SEGUN LA PROCURACION GENERAL
Hay 74 represores prófugos
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad precisó que los acusados por delitos durante la última buscados por la Justicia son 33 militares del Ejército, 5 de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. Se le suman 11 expolicías federales, 7 bonaerenses y otros 7 agentes uruguayos requeridos por el Plan Cóndor. También 4 espías y 6 civiles, entre ellos un sacerdote.
El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos.
En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco.
Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.
Fuente:Pagina12
Dos prófugos por crímenes de lesa humanidad
Represores en fuga
Por Franco Mizrahi
Represores en fuga
Por Franco Mizrahi
24.04.2014
Son militares retirados acusados en la causa que investiga violaciones de derechos humanos durante la represión a la denominada “contraofensiva” montonera. Historias de terror.
Foto: Horacio Paone
El 22 de abril se amplió la lista de acusados de lesa humanidad prófugos de la Justicia. Ocurre que los militares retirados Alberto Daniel Sotomayor y Marcelo Cinto Courtaux, ambos acusados por violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa Contraofensiva Montonera, donde se investiga a trece oficiales y suboficiales de inteligencia castrense por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos por el terrorismo de Estado, pasaron a integrar esa nómina que supera las 70 personas, según cifras de la Unidad Fiscal. El lunes y martes pasados ambos debían prestar declaración indagatoria ante la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que en marzo había postergado las audiencias haciendo lugar a un planteo de la defensa, pero brillaron por su ausencia en tribunales. Ante la ostensible evasión, la magistrada ordenó allanar sus casas, los sindicó como fugados y libró los oficios correspondientes a los organismos de seguridad. Al cierre de esta edición, eran intensamente buscados.
Courtaux se desempeñó entre el 7 de marzo de 1979 y el 17 de noviembre de 1980 como jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y, según declaraciones de testigos, habría estado vinculado con la metodología de desaparición forzada de personas conocida como “vuelos de la muerte”. Se estima que la estructura a la que pertenecía estaba vinculada a esas aberrantes operaciones. A Sotomayor los investigadores lo ubican entre 1977 y 1979 como jefe de la Primera y Segunda Sección de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia. Ambos debían rendir cuentas con la Justicia pero, percibiendo que su destino sería la prisión, decidieron evadirla: es que de los trece imputados en esta causa, ocho fueron detenidos con prisión domiciliaria (el último detenido en la pesquisa fue Carlos Blas Casuccio, quien en la dictadura fue jefe de los fugados). Quienes lograron sortear la reclusión argumentaron serios problemas de salud (Alfredo Sotera) o no fueron localizados (Luis Firpo). Además de los tres prófugos, claro. A Courtaux y Sotomayor se suma Mario Guillermo Ocampo, fugitivo en otra causa y desde antes del inicio del expediente que investiga el accionar de la represión en el marco de la Contraofensiva Montonera.
El paradero de Sotomayor y Courtaux comenzó a prefigurarse el lunes 21 de abril. Aquel día otoñal, una señal alertó a los investigadores: Sotomayor no se presentó a la hora estipulada en los tribunales de San Martín. Y no fue el frío matinal el que lo impulsó a evadir la citación. El militar retirado evadía la Justicia por segunda vez: debía haber sido indagado a mediados de marzo, al igual que Courtaux, pero entonces su abogado solicitó una postergación argumentando que el expediente era voluminoso y necesitaba tiempo para estudiarlo, una excusa cotidiana que suelen esgrimir los letrados defensores de los represores para demorar el trámite judicial. La jueza Vence, en una postura que fue cuestionada por la querella y la fiscalía –a cargo de Miguel Blanco García Ordas–, hizo lugar al planteo y fijó la declaración para un mes más tarde.
Ante la nueva evasión de Sotomayor, y sospechando la estrategia que desplegaron los acusados, la fiscalía solicitó su detención urgente junto a la de Courtaux, quien iba a declarar al día siguiente. La magistrada aceptó la decisión. El allanamiento de los respectivos domicilios no hizo más que confirmar lo que ya era una obviedad: que ambos se habían escapado. El martes al mediodía ambos militares retirados fueron declarados oficialmente rebeldes: la jueza libró los oficios para que sean buscados por todas las fuerzas de seguridad e incluso Interpol. Si bien 15 días atrás se les había prohibido salir del país, los investigadores no descartan que hayan podido cruzar la frontera.
Ante este contexto, el miércoles 23 de abril, el juzgado notificó de la fuga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde se inició el trámite para incorporar a los imputados en el fondo de recompensa que entrega una suma importante de dinero a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención del fugado: dentro de unos días, cuando se oficialice la medida, la lista pasará de 55 prófugos de lesa humanidad que integran el programa BUSCAR, a 57.
“Todas las familias querellantes estamos esperando que lo más pronto posible sean detenidos, indagados y encarcelados en una cárcel común hasta que se haga llegue el juicio oral”, afirmó a esta revista el abogado querellante, Pablo Llonto.
Courtaux se desempeñó entre el 7 de marzo de 1979 y el 17 de noviembre de 1980 como jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y, según declaraciones de testigos, habría estado vinculado con la metodología de desaparición forzada de personas conocida como “vuelos de la muerte”. Se estima que la estructura a la que pertenecía estaba vinculada a esas aberrantes operaciones. A Sotomayor los investigadores lo ubican entre 1977 y 1979 como jefe de la Primera y Segunda Sección de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia. Ambos debían rendir cuentas con la Justicia pero, percibiendo que su destino sería la prisión, decidieron evadirla: es que de los trece imputados en esta causa, ocho fueron detenidos con prisión domiciliaria (el último detenido en la pesquisa fue Carlos Blas Casuccio, quien en la dictadura fue jefe de los fugados). Quienes lograron sortear la reclusión argumentaron serios problemas de salud (Alfredo Sotera) o no fueron localizados (Luis Firpo). Además de los tres prófugos, claro. A Courtaux y Sotomayor se suma Mario Guillermo Ocampo, fugitivo en otra causa y desde antes del inicio del expediente que investiga el accionar de la represión en el marco de la Contraofensiva Montonera.
El paradero de Sotomayor y Courtaux comenzó a prefigurarse el lunes 21 de abril. Aquel día otoñal, una señal alertó a los investigadores: Sotomayor no se presentó a la hora estipulada en los tribunales de San Martín. Y no fue el frío matinal el que lo impulsó a evadir la citación. El militar retirado evadía la Justicia por segunda vez: debía haber sido indagado a mediados de marzo, al igual que Courtaux, pero entonces su abogado solicitó una postergación argumentando que el expediente era voluminoso y necesitaba tiempo para estudiarlo, una excusa cotidiana que suelen esgrimir los letrados defensores de los represores para demorar el trámite judicial. La jueza Vence, en una postura que fue cuestionada por la querella y la fiscalía –a cargo de Miguel Blanco García Ordas–, hizo lugar al planteo y fijó la declaración para un mes más tarde.
Ante la nueva evasión de Sotomayor, y sospechando la estrategia que desplegaron los acusados, la fiscalía solicitó su detención urgente junto a la de Courtaux, quien iba a declarar al día siguiente. La magistrada aceptó la decisión. El allanamiento de los respectivos domicilios no hizo más que confirmar lo que ya era una obviedad: que ambos se habían escapado. El martes al mediodía ambos militares retirados fueron declarados oficialmente rebeldes: la jueza libró los oficios para que sean buscados por todas las fuerzas de seguridad e incluso Interpol. Si bien 15 días atrás se les había prohibido salir del país, los investigadores no descartan que hayan podido cruzar la frontera.
Ante este contexto, el miércoles 23 de abril, el juzgado notificó de la fuga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde se inició el trámite para incorporar a los imputados en el fondo de recompensa que entrega una suma importante de dinero a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención del fugado: dentro de unos días, cuando se oficialice la medida, la lista pasará de 55 prófugos de lesa humanidad que integran el programa BUSCAR, a 57.
“Todas las familias querellantes estamos esperando que lo más pronto posible sean detenidos, indagados y encarcelados en una cárcel común hasta que se haga llegue el juicio oral”, afirmó a esta revista el abogado querellante, Pablo Llonto.
Fuente:Veintitres
1-5-2014
Lesa Humanidad
La dio a conocer la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Buscados: la lista con los 74 represores prófugos por crímenes de lesa
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que precisa que son 74 las personas involucradas en procesos por violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que permanecen prófugas en distintas jurisdicciones del país.
De este relevamiento, realizado por este organismo que depende de la Procuración General de la Nación, se desprende que 39 integrantes de esta lista son militares: 33 revistaron en el Ejército, otros cinco lo hicieron en la Armada y un restante en la Fuerza Aérea.
La nómina se completa con once ex policías federales, siete fueron parte de cuerpos provinciales y otros siete son militares uruguayos requeridos en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor, el proyecto de coordinación represiva que desarrollaron las dictaduras del Cono Sur.
También se encuentran en calidad de evadidos seis civiles; cuatro integrantes del personal de inteligencia de las fuerzas armadas, y un informante en el Servicio Penitenciario Federal. Además, figura en esta lista el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi, que durante la última dictadura militar ofició como capellán auxiliar en el Escuadrón Auxiliar de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El integrante de esta nómina más antiguo es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada en 1987 por los crímenes cometidos en la ESMA, pero se benefició en su momento con la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Sin embargo, en 2008, Vildoza resultó requerido en una causa por sustracción de identidad que involucraba al niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la cual permanece detenida su esposa, Ana María Grimaldos.
También se destacan los casos del ex teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; los ex oficiales Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic.
El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos.
En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco. Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.
Los prófugos, uno por uno
La lista de prófugos, organizada por lugar de pertenencia al momento en que se cometieron los crímenes que se les imputan:
Ejército: Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.
Armada: Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.
Fuerza Aérea: Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Policía Federal: Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
Militares uruguayos: José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio.
Civiles: Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.
Personal Civil de Inteligencia: Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.
Policías provinciales: Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.
Servicio Penitenciario Bonaerense: Jorge Luis García.
Fuente:Infojus
Más de la mitad son militares
Son 74 los represores prófugos en todo el país por delitos durante el terrorismo de Estado
1.05.2014
La cifra se mantuvo estable en los últimos meses, pese a los cambios en la nómina por nuevas fugas y capturas. Mendoza es la jurisdicción con mayor cantidad de rebeldes del Poder Judicial. La mayoría de los prófugos revistó en el Ejército y en la Policía Federal. En los últimos diez años fueron capturados 103.
Desde diciembre pasado, la cantidad de prófugos por crímenes de lesa humanidad se ha mantenido estable y asciende a 74, pese a las altas y bajas que ha sufrido el registro realizado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad en base a los reportes que envían todos los fiscales federales del país que intervienen en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado. El relevamiento publicado por Fiscales el 9 de diciembre pasado había dado cuenta de 73 prófugos.
La suma total de los prófugos desagregados por jurisdicción es 75, porque un mismo imputado es requerido por tribunales de las jurisdicciones federales de Salta y Tucumán. En la dimensión numérica de este tipo de juicios, los 74 prófugos de la actualidad representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por ese tipo de delitos, según el relevamiento de marzo pasado.
Entretanto, el recorte por lugar de pertenencia de los imputados durante la época del terrorismo de Estado muestra que los militares son más de la mitad de los prófugos, con 39 en total. Entre ellos, 33 revistaron en el Ejército, mientras que otros cinco lo hicieron en la Armada y el restante en la Fuerza Aérea. El sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, forma parte de esa lista.
En orden decreciente, le siguen los ex policías federales, once en total, y siete ex policías provinciales. Continúan prófugos, al igual que en conteos anteriores, seis militares uruguayos, cuya captura se requirió en el marco de las investigaciones por los crímenes de la Operación Cóndor.
En la lista también figuran seis civiles, otros cuatro integrantes de la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI), que desempeñaban tareas en las fuerzas armadas, y un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Variación Interanual
En mayo de 2013, el registro indicaba que la cantidad de rebeldes en este tipo de causas ascendía a 58, lo que representa un ascenso del 21 por ciento.
La suba no responde a un incremento de fugas en ese mismo porcentaje, sino -tal como se informó oportunamente- a la actividad de las fiscalías y de los tribunales, fundamentalmente en la jurisdicción de Mendoza, donde en mayo pasado se registraban siete prófugos y a fin de 2013 esa cantidad había ascendido a 21 producto de las "imputaciones masivas" formuladas por la Fiscalía.
Hoy, la jurisdicción de los tribunales federales de Mendoza (conformada por esa provincia y las de San Luis y San Juan) continúa al tope, con un total de 21 prófugos, seguida por la Capital Federal, con catorce; Rosario, con siete; y La Plata y Mar del Plata, con seis cada una.
La nómina de prófugos por jurisdicción se completa con Bahía Blanca (cinco), San Martín, Córdoba y Salta (tres cada una), Tucumán y Resistencia (dos cada una) y Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia (una cada una).
Altas y bajas
El reporte elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también revela que en los últimos diez años fueron capturados 103 imputados. La cifra incluye los paradojales casos del militar Alejandro Lawless, capturado en 2009 y nuevamente prófugo desde el año pasado, cuando escapó de dos custodios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el centro porteño mientras era trasladado a la Alcaidía de los Tribunales; y el de Jorge Antonio Olivera, detenido el 3 de noviembre de 2008 tras una larga búsqueda, condenado en San Juan el 4 de julio pasado y profugado junto a Gustavo Demarchi desde el Hospital Militar Central, en Buenos Aires, tres semanas después.
Pese a tener cambios de manera constante, la cifra de prófugos no sufre grandes variaciones. En los últimos días hubo avances con las detenciones en Tucumán del ex agente de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero Roberto Díaz Cura y del ex capellán militar de Bahía Blanca Aldo Omar Vara localizado por Interpol en Paraguay.
Aquellas capturas ocurrieron pocas jornadas después de las fugas de los militares de inteligencia Alberto Daniel Sotomayor y Marcelo Cinto Courtaux, quienes fueron convocados a mediados de abril por la jueza de San Martín, Alicia Vence, a una indagatoria a la que nunca se presentaron.
El prófugo más antiguo de la lista es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada el 25 de febrero de 1987 por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y desde mayo 2008 en el marco de la causa en la que actualmente está detenida su esposa, Ana María Grimaldos, por la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad.
Entre los 74 prófugos, resaltan los casos del ex teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; de los de los ex oficiales del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic, cuyas detenciones fueron requeridas en cuatro causas.
Rebeldes con causas
La nómina de prófugos, organizada por lugar de pertenencia al momento en que se cometieron los crímenes que se les imputan, es:
Ejército:
Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.
Armada:
Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.
Fuerza Aérea:
Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Policía Federal:
Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
Militares uruguayos:
José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio.
Civiles:
Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.
Personal Civil de Inteligencia:
Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.
Policías provinciales:
Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.
Servicio Penitenciario Bonaerense:
Jorge Luis García.
Fuente:Fiscales.gob.ar
01.05.2014
Entre los requeridos se encuentra el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi
Informe de la Procuraduría: Hay 74 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad
También se encuentran en calidad de evadidos seis civiles; cuatro integrantes del personal de inteligencia de las fuerzas armadas y un informante en el Servicio Penitenciario Federal. Además, figura en esta lista el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi, que durante la última dictadura militar ofició como capellán auxiliar en el Escuadrón Auxiliar de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El integrante de esta nómina más antiguo es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada en 1987 por los crímenes cometidos en la ESMA, pero se benefició en su momento con la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Sin embargo, en 2008, Vildoza resultó requerido en una causa por sustracción de identidad que involucraba al niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la cual permanece detenida su esposa, Ana María Grimaldos.
También se destacan los casos del teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; los ex oficiales Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic.
El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos. En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco. Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.
Fuente:Telam
1-5-2014
Lesa Humanidad
La dio a conocer la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Buscados: la lista con los 74 represores prófugos por crímenes de lesa
Kitsch
Hay 39 integrantes de la nómina que son ex militares: 33 revistaron en el Ejército, otros 5 lo hicieron en la Armada y 1 en la Fuerza Aérea. Hay siete militares uruguayos y un ex cura. El resto, ex policías, ex agentes penitenciarios y civiles. Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que precisa que son 74 las personas involucradas en procesos por violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que permanecen prófugas en distintas jurisdicciones del país.
De este relevamiento, realizado por este organismo que depende de la Procuración General de la Nación, se desprende que 39 integrantes de esta lista son militares: 33 revistaron en el Ejército, otros cinco lo hicieron en la Armada y un restante en la Fuerza Aérea.
La nómina se completa con once ex policías federales, siete fueron parte de cuerpos provinciales y otros siete son militares uruguayos requeridos en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor, el proyecto de coordinación represiva que desarrollaron las dictaduras del Cono Sur.
También se encuentran en calidad de evadidos seis civiles; cuatro integrantes del personal de inteligencia de las fuerzas armadas, y un informante en el Servicio Penitenciario Federal. Además, figura en esta lista el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi, que durante la última dictadura militar ofició como capellán auxiliar en el Escuadrón Auxiliar de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El integrante de esta nómina más antiguo es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada en 1987 por los crímenes cometidos en la ESMA, pero se benefició en su momento con la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Sin embargo, en 2008, Vildoza resultó requerido en una causa por sustracción de identidad que involucraba al niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la cual permanece detenida su esposa, Ana María Grimaldos.
También se destacan los casos del ex teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; los ex oficiales Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic.
El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos.
En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco. Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.
Los prófugos, uno por uno
La lista de prófugos, organizada por lugar de pertenencia al momento en que se cometieron los crímenes que se les imputan:
Ejército: Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.
Armada: Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.
Fuerza Aérea: Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Policía Federal: Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
Militares uruguayos: José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio.
Civiles: Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.
Personal Civil de Inteligencia: Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.
Policías provinciales: Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.
Servicio Penitenciario Bonaerense: Jorge Luis García.
Fuente:Infojus
Son 74 los represores prófugos en todo el país por delitos durante el terrorismo de Estado
1.05.2014
La cifra se mantuvo estable en los últimos meses, pese a los cambios en la nómina por nuevas fugas y capturas. Mendoza es la jurisdicción con mayor cantidad de rebeldes del Poder Judicial. La mayoría de los prófugos revistó en el Ejército y en la Policía Federal. En los últimos diez años fueron capturados 103.
La suma total de los prófugos desagregados por jurisdicción es 75, porque un mismo imputado es requerido por tribunales de las jurisdicciones federales de Salta y Tucumán. En la dimensión numérica de este tipo de juicios, los 74 prófugos de la actualidad representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por ese tipo de delitos, según el relevamiento de marzo pasado.
Entretanto, el recorte por lugar de pertenencia de los imputados durante la época del terrorismo de Estado muestra que los militares son más de la mitad de los prófugos, con 39 en total. Entre ellos, 33 revistaron en el Ejército, mientras que otros cinco lo hicieron en la Armada y el restante en la Fuerza Aérea. El sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, forma parte de esa lista.
En orden decreciente, le siguen los ex policías federales, once en total, y siete ex policías provinciales. Continúan prófugos, al igual que en conteos anteriores, seis militares uruguayos, cuya captura se requirió en el marco de las investigaciones por los crímenes de la Operación Cóndor.
En la lista también figuran seis civiles, otros cuatro integrantes de la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI), que desempeñaban tareas en las fuerzas armadas, y un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Variación Interanual
En mayo de 2013, el registro indicaba que la cantidad de rebeldes en este tipo de causas ascendía a 58, lo que representa un ascenso del 21 por ciento.
La suba no responde a un incremento de fugas en ese mismo porcentaje, sino -tal como se informó oportunamente- a la actividad de las fiscalías y de los tribunales, fundamentalmente en la jurisdicción de Mendoza, donde en mayo pasado se registraban siete prófugos y a fin de 2013 esa cantidad había ascendido a 21 producto de las "imputaciones masivas" formuladas por la Fiscalía.
Hoy, la jurisdicción de los tribunales federales de Mendoza (conformada por esa provincia y las de San Luis y San Juan) continúa al tope, con un total de 21 prófugos, seguida por la Capital Federal, con catorce; Rosario, con siete; y La Plata y Mar del Plata, con seis cada una.
La nómina de prófugos por jurisdicción se completa con Bahía Blanca (cinco), San Martín, Córdoba y Salta (tres cada una), Tucumán y Resistencia (dos cada una) y Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia (una cada una).
Altas y bajas
El reporte elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también revela que en los últimos diez años fueron capturados 103 imputados. La cifra incluye los paradojales casos del militar Alejandro Lawless, capturado en 2009 y nuevamente prófugo desde el año pasado, cuando escapó de dos custodios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el centro porteño mientras era trasladado a la Alcaidía de los Tribunales; y el de Jorge Antonio Olivera, detenido el 3 de noviembre de 2008 tras una larga búsqueda, condenado en San Juan el 4 de julio pasado y profugado junto a Gustavo Demarchi desde el Hospital Militar Central, en Buenos Aires, tres semanas después.
Pese a tener cambios de manera constante, la cifra de prófugos no sufre grandes variaciones. En los últimos días hubo avances con las detenciones en Tucumán del ex agente de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero Roberto Díaz Cura y del ex capellán militar de Bahía Blanca Aldo Omar Vara localizado por Interpol en Paraguay.
Aquellas capturas ocurrieron pocas jornadas después de las fugas de los militares de inteligencia Alberto Daniel Sotomayor y Marcelo Cinto Courtaux, quienes fueron convocados a mediados de abril por la jueza de San Martín, Alicia Vence, a una indagatoria a la que nunca se presentaron.
El prófugo más antiguo de la lista es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada el 25 de febrero de 1987 por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y desde mayo 2008 en el marco de la causa en la que actualmente está detenida su esposa, Ana María Grimaldos, por la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad.
Entre los 74 prófugos, resaltan los casos del ex teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; de los de los ex oficiales del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic, cuyas detenciones fueron requeridas en cuatro causas.
Rebeldes con causas
La nómina de prófugos, organizada por lugar de pertenencia al momento en que se cometieron los crímenes que se les imputan, es:
Ejército:
Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.
Armada:
Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.
Fuerza Aérea:
Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Policía Federal:
Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
Militares uruguayos:
José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio.
Civiles:
Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.
Personal Civil de Inteligencia:
Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.
Policías provinciales:
Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.
Servicio Penitenciario Bonaerense:
Jorge Luis García.
Fuente:Fiscales.gob.ar
01.05.2014
Entre los requeridos se encuentra el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi
Informe de la Procuraduría: Hay 74 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad
De Marchi y Olivera, dos prófugos por los que se ofrece recompensa especial
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que precisa que son 74 las personas involucradas en procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que permanecen prófugas en distintas jurisdicciones del país. De este relevamiento, realizado por este organismo que depende de la Procuración General de la Nación, se desprende que 39 integrantes de esta lista son militares: 33 revistaron en el Ejército, otros cinco lo hicieron en la Armada y un restante en la Fuerza Aérea. La nómina se completa con once ex policías federales, siete fueron parte de cuerpos provinciales y otros siete son militares uruguayos requeridos en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor, el proyecto de coordinación represiva que desarrollaron las dictaduras del Cono Sur.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que precisa que son 74 las personas involucradas en procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que permanecen prófugas en distintas jurisdicciones del país. De este relevamiento, realizado por este organismo que depende de la Procuración General de la Nación, se desprende que 39 integrantes de esta lista son militares: 33 revistaron en el Ejército, otros cinco lo hicieron en la Armada y un restante en la Fuerza Aérea. La nómina se completa con once ex policías federales, siete fueron parte de cuerpos provinciales y otros siete son militares uruguayos requeridos en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor, el proyecto de coordinación represiva que desarrollaron las dictaduras del Cono Sur.
También se encuentran en calidad de evadidos seis civiles; cuatro integrantes del personal de inteligencia de las fuerzas armadas y un informante en el Servicio Penitenciario Federal. Además, figura en esta lista el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi, que durante la última dictadura militar ofició como capellán auxiliar en el Escuadrón Auxiliar de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El integrante de esta nómina más antiguo es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada en 1987 por los crímenes cometidos en la ESMA, pero se benefició en su momento con la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Sin embargo, en 2008, Vildoza resultó requerido en una causa por sustracción de identidad que involucraba al niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la cual permanece detenida su esposa, Ana María Grimaldos.
También se destacan los casos del teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; los ex oficiales Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic.
El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos. En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco. Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.
Fuente:Telam
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