Reproducimos una nota de la agencia ANDAR sobre nuevo material probatorio en el caso Angelelli, remitido desde la provincia de Buenos Aires. Se trata de documentos de inteligencia de la DIPBA sobre los curas riojanos y el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. El material puede abrir nuevas puntas de investigación y causas judiciales. –(FK)
(ANDAR) Por pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja que actualmente lleva a cabo el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó al expediente judicial una importante cantidad de legajos e informes de la exDirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). A través del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad se agregaron a la causa estos archivos referidos a la persecución del obispo riojano, asesinado el 4 de agosto de 1976 mientras volvía a la capital de esa provincia desde la localidad de Chamical.
Cartel sobre la ruta riojana en la que fue asesinado Angelelli
¿Por qué una agencia de inteligencia bonaerense tenía información de un obispo riojano? La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, explica que la DIPPBA fue “como una gran ‘caja’, un gran archivo en el que se integraban los documentos de inteligencia de distintas agencias de la represión. El archivo de la exDIPPBA contiene 12 tomos exclusivamente referidos a la persecución de sacerdotes del Tercer Mundo. Sobre Angelelli, el primer registro es de 1972, cuando ya era obispo: lo califican como alguien ‘peligroso’ a quien debían mirar y perseguir”.
“Entre los antecedentes, que van desde el 68 al 76, se lo describe como un religioso ‘con una clara y desembozada política ultraprogresista dentro de las corrientes internas de la iglesia’, según consigna la Policía Federal”, señala Bellingeri, quien aclara que en los registros de DIPPBA coexisten materiales de distintos servicios de inteligencia: SIDE, Policía Federal y Prefectura.
El archivo de la exDIPPBA, que preserva y gestiona la CPM, contiene 12 tomos o volúmenes con centenares de fichas, legajos e informes de inteligencia, exclusivamente referidos a la persecución de sacerdotes del tercer mundo en Argentina. Esos registros no comenzaron en 1976 sino en 1968, cuando nace en Medellín el movimiento renovador dentro de la Iglesia Católica y del cual Angelelli fue una de las principales expresiones en el país.
Aunque parezca extraño, la DIPPBA se encargó de reunir información acerca de las actividades y posicionamientos ideológicos de monseñor Enrique Angelelli y de muchos otros religiosos con fuerte compromiso social, a pesar de que sus acciones se realizaban a miles de kilómetros de la jurisdicción de la agencia bonaerense.
Según Bellingeri, “otro documento sobre los ‘antecedentes’ de Angelelli, que tendrá especial importancia en el juicio, es el legajo 3214, del año 1975. En aquella época, el obispo riojano tenía una radio comunitaria en la zona del Chamical, mediante la cual se comunicaban las acciones de la pastoral en la región. El legajo 3214 muestra cómo, en torno a esa radio, se realizó una minuciosa labor de inteligencia y hasta se elaboró un mapa sobre la localización de la radio y de las antenas. Ese seguimiento lo realiza la delegación de la Policía Federal en La Rioja, por pedido del jefe de la fuerza en aquella época, René Ojeda. El informe fue remitido luego al ministro del Interior, Albano Harguindeguy”.
Obispo Enrique Angelelli
Dentro de la clasificación y división de responsabilidades de las fuerzas represivas de la Dictadura, la SIDE se encargó especialmente de la persecución a religiosos y contó, para ello, con la ayuda de la Policía Federal debido a su inserción territorial en todo el país.
Juan Manuel Bellini, integrante del equipo de Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, destaca que “la comunidad informativa entre las distintas fuerzas muestra un seguimiento muy preciso de las actividades de Angelelli, sobre quien se va a interesar hasta el propio Gobernador de La Rioja, quien señaló su ‘preocupación por las actividades de este religioso’. La documentación de DIPPBA nos permite unir el seguimiento que se le hizo a monseñor Angelelli con los asesinatos de los dos sacerdotes que respondían a él, Gabriel Longueville y Carlos Murías, ocurridos el 21 de julio de 1976, semanas antes del asesinato de Angelelli”.
El crimen del obispo y la versión de DIPPBA
En noviembre de 2013, el exsacerdote Arturo Pinto señaló, en el juicio por el asesinato de Angelelli, que el obispo riojano “sabía que lo iban a matar ya que había sido amenazado en anteriores oportunidades y porque además habían sido asesinados los sacerdotes Longueville y Murías”, lo que fue interpretado por Angelelli como una advertencia.
El 4 de agosto de 1976, monseñor Angelelli y Arturo Pinto regresaban, en una camioneta Fiat 125, a la capital riojana luego de haber participado de una misa en memoria de los dos sacerdotes asesinados.
“Viajamos por un camino alternativo hasta retomar nuevamente la ruta nacional 38 para no pasar por el frente de la exbase Aérea de Chamical debido a la mala relación que había entre sus integrantes y el obispo”, declaró Pinto ante los magistrados.
Cien kilómetros antes de llegar a La Rioja, a la altura de Punta de los Llanos, “un vehículo de color blanco o claro, nos encerró por delante de la camioneta, lo que provocó que la misma saliera de la ruta y volcara. Producto del vuelco, por comentarios que tuve después, Angelelli salió despedido y yo quedé dentro del vehículo inconsciente, recuperando el conocimiento días después, cuando era trasladado hacia la ciudad de Córdoba en ambulancia para una mejor atención”, añadió.
Entre los informes y legajos de DIPPBA se registra, en casi todas las oportunidades, la versión oficial del “accidente” aunque, según Juan Bellini, la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense también se encargó de relevar documentos e información de organismos de derechos humanos que, desde el primer momento, mantuvieron la hipótesis del asesinato: “Incluso hay un legajo de los años 90 que da cuenta de una ‘marcha por el asesinato de Angelelli’”.
Claudia Bellingeri agrega que en el archivo de DIPPBA hay un documento de los organismos de derechos humanos en el que se cuenta la verdad sobre lo que le ocurrió al obispo: “Lo llamativo es que esta verdad de los organismos la tengan en la DIPPBA. Esa verdad siempre fue analizada por parte de la inteligencia de la Dictadura porque con ella debían seguir mintiendo para tergiversar la historia”.
Parte del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: ANDAR)
Cabe destacar que, entre otros documentos aportados al expediente judicial, figura el telegrama que envió Angelelli al Ministerio del Interior, a cargo de Harguindeguy, denunciando los asesinatos de los sacerdotes de su diócesis.
Por otra parte, entre los aportes de la CPM al tribunal de La Rioja, también se destaca la “Agenda Bonamín”, un registro de anotaciones personales con centenares de páginas manuscritas realizado por el Provicario Castrense, Victorio Bonamín. La Agenda Bonamín fue incorporada al acervo documental de la CPM y resulta de especial importancia para el juicio ya que contiene tres referencias sobre Angelelli.
En una de esas referencias, Bonamín realiza una valoración con respecto a una carta que escribió Angelelli en febrero del 1976, dirigida al resto de los obispos del país, reclamándoles por la espiral de violencia que se estaba produciendo en La Rioja y especialmente contra el clero riojano. Bonamín anota, unos días después, una conversación con el jefe del Vicariato, Adolfo Tórtolo, sobre la “desorbitada carta de Angelelli por las detenciones”.
En otra anotación, que se efectúa después del crimen del obispo tercermundista, Bonamín se pregunta: “Monseñor Angelelli: ¿Un tiro en la cabeza?”, lo que sugiere la versión del asesinato aunque sin conocimiento del modo y los responsables.
“Bonamín expresa la cara de una iglesia que pudo haber estado al lado del pueblo pero que prefirió, sin dudas, estar del lado de los que siempre han corrido al pueblo. Entre Bonamín y Angelelli había una tensión muy grande, más aún desde el momento en que, con la irrupción del golpe de estado, el obispo tercermundista ordena la clausura de una capilla situada en la base aérea del Chamical”, explica Bellingeri.
“Resulta evidente que debió existir un intercambio de información sistemático entre cierto sector de la Iglesia argentina y la dictadura. No se sabe todavía cómo ha sido, porque la Iglesia está atravesada por un montón de circunstancias jerárquicas, territoriales, ideológicas, pero evidentemente algunos sectores dominantes, mayoritarios, conservadores de la iglesia han colaborado con el suministro de información”, agrega.
Fuente:SemanarioPreguntas
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Asesinato del obispo Angelelli
LA “INTELIGENCIA” MILITAR
Cuando Jorge Rafael Videla declaró como imputado el 6 de abril de 2011 en la causa por el homicidio de Mons. Angelleli se limitó a mencionar tres aspectos:
1 – Que en audiencia concedida, el Nuncio Pío Laghi le dijo: “Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de Mons. Angelelli fue producto(sic) por un accidente. Ud. puede dormir tranquilo respecto de este asunto.”2- Que hacía entrega al juez de documentación recibida de un ex colaborador (69 fojas en fotocopias).
Y 3- Que ese ex colaborador era el coronel ® Eduardo De Casas. Lo que no agregó Videla es que el militar retirado había trabajado en la Policía Federal de La Rioja y era enlace con Inteligencia del Ejército.
La “documentación” de Videla, en fotocopias sin firmas, era una recopilación de “informes” de la inteligencia militar que pretendía instalar la versión del “accidente fatal”. El Juez Herrera Piedrabuena desestimó el valor de esos anónimos por no reunir requisitos de “prueba indiciaria” y calificó la maniobra como “‘operación’ tendiente a desviar la investigación.”. Pero esos papeles revelaron el activo rol de la “inteligencia militar” y su preocupación ante el develamiento de la verdad sobre el asesinato de Mons. Angelelli. La actuación del colaborador de Videla, coronel Eduardo De Casas empezó en julio de 1986, poco después que el Juez Aldo Morales resolvió que la muerte del obispo obedecía a un “homicidio fríamente premeditado”. Y ante el interés del entonces obispo de La Rioja Bernardo Witte, elaboró una estrategia para hacerle llegar un supuesto testigo directo que afirmaba la versión del accidente vial. Raúl Antonio Nacuzzi declaró ante el obispo Witte – no ante la Justicia – que el conductor era el P. Pinto, y el obispo Angelelli fue despedido por la puerta del acompañante al volcar. Nacuzzi, fallecido, tuvo vinculaciones con el Batallón de Ingenieros de La Rioja, según declaró su segunda esposa en el juicio Angelelli el pasado 9 de mayo.
La generosa colaboración de los servicios de inteligencia con el obispo Witte avanzó con el “peritaje mecánico extrajudicial” realizado en 1988 por el coronel ® Héctor Maximiano Payba, Dir. Tec., EMGE (Estado Mayor General del Ejército), quien siguiendo la versión militar dio por supuesto que Angelelli no conducía la camioneta.
La segunda ofensiva de la “inteligencia militar” fue en el 2006, cuando se reactivó la causa por el asesinato, después de anuladas las leyes de impunidad; y se conmemoraron los treinta años del crimen. El Presidente Néstor Kirchner con motivo de los homenajes afirmó en Chamical que lo habían asesinado los militares. Y el Cardenal Bergoglio, revestido con la casulla roja martirial, dijo en la homilía en la catedral riojana ese 4 de agosto que Angelelli: “Fue testigo de la fe derramando su sangre.” Un nuevo “Informe” sin firma ni fecha calificó de “marxista-tercermundista” el impulso judicial de los querellantes. En esta nueva etapa además del coronel De Casas, que mostró poseer un verdadero expediente paralelo, “con papeles y fotos de Angelelli, algunos en original” – según declaró un testigo en el juicio-, actuó el general ® Jorge Norberto Apa, detenido y procesado en mayo de este año por 85 desapariciones y 20 secuestros en una investigación judicial a cargo de la Jueza Federal Alicia Vence, de San Martín (Bs. As.). El general Apa fue jefe de Inteligencia “Subversiva Terrorista” del Departamento Interior de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército en los años 1979 y 1980. Y siguió trabajando en su especialidad aportando en la elaboración de otro informe sobre la investigación efectuada por el fallecimiento de Monseñor Enrique Angelelli, “bastante similar” al anterior, según la carta de Mons. Giaquinta al coronel De Casas. Pero además desarrolló una intensa actividad hacia miembros destacados del Episcopado Argentino. Y demostrando conocer internas episcopales, el 2 de agosto de 2006 con el epígrafe de “presidente” - sin especificar de qué - envió una carta al Arzobispo de La Plata Mons. Héctor Aguer: “Nos dirigimos a S.E.R., en cumplimiento de un deber de elemental prioridad ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la muerte de Monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FFAA. Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente. Si la jerarquía católica desconociese esa circunstancia sería víctima de una maniobra perversa y, como tal, plena de injusticia. Hemos considerado que la magnitud y gravedad del hecho en análisis, amerita su conocimiento por las más altas autoridades de la Iglesia. En consonancia con esto le hacemos saber que esta información le fue entregada al Sr. Cardenal Primado, Monseñor Jorge Bergoglio con fecha 3 del corriente.” Nótese que la carta fechada el 2 de agosto da cuenta de una entrega de documentación aún no enviada. Un nuevo embate de “inteligencia” para insistir ante la jerarquía eclesiástica en la versión del accidente.
El mismo general Apa se presentó ante otros obispos sin identificarse con rango militar, sino como “Sr. Jorge Norberto Apa, presidente del Centro de Estudios Históricos Verdad y Dignidad”, después de la creación de la Comisión Episcopal ad hoc “Mons. Enrique Angelelli” que presidió el Arzobispo emérito Carmelo Giaquinta hasta su fallecimiento. Y es mencionado por éste en la carta al coronel De Casas. En esa carta, según los “papeles” de Videla, también le agradeció la visita para reunirse con la mencionada Comisión en “El Cenáculo – La Montonera”, previa a la Asamblea Episcopal del 9 de abril de 2008. Esta intensa actividad de inteligencia, además de ser usada ahora por los defensores de los imputados, ha influido sobre la mayoría de los miembros del episcopado, que hasta el momento soslayó pronunciarse públicamente.
Córdoba, 13 de mayo de 2014
Luis Miguel Baronetto Querellante en la causa judicial por el asesinato de Mons. Angelelli
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