El teatro antidisturbios: Parte II
Desde la llegada de las Fuerzas Federales se ha generado un debate en torno a distintos hechos que ponen en la lupa a las tropas llegadas de la mano de Sergio Berni. ¿Hechos aislados o sistemáticos? En esta segunda y última parte del informe hablan las voces oficiales.
Foto: La Brujula Comunicación. Reunión de organizaciones sociales contra los abusos de las fuerzas de seguridad
Por Martín Stoianovich
En un recorrido por distintas sedes y oficinas del poder judicial, tanto a nivel provincial como nacional, no se ha podido dar con ningún tipo de denuncias relacionadas a casos de violencia institucional por parte de gendarmes o prefectos, salvando los casos de la militante del Movimiento Evita y del chico de barrio Ludueña explicados en el artículo anterior. Ni en el Ministerio Público de la Acusación, ni en los Juzgados Federales de Rosario, y tampoco en el nuevo Centro Territorial de Denuncias provincial, creado a partir de la última reforma judicial. De ser así realmente, la ausencia de denuncias supondría que no hay una violencia sistemática ejercida por las fuerzas de seguridad, sin embargo la cuestión no es sencilla si se permite indagar otros aspectos.
Hay un debate instalado en la minoría que se dedica a tomar una postura sobre la llegada de las Fuerzas Federales y las acusaciones de abusos y torturas que recaen sobre ellas. ¿Sólo es real lo que se denuncia y sólo si hay denuncias habrá entonces que poner el ojo sobre el abuso sistemático de las fuerzas de seguridad?, ¿No sería propicio preguntarse primero por qué no hay denuncias, sobre todo cuando la propia historia nacional pide nunca más mirar para otro lado?.
Las respuestas posibles circulan por dos opciones. Una es la que afirma que al no haber denuncias, se tratará entonces de hechos aislados. La otra es la que toma la víctima en cuestión: o asegura que hacer la denuncia no sirve de nada, o que prefiere no hacer la denuncia por miedo a represalias, o que hacer la denuncia significa perder tiempo y ver cómo un nuevo par de hojas se suma a un montón de papeles que quedan en segundo plano.
Sobre la primera opción se encuentra ni más ni menos que la postura del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto. En contacto con este periodista, en relación a los casos de abuso de autoridad el Ministro destacó: “Esto se ha conversado, hay algunos reclamos pero no hay denuncias. Hay una idea de trabajar respetando derechos por parte de Gendarmería y por supuesto el Ministerio de Seguridad está en ese camino”. Para Lamberto lo realmente importante es la continuidad de las Fuerzas Federales en Rosario y así lo hace saber: “El objetivo en una primera etapa es que lleguen hasta fin de año. Ojalá podamos lograr que permanezcan. El deseo de cada uno es que permanezcan todo el tiempo posible, porque sabemos que la coordinación de fuerzas son muy importantes para toda política de seguridad”.
Por otro lado, desde la Municipalidad de Rosario, Gabriela Sosa, directora de la Oficina de Derechos Humanos, opina: “No puedo certificarlo porque no nos ha llegado de manera masiva este tipo de situaciones, todo lo contrario: desde que está Gendarmería nos ha llegado sólo una situación”, aseguró la funcionaria al ser consultada sobre la sistematicidad de los hechos. Con respecto al comportamiento de aquellos uniformados que cometen abusos, Sosa aseveró: “Evidentemente las formas de determinadas fuerzas de seguridad son adecuadas para algunas situaciones o persecución de algunos delitos y no son las mejores para otro tipo de situaciones que se dan en el orden barrial. Prefectura y Gendarmería están creadas para otra función, por lo tanto en algunas ocasiones puedan entrar en tensión con las dinámicas y características que tienen los barrios y los jóvenes, las particularidades adolescentes y juveniles que construyen su identidad en grupo”.
Sobre la ausencia de denuncias Sosa sitúa la reflexión en la necesidad de revalorar el concepto de seguridad ciudadana. En esta línea, asegura: “Ese concepto necesita un profundo debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad, cuál es el rol que debe cumplir en estas funciones, pero también el compromiso ciudadano a la hora de ser parte de la dinámica de construir seguridad en nuestros barrios, de aportar a la denuncia de determinadas situaciones, en la relación del Estado y las sociedad civil con generar vínculos de confianza y generar lugares amigables para denunciar”. Este análisis que realiza la funcionaria también puede abarcar la cuestión policial y el rol del ciudadano a la hora de relacionarse con la entidad.
La policía santafesina es foco de investigaciones por corrupción y una activa complicidad y participación en el negocio del narcotráfico en la ciudad y esto no lo pueden negar ni los propios funcionarios del gobierno provincial ni municipal. (El ex Jefe de la Policía Santafesina, Hugo Tognolli se encuentra procesado en la causa por encubrimiento agravado de una operación de narcotráfico y amenazas contra Norma Castaño, la mujer que denunció la corrupción en la fuerza policial santafesina) “Es innegable que la policía de Argentina, incluyendo la de Santa Fe es una estructura que necesita reformarse y volverse más confiable de cara a la sociedad. Mientras eso va sucediendo es necesario acercar al Estado de esta forma, para poder garantizar que una persona pueda acceder a la justicia”, aclara Sosa y argumenta que la gestión provincial ha trabajado en la construcción de estos nuevos espacios en donde hacer denuncias. Uno de ellos es el Centro Territorial de denuncias, que se encuentra en calle Mendoza 3538, el primero de los seis que el gobierno planea instalar en la ciudad.
En la misma línea política que las dos fuentes anteriores, se encuentra trabajando para el área de Seguridad Comunitaria la persona que brindó información sobre las denuncias por casos de abuso de autoridad que sólo pudo anotar en una hoja en manuscrito, sin lograr que se presentaran en la justicia. Lo primero que confiesa esta persona es que los denunciantes no se animan a elevar un reclamo a la justicia principalmente por miedo a que las amenazas de los uniformados se hagan realidad en caso de formalizar una denuncia. Por otro lado, asegura que ella no puede hacer otra cosa más que transcribir las vivencias de los vecinos y esperar a que alguien haga algo por ello. Dijo estar segura que ella habilitó toda la información a su superior, sobre quien también prefirió mantener la identidad en privado, y que este habló con un jefe de Gendarmería, el cual le haría llegar la data a Sergio Berni. Los tiempos coincidirían en días antes de que el secretario de Seguridad de la Nación hiciera públicas las declaraciones citadas anteriormente sobre el conocimiento de algunos casos, que luego consideraría aislados.
“Es lo mismo que pasaba con los narcos. Todos saben quiénes son los agresores pero todos tienen miedo. No hace falta que hagan la denuncia, los relatos de la gente aterrorizada son testimonios valiosos”, reflexionaría esta persona. Luego agregaría: “No hay información sobre qué es lo que no pueden hacer, para que la gente sepa. Un gobierno democrático conscientemente constitucional debería trabajar sobre eso”. Esto apunta a la ausencia de información acerca de cuáles son los límites de las fuerzas de seguridad, y cuáles son los derechos del ciudadano, pero quizás una forma de trabajar este tipo de cuestiones sería empezar a admitir que existen casos de abusos de manera sistemática. Los gobiernos lejos están de admitir los procedimientos de las fuerzas de seguridad, y prefieren continuar hablando de una labor con resultados positivos.
Volviendo a lo que se destacaba líneas atrás, con estas descripciones se deja ver un panorama complicado para los ciudadanos que son víctimas de los abusos y maltratos de las Fuerzas Federales. El miedo por las amenazas, la desinformación sobre cómo acceder a la justicia, y hasta la desconfianza misma a la justicia, se conjugan para darle forma a una sensación final: No sirve de nada hacer la denuncia. Mientras tanto, los constructores de los megaoperativos de las fuerzas de seguridad continuarán hablando de casos aislados y midiendo la gravedad de los hechos no por la existencia de un solo caso, sino por la falta de denuncias que finalmente refutaría la postura de una estrategia sistemática. Pegar, insultar, invadir la privacidad de una persona, pisar las manos, quemar un par de zapatillas, obligar a ingerir un cigarrillo o a realizar cualquier tipo de práctica contra la propia voluntad de una persona, son hechos tan violentos como el simple hecho de ocultar su gravedad excusando la falta de denuncias. De la necesidad de hacerle frente a la naturalización de esos hechos, nace el trabajo de distintas organizaciones que buscan encontrar una manera de asesorar a aquellos sectores que se posicionan como víctimas frente a los abusos policiales y/o de las fuerzas federales en los barrios rosarinos.
Qué se puede hacer luego de romper el miedo
Guillermo Campana, militante de la organización social Causa y Efecto, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, y abogado en la Dirección de Justicia Penal Juvenil, explica cuáles son los primeros pasos que deben darse en caso de detención de jóvenes por parte de las fuerzas. “Si estamos en conocimiento de alguien que llevaron detenido hay que averiguar a dónde lo llevan, hablar con los familiares y acercarse a donde esté, para estar presentes y garantizar que no les pase nada a los detenidos”, explica el especialista. A su vez, aconseja ponerse en contacto con organizaciones que trabajen en el barrio, para que estas se contacten con un abogado o el juzgado de turno, para que se esté al tanto del proceso y no haya posibilidad de arbitrariedades.
Mientras tanto, aclara: “Si son menores de 16 años no pueden estar detenidos ni cinco minutos, en ese caso hay que hablar rápido con los familiares”. Sobre este tipo de detenciones a menores de edad, el abogado admite que las autoridades suelen justificar la detención basándose en supuestas averiguaciones. “Hay que hablar con el Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez para dejar en claro que hay menores detenidos. Lo más importante es hacerse presente porque ahí empezamos a ponerle ciertos límites a que haya golpes, verdugueos, amenazas, apremios y todo lo que sucede cuando las fuerzas no están siendo controladas por la ciudadanía”, insiste.
Respecto de los casos de abuso, Campana indica que la Gendarmería y la Prefectura tienen que ser denunciadas en Tribunales Federales, mientras que los delitos por parte de la policía deben denunciarse en el Ministerio de la Acusación. “La idea es que podamos defendernos y frenar lo que está pasando porque el problema es con los pibes, que son los que lo están sufriendo en mayor medida. Nosotros consideramos que no corresponde, que es injusto y no hay que permitirlo. Las autoridades están diciendo que estos son casos aislados, que no son tantos y que son excepciones. Cuando juntemos trescientas denuncias se van a dar cuenta que la realidad es que pasa permanentemente. Pasa en Ludueña, en Banana, en Fuerte Apache, en Las Flores, no es un solo barrio, es con los pibes de todos los barrios”, concluye.
La necesidad de sistematizar las denuncias de alguna manera, procurando la integridad de las víctimas y asegurando que los reclamos no queden estancados, es una necesidad sobre la cual ya se ha comenzado a trabajar. Con el fin de que quede asentado de alguna manera que se trata de hechos sistemáticos, distintas organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos comenzaron a reunirse con el fin de consolidar una propuesta.
El pasado 29 de mayo se concretó una reunión impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual participaron distintos referentes de organizaciones con el fin de analizar la situación y plantear una manera de trabajo en conjunto. El primer efecto se dio a corto plazo, ya que el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, declaró que acompañaría las denuncias por abuso de autoridad. Por aquel entonces, el comunicado difundido por este conjunto de organizaciones decía: “Tras casi dos meses de presencia de Gendarmería Nacional, hoy se evidencia el ataque sistemático a la juventud y a los sectores populares por parte de la misma, sin afectar a los centros logísticos y a los núcleos de conducción del delito organizado”.
En este mismo sentido, el comunicado aseguraba: “Desde hace un tiempo atrás, hemos estado recibiendo sistemáticamente denuncias de todo tipo sobre gendarmes que han arrancado piercings o sacado la gorra a los jóvenes, que han golpeado a los pibes y pibas por estar en una esquina pasando el rato, obligando a que se metan en sus casas, estableciendo en la práctica un estado de sitio, o que han humillado de distintas maneras a compañeros gays, lesbianas o trans: tales apremios ilegales no pueden ser tolerados y además de denunciados, deben ser fehacientemente investigados para procesar y enjuiciar a sus responsables”. A partir de estas reflexiones, y con el paso de nuevas reuniones, se fue consolidando un sistema de registro de denuncias que todavía permanece en actividad.
Queda en claro que las juventudes de los barrios se encuentran expuestas al poder y al abuso del poder por parte de las fuerzas de seguridad. Poco se escuchan los reclamos, y nada parece cambiar si se tiene en cuenta que las autoridades políticas procuran que la permanencia de Gendarmería y Prefectura se estire el mayor período de tiempo posible. Mientras tanto, resulta importante comprender que todos los ciudadanos de Rosario deben hacer uso de sus derechos, y que los mismos sean respetados, tal como suponen más de tres décadas de ejercicio democrático.
Lugares de recepción de denuncias (con total reserva de datos personales):
Lunes: APDH Local Biblioteca Vigil: Gaboto 450 de 18 – 20 hs.
Martes: APDH Local Biblioteca Vigil: Gaboto 450 de 17.30 – 19.30 hs.
Miércoles: Amsafe Rosario: Catamarca 2332 de 8 – 11 hs. / Ceprodh: Urquiza 911 de 17- 20 hs.
Jueves: Izquierda Socialista: Laprida 911 de 14 – 18 hs. / APDH Local La Toma: Tucumán 1349 de 18 – 20 hs.
Viernes: PCR: San Juan 1848 de 17 – 19 hs.
Sábado: Centro Cultural Ingalinella: Saavedra 667 de 16 – 20 hs.
¿Qué tenés que hacer si te detienen? Material de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional
Foto: La Brujula Comunicación. Reunión de organizaciones sociales contra los abusos de las fuerzas de seguridad
El teatro antidisturbios (Parte I)
Desde la llegada de las Fuerzas Federales se ha generado un debate en torno a distintos casos que ponen en la lupa a las tropas llegadas de la mano de Sergio Berni. ¿Hechos aislados o sistemáticos? En este informe compartimos testimonios de víctimas que sufrieron abusos de autoridad. Parte I.
Foto: la brujula comunicacion
Por Martín Stoianovich
No hacía siquiera un mes del arribo de las Fuerzas Federales a Rosario, cuando a través de los medios de comunicación comenzó a difundirse un hecho de violencia institucional. “Denunció que gendarmes le pegan a su hijo por fumar porro”, tituló el diario La Capital una publicación del 30 de abril. Allí se rescataba el testimonio de Claudia, la madre de Facundo Martínez, un hombre de 31 años que fue sometido por gendarmes luego de ser detenido en la esquina de Seguí y Ruillón. “Una mujer denunció que su hijo fue brutalmente golpeado tras ser detenido por efectivos de Gendarmería en la zona sur de Rosario mientras fumaba un cigarrillo de marihuana. Según relató, ‘lo esposaron, lo pisaron y lo golpearon durante una hora’ en la sede de la fuerza nacional ubicada en San Martín y Rueda”, relata el primer párrafo del artículo. “Yo pensaba que Gendarmería era mucho mejor que la policía”, diría después la señora.
Luego se irían repitiendo casos similares difundidos por redes sociales o algunos medios de comunicación. Y así se comenzó a generar un debate que incluso hoy persiste: ¿Son hechos aislados o se trata realmente de abusos sistemáticos? El secretario de Seguridad de la Nación argumentó que estaba al tanto de los casos, los cuales se iban a evaluar en una comisión especializada en el tema, con el fin de sancionar a los responsables. Sin embargo, consideró que se tratarían de “excepciones a la regla y personas capacitadas y profesionales”, y defendió la llegada de las fuerzas asegurando que “la gente volvió a tomar mate en la puerta de su casa”.
Para las organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, estos hechos de los cuales se comenzó a hablar no son aislados. Está a la vista que se trata de operativos puntuales llevados a cabo en distintos sectores de la ciudad y que tienen características similares. “En los últimos días se dieron a conocer testimonios que dejan en claro un abuso de autoridad por parte de estas fuerzas. Los pibes y pibas manifiestan su miedo de circular por la calle, como si estuviese prohibido, porque ya han sido blanco de operativos que comienzan como averiguación de datos y finalizan con agresiones, humillaciones y amenazas”, declaraba la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud en un comunicado difundido a través de redes sociales.
Bastó con ampliar el recorrido por las organizaciones y por los medios que estas tienen a su alcance para recopilar una considerable cantidad de hechos de este tipo.
Una voz en el silencio
El rumor llega a este periodista entrando por la ventana: “Una persona que trabaja en la Secretaría de Seguridad Comunitaria anotó las denuncias de abuso en una hoja escrita a mano porque es lo único que puede hacer”. Quien acercó estas palabras tenía consigo una copia de la hoja en cuestión y el contacto de la trabajadora provincial. En un encuentro personal, esta mujer prefirió mantener en privado su identidad por motivos laborales y dio el okey para hacer públicas las denuncias. Sus primeras palabras fueron concisas y son un pie a lo que sigue: “Antes teníamos miedo de los tiroteos de los pibes y ahora tenemos miedo de Gendarmería”.
“Lo levantó Gendarmería, le pegaron, desapareció de 14 a 18 Hs. Le robaron el documento. No puede ir a la escuela nocturna sin documento. Se estaba peleando con un chico, los levantaron a los dos y los pasearon de 14 a 18 Hs. pegándole e insultándolos. Los dejaron en la 11 en estado deplorable, sangrando”.
Este es uno de los casos que esta persona acerca, como parte de lo poco que tiene al alcance una madre como posibilidad de manifestar lo que le sucedió a su hijo. La trabajadora de Seguridad Comunitaria en cuestión admitió que la madre denunciante confesó que su hijo no quería que se contara nada. “Tenía miedo de desaparecer, porque se ha cruzado con los mismos que le quitaron el DNI y lo miraban mal”, explicó la señora.
Otro caso se remonta a una esquina de zona sur, cuando cerca de las seis de la tarde una persona que se dirigía a su trabajo de bachero fue interceptado por gendarmes. “Le bajan los pantalones para revisarlo delante de sus vecinos y le entran a pegar patadas”, explicaba la confidente.
En la misma hoja en donde se destaca el primer caso, se desarrolla una serie de denuncias anónimas que se fueron acumulando:
- Lo golpearon y le dijeron “corré, corré” y el no corrió por miedo que le disparen, entonces lo golpearon más.
- Leo estaba sentado a media cuadra de que estaban revisando a otros. Como estaba mirando fueron directo y le pegaron con un palo, salió el padre y le dijeron que no se meta o la iba a recibir él también. Lo dejaron muy golpeado.
- “Me pararon y me hicieron abrir las piernas, me dijeron que las abra más”. Le patearonla cola insultándolo y lo siguieron golpeando hasta que le dijeron que se vaya para un lado que no era el de su casa”.
- “Pasan a cada rato y si estamos tomando una coca nos agarran la botella y nos tiran toda la gaseosa y nos quitan la gorra”.
- Un niño de 11 años, lo golpearon y lo dejaron tirado en la calle.
El encuentro mano a mano con esta trabajadora del Estado fue pocos días después de las declaraciones de Berni sobre el conocimiento de este tipo de situaciones. Influida o no, la confidente aseguró: “Esto fue hace dos semanas (los hechos anotados), porque ahora dicen que se calmaron un poco. Hay mucha diferencia entre gendarmes viejos y jóvenes. Los jóvenes son más buenos, incluso escuchan a los chicos, pero los grandes te agarran y te revientan”. Las reflexiones finales dejan tela para cortar, porque es así cómo lo ven algunos trabajadores de la misma gestión socialista que avala la permanencia de las fuerzas de seguridad:
“Con la plata que pusieron en móviles y cámaras, se puede invertir en trabajo para los pibes. Si reciben violencia, van a dar más violencia. No se integra a nadie así”.
La juventud en primera persona
Al principio los invade la timidez y mientras buscan sus palabras no encuentran un punto fijo donde mantener sus ojos, pero cuando logran conectar la mirada, entran en confianza y entienden que son sus derechos los que están en juego. No existen los “sin voz”, todos y todas tienen algo para decir y sólo es cuestión de darles el espacio. De esa necesidad, la de reconocer y respetar sus derechos, nacen los testimonios de la propia voz de los y las jóvenes de los barrios más humildes de la ciudad.
Seis chicos y chicas, la mayoría de ellos menores de edad, se reunieron en uno de los centros de día que dependen del Estado provincial para conversar sobre el abuso por parte de las fuerzas de seguridad e informarse de cuáles son los pasos a seguir en caso de ser víctimas o presenciar algún hecho. El grabador no pareció cohibirlos y de a ratos comenzaron a contar:
“Le pegaron un par de cachetazos a un amigo”. “Se fijan lo que están escuchando y te hacen cantar. Chuchuguá le hicieron cantar a una amiga”. “Una prefecta le hizo bajar el pantalón, le hizo sacar la remera y la dejó en corpiño”. “Una chica revisó a unos chicos, bajándoles los pantalones y manoseándolos por todos lados”. “Te hacen comer el porro, masticarlo, y tragarlo”. “Te dan el celular contra el piso, y si está bueno te lo sacan”.
Estas son algunas de las expresiones que sacan hacia afuera los y las jóvenes cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Enfrentándose constantemente al riesgo de naturalizar estos sucesos, los toman como moneda corriente en su territorio. Una de las trabajadoras del lugar agrega: “Más de una vez nos ha pasado con alguno de los chicos, que nos hemos enterado tarde que los llevan por averiguación de antecedentes y los han tenido por diez horas, doce horas, no sólo eso sino que con golpes y maltratos importantes. Los chicos preguntan qué pasa si sos menor, o sos mayor”. El desconocimiento no es un error de quien lo padece, sino un logro de quien lo planea para utilizarlo como herramienta en la ejecución de sus políticas. Así se nutre un sistema que desde lo económico, lo social, lo cultural y lo político maneja millones de habitantes con una maquiavélica estrategia que tiene como único fin la desigualdad social. Que un chico o una chica, o cualquier ser humano, no conozcan sus derechos, implica una desventaja y en estos casos no hay lugar para excepciones. De allí nace la necesidad de estas jornadas que buscan empapar de lucidez para prevenir o esquivar cualquier tipo de atropellos.
Contra las minorías sexuales
En otro artículo periodístico, esta vez publicado por La Capital el pasado 23 de mayo, se presenta un reclamo por parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans que sostiene que las Fuerzas Federales “están cometiendo abusos y excesos con las minorías sexuales en Rosario”. Su presidente, Esteban Paulón añade: “Son varias denuncias que hemos recibido. En los barrios hay mucho ensañamiento con integrantes de nuestro colectivo”.
Esto explica la nota en La Capital: “El último incidente ocurrió esta semana en barrio Tablada. En plena madrugada, en Ayacucho al 4500, un varón transexual apodado “Lucho” fue requisado por gendarmes, quienes lo obligaron a bajarse los pantalones, pese a la advertencia que les hizo sobre su identidad sexual y la incomodidad que le generaba”. Por su parte la víctima de estos hechos explicó: ‘Me terminé bajando los pantalones para no ofrecer resistencia y evitar que me agredieran, que es lo que habían hecho con dos compañeros que estaban conmigo. La situación fue vergonzante. Les dije que aunque tengo aspecto de varón tengo vagina y me incomodaba bajarme los pantalones, pero querían hacerlo y por eso no me opuse”.
Además, como cada uno de los referentes o integrantes de agrupaciones que padecen estos abusos, Esteban Paulón coincidió que “no se trata de un caso aislado, sino que estos excesos son una constante que se está dando en los barrios. Queremos hacerlo público para que cese”.
Las tizas no se manchan de verde
Lo que continúa son fragmentos de una carta abierta que un maestro del Colegio San Juan Diego, del barrio Toba de Rosario, escribe al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni y difunde a través de las redes sociales.
“Mi alumno ‘X’ fue, cerca de las 20 hs. del lunes 19 de Mayo, al supermercado que queda del lado éste de Travesía a la altura de Juan José Paso a comprar con cien pesos. Sus gendarmes, señor Berni, bandera de seguridad para muchos, después de revisarlo, de revisarle el celular, de comprobar que no hay nada ilegal, le roban los cien pesos.
Mi alumno sabe cómo es el juego, usted también lo sabe, los suyos lo juegan muy bien, todos saben que ellos no tienen voz. Sin embargo señor, mi alumno también necesita seguridad, y su madre, como todas las madres, también se preocupa cuando él sale, y si bien ella sabe que no puede denunciar a los delincuentes del barrio porque están protegidos, también sabe que tampoco puede denunciar a las fuerzas de seguridad, porque entiende muy bien que no vinieron a cuidarla a ella ni a su hijo”.
Maestro Fabio Dri – “Colegio San Juan Diego”
Siempre Ludueña
A principios de junio tuvo lugar en barrio Ludueña uno de los hechos que más trascendencia tuvo en los medios de comunicación en relación a otros casos de abusos. Pero, paradójicamente, el abordaje fue en la mayoría de los medios carente de información precisa. Un detalle muy importante es que los protagonistas de esta historia en el rol de abusadores, y torturadores, fueron integrantes de la Prefectura Naval, y no de la
Gendarmería Nacional como lo afirmaron varios medios.
Se trata de tres jóvenes, todos menores de edad, que fueron interceptados cando caminaban por el barrio camino al velorio de un amigo de 16 años que había fallecido días atrás a causa de un disparo por la espalda en un caso confuso y no esclarecido. Los chicos fueron torturados, ni más ni menos, porque obligar a poner sus manos abiertas sobre el suelo donde hay vidrios y piedras, y ejercer presión con las botas de los uniformados, no puede ser llamado de otra manera que no sea tortura. Estas prácticas, junto a la quema de zapatillas de uno de los jóvenes y golpes a los tres, fueron acompañadas por el asedio para que revelaran nombres de integrantes de bandas de narcotraficantes. Además, se los siguió golpeando cuando se negaron a tomar un arma de fuego que pertenecía a los prefectos, estrategia clara que busca incriminar a los jóvenes por portación de arma e intentar así justificar lo injustificable.
Contra una militante barrial
El diario Rosario12 publica el 5 de junio un artículo en el cual se hace referencia a un nuevo hecho. Sucede en la zona sur y tiene como protagonista a una joven militante del Movimiento Evita. Agostina Marinaro, según reconstruye el diario, quiso interceder en una requisa que la Gendarmería realizaba con niños de 12 años y terminó ella misma siendo “requisada y humillada en público por cinco gendarmes”. Luego de lo sucedido, la joven realizó la denuncia junto a la dirigente barrial del Evita, Alejandra Fedele, ante el fiscal federal Mario Gambacorta.
Sucede en la esquina de Battle y Ordoñez y Laprida, y tiene como protagonistas a un grupo de chicos de entre 12 y 13 años. Cuando llega la Gendarmería, los ponen contra la pared, le tiran al piso todas sus pertenencias y comienzan a hacer preguntas intimidantes. En ese momento, la joven se acerca con un compañero para conocer qué estaba sucediendo, y fue entonces cuando comenzaron las agresiones para ellos también.
Así lo relata ella misma en declaraciones al diario: “No había violencia física pero sí verbal. Finalmente el operativo se terminó y se van, pero yo me quedo charlando con los chicos sobre los derechos que tiene en estos casos. Pero cuando me voy caminando hacia la casa de unas vecinas, la patrulla me sigue, hasta que se ponen de frente, se bajan los cinco gendarmes, entre ellos una mujer, y exhibiendo sus armas largas me ordenan que me ponga contra la pared. Yo les digo que no estoy haciendo nada, y ellos me ordenan que me calle, porque estábamos en la calle y en la calle ellos daban las órdenes. Fue una situación violenta, por lo cual accedo a darles mi DNI, se quedan un largo rato mirándome fijamente como memorizado mi nombre y mi rostro. Y me dicen que me ponga contra la pared porque de lo contrario me iban a subir a la chata y me iban a llevar. Así que accedí y durante un largo rato una mujer gendarme me estuvo requisando. Fue una requisa excesiva, por el tiempo que duró. Después me hicieron abrir la mochila, y tirar todo al piso, me hicieron abrir cada uno de mis estuches personales y hasta me hojearon mi agenda personal”.
Foto: la brujula comunicacion
La militarización de los barrios no soluciona la desigualdad social
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Violencia es mentir
A más de un mes de iniciada la ocupación militar de las barriadas populares de la ciudad y alrededores, impulsada por los gobiernos nacional y provincial, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud venimos a decir:
Que consideramos a estos megaoperativos como una medida antidemocrática que criminaliza a los sectores populares y continúa manteniéndolos excluidos de sus propios derechos. Cuando los negocios delictivos que los poderes políticos, judiciales y policiales apañaron durante más de treinta años se tornaron insostenibles por el creciente número de asesinatos y delitos vinculados al narcotráfico, se comenzó a atacar a la consecuencia de dichas problemáticas dejando de lado políticas que tuvieran en cuenta a los habitantes de los barrios marginados, principales víctimas de esta situación.
Queremos dejar en claro que es visible el debilitamiento de la relación de las instituciones estatales con los vecinos de los barrios y que la presencia de Gendarmería y Prefectura no hace más que profundizar dichas grietas. En los últimos días se dieron a conocer testimonios que dejan en claro un abuso de autoridad por parte de estas fuerzas. Los pibes y pibas manifiestan su miedo de circular por la calle, como si estuviese prohibido, porque ya han sido blanco de operativos que comienzan como averiguación de datos y finalizan con agresiones, humillaciones y amenazas. Como Asamblea no sólo repudiamos estos hechos, sino que exigimos sean investigados y sancionados como la Ley lo indica.
Con semejante despliegue militar, no se va a terminar con el narcotráfico ni todas sus ramas si sólo se realizan allanamientos a los búnkers instalados en los barrios y no se desentraman las redes económicas del negocio. Creemos que de esta forma se está alejando a los vecinos de los barrios de sus libertades, despojándolos de la pertenencia de sus territorios y de sus derechos fundamentales. Además, quedó a la vista en el transcurso de estos cuarenta días que no disminuyeron los números de asesinatos, y nuestros pibes y pibas siguen muriendo, aunque ahora se los relacione a hechos aislados.
Desde hace tiempo venimos reclamando políticas verdaderamente inclusivas que generen transformaciones favorables en la realidad de lxs pibxs. El hecho de que los gobiernos nacional y provincial se encuentren coordinando tareas finalmente, será un rasgo positivo en la medida en que ambos tomen esta problemática desde donde debe ser tomada: la desigualdad social. Entendemos que todos los habitantes del país merecen una vida digna, gozando de trabajo, vivienda, salud, educación, con una niñez y una juventud saludable que crezca aprendiendo y jugando, y no cayendo en las manos de los negocios de este sistema. Creemos que esto no puede darse mientras tanto las políticas de los gobiernos sigan apuntando sólo a satisfacer las necesidades de unos pocos.
Exigimos que se generen propuestas, se escuche a las organizaciones sociales, gremiales, políticas y culturales que día a día nos encontramos construyendo con lxs jóvenes desde distintos lugares. Exigimos presupuestos que permitan a lxs trabajadorxs que laburan a destajo diariamente en los distintos efectores, condiciones de trabajo dignas, sin precarización, con la infraestructura necesaria para abordar las distintas problemáticas que generan la desigualdad social que es la raíz del actual estado de emergencia en el que nos encontramos.
Por todo esto entendemos que para poder avanzar en un camino certero contra la llamada inseguridad es necesario empezar por diagnosticar. Es necesario asumir la inequidad social en la que nos encontramos hoy día. Es necesario declarar la emergencia en materia de niñez y juventud y acompañar a esta declaración con políticas de inclusión social, trabajando en conjunto con lxs militantes sociales y políticxs que día a día nos encontramos construyendo con lxs pibxs.
Fuente:enREDando.org.ar
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