JUSTICIA FEDERAL | TERRORISMO DE ESTADO
Trabajan en el último tramo del “Pozo de Vargas”
Restan por investigar los 10 metros finales.
Trabajan en el último tramo del “Pozo de Vargas”
Restan por investigar los 10 metros finales.
El Pozo de Vargas
Tras un año y medio de parate, el mes pasado las entrañas del antiquísimo ducto de ladrillos volvieron a ser escudriñadas. Los investigadores trabajan desde entonces en los que serían los últimos 10 metros del “Pozo de Vargas”, la fosa común donde se arrojaron cadáveres de detenidos ilegales durante el terrorismo de estado (1976-1983). Esta semana, se conoció la identificación de las dos últimas víctimas: Hernán González y Enrique Sánchez, estudiantes desaparecidos desde 1976.
La excavación -cuyo “piso técnico” estaría a 40 metros- aún guardaría material valioso en sus entrañas, porque podrían hallarse en esta etapa los restos en mejor estado de conservación, según los investigadores. Desde el Juzgado Federal N°2, a cargo de Fernando Poviña, se explicó que al llegar a los 30 metros tuvieron que detenerse las tareas. Por seguridad de los peritos y para resguardo del espacio, se emprendieron trabajos de adecuación para que las excavaciones arqueológicas pudieran continuar. El sistema de bombeo se arregló con asistencia de la SAT; se extrajeron vigas de quebracho con el asesoramiento de la UNT y el trabajo de Bomberos, y se instalaron un nuevo montacargas y sistema de iluminación. Gran parte del financiamiento de la investigación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajan de manera coordinada. Los especialistas de la primera organización, desarrollan la excavación y los de la segunda, los análisis de ADN.
Con los casos de González y Sánchez suman 24 las identificaciones de fragmentos extraídos. Restan, sin embargo, muestras de sangre para comparar con los de una treintena de restos óseos. El Juzgado instó a familiares de desaparecidos a acercarse hasta la secretaría de Derechos Humanos (subsuelo de la Casa de Gobierno) para iniciar los trámites.
El “Pozo” está en uno de los extremos de una finca en Los Pocitos (altura Francisco de Aguirre al 4.700). Se cree que fue construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a los trenes a vapor que circulaban por las cercanías. Si bien los rumores daban cuenta del uso que le dieron los militares, la denuncia formal fue presentada, en 2002, por el dirigente Enrique Romero. Con el avance de la compleja investigación, se extrajeron huesos, prendas de vestir y proyectiles. Los peritos dieron cuenta de los esfuerzos que se hicieron para ocultar la fosa: miles de kilos de mampostería y vigas enteras fueron tirados dentro del ducto.
La excavación -cuyo “piso técnico” estaría a 40 metros- aún guardaría material valioso en sus entrañas, porque podrían hallarse en esta etapa los restos en mejor estado de conservación, según los investigadores. Desde el Juzgado Federal N°2, a cargo de Fernando Poviña, se explicó que al llegar a los 30 metros tuvieron que detenerse las tareas. Por seguridad de los peritos y para resguardo del espacio, se emprendieron trabajos de adecuación para que las excavaciones arqueológicas pudieran continuar. El sistema de bombeo se arregló con asistencia de la SAT; se extrajeron vigas de quebracho con el asesoramiento de la UNT y el trabajo de Bomberos, y se instalaron un nuevo montacargas y sistema de iluminación. Gran parte del financiamiento de la investigación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajan de manera coordinada. Los especialistas de la primera organización, desarrollan la excavación y los de la segunda, los análisis de ADN.
Con los casos de González y Sánchez suman 24 las identificaciones de fragmentos extraídos. Restan, sin embargo, muestras de sangre para comparar con los de una treintena de restos óseos. El Juzgado instó a familiares de desaparecidos a acercarse hasta la secretaría de Derechos Humanos (subsuelo de la Casa de Gobierno) para iniciar los trámites.
El “Pozo” está en uno de los extremos de una finca en Los Pocitos (altura Francisco de Aguirre al 4.700). Se cree que fue construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a los trenes a vapor que circulaban por las cercanías. Si bien los rumores daban cuenta del uso que le dieron los militares, la denuncia formal fue presentada, en 2002, por el dirigente Enrique Romero. Con el avance de la compleja investigación, se extrajeron huesos, prendas de vestir y proyectiles. Los peritos dieron cuenta de los esfuerzos que se hicieron para ocultar la fosa: miles de kilos de mampostería y vigas enteras fueron tirados dentro del ducto.
LA CAUSA
Tras una denuncia, en 2002, peritos detectaron el “Pozo de Vargas”. En 2004 se encontraron las primeras evidencias de restos óseos.
En 2006 se encontraron, a 24 metros, restos humanos. El primero en ser identificado fue, en 2011, Guillermo Vargas Aignasse.
Suman 24 las víctimas asesinadas encontradas en el “Pozo de Vargas”. Comenzaron los trabajos para analizar los últimos 10 metros del ducto.
Tras una denuncia, en 2002, peritos detectaron el “Pozo de Vargas”. En 2004 se encontraron las primeras evidencias de restos óseos.
En 2006 se encontraron, a 24 metros, restos humanos. El primero en ser identificado fue, en 2011, Guillermo Vargas Aignasse.
Suman 24 las víctimas asesinadas encontradas en el “Pozo de Vargas”. Comenzaron los trabajos para analizar los últimos 10 metros del ducto.
Fuente:LaGaceta
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