06.05.2014
El fiscal Antonio Castaño imputó a Guillermo Garlatti, máxima autoridad religiosa de Bahía Blanca
Es por el caso de Aldo Vara, detenido en Paraguay, acusado por delitos de lesa humanidad.
Mientras avanza el trámite por la extradición del cura Aldo Vara desde Paraguay, en Bahía Blanca comenzaron a investigar la red de complicidad que le permitió al religioso acusado por delitos de lesa humanidad permanecer prófugo más de ocho meses.
El fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, solicitó la indagatoria del arzobispo Guillermo Garlatti, principal autoridad religiosa de la localidad del sur bonaerense, para conocer si prestó colaboración con la fuga del ex capellán militar. Además, pidió que se suspenda el pago de su jubilación, que percibió a través de un apoderado mientras estuvo prófugo.
El fiscal realizó el pedido el miércoles pasado ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Ana María Araujo, según informó el sitio Fiscales.gob.ar, y se basó en una denuncia formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Miguel Palazzani y José Nebbia.
Los fiscales denunciaron por encubrimiento a Garlatti, a quien acusaron de haber financiado a Vara mientras estuvo prófugo ya que siguió pagando su jubilación a un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado en la sede del Arzobispado una jubilación privada que otorga la Iglesia.
A partir de esa información, el fiscal Castaño pidió la indagatoria del arzobispo y de Bochile como presuntos encubridores de Vara. Pidió además que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado" y que se investigue la ruta del dinero, desde que era cobrada la jubilación hasta que supuestamente era recibida por Vara en la clandestinidad.
La semana pasada se conoció además un comunicado de la Diócesis de Ciudad del Este, donde Vara se refugió, en el que aseguró que "fue recibido a pedido de su obispo" y que fue posible, a pesar del pedido de captura internacional, "al no existir sanción canónica contra el mencionado sacerdote".
Las autoridades religiosas de la ciudad paraguaya confirmaron, sin nombrarlo, la asistencia de Garlatti para recibir al cura prófugo y su participación en el encubrimiento. El párroco de la iglesia donde se escondió Vara, el religioso Ecar Cleider, aseguró que sospechó que lo buscaban "porque había personas vigilantes" en la zona y agregó: "Nosotros sabíamos que él tenía problemas en su país."
El pedido del fiscal recayó en la jueza subrogante Ana Araujo, quien se excusó de participar y el expediente fue a parar al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, el mismo que rechazó el pedido de detención a Vara que luego dio lugar a su fuga.
Vara fue detenido la semana pasada por Interpol en Paraguay, acusado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de más de 100 personas durante la última dictadura, cuando se desempeñó como capellán militar auxiliar del Comando V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181.
A pesar de los pedidos de la justicia y de organismos de DD HH, la Iglesia siempre negó conocer dónde se encontraba el cura prófugo. Sin embargo, la investigación reveló la participación de la Iglesia en el encubrimiento de Vara con el apoyo financiero y en mantenerlo oculto.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
Lesa Humanidad
Mientras se aguarda su extradición desde Paraguay
El fiscal Castaño pidió que el ex capellán Vara deje de percibir la jubilación
5.05.2014
El representante del Ministerio Público impulsó la acción penal contra el arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti y el apoderado del cura imputado, Leopoldo Bochile, acusados de favorecer la evasión del sacerdote ex militar. Apunta a determinar el tránsito del dinero.
El fiscal Federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, impulsó la acción penal para que se investigue el financiamiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, al ex capellán militar Aldo Vara, detenido en Paraguay y con proceso de extradición en curso. Entre otras medidas, solicitó que se disponga el cese del pago de la jubilación al imputado, que se concretaba a través de la Curia local y mediante un apoderado.
Castaño, titular de la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad del sur bonaerense, presentó el requerimiento de instrucción el miércoles pasado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ana María Araujo.
En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que se coronan con la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, y declaraciones de testigos vinculados a los hechos. Además, dirigió la investigación especialmente a la información documental que dé cuenta sobre el camino que seguía el dinero de la jubilación, que -según la denuncia- era percibida por el apoderado de Vara en la Curia. Y, al mismo tiempo, requirió que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado".
La presentación de Castaño es consecuencia de una denuncia formulada por los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, Miguel Palazzani y José Nebbia.
En su denuncia, Nebbia y Palazzani relataron que Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado en Ciudad del Este, percibía el pago que otorga la Iglesia Católica a los sacerdotes mayores de 65 años, a través del apoderado Bochile, que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado. En la presentación ante Castaño, Nebbia y Palazzani aportaron elementos que avalan la denuncia y que habían logrado reunir en la propia sede de la Curia bahiense.
Por ese motivo, los fiscales denunciaron a Garlatti y Bochile por "financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.
El delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".
Vara, detenido por Interpol en Paraguay, está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:Agnddhh
5-5-2014
Lesa Humanidad
Está acusado de favorecer la evasión del ex capellán Aldo Vara
Fiscal pide indagatoria del arzobispo de Bahía Blanca
Lesa Humanidad
Está acusado de favorecer la evasión del ex capellán Aldo Vara
Fiscal pide indagatoria del arzobispo de Bahía Blanca
El fiscal Antonio Castaño pidió además que el imputado deje de percibir la jubilación. La denuncia que derivó en la solicitud del fiscal, señala que Vara percibía el pago en la sede del Arzobispado a través de su apoderado.
El fiscal Federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, impulsó la acción penal para que se investigue el financiamiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, al ex capellán militar Aldo Vara, detenido en Paraguay la semana pasada por efectivos de Interpol.
Entre otras medidas, también solicitó que se disponga el cese del pago de la jubilación al imputado, que se concretaba a través de la Curia local y mediante un apoderado.
Castaño, titular de la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad del sur bonaerense, presentó el requerimiento de instrucción el miércoles pasado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ana María Araujo.
En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que se coronan con la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, y declaraciones de testigos vinculados a los hechos. Además, dirigió la investigación especialmente a la información documental que dé cuenta sobre el camino que seguía el dinero de la jubilación, que -según la denuncia- era percibida por el apoderado de Vara en la Curia. Y, al mismo tiempo, requirió que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado".
La presentación de Castaño es consecuencia de una denuncia formulada por los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, Miguel Palazzani y José Nebbia.
En su denuncia, Nebbia y Palazzani relataron que Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado en Ciudad del Este, percibía el pago que otorga la Iglesia Católica a los sacerdotes mayores de 65 años, a través del apoderado Bochile, que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado. En la presentación ante Castaño, Nebbia y Palazzani aportaron elementos que avalan la denuncia y que habían logrado reunir en la propia sede de la Curia bahiense.
Por ese motivo, los fiscales denunciaron a Garlatti y Bochile por "financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.
El delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".
Vara, de 80 años, fue detenido la semana pasada por efectivos de Interpol en Ciudad del Este, Paraguay. Está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.
Fuente:Infojus
Envío:Agnddhh
05.05.2014
derechos humanos
Un fiscal pidió que un ex capellán castrense detenido por delitos de lesa humanidad no cobre la jubilación
derechos humanos
Un fiscal pidió que un ex capellán castrense detenido por delitos de lesa humanidad no cobre la jubilación
Se trata del fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, quien hizo el pedido por Aldo Vara, detenido en Paraguay por delitos de lesa humanidad. Los haberes los cobra a través de la Curia local y con consentimiento del arzobispo Guillermo Garlatti.
El pedido de la Fiscalía se realizó en el marco de un planteo ante el Juzgado Federal 2 de esa ciudad para que se investigue el apoyo que el obispo brindó a Vara para que permaneciera prófugo mediante el giro de dinero a través de un apoderado.
Según informa el sitio www.fiscales.gob.ar, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que incluyen la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile.
Vara permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado y detenido en Ciudad del Este, y ahora la justicia paraguaya tramita un pedido de extradición.
La Unidad Fiscal para delitos de Lesa Humanidad en la jurisdicción bahiense, Miguel Palazzani y José Nebbia dijo contar con pruebas de que el ex capellán recibía el pago que la Iglesia Católica otorga a los sacerdotes mayores de 65 años a través del apoderado que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado.
El fiscal encuadró el presunto delito del prelado en el artíulo 277 del Código Penal, que fija penas de seis meses a tres años de prisión a quien ayude a un imputado "a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.
Según informa el sitio www.fiscales.gob.ar, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que incluyen la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile.
Vara permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado y detenido en Ciudad del Este, y ahora la justicia paraguaya tramita un pedido de extradición.
La Unidad Fiscal para delitos de Lesa Humanidad en la jurisdicción bahiense, Miguel Palazzani y José Nebbia dijo contar con pruebas de que el ex capellán recibía el pago que la Iglesia Católica otorga a los sacerdotes mayores de 65 años a través del apoderado que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado.
El fiscal encuadró el presunto delito del prelado en el artíulo 277 del Código Penal, que fija penas de seis meses a tres años de prisión a quien ayude a un imputado "a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
El Arzobispado de Bahía Blanca ratificó mediante un comunicado de prensa lo informado en noviembre a organismos de derechos humanos bahienses: el ex capellán del Ejército imputado por crímenes de lesa humanidad Aldo Vara se desvinculó de la institución en 2001; el actual titular de la sede Guillermo Garlatti llegó en 2003; no tuvieron relación entre ellos y el obispo no ocultó ningún detalle a la justicia.
Hay, al menos, dos argumentos de peso que el Arzobispado no aclara y lo refutan. La Diócesis de Ciudad del Este afirmó que el ex capellán Aldo Vara fue recibido en Paraguay “a pedido de su Obispo”, es decir: Garlatti. El empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del cura, retiraba mensualmente de la Curia una jubilación a nombre del represor. Mientras tanto, el Estado nacional ofrecía recompensa para dar con el paradero del prófugo.
El delito de encubrimiento que la Fiscalía imputa a Garlatti y Bochile está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación. Estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.
“El Arzobispado de Bahía Blanca, ante la información que imputaría al Sr. Arzobispo Monseñor Guillermo Garlatti, de encubrir al Presbítero Aldo Vara, hace saber que Monseñor Garlatti, llegó a esta arquidiócesis en el año 2003, y el sacerdote Aldo Vara, había abandonado la Arquidiócesis, en el año 2001. En consecuencia no tuvo relación con él y cuando la Justicia Federal formuló peticiones con respecto al domicilio del mismo, se informó en forma inmediata y veraz, sin ocultar detalle alguno. Sin perjuicio de lo precedente, el Sr. Arzobispo queda a disposición de la Justicia por ulteriores requerimientos y reitera que no se ha encubierto a este sacerdote en ningún momento”, dice el comunicado publicado por la Agencia Informativa Católica Argentina.
La canciller del Arzobispado, Emma Rosa Vila, firmó en nombre de Garlatti -el 20 de noviembre de 2013- una carta en respuesta al pedido de información del paradero de Vara hecho por Hijos, APDH y Red X la Identidad. Decía que el capellán presentó su renuncia “total y definitiva” como párroco y “solicitó licencia para ausentarse de la Arquidiócesis” en 2001 ante el entonces titular de la Curia local Rómulo García.
El Grupo de Curas en Opción por los Pobres pidió ayer la intervención “urgente” del Episcopado para aclarar los hechos y advirtió que si el arzobispo bahiense encubrió a Vara “por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la justicia pueda requerir de él. El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse”.
De parte del obispo
Fortunato Mallimaci fue el primero en denunciar el cobro de la jubilación de Vara y explicó días atrás en Página/12 que, tal como lo confirmó el cura paraguayo Écar Rolón quien comparte parroquia con el cura detenido, “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca (…) Para que pudiera ejercer en otra diócesis, Garlatti debió haberlo recomendado o cuanto menos haber certificado que es un sacerdote en plenitud”.
“¡Mentira que no lo sabía! Hay un sistema eclesiástico fuertemente incorporado en los actores que es el secreto, el no decir nada porque esto es un ataque a la iglesia, no mostrarlo ni hacerlo público porque se supone que esto daña la imagen”, agregó el sociólogo en declaraciones a FM De la Calle.
Más allá del escueto comunicado de la jerarquía eclesiástica bahiense, el fiscal Antonio Castaño apunta a ratificar si Garlatti financió a Vara mientras estuvo prófugo mediante el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía efectivo en la sede de la Curia a través del apoderado Leopoldo Bochile. Ambos deberán ser indagados, además, se espera información del Banco Central sobre los movimientos y cuentas de Bochile y las testimoniales de Mallimaci y Bruno Cuccheti, administrador de la Curia.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
La justicia investiga a la Iglesia por encubrir al cura prófugo
08.05.2014
La Fiscalía de Bahía Blanca pidió al Banco Central que informe si hubo transferencia de dinero a Paraguay
Busca saber el rol que pudo tener el arzobispo Guillermo Garlatti para financiar la vida del ex capellán militar Aldo Vara en Ciudad del Este. Críticas de los Sacerdotes por los Pobres.
La justicia de Bahía Blanca investiga si el Arzobispado de esa ciudad, a cargo de Guillermo Garlatti, financió al cura Aldo Vara mientras estuvo prófugo en Paraguay por los delitos de lesa humanidad que se le imputan.
El fiscal federal Antonio Castaño pidió ayer informes al Banco Central para determinar los movimientos de dinero de la Iglesia. "El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento", cuestionaron desde el Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
Tras la detención de Vara en Ciudad del Este, luego de haber estado ocho meses prófugo, la justicia comenzó a investigar cómo se financió del ex capellán militar. La causa se inició con la denuncia por encubrimiento a Garlatti formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Miguel Palazzani y José Nebbia.
Los fiscales señalaron que le habría pagado la jubilación a Vara a través de un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado en la sede del Arzobispado. Como se trata de un emulomento que otorga la Iglesia no se pudo seguir el rastro a través de la ANSES.
Por ello, Castaño solicitó al Banco Central información y movimientos de las cuentas bancarias de Bochile, apoderado de Vara. Citó también a declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Mallimacci, quien fue el primero en denunciar públicamente la situación.
La Iglesia bahiense negó en varias oportunidades conocer el paradero del cura prófugo. Sin embargo, tras su captura se conoció que no sólo cobraba su jubilación a través de un apoderado, sino que fue el propio Garlatti quien pidió que fuera recibido en Paraguay, como admitió la Diócesis de Ciudad del Este.
En un comunicado difundido ayer, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres mostró su preocupación ante la posibilidad de que el arzobispo de Bahía Blanca haya asistido a un prófugo de la justicia. "Si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo o algún otro condicionamiento, debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad", señaló el colectivo.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
El juez federal Santiago Ulpiano Martínez delegó en Castaño la investigación sobre si el arzobispo Guillermo Garlatti financió a Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta que fue detenido en Paraguay la semana pasada.
El Arzobispado de Bahía Blanca defendió a Garlatti mediante un comunicado que señala que Garlatti llegó a la arquidiócesis de Bahía Blanca en 2003 y Vara había abandonado la arquidiócesis en 2001. “En consecuencia no tuvo relación con él y cuando la Justicia formuló peticiones con respecto a su domicilio, se informó en forma inmediata y veraz, sin ocultar detalle alguno”, precisó el comunicado.
Castaño dispuso ayer las primeras medidas de prueba, que ya había sugerido al juez en su requerimiento de instrucción. El fiscal orientó la investigación a determinar si Garlatti financió a Vara mientras estuvo prófugo mediante el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía efectivo en la sede de la curia a través del apoderado Leopoldo Bochile, también imputado. Con la misma hipótesis, dispuso recibir declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Malimacci, quien denunció públicamente la irregular situación.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Según comprobó la Justicia y se conoció públicamente en los últimos días, el obispo Garlatti financia la estadía de Vara en el exterior a través de cheques emitidos por el arzobispado y facilitados mensualmente a un apoderado, mientras está vigente el pedido de captura internacional y el Estado ofrece una recompensa a quienes aporten información para la detención del cura prófugo.
Ahora los curas en la Opción por los Pobres recuerdan palabras de los obispos argentinos en su asamblea de noviembre de 2012, oportunidad en la que manifestaron: “Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados (...), nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf. Jn 8,32)”. En esa misma ocasión, los obispos dijeron estar abocados a “revisar todos los antecedentes a nuestro alcance” que pudieran contribuir al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y alentaron “a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda”. Recuerdan los curas que los obispos afirmaron entonces que “hemos colaborado con la Justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer”. Y frente a muchas demandas recibidas de organismos defensores de los derechos humanos y, en particular de las Abuelas de Plaza de Mayo, que llegaron incluso hasta el papa Francisco, los obispos “exhortaron” entonces a quienes “tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.
Frente a tales declaraciones y a los hechos ahora conocidos acerca de la complicidad del arzobispo Garlatti con el ex capellán prófugo, los curas en la Opción por los Pobres sostienen que “sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán”.
Afirman que “el arzobispo de Bahía Blanca habría estado asistiendo a un prófugo de la Justicia” y argumentan que “si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la Justicia pueda requerir de él”. Porque, subrayan, “el silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el Episcopado argentino no ha podido despegarse”.
En el mismo texto los curas dicen que “por otra parte debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado –y ocasionan todavía– grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la Justicia podrán esclarecer”.
Mientras se desarrolla en Pilar la Asamblea de la Conferencia Episcopal de la que participa un centenar de obispos católicos, y que se extenderá hasta el próximo sábado, los curas argumentan que “una urgente intervención del Episcopado en esta situación y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión”.
Y en la misma línea recuerdan que “vemos en los gestos y palabras del padre Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la Iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de Estado”. Mugica será recordado ahora en todo el país y el presidente del Episcopado, arzobispo José María Arancedo, hizo esta semana una tibia recuperación de su figura en la misa de apertura de la asamblea episcopal. Una estatua de Mugica será inaugurada por la presidenta Cristina Fernández el sábado próximo y se espera un mensaje del papa Francisco en la ocasión.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Queremos hacer llegar a la opinión pública nuestra palabra frente a los hechos relacionados con el aparente encubrimiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca de un sacerdote prófugo. La Justicia Federal de Bahía Blanca pidió en octubre de 2013 la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Omar Vara por su presunta complicidad con torturas durante la dictadura. La Unidad Fiscal de Bahía Blanca corroboró hace pocos días en el propio Arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para Vara a pesar de que tenía pedido de captura nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo.
Los obispos argentinos reunidos en la 104º Asamblea Plenaria el 9 de noviembre de 2012 en los nros 7 y 8 expresaron que "queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados (...) nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf Jn 8,32). Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo alentamos a otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes".
Estar cerca de los que sufren las nefastas consecuencias del terrorismo de estado es estar del lado de las víctimas, es decir del lado de la justicia cooperando con todo lo que pueda ayudar a esclarecer estos delitos de lesa humanidad. Sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán.
El arzobispo de Bahía Blanca habría estado asistiendo a un prófugo de la justicia. Si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la justicia pueda requerir de él. El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse.
Por otra parte debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado -y ocasionan todavía- grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la justicia podrán esclarecer.
Una urgente intervención del episcopado en esta situación y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión.
Somos sacerdotes de diversas comunidades del país que vemos en los gestos y palabras del Padre Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de estado.
Anhelamos de corazón que toda la Iglesia manifieste su preocupación para lograr "que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia" (Evangelii Gaudium 95)
Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
7 de mayo de 2014
Entrevistas sobre el presente documento a:
Padre Mariano R. Ledesma
FM COMUNITARIA SAN PEDRO (MOCASE/FARCO/ALER/EVARED)
La justicia investiga a la Iglesia por encubrir al cura prófugo
08.05.2014
La Fiscalía de Bahía Blanca pidió al Banco Central que informe si hubo transferencia de dinero a Paraguay
Busca saber el rol que pudo tener el arzobispo Guillermo Garlatti para financiar la vida del ex capellán militar Aldo Vara en Ciudad del Este. Críticas de los Sacerdotes por los Pobres.
La justicia de Bahía Blanca investiga si el Arzobispado de esa ciudad, a cargo de Guillermo Garlatti, financió al cura Aldo Vara mientras estuvo prófugo en Paraguay por los delitos de lesa humanidad que se le imputan.
El fiscal federal Antonio Castaño pidió ayer informes al Banco Central para determinar los movimientos de dinero de la Iglesia. "El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento", cuestionaron desde el Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
Tras la detención de Vara en Ciudad del Este, luego de haber estado ocho meses prófugo, la justicia comenzó a investigar cómo se financió del ex capellán militar. La causa se inició con la denuncia por encubrimiento a Garlatti formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Miguel Palazzani y José Nebbia.
Los fiscales señalaron que le habría pagado la jubilación a Vara a través de un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado en la sede del Arzobispado. Como se trata de un emulomento que otorga la Iglesia no se pudo seguir el rastro a través de la ANSES.
Por ello, Castaño solicitó al Banco Central información y movimientos de las cuentas bancarias de Bochile, apoderado de Vara. Citó también a declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Mallimacci, quien fue el primero en denunciar públicamente la situación.
La Iglesia bahiense negó en varias oportunidades conocer el paradero del cura prófugo. Sin embargo, tras su captura se conoció que no sólo cobraba su jubilación a través de un apoderado, sino que fue el propio Garlatti quien pidió que fuera recibido en Paraguay, como admitió la Diócesis de Ciudad del Este.
En un comunicado difundido ayer, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres mostró su preocupación ante la posibilidad de que el arzobispo de Bahía Blanca haya asistido a un prófugo de la justicia. "Si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo o algún otro condicionamiento, debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad", señaló el colectivo.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
EL FINANCIAMIENTO A ALDO VARA
Investigación en marcha
El fiscal federal Antonio Castaño requirió informes al Banco Central para determinar si desde el Arzobispado de Bahía Blanca se financió al ex capellán militar Aldo Vara mientras estuvo prófugo en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El juez federal Santiago Ulpiano Martínez delegó en Castaño la investigación sobre si el arzobispo Guillermo Garlatti financió a Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta que fue detenido en Paraguay la semana pasada.
El Arzobispado de Bahía Blanca defendió a Garlatti mediante un comunicado que señala que Garlatti llegó a la arquidiócesis de Bahía Blanca en 2003 y Vara había abandonado la arquidiócesis en 2001. “En consecuencia no tuvo relación con él y cuando la Justicia formuló peticiones con respecto a su domicilio, se informó en forma inmediata y veraz, sin ocultar detalle alguno”, precisó el comunicado.
Castaño dispuso ayer las primeras medidas de prueba, que ya había sugerido al juez en su requerimiento de instrucción. El fiscal orientó la investigación a determinar si Garlatti financió a Vara mientras estuvo prófugo mediante el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía efectivo en la sede de la curia a través del apoderado Leopoldo Bochile, también imputado. Con la misma hipótesis, dispuso recibir declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Malimacci, quien denunció públicamente la irregular situación.
Envío:Agnddhh
DECLARACION DE LOS CURAS DEL GRUPO EN LA OPCION POR LOS POBRES
Un reclamo para los obispos
Los sacerdotes en la Opción por los Pobres cuestionan la actuación del arzobispo de Bahía Blanca, acusado de encubrir al ex capellán prófugo Aldo Vara. Critican “el silencio episcopal” y exigen a los obispos un compromiso real con la Justicia.
Por Washington Uranga
Vara era protegido por las diócesis de Bahía Blanca y Ciudad del Este, mientras lo buscaba la Justicia.
Imagen: Enrique García Medina
Hechos y no palabras, les reclaman los curas del Grupo en la Opción por los Pobres a los obispos argentinos que se encuentran reunidos en Pilar participando de su primera asamblea plenaria del año. Mediante un comunicado, el nucleamiento que reúne a sacerdotes católicos de todo el país critica la actuación del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, señalado por presunto encubrimiento al sacerdote Aldo Omar Vara, ex capellán del Ejército, acusado por delitos de lesa humanidad, prófugo de la Justicia internacional y recientemente localizado en Ciudad del Este (Paraguay), donde goza de la protección del obispo local. Al mismo tiempo, los curas reclaman coherencia a sus obispos que dicen “estar cerca” de quienes han sufrido las consecuencias del terrorismo, señalando que ello implicaría “estar del lado de las víctimas, es decir del lado de la Justicia cooperando con todo lo que pueda ayudar a esclarecer delitos de lesa humanidad”. Les piden además que respalden con hechos lo que sostienen en los documentos y solicitan, una vez más, que la jerarquía eclesiástica entregue “sin demora” toda la documentación que pueda obrar en su poder y que pudiera contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Según comprobó la Justicia y se conoció públicamente en los últimos días, el obispo Garlatti financia la estadía de Vara en el exterior a través de cheques emitidos por el arzobispado y facilitados mensualmente a un apoderado, mientras está vigente el pedido de captura internacional y el Estado ofrece una recompensa a quienes aporten información para la detención del cura prófugo.
Ahora los curas en la Opción por los Pobres recuerdan palabras de los obispos argentinos en su asamblea de noviembre de 2012, oportunidad en la que manifestaron: “Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados (...), nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf. Jn 8,32)”. En esa misma ocasión, los obispos dijeron estar abocados a “revisar todos los antecedentes a nuestro alcance” que pudieran contribuir al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y alentaron “a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda”. Recuerdan los curas que los obispos afirmaron entonces que “hemos colaborado con la Justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer”. Y frente a muchas demandas recibidas de organismos defensores de los derechos humanos y, en particular de las Abuelas de Plaza de Mayo, que llegaron incluso hasta el papa Francisco, los obispos “exhortaron” entonces a quienes “tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.
Frente a tales declaraciones y a los hechos ahora conocidos acerca de la complicidad del arzobispo Garlatti con el ex capellán prófugo, los curas en la Opción por los Pobres sostienen que “sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán”.
Afirman que “el arzobispo de Bahía Blanca habría estado asistiendo a un prófugo de la Justicia” y argumentan que “si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la Justicia pueda requerir de él”. Porque, subrayan, “el silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el Episcopado argentino no ha podido despegarse”.
En el mismo texto los curas dicen que “por otra parte debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado –y ocasionan todavía– grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la Justicia podrán esclarecer”.
Mientras se desarrolla en Pilar la Asamblea de la Conferencia Episcopal de la que participa un centenar de obispos católicos, y que se extenderá hasta el próximo sábado, los curas argumentan que “una urgente intervención del Episcopado en esta situación y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión”.
Y en la misma línea recuerdan que “vemos en los gestos y palabras del padre Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la Iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de Estado”. Mugica será recordado ahora en todo el país y el presidente del Episcopado, arzobispo José María Arancedo, hizo esta semana una tibia recuperación de su figura en la misa de apertura de la asamblea episcopal. Una estatua de Mugica será inaugurada por la presidenta Cristina Fernández el sábado próximo y se espera un mensaje del papa Francisco en la ocasión.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Documento de Prensa
Declaración del Grupo de curas en
Opción por los Pobres
El "caso del padre Vara"
Los obispos argentinos reunidos en la 104º Asamblea Plenaria el 9 de noviembre de 2012 en los nros 7 y 8 expresaron que "queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados (...) nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf Jn 8,32). Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo alentamos a otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes".
Estar cerca de los que sufren las nefastas consecuencias del terrorismo de estado es estar del lado de las víctimas, es decir del lado de la justicia cooperando con todo lo que pueda ayudar a esclarecer estos delitos de lesa humanidad. Sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán.
El arzobispo de Bahía Blanca habría estado asistiendo a un prófugo de la justicia. Si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la justicia pueda requerir de él. El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse.
Por otra parte debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado -y ocasionan todavía- grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la justicia podrán esclarecer.
Una urgente intervención del episcopado en esta situación y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión.
Somos sacerdotes de diversas comunidades del país que vemos en los gestos y palabras del Padre Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de estado.
Anhelamos de corazón que toda la Iglesia manifieste su preocupación para lograr "que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia" (Evangelii Gaudium 95)
Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
7 de mayo de 2014
Entrevistas sobre el presente documento a:
- Pbro. Eduardo de la Serna (011) 42130683
- Pbro. Néstor Cruz García (011) 65249109
- Pbro. Roberto Murall (0385) 155 814 229
padre Mariano
Padre Mariano R. Ledesma
FM COMUNITARIA SAN PEDRO (MOCASE/FARCO/ALER/EVARED)
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"EN CAMINO, DONDE LA VIDA RECLAMA"
Envío:
Antonio Angel Coria
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo
Filial del Comahue
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