discurso de la Presidenta en la Asamblea Legislativa, el sábado último. “El debate que no respeta las cuestiones técnicas, como es legislación penal, debe darse en un marco técnico, con contenido técnico, el recurso a lugares comunes o frases hechas del idioma vulgar, como hablar de la puerta giratoria, conspiran contra un debate constructivo. Expresiones como la puerta giratoria. Nadie logró demostrar la relación entre la amenaza de pena y la reducción de los niveles de criminalidad, por eso el debate pasa por otro lado”, planteó.
Según el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, hace falta una reforma del Código, “nadie está en desacuerdo”, “es noble que se le haya encomendado la redacción a una comisión multipartidaria”, y es clave “la inclusión de nuevos delitos”, entre los que señala el genocidio, los delitos económicos, el contrabando, los delitos de propiedad intelectual, los ambientales, entre otros. A su entender la discusión por los montos de las penas es inconducente y “no hay que confundirla con la cuestión de la excarcelación, como se pretende hacer”. “El asunto es cómo aplican los jueces los montos de las penas. Además, hoy por hoy, aun con un delito de pena baja se puede negar una excarcelación si existe riesgo de fuga”, señaló. Borinsky acuerda con todos los ejes del anteproyecto, excepto con la eliminación de la declaración de reincidencia. “Es un modo de cumplimiento de la pena, que determina cuánto tiempo debe ser efectiva; se aplica sólo a quien tras cumplir una condena efectiva vuelve a ser condenado. Ahí tiene que cumplirla entera. No lo veo como algo estigmatizante. Estar un solo día en la cárcel es de por sí estigmatizante”, dijo.
“Así como está ahora, el Código Penal es antidemocrático, no permite saber cuáles son las reglas de juego. El Código es un sistema y debe ser razonable. Su reforma es un avance importante”, sostuvo la camarista María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima. Sobre las críticas a los montos de las penas, dijo que “cuando la gente va a cometer un delito no piensa qué pena le va a tocar; luego, cuando los montos de las penas son razonables, su cumplimiento es factible; la amenaza de cumplimiento efectivo de una pena, incluso con penas alternativas, es mucho más efectiva”, explicó. Garrigós señaló, además, que “no se puede sancionar un Código Penal en función de una iniciativa popular” como la que promueve Massa juntando firmas.
Otro juez federal, Sebastián Casanello, acuerda con la reformulación de lo que considera un Código “asistemático y en ocasiones autocontradictorio”. A su entender, los conceptos del anteproyecto no son a favor de la delincuencia, sino que buscan “recuperar el sentido y la utilidad de las penas, aun las pequeñas, que son las más abundantes”. La propuesta de la comisión, rescata Casanello, “contempla un abanico muy importante de posibilidades a la hora de alcanzar la resocialización de aquel que cometió un delito”. “La realidad actual deja a los magistrados en el dilema de escoger entre penas cortas de prisión o dejarlas en suspenso. Pero como existe un consenso en que las condiciones actuales de detención implican destrucción de la personalidad y enseñanza del delito, siempre se escoge esto último. Visto así, el proyecto recuperaría la utilidad de la pena, porque prevé un número amplio de alternativas a la prisión”, analiza. También destaca aspectos del texto, donde aumenta la severidad: impide la prescripción para quienes están en rebeldía y “pasa a contemplar el pedido de extradición como un acto que hace que se vuelvan a contar los plazos de prescripción”. “Hoy basta tomarse el buque y no aparecer más por unos años para librarse de un proceso penal”, grafica.
El juez de la Corte de Santa Fe Daniel Erbetta lamenta que se haya instalado “un debate tan poco serio, no corresponde reducir la discusión de toda la legislación penal a un eslogan sobre las penas” y con “comentarios inexactos de gente que no sabe ni qué es la reincidencia”. Pidió “desenmascarar la forma en que se ha instalado la polémica” y recordó que “en este anteproyecto ha trabajado una comisión plural con miembros de partidos con representación parlamentaria, que no se puede descalificar linealmente”.
“Tenemos una larga y triste experiencia de lo que es la manipulación política de la ley penal con fines electorales –advirtió el juez–. Es fácil manipular el miedo y los sentimientos de la gente. Ahora hay que esperar que se publique el texto, que sin dudas que va a marcar diferencia respecto de la legislación actual, que es insostenible. Los jueces no saben hoy cuál es la pena máxima de prisión. Es unánime que hace falta una reforma profunda, es unánime.”
EL PRO, LA UCR Y LA CC SE DIERON VUELTA Y DIJERON QUE NO ERA MOMENTO PARA DISCUTIR LA REFORMA AL CODIGO PENAL
La oposición ahora no quiere el Código
Pese a que tanto el macrismo como el radicalismo tuvieron sus representantes en la comisión de reforma del Código, ayer salieron a anunciar que no apoyarían la propuesta. Lo mismo dijeron Carrió y Solanas.
Por Werner Pertot
Mauricio Macri en conferencia de prensa junto a Federico Pinedo, su representante en la comisión.Imagen: DyN.
Frank Underwood hubiera estado orgulloso. El maquiavélico protagonista de la serie House of Cards no hubiese logrado una jugada política mejor que la que hizo Sergio Massa para lograr que sectores de la oposición rechacen un proyecto de reforma del Código Penal que ni siquiera está presentado en el Congreso. Incluso consiguió que se dieran vuelta aquellos sectores que participaron de la redacción del anteproyecto de la reforma, como el radicalismo y PRO. El procesado jefe de Gobierno, Mauricio Macri, organizó una conferencia de prensa para señalar que no es momento de discutir una reforma. Sentado a su lado estaba Federico Pinedo, que participó del anteproyecto. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que la reforma es “una locura”. El jefe de la bancada radical en el Senado, Gerardo Morales, anunció que la UCR no apoyará el proyecto, pese a que contribuyó a redactarlo el ex diputado Ricardo Gil Lavedra.
En pocos días y con una breve campaña por los medios y las redes sociales, Massa logró que amplios sectores de la oposición dieran un giro de 180 grados en su postura. El socialismo, la UCR y el PRO habían enviado a sus representantes a la comisión que se avocó durante más de un año a preparar un anteproyecto de la reforma del Código Penal. La integraron también el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex ministro de Seguridad León Arslanian. Una vez que terminaron de consensuar un anteproyecto –que tiene disidencias en puntos específicos–, se lo entregaron a Cristina Fernández de Kirchner. El 1º de marzo, la Presidenta advirtió que estaba siendo estudiado por el Ministerio de Justicia para elaborar un proyecto definitivo.
Massa se lanzó antes de que este proyecto esté escrito y orquestó una campaña contra la reforma. En los primeros días, tanto Pinedo como Gil Lavedra salieron a cruzarlo y a señalar falsedades en las cuestiones que el líder del Frente Renovador señalaba como reprochables. “Massa dijo muchas cosas que no son verdad”, había afirmado Pinedo, quien hizo una larga enumeración: “Ma-ssa dijo que buscaba eliminar el registro de antecedentes y el proyecto no lo modifica en absoluto. Dijo que la corrupción de menores y el robo con arma eran excarcelables, cuando en realidad tienen una pena de 12 años; que el tráfico de drogas era excarcelable, cuando tiene una pena máxima de 10 años, con otros 10 años por organización; que eliminamos el abuso sexual gravemente ultrajante, cuando lo convertimos en una figura más grave, que es la violación”.
Luego de esta extensa desmentida, Pinedo sentenció: “En lugar de oponerse hay que hacer el trabajo lo mejor posible. La función de los legisladores es sancionar buenas leyes. Me parece que, si son diputados, lo que tienen que hacer es hacer propuestas para que el Código Penal sea mejor. Rechazar una reforma es decir no estoy capacitado para mejorar la legislación. El ‘me quedo donde estoy’, en estas condiciones, no es razonable”. Pero, ayer, Pinedo se sentó junto a Mauricio Macri, quien dijo: “No se puede votar el Código Penal hoy, porque esto conduce a una nueva fractura de nuestra sociedad y nosotros no queremos más fracturas. Queremos que se debata sin animosidades, en profundidad y escuchando la postura de todos con respeto”. Macri anunció este cambio de postura luego de una reunión con su bloque legislativo y las principales autoridades del partido.
En la conferencia, Macri pidió un debate “sin demagogias ni oportunismos, fuera de un contexto electoral”, para lo que exigió que la reforma “se apruebe en un par de años. No hay urgencia”. Corrido en los hechos por la movida mediática de Massa, Macri no ahorró críticas hacia su ex aliado, cuyas críticas calificó de “oportunistas, populistas y demagógicas”. “Debatir el Código Penal es un ejercicio importante y lo tenemos que hacer y tiene que ser una reforma de todos. No lo debatamos demagógicamente y saquémoslo del debate electoral, sin oportunismos”, afirmó, sin mencionarlo explícitamente. A esa estrategia se sumó Gabriela Michetti, quien dijo que “el Frente Renovador no tiene autoridad moral para criticar la reforma del Código Penal”.
Para justificar el giro que dio el PRO respecto del tema, Macri afirmó que Pinedo había dejado asentadas sus “profundas diferencias” con el anteproyecto que se presentó. En realidad, planteó disidencias en un número menor de artículos, cuya redacción definitiva todavía debe pasar por el Congreso.
Giro radical
Los referentes de Unen, Elisa Carrió y Pino Solanas, coincidieron con la nueva posición del PRO. “La reforma del Código Penal requiere un amplio debate social y no el tratamiento express que propone el Gobierno. Este anteproyecto reduce las penas para delitos graves, como la producción y comercialización de drogas”, afirmó el senador Pino Solanas. “Nunca nos prestamos a la locura de reformar el Código Penal”, destacó la diputada Elisa Carrió, quien dijo que era “tan irracional la reforma propuesta como el llamado a una consulta popular” de Massa.
La oposición de Massa también quebró el frente interno de la UCR, que en un principio había ofrecido a Gil Lavedra para trabajar en el anteproyecto. Los primeros en abrirse fueron Julio Cobos, Miguel Bazze y Oscar Aguad, quien dijo que “el actual Código es un acumulado de inconsistencias, pero no es tiempo para discutir estas normas”. Ayer, de una disidencia parcial, la UCR pasó a una oposición frontal al proyecto que ellos mismos habían contribuido a redactar. El titular del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz, advirtió que “la UCR no va a acompañar ninguna reducción de penas”. No está claro si Sanz consultó con Gil Lavedra sobre el contenido del anteproyecto. El coordinador de la comisión redactora, Roberto Carlés, afirmó que el anteproyecto reducía 116 escalas penales y aumentaba otras 159, además de introducir 85 nuevos tipos de delitos y despenalizar 17 conductas.
Sanz fijó la posición oficial, al igual que Macri, tras una reunión con las autoridades de su partido. “El radicalismo le pide al Gobierno que no envíe el proyecto de reforma del Código Penal”, afirmó Sanz antes de conocer el contenido del proyecto definitivo. “No vemos oportuno el tratamiento del Código Penal en este momento”, se sumó el jefe de bloque radical en el Senado, Gerardo Morales.
Sobre un telón de cambios generales de posturas en la oposición, el dirigente de Unen Martín Lousteau consideró que es “infantil la manera en que estamos discutiendo la reforma del Código Penal”. “Vemos acusaciones mutuas, amenazas de plebiscitos, exageraciones, populismo y descalificaciones –estimó el ex ministro de Economía–. Es un debate poco riguroso: sin datos y sin profundidad.”
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