SAN LUIS: DENUNCIA LA APDH EL INTENTO DE OBSTACULIZAR LA JUISTICIA-LUIS FRUM, MAESTRO DE TRABAJADORES SOCIALES APARECIÓ ACRIBILLADO ESA MISMA NOCHE.

Luis Frum, maestro de trabajadores sociales apareció acribillado esa misma noche
"Sonó el timbre, fue a atender, como no volvió fui a buscarlo y sólo encontré una de sus pantunflas"

Luis Frum. Maestro y mátir de los trabajadores sociales. 
San Luis.-"Sonó el timbre pasada la medianoche, él fue a atender, y como no volvió fui a buscarlo y sólo encontre una de sus pantunflas", recordó la esposa de Luis Frum, al declarar en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en esta provincia. El maestro de trabajadores sociales apareció esa misma noche acribillado junto a una laguna de Villa Mercedes. También prestó testimonio un hermano de otro mercedino, Adolfo Pérez, que permanece desaparecido, familiares y amigos de ambas víctimas y el abogado Miguel Ángel Bataller. que estuvo preso.

San Luis.- Pilar María Devoto, viuda de Luis Frum, trabajador social y ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNSL, recordo que pasada la medianoche del 18 de junio de 1976 se encontraba con él en su hogar de Villa Mercedes y ya habían acostado a sus cinco hijos de entre dos y ocho años, cuando tocaron timbre y él acudió a la puerta, y que, como no regresaba, ella fue a buscarlo y solo encontró una de sus pantunflas. Luis Frum apareció maniatado, con los ojos vendados y acribillado junto a la vecina laguna de "Las Encadenadas". También testimonio Jorge Pérez acerca de la desaparición de su hermano Adolfo, un joven también afincado en Villa Mercedes.

Jorge Pérez agradeció el accionar de la justicia y recordó que "son 38 años que uno lleva adentro sin poder hacer nada", al brindar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura que se lleva adelante en San Luis.
El testimonio del hombre, que al momento del secuestro de su hermano sólo tenía 22 años, se sumó a otros cinco, que dieron cuenta de la circunstancias en las que el desaparecido Adolfo Pérez y el asesinado Luis María Frum, ambos residentes en la ciudad de Villa Mercedes, fueron víctimas del accionar de los comandos policiales y militares.

En primer lugar se escuchó el testimonio de Pilar Elena Devoto, esposa de Luis María Frum, quien fuera trabajador social egresado del Instituto del Ministerio de Asistencia Social y director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Luis, entonces Facultad de Ingeniería y Administración.
Früm, uno de los principales pensadores de la Reconceptualización del Trabajo Social Argentino, fue asesinado por la dictadura militar el 18 de junio de 1976.

Su cuerpo fue encontrado en cercanías de la ciudad, junto a la laguna "Las Encadenadas" y según consta en la investigación, estaba maniatado, con los ojos vendados y acribillado.

Sobre estos hechos, su esposa recordó que el sábado anterior al día del padre, cuando la familia compuesta por el matrimonio y cinco hijos de entre 8 y 2 años, se encontraban durmiendo en su casa "sonó el timbre, pasada la medianoche, y Luis se levantó a atender. Como se demoraba, fui a ver qué pasaba. Todo estaba como cuando nos fuimos a dormir pero cuando salí a la calle vi una de sus pantuflas tiradas y me imaginé que algo estaba pasando".

"Concentré a los niños en mi habitación y salí a buscarlo y fui a la comisaría donde me interrogaron y me dijeron que 5 o 6 militares que estaban cazando lo habían encontrado muerto".

Frum era docente de la Universidad de San Luis de la que había sido despedido junto a su esposa por la denominada Ley de Prescindibilidad, meses antes de ser secuestrado.

Así lo afirmaron luego en sus testimonios Lucrecia Santos, alumna de Frum y Miriam Molina, amiga de la familia y colega del catedrático, quien reveló que en la búsqueda que realizó junto a Pilar, "dimos vueltas para encontrar un abogado que presentara un hábeas corpus en favor de Luis, pero cuando contábamos de qué se trataba, todos se negaban".

Molina agregó que durante la búsqueda, en el hospital de Villa Mercedes vio el cuerpo de su amigo asesinado, "boca abajo, con las manos encadenadas, vistiendo aún su pijama y con un tiro en la nuca".
Por su parte, Jorge Pérez recordó que su hermano desparecido, salió de la casa de su padre en el auto de la familia porque iba a encontrarse con alguien que finalmente no encontró y por eso "se fue a la heladería de mi primo que quedaba en el centro de la ciudad".

"Como hacía frío y no se vendían helados, decidieron ir a la casa paterna a tomar mate, no sin antes vender dos helados a dos personas que se presentaron en el lugar y que por el corte de pelo y la vestimenta parecían militares", relató.

"Cuando cerraron el negocio y se pusieron en marcha Adolfo, se dio cuenta de que los seguía una 'renoleta', dejó a su primo en su casa, le pidió que pusiera el agua para el mate y que lo esperara mientras iba a comprar cigarrillos y nunca más regresó", dijo.

Pérez había dejado sus estudios universitarios en Córdoba para radicarse nuevamente en Villa Mercedes, planeaba casarse e ingresar como empleado al Banco Hipotecario Nacional. Dos días antes de su secuestro, dos personas que dijeron pertenecer a la entidad bancaria se presentaron en su hogar para pedirle datos, "uno de ellos -afirmó el testigo- resultó ser el policía Roque Rodríguez".

Miguel Angel Ferrer, primo de Adolfo Pérez, corroboró con sus dichos la versión de Jorge que terminó agradeciéndole al tribunal poder "hacer algo tras 38 años de espera".

Durante la jornada, se escuchó también el testimonio de Miguel Ángel Bataller, abogado detenido el 24 de marzo de 1976 en su casa.

Bataller afirmó haber estado en la cárcel junto a los hermanos Echandía, en la penitenciaría local hasta fines del '76 cuando fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata donde permaneció privado de libertad hasta agosto de 1978.

Negó haber sufrido torturas y relató que tras su liberación fue vigilado por la policía mercedina.

Fuente:Telam



Derechos Humanos

Intentan obstaculizar una causa contra genocidas

"La APDH (filial San Luis) viene denunciando las distintas formas de presión que traban el libre y digno ejercicio profesional de los abogados que intervienen en las causas en que se investigan los crímenes de la Dictadura Militar.

"La causa que se está desarrollando actualmente reúne 110 víctimas, 37 procesados, ex jueces y fiscales, miembros de la Justicia de Mendoza, también están acusados policías del D2, penitenciarios y miembros del ejército. Los jueces y fiscales, hoy acusados, pasan a ser partícipes primarios en homicidios, torturas y ataques sexuales, por eso han intentado obstaculizar el inicio del juicio y siguen hoy poniendo obstáculos, valiéndose de medios espurios para lograr su cometido, esto es, el desprestigio de los abogados querellantes, a la fiscalía y hasta de las propias victimas.

"Expresamos nuestra preocupación por el ambiente enrarecido, con un escenario tormentoso, atravesado, aún después casi cuarenta años, por viejas complicidades, reacciones corporativas y tensiones políticas.- La agresión de los familiares de los represores comenzó en las primeras audiencias del juicio mediante carteles ofensivos para las víctimas y para el tribunal, y en las audiencias posteriores se agravaron produciéndose ofensas directas hacia los abogados querellantes

"La agresión es desencadenada cuando los jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret y el ex penitenciario del Centro de Detención D 2 Pedro Linares, pasan de ser calificados como imputados a ser "partícipes primarios" de las detenciones ilegales, homicidios, torturas, ataques sexuales y robos. Tanto la querella como la fiscalía solicitaron la inmediata detención de los mismos, solicitud que fue rechaza por el tribunal que los juzga.

"Nos solidarizamos con todos los abogados representantes de la querella y advertimos que paulatinamente se van generando conductas agresivas y descalificadoras de familiares y amigos de los represores acusados, por lo que es muy importante que tanto familiares como amigos acompañen a las víctimas en las audiencias donde deben declarar los aberrantes delitos a los que fueron sometidos. Este accionar delictivo no solo alcanzó a las víctimas directas sino a la sociedad en su conjunto y por ello creemos que todos deben involucrarse en la búsqueda de VERDAD Y JUSTICIA.

"Responsabilizamos a toda la Justicia Federal por el peligro y por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir sus integrantes, especialmente los abogados querellantes las víctimas de la dictadura y al organismo MEDH.

"Exigimos que todos los estamentos políticos se pronuncien ante la Justicia Federal, por los agravios permanentes en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, a Legisladores, Gobierno Provincial, Gobierno Nacional, Colegio de Abogados".
Fuente: www.agenciawalsh.org-* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional 
Fuente:ACTA

05.04.2014
San Luis
Repudian las presiones a los abogados que investigan crímenes de lesa humanidad
La filial puntana de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió "las distintas formas de presión que traban el libre y digno ejercicio profesional de los abogados que intervienen en las causas en que se investigan los crímenes de la dictadura" en la provincia de Mendoza.

En un comunicado de prensa, la APDH local expresó su "más enérgico repudio por las agresiones realizadas al abogado Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, a los querellantes, a las víctimas y sus familiares por parte de abogados, familiares y amigos de los imputados".

En la causa, que reúne 110 víctimas, 37 procesados, ex jueces y fiscales, miembros de la Justicia, policías del D2, penitenciarios y miembros del ejército, "los jueces y fiscales, hoy acusados, pasan a ser partícipes primarios en homicidios, torturas y ataques sexuales, por eso han intentado obstaculizar el inicio del juicio y siguen hoy poniendo obstáculos, valiéndose de medios espurios para lograr su cometido, desprestigiando a los abogados querellantes, a la fiscalía y hasta las propias víctimas".

"La agresión de los familiares de los represores -aclararon- comenzó en las primeras audiencias del juicio mediante carteles ofensivos para las víctimas y para el tribunal, y en las audiencias posteriores se agravaron produciéndose ofensas directas hacia los abogados querellantes".

"La agresión se desencadena cuando los jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret y el ex penitenciario del Centro de Detención D 2 Pedro Linares, pasan de ser calificados como imputados a `partícipes primarios` de las detenciones ilegales, homicidios, torturas, ataques sexuales y robos", recordaron.

Si bien, tanto la querella como la fiscalía solicitaron la inmediata detención de los mismos, la solicitud fue rechazada por el tribunal que los juzga.

La APDH, filial San Luis, se solidarizó con todos los abogados representantes de la querella y advirtió que "paulatinamente se van generando conductas agresivas y descalificadoras de familiares y amigos de los represores acusados, por lo que es muy importante que tanto familiares como amigos acompañen a las víctimas en las audiencias donde deben declarar los aberrantes delitos a los que fueron sometidos", concluyeron.

Fuente:Telam