Una defensa con problemas de fondo
02 DE JUNIO 2014
Por: Sebastián Moro - Fotos: http://juiciosmendoza.wordpress.com/
02 DE JUNIO 2014
Por: Sebastián Moro - Fotos: http://juiciosmendoza.wordpress.com/
Mariú y la primera testimonial pública. A su derecha los abogados defensores Day, Civit y Carreño. En segundo plano los acusados exjueces Miret y Petra.
Luego de más de tres meses se abrió la etapa testimonial en el megajuicio por delitos de lesa humanidad. El fundamental aporte de Mariú Carrera, relativo a las desapariciones de su compañero Rubén Bravo, de su hermano Marcelo Carrera, de su cuñada –embarazada– Adriana Bonoldi, y de la fuerte persecución soportada por militantes de la Juventud Guevarista, del ámbito teatral y del popular, fue antecedido por un nuevo intento dilatorio y extemporáneo de uno de los abogados defensores particulares. Esta vez fue Ariel Civit, que pidió fuera recusado el fiscal Dante Vega. Edición UNCUYO ofrece un repaso de antecedentes y actitudes negativas de algunos abogados defensores actuantes, así como nuevas lecturas con impronta histórica sobre la importancia del derecho a defensa.
“Salvo que el abogado entienda que ser miembro del Ministerio Público implica enemistarse con los imputados, lo cual es un absurdo, no tengo ninguna enemistad con el señor Bianchi, ni con cualquiera de los otros imputados en este juicio, ni en los anteriores juicios, ni con los que hallo en mi labor diaria como fiscal. Dice el abogado que difícilmente puedan comprobarse las causales de recusación. Y sí, porque no existen, no hubo causales, lo que no existe no se puede acreditar. Y después confunde el abogado la imparcialidad de los jueces con la objetividad, hace difusas referencias a que los fiscales debemos ser imparciales, nos equipara a los jueces. Viene al caso aclarar que los fiscales no somos imparciales, que estamos interesados en impulsar la acción penal que hace a su culminación. Y sí, claro que tenemos el deber de objetividad, eso está en la ley. Objetividad que acá no ha sido puesta en duda ni merece ser puesta en duda con planteos como estos”. Las palabras, vertidas por el fiscal Dante Vega en el inicio de la audiencia del 26 de mayo, salieron al cruce del absurdo pedido de recusación que en su contra hizo el defensor particular Ariel Civit.
Dos de los defensores oficiales. Alrededor de ellos, los expolicías Guevara, Lorenzo y Gutiérrez. En la esquina, Romano.
Civit representa a Oscar Alberto Bianchi, exdirector de la Penitenciaría Provincial, y al exjuez Otilio Roque Romano. A este último comenzó defendiéndolo con el juicio ya en curso; pasó a hacerlo de manera intermitente ante las especulaciones de Bernardo Calderón, abogado particular inicial de Romano, quien nunca cumplió su promesa de renunciar ante la posibilidad de que el Tribunal impidiera a su defendido una co-defensa, gravosa por lo revictimizante contra las personas vulneradas, en 97 hechos por los cuales está acusado como autor necesario. Se desconoce si Calderón aún representa a Romano, pero está claro que Civit ha decidido ejercer una férrea defensa de ambos acusados, según dan cuenta algunas tácticas desplegadas, a veces de forma estratégica junto a otros defensores particulares, mediante numerosos planteos dilatorios y algunas intervenciones que rayan en el disparate conceptual.
Las maniobras dilatorias parecían haber culminado tras las etapas de lecturas de las causas y las ampliaciones de calificaciones, por más que las posteriores declaraciones indagatorias de los acusados no estuvieron exentas de consideraciones estigmatizantes para con las víctimas y testigos por parte de algunos abogados. Por eso repercutió como un chiste de mal gusto entre el equipo de la Fiscalía, las querellas y el público, la insólita recusación formulada por Civit en pleno desarrollo de la etapa testimonial, a la cual se llegó tras casi tres meses de pleito, y que el Tribunal rechazó categóricamente en la audiencia del 30 de mayo, por "inconducente", "extemporánea" y "motivada con fines oportunistas".
Sobre usos, costumbres y el derecho en su sano juicio
Oscar Bianchi está acusado como autor material de las privaciones de la libertad y la imposición de torturas contra Eugenio París y Nilo Torrejón, en el Penal Provincial del cual era el director y donde funcionó “La Peluquería”, un centro clandestino para la aplicación de tormentos. Para el abogado Civit, la recusación se justifica porque en 2004 Vega, entonces secretario penal del Juzgado Correccional de Mendoza, se apartó voluntariamente de un juicio contra Bianchi y otro funcionario penitenciario, Ricardo Rojas, por denuncias también en cuanto a hechos atinentes a la cárcel pero en democracia. Supuestamente una testigo, la licenciada Silvia Castillo, habría pronunciado el intento del secretario de inclinar testimonios contrarios a los imputados. Civit relacionó aquello con “la situación de hoy y es inaceptable, en su rol de acusador es anómalo, revela una postura de enemistad con mi defendido”.
Continuó Civit: “Las causales de recusación difícilmente puedan ser acreditadas con certeza. El peligro de este posicionamiento del Ministerio Público es la carencia de objetividad, tiene que actuar dentro de los canales de la legalidad. El doctor Vega tiene que ser apartado. Puede llegar a decirse formalmente que en cuanto a tiempos no es lo adecuado, pero lo cierto es que hasta hace unos días esta es una situación que Bianchi no recordaba… Tengo que ser prudente, no puedo hacer recusaciones ni desacreditar profesionales, tengo que ser prudente y respetuoso, pero hay suficientes elementos”. Así, tras justificar el “incidente” que por su condición de “lego” Bianchi tenía olvidado, el defensor se extendió sobre el pedido para desarchivar el expediente de 2004 e instó al Tribunal a examinar la recusación y la incorporación como testigos de Rojas, Castillo y la doctora María Alejandra Obregón, que entonces actuó como fiscal.
Inspección ocular del 22 de mayo en el área de celdas de la comisaría 7ma. Tras el sobreviviente Ramón Alberto Córdoba, los fiscales Vega y Rodríguez Infante.
La respuesta del fiscal fue lapidaria: “Este planteo debe ser rechazado, no merece trámite alguno. En primer lugar por extemporáneo en cuanto al plazo en que se hace. Como llevamos tres meses de juicio y el abogado Civit tiene que justificar por qué lo hace ahora, vagamente dice: “A mi defendido le parece que en el juicio que se desarrolló en 2004 había un funcionario que es Vega, que tenía el pelo un poco más largo…”. Esto es falso, Bianchi sabía perfectamente que en 2004 hubo un proceso en el cual yo fui secretario. Todo lo que ha dicho el abogado para justificarse sobre el momento de esta recusación no tiene asidero. Esta es otra cuestión más a la que nos estamos acostumbrando, un planteo dilatorio más. Incluso con desconocimiento de las formas jurídicas pretende ingresarlo por escrito. Y pretende aleccionarme con el aparente argumento de igualdad entre las partes para mi conocimiento. E inclusive ofrece testimonios, cosa de que estemos tratando esto indefinidamente y seguir dilatando el juicio”.
A continuación Vega, además de no darle lugar a la recusación, rechazó que fueran incorporados los testigos insólitamente propuestos por Civit, así como la elevación de los pliegos interrogatorios. Explicó: “No es necesario desarchivar expedientes. Es cierto que existió en 2004 una excusación mía, pero no fue por motivos de enemistad, fue para que siguiera tramitándose el juicio. Pudo haber inexperiencia en aquella excusación, pero fue formulada y aceptada, y el juicio siguió. De ahí a derivar enemistad con Bianchi es muy distinto.”
Frente a las defensas bajas
En un artículo de reciente publicación, el abogado Julián Axat analiza de manera sencilla y comprensible la validez de la función de quienes actúan como defensores de personas acusadas de los más aberrantes crímenes contra la humanidad. La juventud de Axat se refleja a través de su intensa experiencia y compromiso como defensor oficial de menores en La Plata y, hace poco, con su designación como coordinador del Programa de Acceso a la Justicia de la Procuraduría General de la Nación, instancia vital para la resurgida lucha por una verdadera democratización del Poder Judicial.
Axat también es un lúcido, prolífico y crítico autor, que aborda el derecho relacionando las lógicas del “funcionamiento” judicial, conducentes en la comisión de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, con su continuidad en prácticas culpabilizantes y discriminatorias aún vigentes en amplios estamentos de la justicia de la democracia. Liga a su vez esta observancia comprometida con la búsqueda de la verdad –pues su madre y su padre fueron secuestrados y desaparecidos en su presencia– y con la revitalización de la memoria a través de las claves poéticas, porque el abogado es también poeta.
A modo de ejemplo del análisis que Axat hace sobre los abogados defensores, citamos lo siguiente: “No se me malinterprete, toda persona tiene derecho a una defensa, y sobre todo a la existencia de un defensor público en caso de no tener abogado de confianza; pero de allí a compartir el imaginario del propio asistido acusado de genocidio, quien suele creer que se trata de un preso político, hay una gran distancia. Una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra la afinidad que excede lo jurídico y que se torna indisimulable. La vehemencia o la forma (muchas veces hostil) de preguntar que tienen los defensores oficiales hacia los testigos y víctimas, expone empatías. También cuando los defensores adhieren –sin más– a los evidentes planteos dilatorios y chicanas (de mala fe) de los abogados particulares contratados por los propios acusados. No sería nada extraño que esos esfuerzos defensivos en causas de lesa humanidad –por parte de esos mismos defensores– no se traduzcan en el mismo estándar defensivo frente a gente pobre vinculada a delitos federales comunes que también les toca asistir”.
De manera similar sucedió, por ejemplo, en Mendoza, en al menos 22 casos en los cuales el exmagistrado federal y hoy acusado Guillermo Petra Recabarren actuó como defensor oficial durante la represión ilegal.
De hecho, el primer testimonio del actual juicio, de Carlos Eduardo Cangemi, develó cómo Petra perjudicó a la víctima al negarse a proteger su integridad por considerarlo un detenido político, por tanto “un idiota útil”.
Los expenitenciarios Linares y Bianchi junto a los expolicías Lapáz y Camargo.
En el megajuicio existen ejemplos frescos y concretos de algunas de estas prácticas: Por lo revictimizante que resultaría para quienes sufrieron la violencia estatal en carne propia que el acusado Romano se autodefendiera, como enérgica y extorsivamente solicitaron sus abogados, esa intentona fue taxativamente rechazada. Semanas después, la lectura de la declaración de Romano y la indagatoria pública a Miret demostraron lo doloso que hubiese sido someter nuevamente a las víctimas de prosperar aquel dislate. Por lo demás, la concurrencia de dos abogados pagos por Romano y su reticencia a aceptar defensores oficiales, explican que los medios hacen a sus fines: revictimizar y dilatar.
También fue oportunamente denunciado cómo en el inicio del debate varios abogados, entre ellos Calderón, agitaron las bravuconadas “libertarias” de los acusados y su entorno. La “afinidad” y “empatía” que refiere Axat se fue transparentando en el transcurso del juicio con otros abogados como Omar Venier, que representa al expolicía José Lorenzo Constantino, y el mismo Civit, a través de manifiestos apoyos a iniciativas repudiables que llevan adelante familiares de los acusados, contrarias al curso de la justicia y a la memoria de las víctimas. El punto de mala fe llegó con la confirmación del sospechoso vínculo entre otro abogado particular, Carlos Reig –quien defiende al expolicía Antonio Indalecio Garro– y el comisario Caliri, entonces a cargo de la seguridad en Tribunales Provinciales, donde el debate se desarrolló durante casi dos meses.
Acerca de la “vehemencia” y “formas desmedidas” para con las y los testigos, todos los abogados nombrados han incurrido en mayor o menor grado. En la inspección ocular del 22 de mayo a la Comisaría Séptima, el exdetenido político Pablo Seydell fue increpado fuertemente por Venier sobre cómo y quiénes lo habían torturado. El problema no estuvo en la formulación de las preguntas, a las cuales además el testigo respondió ajustándose a los hechos, sino en el modo en que se hicieron. Seydell, Venier y una porción de la comitiva se encontraban en el reducido calabozo donde aquel fue torturado por primera vez.
“Que algo signifique”
Quien reúne la mayoría de las prácticas señaladas es Ariel Civit, el abogado que pretende recusar al fiscal Vega. Cuenta con antecedentes, ya que en el tercer juicio de lesa humanidad representó al expolicía del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Eugenio Morellato, condenado a cinco años de prisión por su participación en hechos que derivaron en las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. Recordó al respecto Vega, al responder enfáticamente la acusación de “inclinar testigos contra imputados” que le hizo Civit: “Contra quien yo pedí en el juicio anterior que se formulara una acusación y se remitiera al Colegio de Abogados por el hecho de inclinar testigos es el propio abogado que ahora me recusa. Parece que él inclina testigos, no yo”. Merece la atención repasar algunos antecedentes de aquella actuación de hace poco más de un año del abogado Civit, según da cuenta el portal de los Organismos de Derechos Humanos:
Pablo Seydell narra al juez Fourcade las torturas a las que fue sometido en ese calabozo de la comisaría 7ma.
Hasta la etapa de alegatos, Civit tuvo un activo rol en la interposición de todo tipo de artimañas dilatorias que beneficiaran a su defendido. No se privó de señalar testigos, de estigmatizar víctimas ni de dirigir exabruptos contra la fiscalía y los querellantes. En más de una oportunidad fue apercibido por el Tribunal. La falta ética tuvo su momento cúlmine con la alevosa digitación de dos testigos policías ofrecidos por él, que incurrieron en falso testimonio, por lo cual no solo que no pudo favorecer a Morellato, sino que también implicó a dos exponentes más del pacto de silencio. Durante los alegatos recrudeció su estrategia agresiva y llegó incluso a desconocer que las víctimas estuvieran desaparecidas, y a alegar persecución política en el proceso de memoria, verdad y justicia, abonando la siempre a mano “teoría de los dos demonios”.
Los audios Investigaciones futuras y Un producto del Estado, respectivamente, comprueban lo expuesto por el fiscal. Las maniobras sucias de Civit llegaron a poner en duda la conclusión del juicio durante la jornada previa a las sentencias, al intentar recusar al presidente del Tribunal, Juan González Macías. El pronto rechazo del Tribunal y la inmediata condena a su defendido evidenciaron la falta de seriedad del abogado.
Por último, además de rechazar el planteo, Dante Vega pidió que se evaluara “el tema de las costas pero con un sentido distinto del que vamos a empezar a ver en el desarrollo del juicio, sobre qué sentido tenía cargar las costas durante la dictadura cívico-militar a los familiares que presentaban los habeas corpus. Esas cargas eran instrumentos intimidatorios. Acá no, son un elemento con otro significado: que tenga algún coste el introducir planteos extemporáneos e infundados, que signifique algo, porque esto va contra la seriedad del juicio. Entonces, que algo signifique y que sigamos actuando. Que tenga alguna consecuencia. Pido que se impongan las costas al abogado”.
Fuente:EdicionUncuyo
Envío:Agnddhh
Dos de los defensores oficiales. Alrededor de ellos, los expolicías Guevara, Lorenzo y Gutiérrez. En la esquina, Romano.
Civit representa a Oscar Alberto Bianchi, exdirector de la Penitenciaría Provincial, y al exjuez Otilio Roque Romano. A este último comenzó defendiéndolo con el juicio ya en curso; pasó a hacerlo de manera intermitente ante las especulaciones de Bernardo Calderón, abogado particular inicial de Romano, quien nunca cumplió su promesa de renunciar ante la posibilidad de que el Tribunal impidiera a su defendido una co-defensa, gravosa por lo revictimizante contra las personas vulneradas, en 97 hechos por los cuales está acusado como autor necesario. Se desconoce si Calderón aún representa a Romano, pero está claro que Civit ha decidido ejercer una férrea defensa de ambos acusados, según dan cuenta algunas tácticas desplegadas, a veces de forma estratégica junto a otros defensores particulares, mediante numerosos planteos dilatorios y algunas intervenciones que rayan en el disparate conceptual.
Las maniobras dilatorias parecían haber culminado tras las etapas de lecturas de las causas y las ampliaciones de calificaciones, por más que las posteriores declaraciones indagatorias de los acusados no estuvieron exentas de consideraciones estigmatizantes para con las víctimas y testigos por parte de algunos abogados. Por eso repercutió como un chiste de mal gusto entre el equipo de la Fiscalía, las querellas y el público, la insólita recusación formulada por Civit en pleno desarrollo de la etapa testimonial, a la cual se llegó tras casi tres meses de pleito, y que el Tribunal rechazó categóricamente en la audiencia del 30 de mayo, por "inconducente", "extemporánea" y "motivada con fines oportunistas".
Sobre usos, costumbres y el derecho en su sano juicio
Oscar Bianchi está acusado como autor material de las privaciones de la libertad y la imposición de torturas contra Eugenio París y Nilo Torrejón, en el Penal Provincial del cual era el director y donde funcionó “La Peluquería”, un centro clandestino para la aplicación de tormentos. Para el abogado Civit, la recusación se justifica porque en 2004 Vega, entonces secretario penal del Juzgado Correccional de Mendoza, se apartó voluntariamente de un juicio contra Bianchi y otro funcionario penitenciario, Ricardo Rojas, por denuncias también en cuanto a hechos atinentes a la cárcel pero en democracia. Supuestamente una testigo, la licenciada Silvia Castillo, habría pronunciado el intento del secretario de inclinar testimonios contrarios a los imputados. Civit relacionó aquello con “la situación de hoy y es inaceptable, en su rol de acusador es anómalo, revela una postura de enemistad con mi defendido”.
Continuó Civit: “Las causales de recusación difícilmente puedan ser acreditadas con certeza. El peligro de este posicionamiento del Ministerio Público es la carencia de objetividad, tiene que actuar dentro de los canales de la legalidad. El doctor Vega tiene que ser apartado. Puede llegar a decirse formalmente que en cuanto a tiempos no es lo adecuado, pero lo cierto es que hasta hace unos días esta es una situación que Bianchi no recordaba… Tengo que ser prudente, no puedo hacer recusaciones ni desacreditar profesionales, tengo que ser prudente y respetuoso, pero hay suficientes elementos”. Así, tras justificar el “incidente” que por su condición de “lego” Bianchi tenía olvidado, el defensor se extendió sobre el pedido para desarchivar el expediente de 2004 e instó al Tribunal a examinar la recusación y la incorporación como testigos de Rojas, Castillo y la doctora María Alejandra Obregón, que entonces actuó como fiscal.
Inspección ocular del 22 de mayo en el área de celdas de la comisaría 7ma. Tras el sobreviviente Ramón Alberto Córdoba, los fiscales Vega y Rodríguez Infante.
La respuesta del fiscal fue lapidaria: “Este planteo debe ser rechazado, no merece trámite alguno. En primer lugar por extemporáneo en cuanto al plazo en que se hace. Como llevamos tres meses de juicio y el abogado Civit tiene que justificar por qué lo hace ahora, vagamente dice: “A mi defendido le parece que en el juicio que se desarrolló en 2004 había un funcionario que es Vega, que tenía el pelo un poco más largo…”. Esto es falso, Bianchi sabía perfectamente que en 2004 hubo un proceso en el cual yo fui secretario. Todo lo que ha dicho el abogado para justificarse sobre el momento de esta recusación no tiene asidero. Esta es otra cuestión más a la que nos estamos acostumbrando, un planteo dilatorio más. Incluso con desconocimiento de las formas jurídicas pretende ingresarlo por escrito. Y pretende aleccionarme con el aparente argumento de igualdad entre las partes para mi conocimiento. E inclusive ofrece testimonios, cosa de que estemos tratando esto indefinidamente y seguir dilatando el juicio”.
A continuación Vega, además de no darle lugar a la recusación, rechazó que fueran incorporados los testigos insólitamente propuestos por Civit, así como la elevación de los pliegos interrogatorios. Explicó: “No es necesario desarchivar expedientes. Es cierto que existió en 2004 una excusación mía, pero no fue por motivos de enemistad, fue para que siguiera tramitándose el juicio. Pudo haber inexperiencia en aquella excusación, pero fue formulada y aceptada, y el juicio siguió. De ahí a derivar enemistad con Bianchi es muy distinto.”
Frente a las defensas bajas
En un artículo de reciente publicación, el abogado Julián Axat analiza de manera sencilla y comprensible la validez de la función de quienes actúan como defensores de personas acusadas de los más aberrantes crímenes contra la humanidad. La juventud de Axat se refleja a través de su intensa experiencia y compromiso como defensor oficial de menores en La Plata y, hace poco, con su designación como coordinador del Programa de Acceso a la Justicia de la Procuraduría General de la Nación, instancia vital para la resurgida lucha por una verdadera democratización del Poder Judicial.
Axat también es un lúcido, prolífico y crítico autor, que aborda el derecho relacionando las lógicas del “funcionamiento” judicial, conducentes en la comisión de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, con su continuidad en prácticas culpabilizantes y discriminatorias aún vigentes en amplios estamentos de la justicia de la democracia. Liga a su vez esta observancia comprometida con la búsqueda de la verdad –pues su madre y su padre fueron secuestrados y desaparecidos en su presencia– y con la revitalización de la memoria a través de las claves poéticas, porque el abogado es también poeta.
A modo de ejemplo del análisis que Axat hace sobre los abogados defensores, citamos lo siguiente: “No se me malinterprete, toda persona tiene derecho a una defensa, y sobre todo a la existencia de un defensor público en caso de no tener abogado de confianza; pero de allí a compartir el imaginario del propio asistido acusado de genocidio, quien suele creer que se trata de un preso político, hay una gran distancia. Una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra la afinidad que excede lo jurídico y que se torna indisimulable. La vehemencia o la forma (muchas veces hostil) de preguntar que tienen los defensores oficiales hacia los testigos y víctimas, expone empatías. También cuando los defensores adhieren –sin más– a los evidentes planteos dilatorios y chicanas (de mala fe) de los abogados particulares contratados por los propios acusados. No sería nada extraño que esos esfuerzos defensivos en causas de lesa humanidad –por parte de esos mismos defensores– no se traduzcan en el mismo estándar defensivo frente a gente pobre vinculada a delitos federales comunes que también les toca asistir”.
De manera similar sucedió, por ejemplo, en Mendoza, en al menos 22 casos en los cuales el exmagistrado federal y hoy acusado Guillermo Petra Recabarren actuó como defensor oficial durante la represión ilegal.
De hecho, el primer testimonio del actual juicio, de Carlos Eduardo Cangemi, develó cómo Petra perjudicó a la víctima al negarse a proteger su integridad por considerarlo un detenido político, por tanto “un idiota útil”.
Los expenitenciarios Linares y Bianchi junto a los expolicías Lapáz y Camargo.En el megajuicio existen ejemplos frescos y concretos de algunas de estas prácticas: Por lo revictimizante que resultaría para quienes sufrieron la violencia estatal en carne propia que el acusado Romano se autodefendiera, como enérgica y extorsivamente solicitaron sus abogados, esa intentona fue taxativamente rechazada. Semanas después, la lectura de la declaración de Romano y la indagatoria pública a Miret demostraron lo doloso que hubiese sido someter nuevamente a las víctimas de prosperar aquel dislate. Por lo demás, la concurrencia de dos abogados pagos por Romano y su reticencia a aceptar defensores oficiales, explican que los medios hacen a sus fines: revictimizar y dilatar.
También fue oportunamente denunciado cómo en el inicio del debate varios abogados, entre ellos Calderón, agitaron las bravuconadas “libertarias” de los acusados y su entorno. La “afinidad” y “empatía” que refiere Axat se fue transparentando en el transcurso del juicio con otros abogados como Omar Venier, que representa al expolicía José Lorenzo Constantino, y el mismo Civit, a través de manifiestos apoyos a iniciativas repudiables que llevan adelante familiares de los acusados, contrarias al curso de la justicia y a la memoria de las víctimas. El punto de mala fe llegó con la confirmación del sospechoso vínculo entre otro abogado particular, Carlos Reig –quien defiende al expolicía Antonio Indalecio Garro– y el comisario Caliri, entonces a cargo de la seguridad en Tribunales Provinciales, donde el debate se desarrolló durante casi dos meses.
Acerca de la “vehemencia” y “formas desmedidas” para con las y los testigos, todos los abogados nombrados han incurrido en mayor o menor grado. En la inspección ocular del 22 de mayo a la Comisaría Séptima, el exdetenido político Pablo Seydell fue increpado fuertemente por Venier sobre cómo y quiénes lo habían torturado. El problema no estuvo en la formulación de las preguntas, a las cuales además el testigo respondió ajustándose a los hechos, sino en el modo en que se hicieron. Seydell, Venier y una porción de la comitiva se encontraban en el reducido calabozo donde aquel fue torturado por primera vez.
“Que algo signifique”
Quien reúne la mayoría de las prácticas señaladas es Ariel Civit, el abogado que pretende recusar al fiscal Vega. Cuenta con antecedentes, ya que en el tercer juicio de lesa humanidad representó al expolicía del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Eugenio Morellato, condenado a cinco años de prisión por su participación en hechos que derivaron en las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. Recordó al respecto Vega, al responder enfáticamente la acusación de “inclinar testigos contra imputados” que le hizo Civit: “Contra quien yo pedí en el juicio anterior que se formulara una acusación y se remitiera al Colegio de Abogados por el hecho de inclinar testigos es el propio abogado que ahora me recusa. Parece que él inclina testigos, no yo”. Merece la atención repasar algunos antecedentes de aquella actuación de hace poco más de un año del abogado Civit, según da cuenta el portal de los Organismos de Derechos Humanos:
Pablo Seydell narra al juez Fourcade las torturas a las que fue sometido en ese calabozo de la comisaría 7ma.
Hasta la etapa de alegatos, Civit tuvo un activo rol en la interposición de todo tipo de artimañas dilatorias que beneficiaran a su defendido. No se privó de señalar testigos, de estigmatizar víctimas ni de dirigir exabruptos contra la fiscalía y los querellantes. En más de una oportunidad fue apercibido por el Tribunal. La falta ética tuvo su momento cúlmine con la alevosa digitación de dos testigos policías ofrecidos por él, que incurrieron en falso testimonio, por lo cual no solo que no pudo favorecer a Morellato, sino que también implicó a dos exponentes más del pacto de silencio. Durante los alegatos recrudeció su estrategia agresiva y llegó incluso a desconocer que las víctimas estuvieran desaparecidas, y a alegar persecución política en el proceso de memoria, verdad y justicia, abonando la siempre a mano “teoría de los dos demonios”.
Los audios Investigaciones futuras y Un producto del Estado, respectivamente, comprueban lo expuesto por el fiscal. Las maniobras sucias de Civit llegaron a poner en duda la conclusión del juicio durante la jornada previa a las sentencias, al intentar recusar al presidente del Tribunal, Juan González Macías. El pronto rechazo del Tribunal y la inmediata condena a su defendido evidenciaron la falta de seriedad del abogado.
Por último, además de rechazar el planteo, Dante Vega pidió que se evaluara “el tema de las costas pero con un sentido distinto del que vamos a empezar a ver en el desarrollo del juicio, sobre qué sentido tenía cargar las costas durante la dictadura cívico-militar a los familiares que presentaban los habeas corpus. Esas cargas eran instrumentos intimidatorios. Acá no, son un elemento con otro significado: que tenga algún coste el introducir planteos extemporáneos e infundados, que signifique algo, porque esto va contra la seriedad del juicio. Entonces, que algo signifique y que sigamos actuando. Que tenga alguna consecuencia. Pido que se impongan las costas al abogado”.
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