SE PRESENTO EL PROYECTO PARA INVESTIGAR LOS DELITOS ECONOMICOS DE LA ULTIMA DICTADURA
“Derecho a la defensa contra la amnesia”
La iniciativa del diputado Héctor Recalde propone crear una comisión sobre las complicidades económicas de la última dictadura. Está inspirada en una propuesta de Horacio Verbitsky.
Horacio Verbitsky, Héctor Recalde, Julián Domínguez, Alejandro Vanoli y diputados que acompañaron la iniciativa.
Con las exposiciones del titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, y el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) presentó oficialmente el proyecto de ley que crea una comisión bicameral para investigar “quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”. El acto se realizó ante una audiencia tupida y variada –legisladores, miembros de la familia judicial y referentes de los organismos de derechos humanos– que se acercó al anexo del Congreso.
La iniciativa, que cuenta con estado parlamentario desde fines del mes pasado, apunta a la elaboración de un informe que desarrolle las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que instaló y llevó a cabo la última dictadura y que identifique a los actores económicos y técnicos que colaboraron con la aplicación y el desarrollo de esas políticas y con los delitos de lesa humanidad perpetrados entonces. “Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó el diputado kirchnerista por la provincia de Buenos Aires.
“Con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa (CAL) torturó algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”, mencionó Recalde para ejemplificar alguna de las tantas cuestiones que deberá investigar e informar la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas entre empresas, empresarios y responsables y actores de la última dictadura cívico-militar argentina, que creará el proyecto de ley de su autoría, sobre el que versó el acto de ayer. “A partir de estas desventajas laborales los empresarios tuvieron un importante rédito económico, a partir de la transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas”, insistió el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo cuando le tocó clausurar la mesa debate que sirvió para difundir la iniciativa.
Recalde combinó la creación de una comisión para investigar la pata económica del terrorismo de Estado con la política de derechos humanos de la última década. Pero no fue el único. “Es un paso más en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, coincidió Domínguez, momentos antes, y desafió: “Esta investigación va a poner luz sobre la parte más oscura de la historia argentina. Los últimos juicios han dejado al descubierto la complicidad civil durante la dictadura militar, pero nos faltaba esto para acabar con la impunidad con que se manejan quienes se apropiaron ilegítimamente de 604 empresas durante esa época”.
Verbitsky inauguró las exposiciones con un repaso de los avances conseguidos desde 1983 a la fecha, poniendo énfasis en “el punto de inflexión que se dio en 2003”. El proyecto de Recalde, de hecho, se basa en una propuesta que se desprende del último libro del presidente del CELS, Cuentas Pendientes, que coordinó en trabajo conjunto con Juan Pablo Bohoslavsky. Ahí se sostuvo la necesidad de una comisión investigadora que se ocupara de la complicidad civil en los delitos económicos del terrorismo de Estado. “Una comisión que emulara el trabajo de la Conadep pero en crímenes económicos o motivados con fines económicos”, explicó. Verbitsky también celebró que estemos en “un momento virtuoso en el que el sistema no está empotrado sino librando batallas para democratizar la democracia”.
Vanoli, por su parte, calificó al proyecto como “una iniciativa seria para que de una vez por todas se termine la impunidad sobre este tema” y aprovechó la ocasión para recordar al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Duhalde, quien “tuvo que ver con la apertura de la oficina de Derechos Humanos de la CNV”. El hermano del ex secretario fallecido hace poco más de dos años, Marcelo Duhalde, y el actual titular de esa secretaría, Martín Fresneda, estuvieron presentes en el acto.
De acuerdo con el proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. Juntos, deberán formular propuestas concretas y útiles para forjar “la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”, acorde los artículos de la iniciativa. El resultado deberá estar listo dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la Justicia. El equipo podrá trabajar con pruebas o testimonios recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, entre otros, así como con informes pedidos a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado nacional, provinciales, municipales y estados extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
Fuente:Pagina12
08.04.2014
el proyecto propone crear una bicameral que investigue los delitos económicos del terrorismo de estado
Una comisión para "conocer a los cómplices de la dictadura"
El FPV presentó la iniciativa que tiene el apoyo del CELS y referentes de Derechos Humanos.
Por: Agustín Álvarez Rey
Recalde, como autor de la iniciativa que lleva la firma de 14 diputados oficialistas, dejó en claro que el objetivo de la comisión será "conocer la verdad e investigar quiénes fueron los cómplices de la dictadura" y, en referencia al terreno económico, enfatizó que "la punta del iceberg es Martínez de Hoz pero para abajo hay muchos más".
El abogado laboralista también se refirió al accionar de los grupos económicos durante la última dictadura cívico-militar y su influencia en la reforma de las leyes laborales que cercenaron los derechos de los trabajadores. "Todo eso que se hizo de torturar a las leyes y hacer desparecer artículos lo hicieron los técnicos de las empresas y queremos saber quiénes fueron", remarcó Recalde.
El diputado también puso de manifiesto los beneficios económicos de las grandes empresas en ese período. "Hubo una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios fenomenal", señaló, en tanto que sobre las desapariciones de sindicalistas sentenció: "Sacarse de encima comisiones internas 'molestas' tenía un rédito económico para las empresas."
Por su parte, Vanolli destacó el objetivo perseguido por la comisión y explicó que "es importante saber quién es quien, cuando con el paso del tiempo hablamos de golpes de mercado, vamos a encontrar que muchos de los ideólogos de la dictadura son los mismos que hicieron que el gobierno de (Raúl) Alfonsín terminara antes y que el gobierno de (Carlos) Menen sea como fue".
En tanto, Verbitsky ponderó como pertinente la creación de la comisión y sostuvo que se trata de un "momento virtuoso" que permite el avance de las investigaciones.
Fuente:TiempoArgentino
7-4-2014
Lesa Humanidad
El rol civil y empresario durante el terrorismo de Estado
"Hay que determinar cuáles fueron los delitos económicos"
Lesa Humanidad
El rol civil y empresario durante el terrorismo de Estado
"Hay que determinar cuáles fueron los delitos económicos"
Lo dijo a Infojus Noticias, el diputado del FpV Héctor Recalde, quien presentó un proyecto de ley para crear una comisión de "identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar”. La presentación pública se realizó en el anexo del Congreso, y contó con la participación de Julián Domínguez, Horacio Verbitsky y Alejandro Vanoli.
El diputado Héctor Recalde (FPV) presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral “de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar”. Tendrá como objetivo elaborar un informe para identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con los delitos cometidos mediante el terrorismo de Estado, y analizar las consecuencias de las políticas llevadas adelante durante la dictadura. La presentación pública se realizó en el anexo del Congreso, y contó con la participación de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados; Horacio Verbitsky, presidente del CELS; y Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores.
“La idea es seguir el camino que comenzó Néstor Kirchner, de buscar Memoria, Verdad y Justicia”, dijo a Recalde a Infojus Noticias minutos antes de empezar la presentación. Adelantó que la nueva comisión “podrá requerir informes tanto a organismos públicos como a empresas u organismos privados” y afirmó que “es tratar de que cese la impunidad”. La comisión tendrá la tarea de identificar a los autores, cómplices, encubridores o partícipes necesarios “de los delitos que tuvieron una motivación económica”.
El diputado aclaró que “hay muchos ejemplos de empresas y directivos procesados por su vinculación con la represión, pero ahora también se trata de analizar los delitos económicos y profundizar ese proceso”. Ejemplificó que “Domingo Cavallo era presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda privada en 1982, y eso hay que investigarlo”, aunque aclaró que “el proyecto no tiene nombre y apellido” sino que buscará echar luz sobre todos los delitos con motivaciones económicas que sucedieron en el período de 1976 a 1983.
Las pruebas o testimonios serán recogidos mediante audiencias en las que se recurrirá a la participación requerida y voluntaria de organizaciones no gubernamentales, académicos, empresas y cámaras empresarias, particulares, asociaciones sindicales, partidos políticos y dependencias de los Estados municipales, provinciales y nacional. Además, la comisión podrá realizar propuestas complementarias para “forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia”. Estará compuesta por un representante del Poder Ejecutivo, 4 diputados y 4 senadores.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, celebró el proyecto de ley. En su libro “Cuentas Pendientes”, publicado el año pasado en coautoría con Juan Pablo Bohoslavsky, sugirió la creación de una comisión especial como esta. “Una comisión que emulara el trabajo de la Conadep pero en lo referido a los crímenes económicos o motivados por fines económicos”, explicó a los medios. Afirmó que “es un momento virtuoso de la democracia argentina”, en que el sistema político “no está empotrado, sino librando todas las batallasque hay que dar para demcratizar la democracia”.
El periodista recordó que en la Causa 13, “se pasó revista a una cantidad de episodios en los que se verificaba la complicidad con el poder económico”, pero el diseño de política criminal que se aplicaba sólo apuntaba a juzgar a los jefes de las primeras juntas militares. “Se seguía la pirámide de responsabilidades y no había posibilidad de juzgar a otro. El único que iba preso era Videla”, lamentó. La etapa actual de los juicios por los crímenes de lesa humanidad demostró que es posible avanzar sobre la complicidad civil de empresarios y directivos de empresas que se beneficiaron económicamente con esos crímenes y aportaron algún tipo de asistencia para que fueran cometidos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que “faltaba este paso en la investigación de la complicidad civil con los crímenes de la dictadura”. Agregó que los grupos del poder económico que participaron en la comisión de esos delitos “no están desarmados, y operan con amenazas y extorsiones de todo tipo”. Este tipo de prácticas fue denunciada hace algunos meses por los querellantes en la causa de la Noche del Apagón, en la que está involucrado el Ingenio Ledesma y se investiga a su dueño, Carlos Pedro Blaquier.
A la presentación en el anexo del Congreso asistieron diputados y senadores como Gastón Harispe, Juan Cabandié, Remo Carlotto, Horacio Pietragalla, Liliana Mazure y Adela Segarra, entre otros. También se hicieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y Stella Segado, directora de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio de Defensa. Del ámbito del Poder Judicial, asistieron María Laura Garrigós de Rébori, camarista en lo Criminal y Correccional; y Graciela Lucía Craig, magistrada de la Cámara Nacional del Trabajo.
Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, trajo a colación dos antecedentes de cara a la creación de la comisión. Recordó el informe “Papel Prensa: la verdad” que realizó la Secretaría de Comercio Interior en tiempos de Guillermo Moreno; y el informe que la misma CNV realizó el año pasado sobre la participación en la dictadura por parte de las alrededor de 400 empresas que cotizan en Bolsa, y de las cuales la entidad tiene información. “Debemos abrir todos los archivos”, afirmó. Y homenajeó a Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos que falleció hace apenas dos años: “Él tuvo mucho que ver con la apertura de la oficina de Derechos Humanos dentro de la CNV”.
El proyecto fue presentado formalmente el 31 de marzo ante la Cámara baja, y fue registrado con el número de expediene 1676/14. Infojus Noticias accedió al texto, que establece un plazo de 180 días para formular el informe final. Recalde aclaró que “puede prorrogarse por un plazo similar, y por ende el resultado debe estar en menos de un año”. El proyecto lleva la firma de los diputados Juliana Di Tullio, María Teresa García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Verónica Magario, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky, Edgardo Depetri y Oscar Martínez.
“Las complicidades también tienen que ser juzgadas”
El diputado Recalde explicó las motivaciones del proyecto a Infojus Noticias. Sostuvo que “lograr que participe el Parlamento a través de una comisión bicameral permitirá requerir información a organismos públicos y privados y avanzar en el camino de la verdd”.
-¿Qué objetivo de máxima tiene este proyecto y la bicameral?
-Tratar de que cese la impunidad. Que aquellos que fueron autores, cómplices, encubridores o partícipes necesarios de estos delitos rindan cuentas ante la Justicia y sean conocidos por toda la sociedad. Hay muchos ejemplos de directivos de empresas que están procesados por su vinculación con la represión. Ahora se trata de deteminar cuáles fueron los delitos económicos y quiénes intervinieron.
-¿Cómo va a trabajar la comisión si la ley es sancionada?
-Con la participación ciudadana, porque todo aquel que quiera aportar datos e informaciones va a tener abiertas las puertas. La vigencia de la comisión no es muy extensa. Hay 180 días para realizar el informe final, y se puede prolongar otro tanto. En un año a lo sumo tiene que haber resultados. Es importante reconstruir la memoria y que nadie quede impune frente a una violación de derechos humanos, en este caso en el aspecto económico. Las complicidades también deben ser juzgadas.
-¿Qué reglas propone este proyecto para ese juzgamiento?
-Todo lo contrario al linchamiento. Acá va a regir la presunción de inocencia, las condiciones del debido proceso legal, la defensa en juicio. Seremos absolutamente republicanos, como lo hemos sido siempre. El proyecto obliga a los miembros de la comisión a que si están en conocimiento de un delito, lo denuncien ante la justicia sin esperar que intervenga de oficio un fiscal. Por ser funcionarios públicos ya tienen esa obligación, pero a veces lo obvio no es tan obvio, y vale la pena acentuarlo.
-¿Cómo cree que recibirán el proyecto los legisladores del arco opositor?
-Yo tengo muchísima expectativa. Me resulta difícil pensar que alguien pueda oponerse a que se conozca la verdad.
Fuente:Infojus
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