SOBRE LA SEGURIDAD, LOS ASESINATOS TRIBALES Y SUS RACIONALIZACIONES-PARO DE MOYANO.

6 de abril de 2014

SOBRE LA SEGURIDAD, LOS ASESINATOS TRIBALES Y SUS RACIONALIZACIONES-PARO DE MOYANO.

SOBRE LA SEGURIDAD, LOS ASESINATOS TRIBALES Y SUS RACIONALIZACIONES

Atentos y vigilantes

La discusión sobre la legitimidad de los asesinatos tribales de personas indefensas y la atribución de responsabilidades al gobierno o a la Justicia revelan una extendida degradación social e institucional. Los medios funden múltiples pequeños delitos urbanos con algunos homicidios escalofriantes y generalizan una sensación de pánico. La participación política, policial y judicial en redes de ilegalidad genera inseguridad: el caso de Santa Fe y los anuncios de Scioli en Buenos Aires.

Por Horacio Verbitsky

Imagen: DyN

Desde que se anunció una reforma al Código Penal, es tan atronadora la gritería que hasta cuesta entender qué se discute. El paroxismo se alcanzó con una sucesión de intentos de homicidio en distintos lugares del país por parte de turbas descontroladas contra personas indefensas, a las que se imputaba la comisión de delitos menores contra la propiedad. En el empobrecido Barrio Azcuénaga, de Rosario, la tentativa fue exitosa y acabó a golpes con la vida del albañil David Moreira, de 18 años. En dos sectores del floreciente barrio porteño de Palermo, la intromisión de terceros ajenos a la psicosis desatada impidió que los asesinatos se consumaran. El corpulento portero Alfredo, que cubrió con su cuerpo a la víctima, y el actor Gerardo Romano, quien utilizó su popularidad como escudo, no eran indiferentes a la situación creada. Por el contrario, ellos persiguieron y atraparon a los arrebatadores, pero una vez reducidos defendieron el derecho a la vida de ambos. Ni el acusado de hurtar una cartera ajena ni quien le robó en forma violenta el reloj a una turista en Palermo ni el albañil rosarino estaban armados, lo cual de paso cuestiona uno de los mitos más difundidos acerca de la peligrosidad de todos los infractores de la ley penal. La vocinglería indignada ascendió un escalón cuando se supo que ambos sobrevivientes habían sido puestos en libertad por sendos jueces, que no encontraron ni el riesgo de fuga ni el del entorpecimiento de la investigación que hubieran justificado ordenar su prisión preventiva antes del juicio, no con las reformas propuestas por la comisión multipartidaria que elaboró el denostado anteproyecto de consenso, sino por el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.

Universos incompatibles
El diputado Sergio Massa prosiguió la recolección de firmas para una iniciativa popular, alegando que el anteproyecto crearía un código a favor de los delincuentes. Esta semana, la Obra Social de Gastronómicos fue adornada con la cartelería del Frente Renovador y los transeúntes por la Avenida de Mayo eran invitados a firmar. Preside el bloque de diputados renovadores la ministra de Trabajo durante la administración interina del ex senador Eduardo Duhalde, Graciela Camaño de Barrionuevo, flamante abogada igual que Massa. A ninguno de ellos le importa que la consulta sea inconstitucional, ya que trata de la materia penal, excluida por el artículo 39 promulgado en la reforma de 1994, porque sólo buscan el golpe de efecto político, en sintonía con el alboroto mediático y un estado de ánimo difuso en ciertos sectores de la sociedad. Ni siquiera saben cómo podría votarse por sí o por no un código de casi 300 artículos. Massa se adelantó una vez más al resto del sistema político al justificar el homicidio del albañil rosarino por una supuesta ausencia del Estado y proponer la sofisticada consigna “El que las hace las paga”. Ante la reacción adversa que registró su equipo de asesores, añadió que condenaba lo sucedido. Con una secuencia similar de avance y retroceso, el líder socialista Hermes Binner dijo que no era extraño que sucedieran esas cosas en un país “donde el gobierno protege a un vicepresidente sospechado de corrupción”. Un oportuno llamado al diario La Capital consiguió poco más tarde que esa frase vergonzosa fuera podada de su página web. Las palabras empleadas hasta ahora en esta descripción (personas indefensas, homicidio, turbas, albañil, delitos menores contra la propiedad) no fueron las prevalecientes en el debate público, que prefirió referirse al linchamiento de delincuentes por parte de vecinos hartos de impunidad que decidieron hacer justicia por mano propia y sacudir con palizas a los ladrones. Un escritor porteño, que vive en el corazón de la zona núcleo sojera, explica así la incompatibilidad entre estos dos universos semánticos: “Días antes de los linchamientos, acá ya se venía escuchando hablar en contra de ‘la negrada’, con una intensidad llamativa; todo el mundo, desde la nena adolescente, la señora del heladero, la maestra, los chicos, el basurero, el comerciante. El odio va dirigido contra toda una cultura: la música, la ropa, el corte de pelo, el lenguaje. Escucha cumbia, se viste de jogging con gorrito, vive en la villa, es un negrito y cualquiera de esos rasgos ya configura a cualquiera como enemigo”.

Transversalidad
La transversalidad cavernaria de estos días es similar a la de 2004, cuando legisladores del Frente para la Victoria y la UCR votaron las leyes redactadas para el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg por su abogado, el ex subsecretario de Justicia de la dictadura Roberto Durrieu. Ese fue el punto estelar de una escalada de incremento de penas y ablandamiento de garantías procesales cuya ineficiencia queda demostrada por el propio clima de estos días. De haber servido para el fin que se proponían, aquellas leyes hubieran disuelto el problema. Si todos los delitos fueran penados con prisión perpetua, acaso disminuirían los más leves, pero sin duda se incrementarían en forma simétrica los más graves, que afectan el derecho a la vida. Esta semana, el precandidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Mario Ishii, dijo que “la última carta que le queda a la gente es defenderse”. Para el diputado macrista porteño Cristian Ritondo, “lo que deberíamos tratar no es la reacción de la gente, ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad”. El columnista y ex funcionario de gobiernos de facto Mariano Grondona, que justificó la tortura durante el gobierno militar con el falaz teorema de la bomba a punto de explotar, sostiene ahora que al no saber si el atacante está armado, el ciudadano bajo amenaza debe actuar de inmediato, con riesgo de error. Son dos sofismas: así como en los campos de concentración de la dictadura no se interrogó a nadie sobre atentados inminentes, los homicidios intentados o consumados en estos días fueron contra personas desarmadas y ya reducidas. Grondona confiesa que “en circunstancias similares habríamos procedido como estos vecinos”, por lo que “sería hipócrita no comprenderlos y excusarlos”. El secretario de Seguridad Sergio Berni niega que el Estado esté ausente, pero acusa a los jueces por dejar en libertad a los detenidos por la policía, como ya hizo CFK. El diputado peornista Francisco De Narváez postuló la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, en lo que coincidieron dos asesores muy próximos al gobernador Daniel Scioli, su hermano José y el vicepresidente del Banco Provincia, José Pampuro. En enero, el propio Scioli y el jefe de Gobierno de la Capital, Maurizio Macrì, habían reclamado esa intervención. Desde el Poder Ejecutivo nacional, el ministro de Defensa Agustín Rossi se opuso. Sin embargo, cuando asumió el cargo, a fines del año pasado, personal del Ejército y de la Fuerza Aérea ya llevaba un año y medio de participación en el programa Escudo Norte que, sin modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, fuerza sus límites. El artículo 27 de la de Seguridad dice que las Fuerzas Armadas podrían apoyar las operaciones de seguridad interior a pedido de un Comité de Crisis. Pero ese Comité de Crisis, que según el artículo 13 de la ley debe “ejercer la conducción política y supervisión operacional” de todas las fuerzas empeñadas “en el restablecimiento de la seguridad interior”, nunca se constituyó. El artículo 27 prevé que el apoyo militar podría prestarse con sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones, pero no Inteligencia, como ocurre en el Escudo Norte. En tal contexto de degradación institucional y social, la expresión más digna originada en la dirigencia política fue la del diputado radical Ricardo Alfonsín, para quien ese “horror no es justicia, ni por mano propia, ni de naturaleza alguna. Es barbarie, es la jungla. Nada puede justificarlo. Hay que ser muy categórico en la condena”.

La racionalización
Quien defendió sin reparos los asesinatos tribales fue Carlos Maslatón, un dirigente sin prejuicios ideológicos que transitó de Alsogaray a Rodríguez Saá y ahora comparte escudería con la polícroma Patricia Bullrich. Para Maslatón, lo ocurrido es el ejercicio del derecho de rebelión y de la legítima defensa (de los pies de todos contra la cabeza de uno yacente). También dijo que el garantismo que desde hace treinta años se enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires considera que los delincuentes son víctimas de las injusticias sociales, por lo que no deben ser castigados. Este disparate no tiene el menor asidero en la realidad, pero forma parte de la munición gruesa con que se intenta conducir por el miedo a la población. Hace dos meses, Maslatón recomendó a la oposición venezolana que fuera más violenta, con sabotajes y atentados personales. También se declaró consternado por el avance del “garanto-abolicionismo” (sic) del Fiscal General Ricardo Sáenz, quien hace dos décadas fue apartado del fuero federal a pedido de su superior, Luis Moreno Ocampo, por dejar en libertad al narcotraficante Fernando Pruna Bertot, cuya extradición pedía Estados Unidos. En 2013 fue sometido a un sumario administrativo y a una causa judicial, cuando fue grabado en diálogos con el comisario de judiciales de la Policía Federal Marcelo Emilio Pecorelli, a quien se investigaba por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes. En uno de esos diálogos, ambos coordinan una estrategia para que la causa saliera del juzgado de Juan Ramos Padilla y pasara a manos del juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia nazi, a quien Pecorelli menciona como amigo. Ni siquiera Rodríguez pudo ignorar la gravedad de los hechos y rechazó la nulidad de las escuchas pedida por Sáenz, quien apeló ante la Sala I de la Cámara Federal, donde hay más amigos. Este fiscal tan preocupado por los delincuentes que entran por una puerta y salen por otra faltó a una audiencia de la causa Cedrón, gracias a lo cual fue sobreseído un acusado por violencia de género. Por si hiciera falta aclararlo: ni Pruna Bertot ni el comisario-abogado Pecorelli escuchan cumbia villera. La misma operación que Maslatón o Sáenz realiza Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía es la madre de un adolescente asesinado en 2011 en un intento de robo. El tribunal de juicio condenó al autor a prisión perpetua, pero la Cámara de Casación ordenó un nuevo proceso, en el que la condena fue reducida a 18 años y unificada en 23 con otra anterior. Cohen Agrest entiende que esto es parte de un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente y denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”.

Confusiones
Esta confusión es comprensible en la madre de una víctima, pero no en quienes tienen otras responsabilidades: 23 años de prisión, en un juicio concluido en solo dos años después del crimen, son cualquier cosa menos impunidad. Tampoco pueden equipararse delitos gravísimos como el homicidio con otros poco relevantes. Son los medios de comunicación, con su tratamiento frívolo y sensacionalista, los que borran los límites entre situaciones tan distintas. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, hay más robos pero menos homicidios, constata el sociólogo Gabriel Kessler. Pero los medios acoplan en la sensibilidad social las muy elevadas tasas de pequeños delitos en los medios urbanos con las de homicidios dolosos, que son de las más bajas de América, y así extienden en forma irracional el temor social a padecer los delitos más violentos. Otra confusión deposita en la extensión de las penas la clave de la seguridad, pasando por alto el gravísimo problema de la participación de altos jefes policiales en redes de ilegalidad que, a su vez, hacen aportes al financiamiento de la política. El autogobierno policial, las zonas liberadas, el reclutamiento de jóvenes pobres para robar por cuenta de sus extorsionadores policiales, la ejecución de aquellos que intentan desligarse de ese lazo son moneda corriente en distintas jurisdicciones del país. Sin una previa limpieza del instrumento policial y de sus asociados judiciales y políticos, no hay Código que valga. La semana pasada, el gobierno bonaerense mostró su voluntad de recorrer el camino inverso. El 31 de marzo se reunieron los comisarios generales de la policía provincial y decidieron los retiros, ascensos y traslados a las posiciones más apetecidas. Con la lista concluida, se la llevaron al ministro Alejandro Granados, quien protocolizó el hecho consumado. Recibió mucha atención pública el retiro del comisario Pablo Daniel Vázquez, quien como titular de la Policía Científica fue responsable de la cuenta de cadáveres durante la inundación en La Plata que, según estableció el juez Luis Arias, fueron 89 y no 51 como pretendía la información oficial. Nadie pareció reparar en que lo sucederá su Coordinadora General, la comisaria mayor Liliana Sivak. La Superintendencia de Formación y Capacitación quedará a cargo de la comisaria general Marta Graciela Cerviño, esposa del ex jefe, Juan Carlos Paggi, justo cuando las escuelas con sus anunciados 10.000 alumnos pasarán a ser grandes demandantes de insumos y un interesante punto de recaudación. Al mismo tiempo, el gobierno volvió a poner en disponibilidad a siete policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, pero sin impulsar la investigación administrativa y remitiendo cualquier responsabilidad a la justicia. ¿Tal vez Arruga sí se cubría con un gorrito con la visera para atrás? Ayer Scioli anunció con el pomposo nombre de Emergencia de Seguridad la incorporación de más personal. Algunos serán retirados (ya sea por razones de edad, ineptitud o manchas en sus legajos), otros de agencias privadas de seguridad (de discutible aptitud y sometidos a nulo control). En las condiciones descritas esto no pasa de ser una actitud efectista que con alta probabilidad agravará las cosas.

Desde el ringside
Por Horacio Verbitsky

En respuesta a mi nota del domingo pasado, el presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, fue portador de un mensaje acordado con el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el precandidato presidencial Hermes Binner. “Los socialistas podemos ser boludos, pero no corruptos”, dijo. Como prueba entregó una colección del modernizado periódico partidario La Vanguardia y el programa del Frente Amplio Progresista.

Zabalza reprochó al gobierno nacional que no haya compartido con el de la provincia las informaciones que sindicaban al jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Damián Tognoli, como integrante de una “empresa criminal conjunta destinada al tráfico de estupefacientes”, según la calificación por la cual el juez federal Carlos Vera Barros ordenó su detención, después de que Bonfatti le ratificara su confianza. Pero esta descoordinación ha sido subsanada, agregó Zabalza. En ese sentido, mencionó un encuentro reciente con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien designó a un fiscal de distrito para cooperar con el Ministerio Público santafesino, y otro con el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, luego de lo cual una dotación de gendarmes fue asignada al patrullaje de la ciudad de Rosario.

Según el diputado socialista, las publicaciones que atribuyen el nombramiento del juez Juan Carlos Vienna a un acuerdo del ahora detenido narcotraficante Daniel Patricio Gorosito con el gobierno provincial apuntan a separar a Vienna de una causa en la que se establecieron nexos entre narcos y policías. El mismo origen asignó a las planillas según las cuales Vienna viajó dos veces a Estados Unidos al mismo tiempo que Luis Alberto Paz, el padre de Martín “El Fantasma” Paz, un narco asesinado en una esquina de Rosario por la banda de Los Monos, que investiga Vienna. El propio magistrado confirmó que había viajado en las fechas de las planillas, aunque insistió en que por entonces no conocía a Paz. En una entrevista con el diario La Capital, Vienna agregó un dato hasta entonces desconocido: que había asistido a los últimos combates de Floyd Mayweather y de Marcos Maidana, cosa que también puede haber hecho Paz, “ya que es entrenador de boxeadores y manager. Pero no lo vi jamás en el aeropuerto ni en el avión ni en el hotel ni en el estadio”. Esta declaración espontánea, nueva presentación de la añeja doctrina de las coincidencias permanentes, sugiere pistas para una investigación que no puede favorecer al magistrado. Sólo tendría sentido como una maniobra preventiva de que esa información se haga pública por otras vías. Pocos días después de cada viaje se produjo el asesinato de un narcoempresario.

Vienna también se presentó ante la Suprema Corte provincial, que se limitó a pedirle un descargo por escrito, pero no abrió un sumario administrativo ni dispuso que algún magistrado provincial determinara los asientos que Paz y Vienna ocuparon en los vuelos y los hoteles en los que se alojaron. Zabalza creía que Vienna había sido designado en su cargo por el justicialismo. Ante un pedido de precisiones de tiempo y lugar, se comprometió a buscarlas en la provincia. Pero cinco días después no había vuelto a comunicarse. Se comprende, ya que toda la carrera meteórica de Vienna ocurrió durante la gobernación de Binner. Fue designado como secretario en 2008, ascendió a juez subrogante en 2009 y en 2011 se convirtió en juez titular. Vienna figura entre los inscriptos en el Consejo de la Magistratura para el concurso de subrogantes, pero no en la planilla de las entrevistas técnicas a los postulantes. La misma fuente que difundió las planillas de Migraciones, y que el diputado Zabalza asocia con el grupo policial que se autoacuarteló en diciembre pasado, afirmó en un programa radial que Paz le habría regalado al juez Vienna una moto Kawasaki. Con la voz característica del Coco Basile y de Mostaza Merlo, no exhibió prueba alguna. Pero los datos revulsivos no provienen sólo de ese sector interesado. El diputado provincial Héctor Luis Acuña (presidente de uno de los ocho bloques en que está dividido el justicialismo santafesino, Unidad Peronista) dijo que en el vuelo compartido con el juez y el padre del narco hubo un tercer pasajero “que tal vez no fue por la misma vía, salió por otro lado”. Acuña, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara, no hizo nombres, pero un alto jefe policial se dio por aludido. El jefe de la División Judiciales de la Unidad Regional II, comisario Cristian Romero, le dijo al diario La Capital que en diciembre de 2013 no estuvo en Estados Unidos sino en Chile, adonde llegó por tierra con su familia desde Santa Cruz. Romero es el investigador judicial en la causa que lleva Vienna contra la denominada banda de Los Monos, en la cual fueron procesados varios miembros de la familia Canteros y trece policías. Su segundo en Judiciales, Luis Quebertoque, fue filmado mientras conversaba amablemente con otro narco. Cuando un canal porteño emitió la filmación, Bonfatti se quejó porque mostraran a un narco y no las cosas buenas, y el fiscal Jorge Baclini encargó investigar el caso a la división Asuntos Internos de la misma policía. Esto es consecuencia del veto de Bonfatti a la ley que por unanimidad había creado una Policía Judicial. La salida de Romero del país quedó en evidencia a fin de año cuando la jueza Alejandra Rodenas lo llamó a declarar en la causa por el asesinato del empresario narco Luis Medina: Romero había intentado allanar una propiedad de la víctima en la provincia de Buenos Aires, sin orden judicial ni rogatoria a la justicia de San Isidro. Para justificar su inasistencia, Romero dijo que estaba de viaje en el sur. El diputado Acuña insinúa que ésa fue sólo una escala hacia el Norte.

Paulo Freire para espías
Por Horacio Verbitsky

Durante la dictadura, para ingresar al cuerpo de informaciones de la Policía Federal había que rendir diversas pruebas, una de ellas sobre matemáticas y geometría. Mientras hacían los cálculos, los futuros agentes destinados a infiltrarse en distintas organizaciones reforzaban su preparación ideológica, por medio de palabras generadoras que sintonizaban con el universo verbal de la profesión elegida, por su carga de sentido existencial y contenido emocional. En esta verdadera pedagogía del opresor, los informantes policiales en vez de contar peras, manzanas u ovejas, realizaban sus ejercicios con comunistas, peronistas, radicales y personas “de ideologías no definidas”.

¿Cuántos comunistas por metro cuadrado caben en la pedagogía paranoide de la Inteligencia policial?

La violencia en cámara
Por Sebastian Abrevaya

EL ROL DE LOS MEDIOS EN LA COBERTURA DE LOS LINCHAMIENTOS

Los académicos advierten sobre la falta de condena contundente.Imagen: DyN

El asesinato de David Moreira y los posteriores casos de agresión contra presuntos delincuentes reabrieron el debate sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura de estos episodios. Página/12 dialogó con académicos y especialistas para analizar cómo se abordaron esos acontecimientos en las últimas semanas y pensar las implicancias sociales que podría tener ese tipo de tratamiento. “Lo que desaparece con este discurso legitimador es la sanción social. Se levanta el freno inhibitorio para dejar actuar a la violencia más primaria”, asegura Graciana Peñafort, abogada y ex integrante de la Afsca. Si bien no está claro que los hechos de violencia posteriores al asesinato en Rosario se generen por lo que se denomina un “proceso imitativo” producto de la visibilización mediática de esta práctica, tanto Santiago Marino como Lila Luchessi, profesores de Comunicación en las universidades de Quilmes, Buenos Aires y Río Negro, coinciden con Peñafort en que la falta de una condena contundente por parte de los grandes medios tiene consecuencias negativas.

Los denominados “linchamientos” se mantienen al tope de la agenda mediática desde hace varias semanas, primero a partir de la muerte a golpes de Moreira y luego al conocerse otros episodios similares en distintas provincias del país, con la consecuente reacción de la clase política, entre otros formadores de opinión. En diarios como Clarín se los ha tratado como “palizas”, y en la pagina web de La Nación podían leerse estas noticias bajo el rótulo “golpizas a delincuentes”.

“Los discursos de odio no están protegidos o amparados por la libertad de expresión. Se trata de una construcción en la que se estigmatiza y promueve la violencia contra determinados grupos o minorías por motivos religiosos, raciales, étnicos, económicos, políticos o socioculturales”, explica Peñafort. La ex directora de Asuntos Legales de la Afsca y actual funcionaria del Ministerio de Defensa detalla que este discurso se advierte primero en la utilización de esos eufemismos como “golpiza”, “paliza” o “justicia por mano propia” a un hecho que en definitiva se trata de un homicidio agravado. En segundo término, en el tratamiento de la figura de la víctima, “a quien nunca se le da la naturaleza de persona”. “Son ladrones o delincuentes, como si esa condición de la víctima hiciera menos grave el delito cometido contra ellos”, agrega Peñafort y completa: “El otro punto que nunca se analiza es la proporción entre el daño y la sanción”.

Es decir, que el “castigo” por haber supuestamente arrebatado una cartera o un bolso puede ser la muerte del que comete el delito.

Para la abogada que defendió la posición del Estado en la audiencia pública de la Corte Suprema sobre la ley de medios, “hay que llamar en forma urgente a la reflexión, de los medios y de los emisores, porque se erosiona el contenido social del orden”. En ese punto, también les atribuye responsabilidad a los dirigentes políticos que no condenan categóricamente estos hechos de violencia.

“En última instancia el medio puede hacer lo que quiere con su agenda, ahora la dirigencia política tiene otra responsabilidad. Forman parte del Estado y hablan de ausencia del Estado como su fueran ajenos a ella”, coincide Santiago Marino, que además advierte que el Estado no está ausente en la actividad delictiva, sino que a través de la policía, muchas veces está presente como cómplice del delito. Retomando el foco sobre la responsabilidad de los medios, el director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes explica que “los medios tienen tres capacidades indiscutibles: por un lado dar o quitar visibilidad, por el otro definir el sentido de esos hechos a los que le dan visibilidad y en tercer lugar, a partir de eso, legitimar o deslegitimar esos hechos”. En ese contexto, si bien no se conoce actualmente si hubo un aumento en la cantidad de ataques violentos a presuntos ladrones o simplemente una mayor visibilización de los casos, Marino advierte que “por lo menos no se los deslegitima y esa no deslegitimación, a largo plazo, puede provocar que la sociedad finalmente incorpore ese tipo de comportamientos”.

Más allá de las cuestiones ideológicas o los posicionamientos editoriales de los medios, tanto Marino como Luchessi consideran que el tratamiento benévolo de las agresiones responde también a una percepción de las empresas periodísticas sobre sus audiencias o lectores. “Los medios nunca actúan en el vacío. Miden la temperatura social, interpretan que hay algo en la discusión pública que aloja estos planteos y que tiene consenso”, sostiene Marino. “Los medios lo pueden publicar porque existe un sector de la sociedad que lo avala”, coincide Luchessi. Para la investigadora de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Río Negro, hay un intento de achicar lo que en términos de Eugenia Mitchelstein y Pablo Boczkowski se llama el news gap, la brecha entre los intereses de los medios y los de sus audiencias.

Luchessi señala que actualmente, con las nuevas tecnologías, “es mucho más rápido medir temperaturas de opinión” y así adecuarse a los intereses del público. Así es como, si bien el “proceso imitativo” de los linchamientos en términos sociales no es comprobable todavía, sí puede advertirse que existe un proceso imitativo en los medios, que reproducen la cobertura de este tema. “Hay como una apología o justificación desde algunos medios en eso que denominan ‘justicia por mano propia’. Es muy peligroso el discurso de los medios”, concluye Luchessi, que además de docente e investigadora, es doctora en Ciencia Política.

Por último, Marino también señala que, más allá de la relación con la audiencia, la posición ideológica o editorial del medio, al tratar temas de alto impacto social, “entran en juego intereses económicos y políticos” de las empresas mediáticas. Tomando esa idea, cabe entonces agregar al debate que, además de todos los componentes del complejo universo de la comunicación audiovisual, debe sumarse la disputa política y económica entre los grandes medios y el gobierno nacional.

OPINION

¿Por qué linchamos?
Por José Natanson *

La acción colectiva tiene una lógica diferente a la acción individual. De los actos de masas a las movilizaciones bélicas, de las protestas sociales a las huelgas, la experiencia demuestra que cuando somos muchos nos comportamos de manera diferente que cuando estamos solos. Y esto vale también para los actos de transgresión generados desde abajo, que pueden ir desde rituales institucionalizados como el Carnaval o –atención ex alumnos– la vuelta olímpica, a diferentes episodios de violencia más o menos espontánea, dentro de los cuales los linchamientos conforman un subtipo especial: aunque su origen puede rastrearse al principio de la historia, la conceptualización actual aparece en 1778 en Virginia, Estados Unidos, cuando el rico plantador Charles Lynch lideró el asesinato colectivo de un grupo de detenidos que habían sido absueltos por los tribunales de la acusación de conspirar contra las fuerzas independentistas. Rápidamente popularizada, la expresión comenzó a utilizarse para definir las masacres de negros por turbas de blancos enardecidos durante la Guerra de Secesión.

América latina arrastra su propia historia de linchamientos, sobre todo en los países de fuerte población indígena que ha sido víctima de matanzas colectivas, como sucede en el sur de México, Bolivia y sobre todo Guatemala, pero también en estados más modernos como Brasil, en este caso también con un fuerte contenido racial. Los especialistas suelen clasificar los linchamientos de acuerdo con su grado de coordinación y ritualización, entre los cuales el más alto es el “linchamiento institucionalizado” a través de su concreción en un espacio público predeterminado, típicamente la plaza del pueblo y a veces incluso con las campanas de la iglesia sonando para convocar a la muchedumbre. Su sentido, como todo acto social, es múltiple: los linchamientos pueden funcionar con una reafirmación de identidad, como el intento de construir un orden social diferente o resistir la imposición de una norma (occidental, colonialista o antirracista). Pueden ser una forma de retener la violencia punitiva por parte de grupos étnica o culturalmente diferenciados de quienes ejercen el control del Estado. Pero en el fondo, como señaló Sol Prieto en una nota publicada en la web de Télam, cumplen una función común: establecer un límite, una frontera que separa a quienes están adentro de la sociedad o la comunidad de aquellos que deberían permanecer afuera.

Y así como apuntan siempre al objetivo de demarcar un límite, los linchamientos se producen también en contextos similares, caracterizados por cambios profundos que alteran súbitamente la vida cotidiana de las personas. Carlos M. Vilas (Linchamientos en América Latina: hipótesis de explicación) sostiene que los linchamientos se multiplican en entornos sacudidos por transformaciones a gran escala –desde guerras civiles a reformas socioeconómicas– contra los cuales las personas sienten que no pueden hacer nada. En su análisis de la América latina reciente, Vilas comprueba el incremento de los linchamientos en aquellos países en los que las reformas de los ’90 llevaron al desmantelamiento de instrumentos de política pública que garantizaban niveles mínimos de contención social: el linchamiento específicamente neoliberal.

En Acciones colectivas de violencia punitiva en la Argentina reciente, Leandro Ignacio González, Juan Iván Ladeuix y Gabriela Ferreyra confirman esta apreciación: contaron 98 casos de lo que llaman “violencia punitiva” entre 1997 y 2008, con un aumento especialmente notable a partir de la crisis del 2001. La investigación confirma la idea de que, lejos de tratarse de una explosión de los últimos días, estamos ante una tendencia más profunda, que, por otra parte, tiene su color local: los linchamientos argentinos son en general urbanos, espontáneos y escasamente organizados, se concentran casi siempre en los barrios más pobres y tienden a tener desenlaces menos cruentos que los de otros países latinoamericanos.

Su disparador es, por supuesto, la inseguridad, que también tiene sus particularidades. Como desde fines del siglo XIX el Estado argentino controla la totalidad del territorio, como no existe una tradición mafiosa arraigada y como la penetración del narcotráfico es relativamente acotada, la percepción de inseguridad la asocia aquí no a las grandes bandas organizadas ni a los traficantes a gran escala ni a la desprotección de las zonas rurales aisladas, sino al delincuente suburbano aficionado, lo que Gabriel Kessler define como “delito amateur”, identificado en el imaginario social como un varón joven perteneciente a los sectores populares: ése es el sujeto de nuestros linchamientos.

Desde un punto de vista más general, en Argentina o en cualquier parte, el linchamiento entraña siempre una desproporción entre el delito cometido –o supuestamente cometido– y el castigo impuesto por la turba. Como explica el sociólogo ecuatoriano Alfredo Santillán, el linchamiento no es una respuesta a un crimen determinado, sino que funciona como una suerte de “pena acumulativa” que recupera una memoria activa de todos los delitos, reales o imaginarios, de todas las ofensas y de todos los males sufridos por la multitud que apalea y se ensaña. Sin caer en las consignas fáciles de la psicología social, no es difícil descubrir en el linchamiento una dimensión sacrificial que convierte al linchado en una doble víctima: es una víctima directa de un delito penal determinado (por ejemplo, homicidio calificado) y también es víctima de la función social que se le asigna, que es la de expirar con el dolor de su cuerpo las angustias sociales acumuladas. De hecho, la investigación sobre Argentina señala que en la mayoría de los casos los supuestos delincuentes viven en el mismo lugar en donde se produjo el crimen, lo que configuraría una infracción a dos puntas: la legal y la que deriva que romper el código de autoprotección barrial. En este sentido, el linchamiento opera como una forma de reconstituir un espíritu de comunidad agraviado, que es lo que explica por qué, una vez finalizado, la vida cotidiana recupera su normalidad con una rapidez asombrosa, como si nada hubiera pasado.
Considerar estos aspectos tal vez permita salir del debate simplificado que con escasas excepciones se ha venido instalando en los medios audiovisuales. Y quizás ayude a poner en cuestión algunas ideas muy extendidas, como aquella que indica que los linchamientos son un resultado automático de la “ausencia del Estado”. Al margen del debate acerca de las responsabilidades (¿puede decir alegremente Hermes Binner que la causa de los linchamientos es la inseguridad, cuando varios casos se produjeron en un territorio que él y su partido gobiernan desde hace años? ¿Puede hacerlo Mauricio Macri?), no queda claro a qué tipo de Estado se refiere la voz de alerta. Como se preguntan los editores del blog Artepolítica, ¿más Estado significa más policías? ¿Más trabajadoras sociales? ¿Más maestros?

Pero conviene ser cuidadosos. Esto no significa que Argentina no padezca un déficit de Estado o, mejor dicho, de estatalidad, en el sentido de las capacidades efectivas del Estado: del Leviatán para acá sabemos que la eficacia del Estado no reside tanto en la extensión de su aparato (más policías, más cámaras de seguridad) como en el efecto civilizatorio que produce en la sociedad su mera amenaza (más Gerardos Romanos). Esteban de Gori escribió que lo que los escraches ponen en duda es la creencia en la reparación simbólica que el Estado realiza cuando hace justicia. “El problema –afirma– no se reduce a los años de las penas, sino a la fortaleza o debilidad de las creencias estatales que alivian a una persona que ha sido agredida o robada.”

En muchos aspectos, el Estado ha mejorado: en estos 30 años de democracia se produjeron avances notables en materia de afianzamiento del Estado de Derecho, aceptación del pluralismo y repudio a la violencia. En el camino, sin embargo, fueron apareciendo nuevos problemas que lo desafían, entre los cuales sobresale el de la seguridad pública (para no entrar en debates acerca de si se trata de una realidad o una sensación, que pueden ser útiles para los foros académicos pero que resultan totalmente inconducentes para la decisión política, recurramos al clásico Teorema de Thomas: si la sociedad define una situación como real, entonces es real en sus consecuencias).

La inseguridad, que es real en sus consecuencias, está cambiando la forma en la que vivimos, en el marco de una “sociedad del riesgo”, según la famosa definición de Ulrich Beck, caracterizada por el fin de las certidumbres que organizaban la vida comunitaria, el debilitamiento de las tradiciones, una sociedad descentrada, sin referentes, en la que la autoridad es siempre cuestionada. En esta Argentina irreconocible, quizá lo más desconcertante, lo que genera la angustiosa perplejidad de estos días, sea ver cómo personas “normales” (digamos: no especialmente propensas a la violencia) caen en conductas inhumanas que en otro contexto seguramente repudiarían. Y no sucede sólo con los linchamientos: aunque en la licuadora mediática pareciera que pasó un siglo, hace menos de seis meses nos horrorizamos cuando, en ocasión de la ola de saqueos, los comerciantes denunciaban que los que arrasaban con sus negocios eran sus clientes habituales. Casi podríamos decir: los vecinos, obstinados en reescribir los límites de nuestra civilización y nuestra barbarie.
Q Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur.

Vigilar, castigar, robar, matar
Por Mario Wainfeld

“¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¡Al criminal! ¡Justicia, justo Cielo! ¡Estoy perdido! ¡Asesinado! ¡Me han cortado el cuello! ¡Me han robado mi dinero!”

El avaro, de Molière.

El debate y la diversidad de posturas son condición de existencia del sistema democrático y bienvenidos en cuanto tales. Pero la convivencia social presupone un piso, básico y firme, de valores compartidos. Si el respeto a la vida no lo integra y encabeza, atravesamos un seudo regreso al estado de naturaleza. O estamos en el horno, si usted quiere ser coloquial y rondar al nazismo como viene ocurriendo en estos días.

Los linchamientos a supuestos delincuentes distan de ser novedad, son menú diario en la Argentina (ver recuadro aparte). En estas semanas algunos se han hecho tópico. El más terrible fue el que segó la joven vida de David Moreira. Junto a otros, sucedidos en barrios medios-altos de la Capital, atrajeron especial atención. En todos fue factor común la intervención de otros ciudadanos (se subraya “otros”) antes que la policial.

Un haz de polémicas se de- sata, lo que es válido. Condenable y a menudo perverso es el extendido afán de desincriminar a quienes agredieron como patoteros y sin ningún control de sus actos.
- - -
Ni justicia ni mano propia: Demasiados dirigentes políticos husmean en el clima y azuzan la mal llamada “justicia por mano propia”. No es justicia, claro, en una sociedad civilizada. Y no hay “mano propia”, menudo detalle, porque los golpeadores no son usualmente las víctimas del delito “vengado”.
El diputado Sergio Massa dice, a kilómetros de distancia, que “el que las hace las paga”. Su aserto parece general, pero cae sobre el cuerpo de Moreira. Massa selecciona su clientela y discrimina en su discurso: no pide prisión sin excarcelación para los linchadores. No todos los que la hacen deben pagarla, en el imaginario del candidato en campaña.

Massa denuncia “ausencia del Estado” y el simplismo trivial hace escuela, se convierte en slogan de los medios o de comunicadores de poca imaginación o mucho alineamiento. Surge un dato interesante: a diferencia del fenecido Grupo A, Massa les hace algo de agenda a los medios, no sólo los sigue.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, arropa a los violentos, sus legisladores los cubren en una hipócrita declaración parlamentaria. “Mauricio” acuña una de sus declaraciones familieras: se alegra porque su hija se mudó a Estados Unidos, lejos del peligro nativo. Massa canta retruco: él quiere que sus hijos vivan aquí. La interna de la oposición recién comienza, claro.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, contradice el mensaje específico de la propia presidenta Cristina de Kirchner. Transige con la brutalidad, la vincula con deficiencias de “la Justicia”. En su peculiar versión del Código Penal, el “hartazgo de la gente” suena parecido a un atenuante.
- - -
“Esa es mi gente”: Los medios dominantes doblan la apuesta y se alinean con “la gente” o “los vecinos”. Ayer, en Clarín, el periodista Jorge Lanata llamó “ladrón” a Moreira y habló de su “cómplice” que huyó. Sin embargo, la familia de Moreira niega la comisión del delito y (lo que es lógico, dada la derivación de los hechos) no hay personas que lo atestigüen. Innegablemente, David tenía derecho a seguir viviendo, eventualmente a ser juzgado. Trabajaba y no registraba antecedentes penales, eso es seguro. No nació “ladrón” ni, acaso, lo fue nunca. Lanata, con empatía o piedad, llama “vecinos” a los homicidas.

No se objeta la vinculación de la bronca con la inseguridad. Ni la atribución de responsabilidades al gobierno nacional, los provinciales o el Poder Judicial según la óptica de cada cual. Son ángulos interesantes y pertinentes. Lo que cabe exigir es trazar una línea: la agresión en manada, patear gente (se subraya “gente”) en el piso es delito. Hacerlo de modo desenfrenado, aspirando a matar, es tentativa de homicidio, si es que alguien llega a tiempo para poner coto a la barbarie.
- - -
Los vecinos sensibles de Palermo: Son marcadas las similitudes entre dos linchamientos vividos en la Capital. En ambos se interpusieron hombres para impedir o mitigar un crimen. Un encargado que tuvo su rato de fama y el conocido actor Gerardo Romano. Sus relatos no son los de un abolicionista sino los de personas con respeto a la vida. Romano participó en la persecución y captura de un motochorro. Lo atrapó, luego lo protegió con su cuerpo de la vendetta colectiva.

La secuencia inmediata de dos delitos podría acicatear abordajes complejos, acerca de la relatividad de los roles sociales. El delincuente, pescado en flagrante delito, devino víctima. Testigos presenciales se transformaron de improviso en victimarios, sin frenos inhibitorios ni autocontrol. La mayoría de los comunicadores, demasiados políticos, no se dejan interpelar por esos desafíos. Si topan con algo que tiene muchas facetas, su objetivo recurrente es simplificarlo. Incriminar a un culpable único o a dos como mucho.

Sus herramientas son consabidas, vaya si las usaron en estas semanas: los estereotipos, la discriminación clasista, la antipolítica, la demagogia punitiva.

Es claro que puede pensarse en mejores soluciones legales o procesales para esos episodios. Si hubiera más tribunales, si existiera la perspectiva de juzgar al toque delitos no complejos con su autor pescado in fraganti... Son hechos sencillos, con contados testigos que sólo tienen frescos sus recuerdos en los primeros días. Una reforma procesal penal espera su momento, desde hace demasiado tiempo.

Es dudoso que esa solución (práctica y deseable) calmara la vindicta pública, que pide penas descabelladas, para casi cualquier cosa que no sea la brutalidad “ciudadana”. Así y todo, vendría bien capitalizar la experiencia para mejorar algo del contexto legal y procesal.
- - -
Ejemplo y prédicas: El diputado Jorge Rivas fue víctima de un terrible delito, que le dejó secuelas tremendas. Es conocida su prédica ulterior: no cambió un ápice sus convicciones progresistas y garantistas. Pueden haber influido su formación, su militancia y sin duda una integridad personal a toda prueba. Así dicho, podría ser demasiado pedir que cualquier persona del común siguiera su camino. La rabia y la intransigencia pueden coronar un hecho de despojo del patrimonio o una agresión o un crimen sufrido.
Así y todo, opina este cronista, quien hace política o comunica con algún grado de repercusión tiene el deber de no ser complaciente con conductas antisociales e ilícitas, aunque estén expandidas y cuenten con anuencias masivas. Quienes levantan el dedito contra la demagogia, incurren en ella del peor modo.
- - -
Estado, sociedad, medios: Sindicar al Estado ausente como único responsable absuelve a personas de carne y hueso. Es demasiado en una sociedad donde proliferan comportamientos ilegales y se abusa de la violencia. Gente presentable se encoleriza, fundadamente, si se le quita la cartera a una mujer o una anciana. Pero hay que ver cómo las tratan cuando conducen un auto y ellas atraviesan una senda peatonal. Claman por el imperio de la ley, pero quebrantan (más bien se ne fregan en) sencillas y racionales reglas de tránsito. Los motoqueros que laburan son hostigados por taxistas o colectiveros “dueños de la calle”. Muchos mueren o sufren heridas serias, día a día. Comparar estadísticas tiene sus bemoles, pero las pérdidas de vidas por accidentes de tránsito algo dice de la sociedad, de la gente común... y no es edificante.

Los medios propagan imágenes de violencia cotidiana. Pueden pasar 15 veces en una hora una pelea entre dos pibes o pibas del secundario. El morbo predomina sobre el afán de informar. La libertad de prensa se homologa al imperio del minuto a minuto. Detrás del rating, estaría “la gente”. El cronista consulta a un ministro de Educación de una provincia, vapuleado por un episodio de esos. “Me lleva más tiempo contestar reportajes sobre la pelea que ocuparme de la gestión.” El cronista pregunta si son tan habituales como para hacer tendencia, le contesta que no. Pero mejor no lo dirá on the record: los medios lo lapidarían.
No son ejemplos únicos, son muestras: el lector de este diario lo sabe.
- - -
Presiones: El personaje de Molière, citado al comienzo de esta nota, era un avaro grotesco que identificaba su propiedad con su vida. Esa escala de valores está también en debate hoy día.

Volvamos al núcleo. Gentes del común agredieron a víctimas inermes, en doble sentido. Ni el chico Moreira ni los motochorros de Palermo llevaban armas. Ni podían defenderse, porque estaban inconscientes o maniatados.

Un clima de opinión justifica esos ataques y de un modo capcioso se procura absolver o no procesar a sus captores. La reacción escandalizada tras la excarcelación dispuesta por el juez Facundo Cubas a un ladrón-víctima es aleccionadora (ver recuadro aparte). Tronará el escarmiento contra los magistrados que rehúsen hacerse los giles. O sea: que se resistan a impartir justicia de clase. La realidad se complicó, “la gente” delinquió. Es hora de camuflar ese error de la realidad, que contradice prejuicios arraigados.

El fiscal porteño Marcelo Roma parece haber sentido el clamor de la tribuna local. Va enfilando la causa para el lado de las lesiones leves, cuando su encuadre correcto sería tentativa de homicidio calificado.

Posiblemente se ahorrará muchos problemas, pero corre el riesgo de no cumplir con su deber.

El cronista escribió días atrás que cualquiera puede matar y citó, un poco al acaso, al protagonista de El extranjero, de Camus. Varios lectores le sugirieron que La naranja mecánica era mejor referencia. Ninguna es estricta porque de una sociedad real hablamos y no de sus mejores rasgos.

Una voz entre la grita
Por Mario Wainfeld

Julián Axat es defensor penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. También es escritor y poeta. Seguramente tiene tiempo para todo porque él mismo es muy joven y tiene un motorcito con tracción a convicciones. Hace poco, en un reportaje radial, se le preguntó a la hermana de un pibe asesinado por la Bonaerense en qué institución confiaba en su búsqueda de justicia. Respondió: “Yo confío solamente en Julián”.

Con esos avales y una experiencia malhadadamente muy intensa, Axat escribió una lectura titulada “Linchamiento y presencia estatal” en el blog elniniorizoma.wordpress.com. Es un punto de vista, un aporte calificado del que se extrae un párrafo que ojalá invite a la lectura total.

“Hace muchos años que como defensor penal juvenil me han tocado casos de linchamientos lesivos de jóvenes al momento de su detención, ya sea con participación de civiles o con connivencia de policías (torturas y apremios como parte del linchar). Me atrevo a decir que de un 80 por ciento de las detenciones de adolescentes pobres en la provincia de Buenos Aires, por motivos de flagrancia, en el momento de su aprehensión, reciben represalias de todo tipo (golpes, patadas, cachetazos, empujones, escupidas, etc.).

Pues la policía o los particulares cuando se da el caso de que logran reducir a quien se supone cometió un delito, llevan a cabo despliegues de todo tipo, y es como si estuviera ‘aceptado’ en el imaginario policial (aun cuando sea absolutamente ilegal) ejercer una inmediata reprimenda o ‘correctivo’ (hay varios estudios de antropología criminal juvenil que hablan de la pena informal o accesoria anticipada a la pena formal que reciben los jóvenes infractores de las periferias urbanas, ante la policía). Muchísimas veces me ha tocado atender a jóvenes que se presentaban detenidos ante la Justicia que provenían de una detención violenta, y a los que se les había aplicado un ‘correctivo’ vía linchamiento de las víctimas (a quienes la policía incitó a que participen en el correctivo, o directamente lo hicieron motu proprio). También he denunciado una serie de ejecuciones sumarias de adolescentes como consecuencia de supuestos enfrentamientos con policías de civil (durante 2012 y 2013, denuncié ante la Corte Provincial siete homicidios de adolescentes por gatillo fácil).

La sombra del linchamiento la he notado en esos casos, cuando en alguno de ellos, el cuerpo del adolescente estaba molido a golpes y la bala ingresara por la nuca (todo indicaría un remate tras la golpiza).

Lo cierto es que estos casos, pese a tener formas de linchamiento, nunca toman estado público, pues a los medios dominantes no les ha interesado en lo más mínimo cada vez que se hicieron públicos. Desde ya que son casos sin conveniencia política, pues se pone a prueba a la estructura de la propia policía y la Justicia. La violencia institucional no parece ser conveniencia de los grupos de poder, por eso no la vinculan con el fenómeno de linchamiento, pues siendo que la vinculan solapadamente con la idea de ‘justicia por propia mano’, habría un mínimo de ‘justicia en el accionar’ separada de cualquier contacto con las fuerzas de seguridad. Es decir, solo se presentaría como una reacción popular espontánea, una indignación por agotamiento, un día de furia, como si del folklórico Fuenteovejuna de Lope de Vega se tratara. Sostengo que se trata de una reducción discursiva y de publicidad comunicacional, que invisibiliza la presencia del actor policial desgobernado, con incidencia poblacional en el territorio (...). Este esquema solo puede ser funcional a las condiciones de crecimiento y ascensión de un príncipe político que hace eje de su campaña en la ley y el orden que viene a suplir un vacío que no es tal.

Cubas y la liberación

El juez Florentino Cubas dispuso la inmediata excarcelación de Daniel Romero, que fue atrapado tras un intento de robo por arrebato cerca de la plaza Serrano de la Capital. Romero fue atrapado por el actor Gerardo Romano y un policía cuando trataba de huir.

El juez no esperó a detener a Romero ni a un pedido de excarcelación. La presteza desató reacciones críticas furibundas. Cualquier decisión judicial puede ponerse en la picota, en este trance da la impresión de que la crítica va más allá del expediente concreto.

Los críticos parecen decir que el magistrado cerró la causa, lo que es falso. La investigación seguirá y es clavado que Romero será condenado. La repercusión del hecho, la existencia de testigos alientan la predicción.

Los fundamentos de la liberación son la falta de antecedentes de Romero (aspecto sobre el que mintieron muchos periodistas), la falta de riesgo de fuga y la calificación del delito. El juez lo tipificó como tentativa de robo y le asiste razón. El delito no llegó a consumarse. El delito contra la propiedad se “perfecciona” cuando la víctima es privada de “la cosa”, el bien robado.

No fue así esta vez, porque hubo mediación de terceros. Hay quien aduce que es injusto aliviar al delincuente porque otros impidieron que consumara el delito. Pero hete aquí que la misma “ventaja” favorece a los linchadores que frenó Romano. Querían matar a Romero, no lo consiguieron, su delito queda en grado de tentativa.

Todo eso lo regula el patético Código Penal actual, ojo al piojo.
- - -
Cubas o la Cámara debían liberar pronto, sí o sí, a Romero. Lo único que podía haber hecho el juez es demorar un poco. Detener a Romero, que fue soltado cuando salió de ser atendido en el hospital. No falta en el Foro quien dice que “le faltó calle” o cierta percepción de la opinión pública en el caso. Que era sensato “hacer tiempo” para que bajara algo la bronca.

Podrá ser, pero de cualquier forma, lo que estaría en cuestión es menos de una semana de apresamiento.

Los trámites para otorgar o denegar excarcelaciones son veloces y perentorios.

La campaña desatada es, ya se dijo, infundada en lo esencial. Muchos de los censores de la resolución (no todos, más vale) apuntan a otros frentes. Acrecentar la sensación de que existen las “puertas giratorias”, slogan trivial que ignora que las cárceles están abarrotadas de presos sin condena. Y amedrentar a quienes deben tramitar las causas contra otros delincuentes: “la gente” que anduvo linchando sin límite ni derecho
Fuente:Pagina12

06.04.2014
Varias páginas convocan a realizar acciones de ataque a delincuentes
Desde las redes sociales se incita a los ciudadanos a organizar linchamientos
Varios sitios como la "Hermandad ultranacionalista", "Todos somos Argentina" o "Justicia por mano propia" suman adeptos en las redes. Realizan apología del delito, una figura penada con prisión de un mes a un año.

Una peligrosa moda se está instalando en ciertos sectores de la sociedad: la defensa de los linchamientos que ejecutan los vecinos contra los delincuentes, sobre todo, en las redes sociales. Existe una gran cantidad de páginas de Facebook, cuentas de Twitter y blogs que fomentan la "justicia por mano propia", incitan a organizarse contra la delincuencia, festejan los ataques a los reos y adjudican la barbarie a un supuesto estado ausente.

En la página de Facebook "Yo apoyo la Justicia por Mano Propia - El Pueblo se Defiende" se afirma: "Yo también estoy a favor de las acciones de autodefensa popular contra delincuentes, políticos, militantes y periodistas pro-delincuencia!" En el sitio se puede ver la imagen de un delincuente golpeado por los vecinos cual trofeo. "Dos nuevos linchamientos: ladrones fueron atacados por robar una moto y una garrafa", se anuncia con entusiasmo. Y hasta se brindan "instrucciones para un linchamiento": "No le patees la cabeza al delincuente. Pisale la muñeca y quebrale los dedos hacia arriba de las dos manos. Con eso te aseguras que por más que Zaffaroni lo suelte no podrá robar como por cuatro meses. Se llama arresto ciudadano, es perfectamente constitucional, sobre todo en caso de flagrancia", se publica con sarcasmo y cinismo.

"Tenemos que defendernos ya!!o si no estos manga de vagos y enfermos van a acabar con todos nosotros y nuestra familia. Sigamos (sic) donde haya un chorro le damos palo.Nadie hace justicia, nadie se calienta", escribió enfurecida una de las usuarias del sitio.

La misma apología del delito se repite en otras páginas de Facebook como "Todos somos Argentina", que tiene su réplica en Twitter, o en "Justicia por Mano Propia". En estos sitios, para sensibilizar al lector se difunden las fotografías de ancianos golpeados o el asesinato de policías, como si quien se opusiese al delito del linchamiento defendiese el accionar de los delincuentes. En el segundo, por ejemplo, se pide "Justicia por mano propia para vengar a todos los camaradas caídos, violaciones, y agresiones, venceremos!" y se reclama: "No tengan piedad. No se desarme". A la vez se suben fotografías de ladrones linchados, como uno tucumano que aparece ensangrentado, atado a un poste con una soga. Debajo de la fotografía, escribieron: "La unión del pueblo es mas fuerte que cualquier policia y gobierno. Volverá a robar?"

Y luego publican que vecinos de Rosario les hicieron llegar una "imagen para difundir" en la que se lee: "Si robas a uno robas a todos. Te vamos a perseguir y encontrar". La firma "El Puño. Vecinos cansados y ahora organizados".

El sitio "Todos somos Argentina", que tiene la aprobación de 43.695 usuarios a quienes les "gustó" la información que se publicó en la red social, posteó en Twitter: "Inseguridad, linchamientos, consecuencia de un Estado ausente que se cree que la República Argentina es solo Pto. Madero y el Calafate". El twittero, claramente crítico de las políticas inclusivas, se presenta como "Cacerolero 13S-8N-18A-8A". Por el mismo nivel de violencia, la página "Limpiemos Argentina Ya" fue denunciada en la red social y fue dada de baja. No es para menos. El artículo 213 del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito". Este diario intentó contactar a los voceros de Facebook para conocer la postura oficial de la red social cuya plataforma se utiliza para difundir estas informaciones pero al cierre de esta edición no había obtenido ninguna respuesta.

06.04.2014
Entrevista a Federico Lorenc Valcarce, sociólogo e investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani
"La seguridad, la violencia y el miedo no deben seguir a la agenda mediática "
Estudioso de la "inseguridad", sostiene que su mayor o menor difusión obedece a razones estrictamente políticas y no a una respuesta social o de los medios. Propone romper con los criterios lineales y buscar recetas distintas para distintos delitos.

Por: Lucía Álvarez

La inseguridad es, desde hace más de una década, uno de los principales problemas públicos de la Argentina: se habla de ella en medios, campañas políticas, hogares, documentos de la Iglesia, coloquios de empresarios. Su tratamiento no es sólo cíclico y circular –hace hablar siempre al mismo conjunto de actores– sino que está dividido en dos posiciones enfrentadas con pocos puntos en común: los partidarios de la "mano dura" y el aumento de penas y el grupo de garantistas que, muchas veces, subestima el tema argumentando que crece más el miedo que las tasas delictivas.

Alejado de las hipótesis que explican el protagonismo del tema sólo por la influencia de los medios de comunicación, Federico Lorenc Valcarce, sociólogo e investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani, sitúa la puesta en agenda del tema en la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas y del atentado de la AMIA y advierte que fue un problema estrictamente político y no una respuesta a una demanda social o mediática. También llama a romper con una idea uniforme de la inseguridad para pensar, como los economistas, recetas distintas para cada una de sus variables. En diálogo con Tiempo Argentino, Lorenc Valcarce criticó el populismo punitivo de la dirigencia política y situó esos episodios en un aumento de la violencia interpersonal y un marco de convivencia hostil.

–¿Los linchamientos conforman un fenómeno? ¿Representan el pasaje de una actitud preventiva a una defensiva?

–No veo algo que vaya a generalizarse. Intuyo más bien que, como se hizo público un caso que terminó trágicamente, los periodistas salieron a buscar otros. Pero sí hay fenómenos que parecen estar por detrás de los episodios recientes, que no son coyunturales o pasajeros. ¿Por qué los vecinos de Caballito le pegan a un adolescente que, más allá de que sea chorro, es un tipo indefenso, situacionalmente y en la vida? Antes que darle una dimensión institucional, o explicarlo en base a una sensación de injusticia o una falta de regulación estatal, pensaría la relación de esos episodios con una sociabilidad violenta que no tiene que ver con el crecimiento del delito. Los linchamientos pueden entenderse por el surgimiento de un marco de convivencia hostil, de una violencia interpersonal que se ve en el tráfico, en la calle. Aunque no contamos con información suficiente, es notoria la crispación y la intolerancia que atraviesan muchas de nuestras interacciones. Con razón o sin ella, los usuarios destruyen estaciones de subte, incendian trenes, amenazan a empleados municipales, golpean a docentes, se agarran a trompadas por incidentes callejeros o situaciones de tránsito. Estos comportamientos, que en otra época resultaban impensables, hoy se dan con una creciente frecuencia.

–¿Cómo se explica esa convivencia hostil?

–La violencia interpersonal es distinta a la violencia política de los setenta, pero algunos dirán que hemos retrocedido en la pacificación de los vínculos personales que habíamos conquistado. Quizás se trate de una reacción ante múltiples presiones coyunturales que irritan. No se conoce mucho sobre este fenómeno porque los trabajos de inseguridad y delito no se cruzaron con los estudios sobre violencia, sea doméstica, escolar, policial. De todos modos, una de las cosas que estamos viendo es que es necesario volver a distinguir violencia, miedo, y delito. Cuando empezamos a trabajar el tema de la inseguridad y el delito mezclábamos un poco todo. Identificábamos una serie de prácticas reactivas que podían inscribirse en una narrativa de la inseguridad aunque tuvieran que ver con esferas distintas: comportamientos electorales, elección de la vivienda, mercado de la seguridad privada, tendencia al encierro, distribución del presupuesto estatal. Lo uníamos para decir que ese marco de significados en torno a la inseguridad no se quedaba sólo en el plano de la paranoia sino que tenía efectos. Pero creo que ese camino está un poco agotado.

–¿En qué sentido?

–Podemos aceptar que hay una experiencia del delito, que hay una percepción subjetiva de la inseguridad, que los medios de comunicación refuerzan ansiedades y preocupaciones y que los políticos bajan línea con respecto a la cuestión delictiva. Todo eso está estudiado. Lo que estamos viendo con otros colegas, es que sería interesante volver a ciertas cuestiones clásicas de la criminología. Por ejemplo, tengo una actividad delictiva que es el robo de autos, otra que es la sustracción de carteras, otra que es el tráfico de drogas. Cada uno de estas actividades tiene actores, motivaciones y lógicas específicas, articulaciones distintas con las actividades legales, con la policía y con la política. Si alguien dice que todo eso, que es complejo y tiene múltiples causas, es inseguridad y que hay que aumentar penas y dar más plata a la policía, me siento estafado. En economía, las distintas variables y dimensiones, se trabajan con distintas políticas. No hay una receta única. Lo mismo acá. Si identifico claramente el problema, puedo construir herramientas específicas. El delito de los jóvenes seguramente se puede resolver con inclusión social. Pero si el problema es una banda mixta de policías y delincuentes profesionales con capacidad empresarial, el problema es otro. Ahí seguramente tenga razón Marcelo Saín, que piensa que una de las causas no dichas de la inseguridad no es la falta de policía, sino el desempeño de la policía como reguladora del delito. Hay una pista a seguir que busca romper con la idea de inseguridad como una categoría uniforme.

–¿Qué piensa sobre la reacción del arco político frente a los linchamientos?

–Lo que ocurrió en estas semanas produjo perplejidad, primero, porque los linchamientos parecen un fenómeno completamente ajeno a la autopercepción que tenemos como sociedad. Algunos dicen que ocurren porque el Estado no cumple su función, que deberían destinarse más recursos a las políticas de seguridad, la justicia penal y el sistema penitenciario. Otros señalan la falta de respeto por las normas y la ausencia de justicia que lleva a los "ciudadanos decentes" a la desesperación, la ira y la reacción violenta. También se señalan causas estructurales que están por detrás de los conflictos. Naturalmente, cada quien quiere sacar ventaja de la situación y reafirmar clivajes políticos que les resulten favorables. El problema es que una explicación simple, unilateral, sin fundamentos sólidos no puede más que contribuir al ruido que hay en torno a las cuestiones del delito y la inseguridad en nuestro país. Quizás en algún momento la dirigencia deba tomarse en serio la idea de que la seguridad, la violencia y el miedo no deben seguir el ritmo de la agenda mediática. Lo mismo sucede con la discusión por el Código Penal. Es un hecho importante y se encaró bien políticamente, con una comisión de expertos reconocidos. Pero varios dirigentes salieron a decir que quieren bajar las penas y que es un código para delincuentes y no para los ciudadanos indefensos. Eso es demagogia o populismo punitivo, un discurso facilista que intenta sacar rédito de las miserias más profundas. Es una irresponsabilidad de la dirigencia política, que tiene que ser docente, no pensar la representación como una repetición de lo que la gente quiere escuchar, sino como la defensa de un argumento y ciertos valores.

–¿Ese gesto demagógico es eficaz?

–Ahí se juega algo del doble circuito de legitimación de los dirigentes políticos. Vos te podés legitimar para abajo, siguiendo lo que quiere la gente según las encuestas de opinión, pero después también lo tenés que hacer frente a tus pares. Es lo que pasó con Luis Abelardo Patti. En el proceso electoral había logrado ser diputado, y sin embargo sus colegas de la Cámara no lo reconocieron porque era contrario a las ideas básicas del conjunto. Es temprano saber si va a ser efectiva o no, por ejemplo, la estrategia de Sergio Massa. Pero siendo un poco optimista, creo que el tema de la demagogia tiene que ver más con una búsqueda oportunista de captación de votos, y menos con la convicción política de la dirigencia. Suelo creer que los dirigentes están un poquito a la izquierda que sus bases.

–Hay quienes sostienen que el discurso de los Derechos Humanos creó una barrera de contención a las visiones más punitivistas, ¿está de acuerdo?

–Yo no soy muy optimista con respecto a cuánto han impregnado los Derechos Humanos en la sociedad civil, en el sentido común. Creo que sigue habiendo posiciones procesistas, o muchas tendencias clasistas y racistas más o menos larvadas, en distintos ámbitos. Pero creo que sí hubo una pregnancia en un espacio de gobierno más amplio, que incluye a políticos, periodistas, intelectuales. Allí, por ejemplo, nadie está a favor de la pena de muerte.

–Si la dirigencia está más a la izquierda que sus bases, ¿hay una diferencia entre las agendas electorales y las políticas públicas que se implementan?

–Creo que hay un desfasaje grande entre el discurso público que circula, las chicanas políticas y el desarrollo de políticas que son cada vez más reflexivas. El debate tiende a la simplificación y la política pública no puede manejarse con esos esquemas. Las experiencias de los Ministerios de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación tienen un elemento en común: por primera vez, hay expertos con una concepción de que las políticas de seguridad tienen que manejarse con herramientas racionales, que tiene que haber diagnósticos, que se deben pensar estrategias válidas para afrontar problemas específicos, crear herramientas de coordinación institucional. Un gobierno político de la seguridad, que es una idea heredada de cómo se pensó la cuestión militar. Me parece que eso dio lugar a una ruptura explícita con la idea de que la seguridad era algo de lo que se encargaba la policía y que la dirigencia política negociaba en los márgenes. La política de seguridad es central y estratégica, no puede ser delegada a una policía que opera en función de su cultura institucional. Esto implica que no sólo haya presupuesto sino funcionarios idóneos. Te pueden gustar o no los valores que promueven, pero tanto en Nación como en Ciudad está la idea de conducción política de la seguridad, mientras en la provincia de Buenos Aires perdura la lógica de la autonomía policial.

–¿Cómo fue ganando terreno en el mundo de la política el problema de la inseguridad?

–Hasta principio de los 2000, había sólo dos actores que hacían de la seguridad su caballito de batalla. El tema de la inseguridad, como un discurso público, estaba acotado a Aldo Rico y Luis Abelardo Patti, que en verdad eran dos marginales de la política. Después se suman personajes de mayor envergadura, como Carlos Ruckauf, que le dan otro alcance al tema. Y finalmente, hay una difuminación al resto de los políticos y todos hablan de la inseguridad, pero con una moderación mayor. En estos años hubo un intento demagógico con Francisco de Narváez, que trató de instalar una división social en torno al delito. Un pensamiento que no solamente es peligroso en términos de las consecuencias no controladas, sino también porque abdican de ciertos valores democráticos. Porque ellos son a los que hay que exigirles posiciones democráticas y no demagógicas sobre el tema, no al comerciante que lo asaltaron 20 veces y está a favor de la pena de muerte. Él habla desde su lugar, con bronca, impotencia o dolor, pero un jurista o un dirigente político no puede montarse sobre eso.

–¿Por qué sitúa el origen de la preocupación por la inseguridad en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y en el atentado a la AMIA?

–Cuando empecé a trabajar estas cuestiones, a comienzos de los 2000, hice una lectura de todos los diarios de los años noventa. En ese momento, no había autonomía de las páginas policiales, ni siquiera había una sección particular, estaba dentro del área de sociedad. En esa lectura descubro que hay una explosión de las verbalizaciones políticas a partir de esos dos eventos. Los dos casos ponían en cuestión a la policía como institución y el rol de la policía en hechos macabros, pero ya no vinculados a la dictadura. Se empezó a hablar de la necesidad de reformarla y apareció Eduardo Duhalde llamando a León Arslanian. Mi hipótesis es que la puesta en agenda no tuvo que ver con la canalización de una demanda social, que no estaba muy estructurada en ese tiempo, ni con una editorialización o un creciente interés mediático, sino con una lógica intrínsecamente política. Eran delitos que tocaban a la política, que planteaban un problema de Estado y que abrían la pregunta por los escándalos de la policía en redes de acción delictiva. Luego se termina armando una estructura con temporalidades y elementos muy distintos: la agenda política se termina articulando con la agenda mediática y con las preocupaciones sociales, y conforman un sistema.

–En el texto sugiere además que la policía cumplió un lugar central en la politización de la inseguridad

–Creo que la policía es un actor relevante del campo de la política de seguridad y del tratamiento de los problemas ligados al delito. Los policías tienen teorías complejas acerca del delito, establecen hipótesis, trazan relaciones causales. Tienen una cierta sensibilidad política, ideológica, y como todo el mundo, una defensa corporativa de su institución. Esa visión, que ellos la tienen de manera genuina, circula socialmente. Entre los periodistas de policiales, los policías y los funcionarios judiciales hay un diálogo permanente. En general se lo piensa como una relación negociada, pero lo cierto es que también la fuente permea la forma de pensar la realidad de los periodistas. En el día a día, los comisarios tienen una capacidad de enunciación sobre el delito fenomenal y su discurso entra permanentemente sin que te des cuenta. «

De la experiencia del delito a la percepción

En la literatura sobre el tema se suele establecer una distinción entre inseguridad objetiva e inseguridad subjetiva para hablar, por un lado, de la ocurrencia de hechos delictivos, se midan como se midan, y por otro, de la existencia de un sentimiento de temor, que no depende de la experiencia del delito. Esto permite comparar cómo varían las tasas de delito y cómo esa variedad va acompañada de mayor o menor ansiedad y miedo.

Una línea de trabajo suele remarcar que, como el nivel de homicidios en el país es bajo y no vivimos en una sociedad atravesada por el delito, las personas son irracionales o tienen sentimientos infundados, y acusa a los medios por instalar el tema en la agenda.

"No me convence esa separación entre inseguridad subjetiva y objetiva. Que se use la misma palabra genera la falsa impresión de que son hechos simétricos, especulares. Mi idea es que lo que se llama subjetivo es una manera de percibir el mundo. Que uno tenga percepciones no significa que lo percibido sea una mera ilusión. Nosotros realizamos la encuestas (ver infografía) para saber sobre qué bases (edad, género, capital cultural, participación de ámbitos colectivos) se producían afirmaciones, sin que esto signifique cuestionar lo que las personas dicen", señaló Lorenc Valcarce.

Seguridad privada, encierro, segregación

En la actualidad, Federico Lorenc Valcarce está terminando un libro que saldrá a fin de año sobre la industria de la seguridad privada, uno de los mercados que emergieron en el marco de la cultura de la inseguridad. Allí señala que, si bien los clientes particulares aún no representan un segmento importante, el consumo de este servicio se incrementó fuertemente en los últimos años, no sólo entre las clases acomodadas, sino en las familias de menos recursos. También destaca que existe una profundización de la fractura del espacio social por la emergencia de enclaves fortificados y de barrios semicerrados por tejidos de garitas; el surgimiento de centros comerciales y residenciales, oficinas, universidades de difícil acceso para los sectores más desfavorecidos; y a nivel micro, el uso de las rejas en las casas. "Son procesos de encierro en distintas escalas y tienen que ver con una tendencia general a la segregación. Pero si vas a San Pablo, ahí ves lo que es la segregación en serio", relativiza Lorenc Valcarce.

–Quienes contratan ese servicio, ¿buscan exclusividad?

–En los lugares de consumo se busca generar burbujas de exclusividad. Probablemente, detrás de la retórica de la protección, opera también un sentimiento de jerarquía. No sólo por saber que no se va a compartir ese sitio con determinadas personas, sino porque funciona como una ostentación de la riqueza. En la Argentina hay una histórica cultura igualitarista, y el clasismo y el racismo aparecen camuflados. Pero existen, aunque tal vez no es tan manifiesto como en México o Brasil, donde los símbolos de estatus tienen mucha mayor legitimidad.

–¿La gente asocia la elección de la seguridad privada con un déficit del Estado?

–Gran parte de la literatura anglosajona plantea una idea liberal: si quieren gastar plata para protegerse, que lo hagan. Acá se encuentra una cultura más estatista. Incluso en los sectores de derecha está la idea de que el Estado debería hacer un montón de cosas. Pero yo entiendo que la retórica estatalista es una mezcla de cliché y queja.

–¿La seguridad privada es eficaz?

–En los lugares donde hay más seguridad privada en términos de agregados, hay menos delitos. Como no podés saber exactamente la causa, tenés dos hipótesis: o no hay causalidad y entonces, hay más seguridad donde hay menos delito, o los dispositivos son eficaces.