15.04.2014
Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
El organismo solicitó el juicio académico contra el abogado Bernardo Carlino, profesor en la universidad tucumana y representante de la UNT en el directorio de la señal televisiva. Fue decano de Ciencias Económicas entre el '77 y el '78.
El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Tucumán, el abogado Bernardo Lobo Bugeau, presentó ante el rector de la Universidad Nacional de la provincia una denuncia y un pedido de juicio académico contra Bernardo Carlino, profesor Titular de Derecho Societario y Cambiario de la Facultad de Derecho, secretario de Política Administrativa de esa unidad académica y representante de la UNT en el directorio de Canal 10.
Carlino fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, durante la dictadura militar en el periodo junio de 1977 hasta abril de 1978; y también contra Miguel Marcotullio, profesor titular de Bancarrotas y Privilegios de la Facultad de Derecho y Vicedecano de esa unidad académica, quien fuera Secretario Académico de la Facultad de Derecho, durante la última dictadura militar.
La denuncia, a la cual accedió Tiempo Argentino, sostiene que Carlino fue decano desde junio de 1977 y que, "conforme las investigaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos que creó el Consejo Superior en 1985, en ese período se produjeron 60 detenciones-desapariciones (hasta el mes de abril de 1978), cantidad superior al periodo del delegado militar Barroso, informe este que fue agregado a la mega causa 'Jefatura II – Arsenales II' cuando el doctor Fernando Rovetta Klyver (miembro de aquélla comisión) testificó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y fue merituado como prueba de contexto de las recientes condenas recaídas por delitos de lesa humanidad".
El escrito agrega que, antes, en la causa "Jefatura de Policía de Tucumán s/secuestro y desapariciones", con sentencia condenatoria de 2010, se acumuló abundante prueba de las tareas operativas que realizara una estructura organizada de poder estatal (servicio de seguridad) enclavada en el propio rectorado.
"Este grupo de tarea comenzó desmantelando un grupo de periodistas de Canal 10, para terminar secuestrando el día 1/11/76 al periodista José Eduardo Ramos (aún sigue desaparecido) y su esposa Dora Alicia Cerrota de Ramos", sostiene la denuncia.
El abogado Lobo Bugeau consideró que "a 38 años del último golpe militar, mientras existe un sostenido proceso de reparación histórica que permite discernir y responsabilizar por su accionar a quienes fueron partícipes del plan sistemático de represión que destrozó los cimientos democráticos del país, la Universidad Nacional de Tucumán no puso en ejecución sus propias resoluciones para enjuiciar a los docentes que usurparon los puestos de dirección de la UNT y ejecutaron y/o consintieron cesantías, persecuciones, quema de libros, desapariciones, etcétera".
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
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