27.07.2014
megacausa campo de mayo
Impulsan que el caso de obreros de Grafa desaparecidos se investigue como delito de lesa humanidad
megacausa campo de mayo
Impulsan que el caso de obreros de Grafa desaparecidos se investigue como delito de lesa humanidad
Familiares de 13 trabajadores de la empresa textil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar conformarán en los próximos días una querella para solicitar que la Justicia investigue ese caso como delito de lesa humanidad, en el marco de la Megacausa de Campo de Mayo.
Familiares de 13 trabajadores de la empresa textil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, conformarán en los próximos días una querella para solicitar que la Justicia investigue ese caso como delito de lesa humanidad, en el marco de la Megacausa de Campo de Mayo.
Alejandra Ballestero, hija de Adrián, delegado de base de Grafa, y que milita en la Agrupación Hijos, reunió, después de varios años, información que le permite impulsar la apertura de una investigación para conocer qué pasó con su padre en los tiempos del terrorismo de estado.
“Junto con otros familiares estamos trabajando para que se comience a investigar qué pasó con los 13 trabajadores que desaparecieron en Grafa. Creemos que estamos ante un claro caso de complicidad civil empresarial con la represión ilegal”, sostuvo Ballestero en diálogo con Télam.
Adrián Ballestero -apodado por sus compañeros como el Nero Víctor- tenía 42 años, era obrero textil e integraba la comisión interna de Grafa en 1976, una firma perteneciente al grupo Bunge & Born en cuya planta, ubicada en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, trabajaban 3.000 empleados.
“Mi viejo militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (la JTP, el brazo gremial de Montoneros) y con la lista blanca habían ganado en 1975 las elecciones en Grafa. Eran una agrupación opuesta a la conducción del sindicato textil que encabezaba Casildo Herrera”, repasa Alejandra.
La empresa llevaba a cabo una política de persecución contra la comisión interna, y tres de sus integrantes habían sido denunciados por la patronal en el contexto del estado de sitio que había impuesto el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Miguel Bampini (actualmente concejal del Frente para la Victoria en La Matanza), Francisca Gonzales y Lalo Carabajal, activistas sindicales de la tendencia revolucionaria, fueron detenidos antes del golpe de estado de marzo de 1976.
Tras la detención de los tres delegados por parte de las fuerzas de seguridad, los trabajadores realizaron medidas de fuerza en la planta; se movilizaron al Congreso, al Ministerio de Trabajo y lograron que sus compañeros fueran legalizados por el gobierno.
“Después del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, en 1974 por parte de Montoneros, la patronal intensificó acciones contra los gremios en todas las empresas del grupo. Pero lo peor iba a venir después del golpe de 1976”, sostiene Alejandra, que tiene 46 años y vive en el partido de Moreno.
Tras el golpe que derrocó a Isabel Perón, la patronal les exigió a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, que completaran un formulario en el que dieran cuenta del recorrido que hacían antes y después de entrar a trabajar.
Se cree que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal.
“Hay testimonios de familiares de ex compañeros de mi padre que vieron en el playón de la fábrica vehículos que luego participaron en procedimientos que se llevaron a cabo contra estos trabajadores”, precisó.
Alejandra se refiere al caso del militante de la JTP José Valentich, raptado en la puerta de su casa, en Moreno, y trasladado en un auto que su esposa, Eva, vio días después en el estacionamiento de Grafa.
A Víctor Ballestero lo capturaron cuando salía a trabajar y aunque se resistió al grupo de tareas que lo apresó, no logró evitar su caída, que se produjo el 24 de septiembre de 1976.
Desde entonces, nada se supo sobre su paradero, hasta que un pariente del obrero Víctor Godoy -que también soportó el cautiverio y la tortura, pero que luego fue liberado- declaró que estuvo prisionero en Campo de Mayo.
Por eso, los familiares creen que el destino final de los obreros de Grafa puede haber sido ese centro clandestino de detención manejado por el Ejército.
Los militantes de la JTP Cirilo Zalazar; Rodolfo Ponce; Rito Bustamante; Carlos Veyra; René ‘el Chileno’ Moscoso; Antonio Romero; José Cortez; Gaspar Lovey; Oscar Furman (médico de Grafa visto en la ESMA); y Claudio Gómez, quien pertenecía al ERP, son otros de los desaparecidos de Grafa, secuestrados entre agosto y diciembre del ‘76.
Con toda esta información, los familiares, que cuentan con la asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Moreno, pretenden presentar una denuncia ante los Tribunales de San Martín, donde se tramita la Megacausa de Campo de Mayo.
En la etapa actual del proceso, se analiza la responsabilidad civil empresaria que existió en la desaparición de trabajadores de los astilleros Astrasa; de la automotriz Ford y de las cerámicas Cattaneo y Lozadur, empresas todas ubicadas en la zona norte del GBA.
La causa de los trabajadores de Grafa se emparenta con la investigación que instruye el juez platense Huberto Blanco por la desaparición de 22 obreros de la aceitera Molinos de Avellaneda, otra empresa del grupo Bunge y Born.
“Creemos que en los dos casos existe un mismo proceder por parte de este grupo económico, que como patronal tuvo una actitud persecutoria y entregadora de sus trabajadores. Creemos que es tiempo de hacer justicia”, puntualiza Alejandra.
Alejandra Ballestero, hija de Adrián, delegado de base de Grafa, y que milita en la Agrupación Hijos, reunió, después de varios años, información que le permite impulsar la apertura de una investigación para conocer qué pasó con su padre en los tiempos del terrorismo de estado.
“Junto con otros familiares estamos trabajando para que se comience a investigar qué pasó con los 13 trabajadores que desaparecieron en Grafa. Creemos que estamos ante un claro caso de complicidad civil empresarial con la represión ilegal”, sostuvo Ballestero en diálogo con Télam.
Adrián Ballestero -apodado por sus compañeros como el Nero Víctor- tenía 42 años, era obrero textil e integraba la comisión interna de Grafa en 1976, una firma perteneciente al grupo Bunge & Born en cuya planta, ubicada en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, trabajaban 3.000 empleados.
“Mi viejo militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (la JTP, el brazo gremial de Montoneros) y con la lista blanca habían ganado en 1975 las elecciones en Grafa. Eran una agrupación opuesta a la conducción del sindicato textil que encabezaba Casildo Herrera”, repasa Alejandra.
La empresa llevaba a cabo una política de persecución contra la comisión interna, y tres de sus integrantes habían sido denunciados por la patronal en el contexto del estado de sitio que había impuesto el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Miguel Bampini (actualmente concejal del Frente para la Victoria en La Matanza), Francisca Gonzales y Lalo Carabajal, activistas sindicales de la tendencia revolucionaria, fueron detenidos antes del golpe de estado de marzo de 1976.
Tras la detención de los tres delegados por parte de las fuerzas de seguridad, los trabajadores realizaron medidas de fuerza en la planta; se movilizaron al Congreso, al Ministerio de Trabajo y lograron que sus compañeros fueran legalizados por el gobierno.
“Después del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, en 1974 por parte de Montoneros, la patronal intensificó acciones contra los gremios en todas las empresas del grupo. Pero lo peor iba a venir después del golpe de 1976”, sostiene Alejandra, que tiene 46 años y vive en el partido de Moreno.
Tras el golpe que derrocó a Isabel Perón, la patronal les exigió a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, que completaran un formulario en el que dieran cuenta del recorrido que hacían antes y después de entrar a trabajar.
Se cree que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal.
“Hay testimonios de familiares de ex compañeros de mi padre que vieron en el playón de la fábrica vehículos que luego participaron en procedimientos que se llevaron a cabo contra estos trabajadores”, precisó.
Alejandra se refiere al caso del militante de la JTP José Valentich, raptado en la puerta de su casa, en Moreno, y trasladado en un auto que su esposa, Eva, vio días después en el estacionamiento de Grafa.
A Víctor Ballestero lo capturaron cuando salía a trabajar y aunque se resistió al grupo de tareas que lo apresó, no logró evitar su caída, que se produjo el 24 de septiembre de 1976.
Desde entonces, nada se supo sobre su paradero, hasta que un pariente del obrero Víctor Godoy -que también soportó el cautiverio y la tortura, pero que luego fue liberado- declaró que estuvo prisionero en Campo de Mayo.
Por eso, los familiares creen que el destino final de los obreros de Grafa puede haber sido ese centro clandestino de detención manejado por el Ejército.
Los militantes de la JTP Cirilo Zalazar; Rodolfo Ponce; Rito Bustamante; Carlos Veyra; René ‘el Chileno’ Moscoso; Antonio Romero; José Cortez; Gaspar Lovey; Oscar Furman (médico de Grafa visto en la ESMA); y Claudio Gómez, quien pertenecía al ERP, son otros de los desaparecidos de Grafa, secuestrados entre agosto y diciembre del ‘76.
Con toda esta información, los familiares, que cuentan con la asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Moreno, pretenden presentar una denuncia ante los Tribunales de San Martín, donde se tramita la Megacausa de Campo de Mayo.
En la etapa actual del proceso, se analiza la responsabilidad civil empresaria que existió en la desaparición de trabajadores de los astilleros Astrasa; de la automotriz Ford y de las cerámicas Cattaneo y Lozadur, empresas todas ubicadas en la zona norte del GBA.
La causa de los trabajadores de Grafa se emparenta con la investigación que instruye el juez platense Huberto Blanco por la desaparición de 22 obreros de la aceitera Molinos de Avellaneda, otra empresa del grupo Bunge y Born.
“Creemos que en los dos casos existe un mismo proceder por parte de este grupo económico, que como patronal tuvo una actitud persecutoria y entregadora de sus trabajadores. Creemos que es tiempo de hacer justicia”, puntualiza Alejandra.
Fuente:Telam
El camino fue largo y recién ahora sienten que tienen una base sólida que entregarle a la Justicia. “No es fácil recopilar información, encontrar testigos. Estamos armando un rompecabezas”, comparó Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de Moreno y compañero de Ballestero. Juntos comenzaron a buscar piezas y encajarlas unas con otras: ex trabajadores de Grafa, familiares y amigos de obreros de esa empresa víctimas de la última dictadura, historias, nombres, datos. Hoy llevarán la documentación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aunque la decisión de presentar una querella en los Tribunales de San Martín es casi un hecho.
La historia que pretenden esclarecer en los tribunales tiene a trece obreros de la textil de Bunge y Born como protagonistas. “La situación estaba difícil en la empresa desde 1975. Había enfrentamientos entre la burocracia sindical y la Lista Blanca, que presionaba para que se cumplieran los reclamos de los trabajadores por mejoras en las condiciones de trabajo”, comentó Ballestero, que milita en H.I.J.O.S. Aquel año, además del robo de las elecciones a la JTP –“una patota de Herrera les robó las urnas a los tiros”, apuntó la mujer–, trajo los primeros episodios que encendieron la alarma: a mediados del ’75, tres trabajadores fueron secuestrados y luego “blanqueados” después de que sus colegas se movilizaran al Congreso y al Ministerio de Trabajo para pedir por su libertad.
La historia fue diferente para las detenciones clandestinas que llegaron después del golpe. “El Ejército tomó la fábrica el 24 de marzo, como sucedió en varias otras”, relató Ballestero. En agosto ocurrió el primer secuestro: Cirilo Zalazar apareció asesinado en aguas del Riachuelo. Un mes después comenzaron las desapariciones. La docena de víctimas, cuyas historias Ballestero y Fernández lograron reunir, fueron llevadas desde la salida del trabajo o sus domicilios entre septiembre y diciembre de aquel año. Al “Negro Víctor” le tocó el 24 septiembre: “La patota no ingresó a nuestra casa sino que esperó a que mi papá saliera. Según pudimos saber, él se defendió, porque se lo llevaron con un tiro en la espalda y otro en la pierna. Hace poco nos enteramos de que estuvo encerrado en Campo de Mayo”, puntualizó. Tenía 42 años y era “el más viejo de los secuestrados de Grafa”.
Los familiares que impulsan la querella cuentan con “varios indicios” que les permiten sospechar de la dirigencia patronal. “Un año antes del golpe, la empresa obligó a sus obreros a llenar un formulario en el que tenían que especificar no sólo dónde vivían sino el trayecto que hacían para ir y volver del trabajo”, mencionó Ballestero como punto principal. Creen que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal. Pero hay historias que proponen vínculos aun más directos: “Eva se fijó con detenimiento en los autos en los que se llevaron a su esposo (José Valentich). Y casi se muere cuando a la mañana siguiente del secuestro los vio estacionados en el playón de Grafa, adonde ella había ido para avisar que se habían llevado a José”, puntualizó la hija del “Negro Víctor”.
Fuente:Pagina12
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA GRAFA DESAPARECIDOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA
Para investigar la complicidad civil
Hay por lo menos trece trabajadores de esa fábrica que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Los familiares quieren que la Justicia indague sobre la incidencia de la empresa en los hechos. Preparan una querella conjunta.
Por Ailín Bullentini
Algunos trabajadores de Grafa desaparecidos fueron llevados al centro clandestino de Campo de Mayo.
Imagen: Bernardino Avila
Adrián Ballestero llegó a ser delegado gremial de la comisión interna de la empresa textil Grafa –que en el barrio de Villa Pueyrredón llegó a emplear en la década del ’70 hasta 300 obreros– durante al menos una tarde. La línea que comandaba el textil Casildo Herrera les robó literalmente la victoria al flamante delegado y al resto de sus compañeros que integraban la Lista Blanca, ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). La puja a nivel sindical se trasladó a las calles en los años venideros y las cosas se complicaron. Con Ballestero son, por lo menos, trece los trabajadores de Grafa que fueron víctimas de la persecución política y el terrorismo de Estado que asomó en 1974, y se volvió feroz luego del 24 de marzo de 1976. De ese grupo, uno fue asesinado entonces y el resto permanece desaparecido. Los familiares de las víctimas no dudan de la incidencia de la patronal en los hechos y quieren que la Justicia investigue: “La idea es presentar una querella conjunta por estos casos para que la Justicia investigue a los empresarios como responsables en los secuestros, eso de lo que nosotros no tenemos dudas”, remarcó Alejandra Ballestero, hija del “Negro Víctor”, como sus compañeros llamaban a aquel delegado electo.
El camino fue largo y recién ahora sienten que tienen una base sólida que entregarle a la Justicia. “No es fácil recopilar información, encontrar testigos. Estamos armando un rompecabezas”, comparó Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de Moreno y compañero de Ballestero. Juntos comenzaron a buscar piezas y encajarlas unas con otras: ex trabajadores de Grafa, familiares y amigos de obreros de esa empresa víctimas de la última dictadura, historias, nombres, datos. Hoy llevarán la documentación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aunque la decisión de presentar una querella en los Tribunales de San Martín es casi un hecho.
La historia que pretenden esclarecer en los tribunales tiene a trece obreros de la textil de Bunge y Born como protagonistas. “La situación estaba difícil en la empresa desde 1975. Había enfrentamientos entre la burocracia sindical y la Lista Blanca, que presionaba para que se cumplieran los reclamos de los trabajadores por mejoras en las condiciones de trabajo”, comentó Ballestero, que milita en H.I.J.O.S. Aquel año, además del robo de las elecciones a la JTP –“una patota de Herrera les robó las urnas a los tiros”, apuntó la mujer–, trajo los primeros episodios que encendieron la alarma: a mediados del ’75, tres trabajadores fueron secuestrados y luego “blanqueados” después de que sus colegas se movilizaran al Congreso y al Ministerio de Trabajo para pedir por su libertad.
La historia fue diferente para las detenciones clandestinas que llegaron después del golpe. “El Ejército tomó la fábrica el 24 de marzo, como sucedió en varias otras”, relató Ballestero. En agosto ocurrió el primer secuestro: Cirilo Zalazar apareció asesinado en aguas del Riachuelo. Un mes después comenzaron las desapariciones. La docena de víctimas, cuyas historias Ballestero y Fernández lograron reunir, fueron llevadas desde la salida del trabajo o sus domicilios entre septiembre y diciembre de aquel año. Al “Negro Víctor” le tocó el 24 septiembre: “La patota no ingresó a nuestra casa sino que esperó a que mi papá saliera. Según pudimos saber, él se defendió, porque se lo llevaron con un tiro en la espalda y otro en la pierna. Hace poco nos enteramos de que estuvo encerrado en Campo de Mayo”, puntualizó. Tenía 42 años y era “el más viejo de los secuestrados de Grafa”.
Los familiares que impulsan la querella cuentan con “varios indicios” que les permiten sospechar de la dirigencia patronal. “Un año antes del golpe, la empresa obligó a sus obreros a llenar un formulario en el que tenían que especificar no sólo dónde vivían sino el trayecto que hacían para ir y volver del trabajo”, mencionó Ballestero como punto principal. Creen que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal. Pero hay historias que proponen vínculos aun más directos: “Eva se fijó con detenimiento en los autos en los que se llevaron a su esposo (José Valentich). Y casi se muere cuando a la mañana siguiente del secuestro los vio estacionados en el playón de Grafa, adonde ella había ido para avisar que se habían llevado a José”, puntualizó la hija del “Negro Víctor”.
Fuente:Pagina12
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