CFK INAUGURO UNA SEDE DE JUSTICIA EN LA ANTIGUA TANDANOR Y RECORDO LOS NEGOCIADOS CON LA FABRICACION DE SUBMARINOS
“Confío en la memoria de los argentinos”
En la inauguración de la nueva sede del Ministerio de Justicia, Cristina Fernández de Kirchner recordó que “hubo hasta privatizaciones por decreto sin que nadie hiciera absolutamente nada”. Dijo que entonces no se escucharon denuncias.
La Presidenta encabezó la inauguración de la nueva sede del Ministerio de Justicia en el edificio que pertenecía a astilleros Tandanor.Imagen: Télam
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a deslizar críticas al Poder Judicial por su rol en el desmantelamiento del Estado y su complicidad con la corrupción durante la década del ’90. “Ojalá el país hubiera tenido jueces y fiscales como ahora que están tan atentos a las denuncias”, cuando en el pasado administraciones “fraudulentas” afectaban “vergonzosamente el patrimonio nacional” con la venta de activos públicos. “Hubo hasta privatizaciones por decreto en Argentina sin que nadie hiciera absolutamente nada”, reflexionó durante el acto de inauguración de la nueva sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en Costanera Sur, en las instalaciones de la antigua empresa Tandanor.
“Cuánto tiempo perdido, cuántas cosas malvendidas, cuánta administración fraudulenta en contra del Estado”, lamentó la mandataria, al quejarse de que “no se escucharon denuncias cuando se entregaba el patrimonio nacional” en los años ’90. “Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para poder hacer las denuncias que debe corresponder hacer y que también deberán ser probadas absolutamente. Porque realmente si esto hubiera pasado, cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado los argentinos”, señaló.
Por eso, destacó que lo que se inauguró ayer es “algo más que el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, ya que el flamante edificio simboliza “la revalorización del patrimonio de todos los argentinos, para que cumplan funciones de manera eficiente”. La mudanza de esa dependencia responde al objetivo de “recuperar el valor social de los bienes del Estado”, aseguró CFK, quien además informó que “todos los muebles” de la nueva sede “han sido construidos por personas que están cumpliendo condenas” en las cárceles, que “deben servir para la recuperación de las personas y no para el sufrimiento”.
La nueva sede de la cartera de Justicia se encuentra en el edificio que en el pasado ocupaba el astillero Tandanor. La construcción y puesta en valor de la sede es resultado del trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y allí ya se encuentran funcionando, entre otras áreas, el Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), la dirección de Informática, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y diversos organismos registrales. Gracias a la mudanza, “a fin de año este ministerio no va a tener ningún alquiler vigente, lo que significa un ahorro de millones de pesos” para el Estado, destacó Fernández de Kirchner.
En contraste, durante el acto, la Presidenta recordó que en el edifico de Tandanor “se diseñaron proyectos que no se concretaron y le generaron al Estado una deuda con el Club de París por 700 millones de dólares”. Más precisamente, “iban a construirse submarinos para la Armada durante los días de la última dictadura”, pero “no se hizo ninguno” a pesar de que “por todos estos proyectos se pidieron créditos” de ese valor al Club de París, que todavía no fueron saldados. Al respecto, la mandataria recordó una frase de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del papa Francisco: “La corrupción pública y privada no reconoce ideologías ni fronteras y asuela a todos los países”.
Participaron del acto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; y el ministro de Planificación, Julio De Vido; entre otros funcionarios. Antes de su discurso, la Presidenta mantuvo teleconferencias con distintas ciudades del país, a través de las cuales inauguró viviendas (en General Arenales, provincia de Buenos Aires; y Bariloche, Río Negro) y una terminal de ómnibus (Marcos Juárez, Córdoba). “Con las de General Arenales” ya se otorgaron “más de un millón de soluciones habitacionales, sin contar el plan Pro.Cre.Ar”, celebró la mandataria.
Fernández de Kirchner también informó que ayer se hizo entrega del documento de identidad número 37 millones y que “se entregaron más de 150.000 pasaportes que se tramitaron en menos de 48 horas”. En este sentido, comparó los trámites vigentes en la actualidad con lo que sucedía en los años ’90, cuando se firmó el contrato con la alemana Siemens, que “pedían que el Estado pusiera 1000 millones de dólares para elaborar un nuevo pasaporte argentino”, maniobra por la cual “aún hay funcionarios procesados” de aquel gobierno, recordó.
Finalmente, la Presidenta reflexionó sobre los próximos años y advirtió que “los argentinos deben asumir la responsabilidad de defender las conquistas que se lograron en estos años” y pelear “por defender y recuperar el patrimonio” de todos. “Sé que muchas cosas van a intentar tirarlas abajo, pero confío en la memoria de los argentinos para defender las conquistas que logramos”, apuntó CFK, quien sostuvo que no hay que esperar “que te aplaudan desde los centros de poder”, porque “la historia se toma sus tiempos, pero los reconocimientos siempre llegan”.
LA HISTORIA DE TANDANOR
Bien del Estado
La inauguración de la sede Costanera Sur del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “es la revalorización y recuperación del patrimonio de los argentinos para que cumpla las funciones en forma eficaz y eficiente”, resaltó ayer Cristina Fernández de Kirchner. El edificio hoy es un bien del Estado, pero no siempre fue así. En 1992 pasó a manos privadas, luego de la venta de la centenaria empresa de astilleros Tandanor. La operación motivó una causa por defraudación y recién en 2007, en el gobierno de Néstor Kirchner, volvió a la gestión pública. La Justicia, sin embargo, todavía no resolvió el litigio.
La historia del edificio de Tandanor recuperado para ser la nueva sede del Ministerio de Justicia sirve de crónica de los últimos 40 años, cuando el Estado se retiró, dio paso a las privatizaciones en la década de 1990 y luego volvió a hacerse presente.
Creada en 1879 por el entonces presidente Nicolás Avellaneda con el nombre de Talleres Navales de Marina, Tandanor llegó a lo largo de sus 112 años bajo la gestión estatal a ser el tercer taller para naves más importante del mundo, hasta que en 1991 integró la lista de las 27 empresas que dependían del Ministerio de Defensa y podrían ser privatizadas. Y así fue.
A partir del 1º de enero de 1992, Tandanor pasó a manos del grupo privado Inversora Dársena Norte (Indarsa), pero la escandalosa operación de venta se realizó, como muchas otras de la década menemista, en medio de irregularidades.
En principio, Indarsa pagó 7 millones de dólares para obtener la empresa, tal cual se había acordado. Luego tendría tres años de gracia, tras los que debería completar los 59 millones pactados. Eso no sucedió y en 1999 el propio Estado pidió la quiebra de la firma.
El ex ministro menemista Erman González fue imputado en 2002 por incumplimiento de los deberes de funcionario público al favorecer a privados, defraudación al Estado (el perjuicio se estima en unos 70 millones de dólares) y falsedad ideológica de documento público, en una causa que llevó adelante el juez Jorge Ballestero. En aquel momento, González estaba a cargo de la cartera de Defensa y bajo su gestión también se realizó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
La resolución de Ballestero no prosperó. A ella se sumó la del juez Claudio Bonadio en 2006, con el mismo resultado. La causa prescribió y, recién a mediados del año pasado, la Cámara de Casación ordenó su reapertura y decidió continuar con la investigación. Las sospechas se remontan a 1993, cuando Indarsa aún no había quebrado, pero sí había vendido a la empresa Retiro S.A. el terreno, que más tarde compraría IRSA por 18 millones de dólares. Indarsa y Retiro S.A. compartían presidente: Andrés Vlastó. Es decir, se investiga un negocio inmobiliario donde se pagó sólo 7 millones de dólares por un predio luego vendido por 18.
Desde la quiebra, la empresa funcionó de la mano de sus trabajadores, y el Estado recién pudo recuperar el control con el decreto del ex presidente Kirchner del 30 de marzo de 2007 que anuló la privatización de Tandanor. Actualmente, las acciones de la firma pertenecen en un 90 por ciento al Estado y el resto quedó para los trabajadores.
El edificio inaugurado ayer estuvo abandonado durante treinta años. En palabras de la Presidenta, el traslado allí del Ministerio de Justicia permite “recuperar el valor social del patrimonio del Estado”.
Fuente:Pagina12
Creada en 1879 por el entonces presidente Nicolás Avellaneda con el nombre de Talleres Navales de Marina, Tandanor llegó a lo largo de sus 112 años bajo la gestión estatal a ser el tercer taller para naves más importante del mundo, hasta que en 1991 integró la lista de las 27 empresas que dependían del Ministerio de Defensa y podrían ser privatizadas. Y así fue.
A partir del 1º de enero de 1992, Tandanor pasó a manos del grupo privado Inversora Dársena Norte (Indarsa), pero la escandalosa operación de venta se realizó, como muchas otras de la década menemista, en medio de irregularidades.
En principio, Indarsa pagó 7 millones de dólares para obtener la empresa, tal cual se había acordado. Luego tendría tres años de gracia, tras los que debería completar los 59 millones pactados. Eso no sucedió y en 1999 el propio Estado pidió la quiebra de la firma.
El ex ministro menemista Erman González fue imputado en 2002 por incumplimiento de los deberes de funcionario público al favorecer a privados, defraudación al Estado (el perjuicio se estima en unos 70 millones de dólares) y falsedad ideológica de documento público, en una causa que llevó adelante el juez Jorge Ballestero. En aquel momento, González estaba a cargo de la cartera de Defensa y bajo su gestión también se realizó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
La resolución de Ballestero no prosperó. A ella se sumó la del juez Claudio Bonadio en 2006, con el mismo resultado. La causa prescribió y, recién a mediados del año pasado, la Cámara de Casación ordenó su reapertura y decidió continuar con la investigación. Las sospechas se remontan a 1993, cuando Indarsa aún no había quebrado, pero sí había vendido a la empresa Retiro S.A. el terreno, que más tarde compraría IRSA por 18 millones de dólares. Indarsa y Retiro S.A. compartían presidente: Andrés Vlastó. Es decir, se investiga un negocio inmobiliario donde se pagó sólo 7 millones de dólares por un predio luego vendido por 18.
Desde la quiebra, la empresa funcionó de la mano de sus trabajadores, y el Estado recién pudo recuperar el control con el decreto del ex presidente Kirchner del 30 de marzo de 2007 que anuló la privatización de Tandanor. Actualmente, las acciones de la firma pertenecen en un 90 por ciento al Estado y el resto quedó para los trabajadores.
El edificio inaugurado ayer estuvo abandonado durante treinta años. En palabras de la Presidenta, el traslado allí del Ministerio de Justicia permite “recuperar el valor social del patrimonio del Estado”.
Fuente:Pagina12


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