CRIMEN DE MARIANO FERREYRA: PIDEN QUE LA CAUSA POR LOS SOBORNOS QUEDE EN LA JUSTICIA ORDINARIA.

8-7-2014
Sobornos
Los delitos podrían ser cohecho o tráfico de influencias
Mariano Ferreyra: piden que la causa por los sobornos quede en la justicia ordinaria

La Fiscalía General N°1 mantuvo la apelación presentada por el fiscal Horacio Azzolin ante la Cámara del Crimen y ratificó la competencia de la causa en la justicia ordinaria. En el expediente se investiga la actuación de tres jueces de la Cámara de Casación Penal.

Ayer se discutió en una audiencia ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la competencia de la investigación judicial donde hay tres jueces de la Cámara de Casación Penal imputados. Se debe esclarecer la presunta intervención de estos jueces en una maniobra de sobornos para asegurar la impunidad de José Pedraza, cuando estaba a punto de ser detenido por el homicidio de Mariano Ferreyra.

Se realizó esta audiencia porque el juez Pablo Raúl Ormaechea había declarado la incompetencia del fuero ordinario para intervenir. La medida fue apelada por la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N°49 (a cargo interinamente de Horacio Azzolin) y por la querella que representa a la familia Ferreyra, a cargo de Maximiliano Molina, del CELS.

El juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero terminó con condenas hace más de un año. La causa por los sobornos en el Poder Judicial, sin embargo, sigue paralizada. El CELS informó en un comunicado que “desde que comenzó la causa por los sobornos, al menos catorce jueces de primera instancia y camaristas se inhibieron de investigar a sus colegas que integran el máximo tribunal penal del país.
La mayoría dijeron que tienen relaciones profesionales, personales o familiares con Riggi, Mitchell o González Palazzo. La causa ya pasó por alrededor de veinte jueces, las inhibiciones y otras maniobras dilatorias evidencian las resistencias corporativas para profundizar una investigación clave sobre el funcionamiento de la propia justicia”.

La representante de la Fiscalía General N°1 María del Rosario Centeno mantuvo la apelación presentada por Azzolin ante los jueces de la Cámara del Crimen Ricardo Pinto, Julio Lucini y Mario Filizof y ratificó la competencia ordinaria de la causa. “El objeto procesal no ha variado desde que se expidió la Cámara del Crimen en septiembre de 2013”, sostuvo.

Luego de las exposiciones, los jueces le preguntaron a la Fiscalía y a la querella cuáles son los delitos que se le imputan a sus colegas. Ambas partes coincidieron en que hasta que no se profundicen las medidas solicitadas por el fiscal Azzolin en octubre de 2013 (y reiteradas en la apelación en mayo pasado), no se puede establecer una imputación concreta, aunque los delitos podrían ser cohecho o tráfico de influencias, informó el sitio web Fiscales.

La causa
La Cámara del Crimen confirmó en una intervención que en enero de 2011 se realizó una maniobra en dos etapas. La primera habría consistido en manipular el sorteo para que los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. La segunda habría tenido como objetivo “influir indebidamente” en el juez Riggi y en el resto de los vocales de la Sala para obtener un fallo favorable a los intereses de los imputados.

Según la Cámara del Crimen, la segunda parte habría quedado “trunca” por el allanamiento realizado en el estudio jurídico de Octavio Aráoz de Lamadrid, procesado actualmente. En ese operativo se encontró un sobre con 50 mil dólares, que habrían provenido de la Unión Ferroviaria, según lo detectado mediante escuchas telefónicas.

Además del ex secretario de la Cámara de Casación Penal Aráoz de Lamadrid, están procesados el ex agente de Inteligencia Juan José Riquelme; el ex contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Juan José Riquelme; el ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el empleado de la oficina de sorteos del Poder Judicial Luis Ameghino Escobar.
Fuente:Infojus

AUDIENCIA EN UNA CAUSA CONTRA JOSE PEDRAZA

Sobornos que nadie quiere investigar

“Es hora de que esta sala ponga punto final a esta situación que tiene la causa paralizada, sin actividad investigativa hace seis meses, en uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años”, reclamó el abogado Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones donde se discutía el destino y la competencia del expediente donde fueron imputados tres jueces de la Cámara de Casación Penal, por su presunta intervención en una maniobra de sobornos destinada a dar impunidad al dirigente ferroviario José Pedraza, cuando se avecinaba su detención por el homicidio de Mariano Ferreyra.

Medina representa a la querella de la mamá del militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010 y denunció “una resistencia estructural en el Poder Judicial para investigar a sus propios miembros”, que se tradujo en al menos 14 jueces que se excusaron de intervenir por tener alguna vinculación, desde la más cercana hasta la más remota, con alguno de sus colegas involucrados.

El juicio por el asesinato de Ferreyra tuvo condenas hace más de un año (Pedraza y sus hombres siguen presos), pero el expediente de los sobornos, abierto muy poco después, entró en un embudo al momento de investigar a los jueces de Casación que aparecían implicados en una reveladora serie de escuchas telefónicas. Allí, Pedraza aparecía planificando la aparente coima con un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, éste con un abogado y ex secretario de Casación, Octavio Aráoz de Lamadrid, y con el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini. Todos fueron procesados en 2012, igual que un secretario de Casación que se ocupaba de los sorteos. Pero en las escuchas surgía que Riquelme también hablaba con el juez de Casación Eduardo Riggi y se hacían menciones sobre Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.
El objetivo aparente era que la causa quedara radicada en la sala de Riggi.

Desde que Rodríguez fue ascendido a juez federal, ninguno de los jueces que lo reemplazaron aceptó avanzar con la causa; otra decena de jueces se excusó. El último juez que intervino se declaró incompetente y dijo que era un caso federal. Eso era lo que se discutía ayer en Cámara después de más de tres años, aunque ya se debatió y descartó dos veces con anterioridad. Tanto la fiscalía como el CELS insistieron en que la competencia es de la Justicia común, no federal. Los camaristas Julio Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto deben tomar una decisión.
Fuente:Pagina12