10 de abril de 2014

MAS DE 60 DIPUTADOS DE CASI TODO EL ARCO POLITICO APOYARON CON SU FIRMA UN NUEVO PROYECTO PARA DESPENALIZAR EL ABORTO.

MAS VOCES POR EL DERECHO A DECIDIR
Por Mariana Carbajal
Sesenta y dos diputados del oficialismo y buena parte de la oposición apoyaron con su firma el nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ayer ingresó en el Congreso. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito también lo presentará en el Senado.



MAS DE 60 DIPUTADOS DE CASI TODO EL ARCO POLITICO APOYARON CON SU FIRMA UN NUEVO PROYECTO PARA DESPENALIZAR EL ABORTO
Con los pañuelos verdes en busca de un derecho
La iniciativa fue presentada en Diputados y busca abrir el debate en el Congreso. Integrantes de la Campaña por el Aborto, junto con legisladores de diversas orientaciones políticas, explicaron sus fundamentos y destacaron la transversalidad de los apoyos.
Por Mariana Carbajal

Integrantes de la Campaña por el Aborto, junto a diputados de casi todas las corrientes políticas, en el Anexo de Diputados.Imagen: Bernardino Avila
Con más de sesenta firmas de un extenso abanico político –del oficialismo y la oposición—, volvió a ingresar ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La presentación fue precedida por una conferencia de prensa en la que participaron referentes de la campaña y diputados y diputadas de los distintos bloques que lo apoyan, y en la que se reclamó que se habilite el debate en las comisiones y luego en el recinto para que se discuta la iniciativa. “A 30 años de democracia, no podemos permitir que este derecho no se debata. No podemos permitir que haya un tema vedado”, condensó la kichnerista Mara Brawer, el sentimiento que flotaba en la sala, colmada de pañuelos verdes, símbolo de la campaña. La propuesta despenaliza y legaliza la IVE en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves. “Los diputados tienen que tener la seguridad de que se trata de un proyecto constitucional”, subrayó la abogada Nelly Minyersky y agregó: “Lo inconstitucional es obligar a todas las mujeres a recurrir a la clandestinidad para abortar”.

La presentación del proyecto reunió a más de un centenar de personas con pañuelos verdes al cuello, entre diputados y diputadas, y activistas de la campaña, un movimiento colectivo de más de trescientas entidades de sociales, de mujeres, de derechos humanos, académicas, de la diversidad, sindicales. La cita fue en una de las salas del Anexo de Diputados. “Nos sentimos muy reconfortadas por la pluralidad de firmas que acompañan nuestro proyecto”, destacó Julia Martino, de la campaña, al abrir la conferencia de prensa. Hasta ayer, habían suscripto la iniciativa 62 legisladores del FpV, la UCR, el PS, GEN, PRO, Libres del Sur, Unidad Popular, Nuevo Encuentro, Frente de Izquierda, Proyecto Sur, Unen y de la Coalición Cívica-Ari. Es la quinta vez que ingresa, tras perder estado parlamentario sin tratamiento, desde 2007, cuando se presentó como iniciativa de la sociedad civil. En todos estos años nunca llegó a debatirse formalmente en el recinto. El único bloque que no lo apoyó, hasta ahora, con la firma de alguno de sus miembros es el Frente Renovador, de Sergio Massa.

La emoción flotaba en el ambiente, por los apoyos que fue sumando la propuesta legislativa a lo largo de estos años y que quedó de manifiesto ayer con la diversidad de voces políticas que la avalaron. Cristina Zurutuza, otra integrante de la campaña, resumió el histórico camino de la lucha por el derecho al aborto en el país. Y destacó como corolario que “hoy el tema está en la agenda”. “Esperemos que en este período parlamentario se pueda aprobar”, subrayó. Una vez más, como en marchas y actos con pañuelos verdes, volvió a sonar el tradicional cántico del movimiento de mujeres: “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

Después, Minyersky hizo hincapié en los extensos fundamentos jurídicos que avalan la constitucionalidad de la iniciativa y en el hecho de que la criminalización del aborto significa una profunda inequidad, ya que las mujeres que pueden pagar acceden a un aborto seguro y quienes no, ponen en riesgo su vida. Con esa introducción, diputadas y diputados de distinto signo político fueron dando su apoyo a la iniciativa. La kichnerista Adela Segarra, primera firmante del texto, destacó que se trata de un “proyecto transversal”, por los apoyos que concita. Y consideró que “necesariamente” la despenalización y legalización del aborto “tiene que ser una política de salud pública”.

Le siguió Manuel Garrido, de la UCR, quien rescató la lucha que vienen dando por este tema militantes radicales y feministas como María Luisa Storani –presente en la sala y cuyo mandato como diputada finalizó en diciembre– y Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). “Está claro –agregó Garrido– que el Estado no puede imponer ideales de vida ni maternidad forzadas” y consideró que el proyecto “preserva la autonomía de las personas”, al permitirles a las mujeres decidir sobre su cuerpo. La diputada socialista Alicia Ciciliani se comprometió a seguir militando el tema. Nicolás Caño, de PTS-Frente de Izquierda, recordó el trabajo pionero de Dora Coledesky, una abogada, incansable luchadora por el derecho al aborto, que se reivindicaba como trotskista y falleció en 2009.

A su turno, la diputada Victoria Donda aludió a su embarazo y señaló que ahora que atraviesa ese momento vital está “más convencida que nunca de que lo que te convierte en madre es el deseo y no la imposición de una ley”. Y abogó por la sanción del proyecto “para que el Estado respete la libertad de las mujeres” de elegir o no llevar adelante una gestación. Donda confirmó a Página/12 que ya le planteó a Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal, que el tratamiento del proyecto esté en la agenda de la comisión. El proyecto, se supone, será girado a Legislación Penal y además a las comisiones de Familia y de Acción Social y Salud Pública.

Pablo López, del Frente de Izquierda, adelantó que harán “todo lo posible en la calle y en el Parlamento para que esta sea la última vez” que el proyecto tenga que presentarse. El diputado Juan Carlos Cuño, de Nuevo Encuentro, informó que los tres integrantes de ese bloque votarán la propuesta, pero consideró que se debe valorar a “todas las diputadas y diputados” que lo defienden por “convicciones personales” a pesar de que “las conducciones de sus bloques no los acompañen”.

Carla Carrizo, de Unen, celebró la presencia de varones que adhieren a la iniciativa porque “ayuda a desmitificar que se trata de una cuestión endogámica de género”. “Es una cuestión de derechos constitucionales básicos”, opinó. Ramona Pucheta, del monobloque Frente por la Inclusión Social, apuntó que la mayoría de las “compañeras” que la secundan pertenecen a sectores populares y vulnerables. “Por ellas y por todas –dijo– hay que seguir impulsando este tema.” Adriana Puiggrós, del bloque oficialista, invitó a sus colegas a “hablar uno por uno” con los diputados y diputadas que todavía no firmaron, para convencerlos de la necesidad de aprobar la despenalización y legalización del aborto, como hicieron cuando se debatió la ley de matrimonio igualitario. El cierre estuvo a cargo de Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA: “Tenemos la convicción de que es una causa justa para la vida de las mujeres”, concluyó.


Tres miradas para un avance
“Un derecho”

Testimonios recogidos por Gonzalo Olaberría
Cecilia Merchán *
“Este proyecto plantea la continuidad de las leyes de salud y educación sexual. Todas las mujeres, sin importar su edad, religión o clase social, además de que tienen que tener acceso, por ejemplo, a anticonceptivos y una formación apropiada, también deben tener el derecho de abortar en forma legal, segura y gratuita. Se busca que no haya fallecimientos por aborto clandestino, la principal causa de muertes maternas. Más de 500 mil mueren por frenar el embarazo de manera ilegal y unas 70 mil por complicaciones en la gestación, la mayoría jóvenes y pobres. Si bien en la Comisión de Legislación Penal en 2011 hubo debate por la propuesta, no se logró introducirlo en la Cámara por conservadurismo. Hay una construcción ideológica y cultural machista que configura una imagen de la mujer que no puede decidir sobre su cuerpo. En esta oportunidad, confío en que se lo podrá hacer porque está apoyado por unos 70 diputados.”
* Coordinadora del Comité para la Lucha contra la Trata e integrante de la Corriente Política y Social La Colectiva.
Dora Barrancos *

“Debate necesario”
"Es un proyecto fundamental. Aunque afecta directamente a las mujeres, amplía los derechos civiles en el país. Es necesario que se lo debata porque está en juego la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, que implica un derecho prioritario. También es importante para el control sobre los abortos ilegales. Por este motivo, es crucial también que el Estado tenga la obligación de garantizar este derecho de manera gratuita, libre y accesible, a través de su sistema de salud. Falta convicción política para asumir esta decisión. No todos los diputados están convencidos porque existe una larga presión e influencia simbólica de la Iglesia Católica, sobre todo en esta época donde tenemos un papa argentino. También existe una influencia de nuevas iglesias evangelistas, metodistas o pentecostales sobre sectores populares, con un espíritu conservador, tanto en este tema como en otros como la homosexualidad o el matrimonio igualitario. Como la decisión es difícil, muchos representantes eligen postergarla.”
* Socióloga, historiadora e investigadora del Conicet.
Raquel Asencio *

“Un avance”
“Creo que es importante en dos sentidos. En primer lugar, es bueno que el tema pueda ser debatido porque es una deuda en una sociedad de vanguardia en reconocimiento de derechos. Va a servir para corregir conceptos erróneos como los discurso del derecho a la vida absoluto y la penalización del aborto. Existe una tensión entre el derecho a la vida del embrión y el de la madre, que debe ser resuelto y no hay una única solución para hacerlo. En este conflicto, entran en juego consideraciones como el valor incremental de la vida intrauterina a medida que avanza el embarazo, pero también el derecho a la autonomía de la mujer, donde un embarazo tiene un impacto en sus vidas y hace que se conciba a la mujer principalmente como reproductora. El proyecto también es un avance porque promueve que la interrupción del embarazo sea incluida como prestación médica pública. Es necesario que haya voluntad política, a pesar de la diversidad de miradas y las presiones de la Iglesia.”
* Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
Fuente:Pagina12

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