SALTA: LA CORTE RECHAZÓ UN PLANTEO DEL EX JUEZ LONA y LA CAUSA POR ENCUBRIMIENTO VA A SEGUIR.

16.07.2014
Está acusado de no investigar una docena de desapariciones
La Corte rechazó un planteo del ex juez Lona y la causa por "encubrimiento" va a seguir

Policía César Martínez. Fue leal a Ragone. Sus asesinos lo mataron también a él para evitar que los denunciara públicamente. 
La Corte Suprema rechazó un planteo del ex juez federal de Salta Ricardo Lona contra el fallo que ordenó proseguir la causa en la que está acusado de "encubrimiento" y "prevaricato" por no investigar una docena de desapariciones, entre ellas la de un custodio del asesinado ex gobernador Miguel Ragone. Tras pasar por varias instancias inferiores, el pedido de Lona tuvo un fallo adverso de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado mes de diciembre. Contra la decisión de la Cámara, la defensora oficial, María Di Laudo presentó un recurso extraordinario que fue "desestimado" por la Corte, con la firma de Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

A Lona se le atribuye no haber investigado el secuestro del policía salteño César Carlos Martínez, de 27 años, ocurrido el 18 de marzo de 1976, en la casa del uniformado.

Cuando un grupo de policías comenzó a golpear la puerta de su casa, Martínez sabía lo que le esperaba, pues había sido custodio del ex gobernador Miguel Ragone, que había sido secuestrado y asesinado (aunque su cadaver no apareció) exactamente una semana antes. Tenía la certeza de que los autores del crimen eran policías que Ragone había sumariado por torturadores.

Fue así que se escondió debajo de una cama, pero cuando los sicarios ingresaron a su hogar, la emprendieron a golpes con su mujer, por lo que él salió de su escondite, diciéndoles que dejaran de pegarle a ella y hacer llorar a sus dos pequeños hijos.

El cadaver dinamitado de Martínez apareció al día siguiente en el paraje conocido como El Gallinato. Ambas cosas el lugar y la voladura del cadaver, constituían una especie de firma de sus asesinos, que quedarían dejar clara la autoría del crimen.

Lona también fue denunciado por no haber investigado los casos de Silvia Benjamina Aramayo; Norberto Guerrero; Ana María Fernández Arcieri de Gamboa; Nora Ester Montesino de Trench; Reynaldo Isola; Pedro Urueña; Luis Eduardo Risso; Carlos Estanislao Figueroa Rojas; Juana Isabel López, Hugo Eduardo y Walter Alejandro Montesinos.

El ex juez resolvía esas denuncias con un sobreseimiento provisorio hasta que se hallaran a los autores del hecho, lo que frenaba el avance de las pesquisas, lo que fue puesto en evidencia por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Salta.

En su momento, el fiscal ante la Cámara Raúl Pleé destacó "la conducta reiterada del magistrado -único juez federal de Salta- de encubrir hechos que se cometían de manera sistemática, que eran típicos del terrorismo de Estado y en donde se utilizaba el aparato estatal para ejecutar o encubrir los delitos de lesa humanidad".
Fuente:Telam





Ricardo Lona está rodeado por un círculo de poder que termina entorpeciendo el avance de las causas

El fiscal federal Horacio Azzolín se refirió a la situación procesal del exjuez Ricardo Lona. Dijo que esto se logró gracias un trabajo de muchísimos años.
Recordó que Lona tiene tres causas en su contra tramitando en Salta: la falta de investigación en lo que fue la masacre de Palomitas, la falta de investigación del crimen del exgobernador Miguel Ragone y otra en la que se lo investiga a él por una serie de irregularidades cometidas en otras causas en las que también se denunciaba el secuestro y la desaparición de ciudadanos de la provincia.

En las tres causas y en algún momento del proceso Lona había sido sobreseído por la Cámara Federal de Salta en tres decisiones que se fueron tomando a lo largo de los años, diciendo que los delitos por los cuales Lona estaba imputado, que eran básicamente encubrimiento, estaban prescriptos porque no eran crímenes de lesa humanidad, indicó.

Mientras  -agregó- lo que dice la Casación en esta última resolución es que el resto de las irregularidades, que no tienen que ver ni con Palomitas, ni con el crimen de Miguel Ragone, son crímenes de lesa humanidad, no están prescriptos y Lona tiene que ser investigado. Se dijo además que “la hipótesis de trabajo de los jueces no tiene que ser exclusivamente que Lona haya hecho la vista gorda frente a lo que sucedía, sino que también podría haber participado directamente en la intervención de los hechos, no en el grupo de tareas que secuestraba a la gente, sino en su condición de juez frenando las investigaciones como parte de un pacto con los militares y policías involucrados, que es lo mismo que se plantea en el caso de Miguel Ragone y es la línea de trabajo que se está llevando en todas las causas que se siguen contra Ricardo Lona”.

“Para esto tardamos un montón de años de lucha, de reclamos de los familiares de la víctimas, de trabas que ponía la defensa de Ricardo Lona para evitar que los jueces se pronuncien y con jueces que permitían que la investigación se demore”, sostuvo Azzolín para luego remarcar: “Nosotros lo que planteamos es la hipótesis de que Lona es una persona muy poderosa que está rodeada de un círculos de poder. Lo que uno puede pensar es que Lona fue juez federal durante muchos años en Salta y de esta manera se cosecha poder y amigos, que de una u otra forma terminan entorpeciendo por acción u omisión las causas. Todos sabemos, y esto es público porque se ha escrito en los expedientes contra Ricardo Lona, que éste tiene una infinidad de amigos, conocidos y gente que le tiene mucho afecto, tanto en el Poder Judicial como entre los abogados de la matrícula… es por eso que tantos se han excusado de intervenir. Sabemos también por su juicio político que Lona había cosechado amistades más allá de lo que era el círculo judicial, por ejemplo Joaquín Cornejo Alemán (que era el segundo jefe del Distrito Militar de Salta en los tiempos de Mulhall) es íntimo amigo de Ricardo Lona y el hijo de Joaquín Cornejo Alemán es uno de los oficiales notificadores, es uno de los carteros de la Cámara Federal de Salta. Entonces ¿cómo uno no puede sospechar que esos vínculos o esas amistades hayan generado las demoras que hoy estamos sufriendo?”.

Sobre los pasos a seguir, el fiscal dijo que se trabajará con la determinación de siempre, sin dejar pasar las oportunidades de plasmar estas inconsistencias y bregando por todos los canales, pero fundamentalmente en los oficiales, que tienen que ver con los expedientes y con que los jueces resuelvan en los tiempos que marca la ley. “Esto es parte de nuestra obligación, más allá de una convicción acerca de lo que hay que hacer. Hay que estar atentos, seguir y hacer que esto esté en la agenda de los jueces y de los medios de comunicación que ayudan a que esto se divulgue y a que la ciudadanía entienda lo que sucede con estos personajes. Lo peor de estas situaciones es el silencio, es que no se hable de estos temas porque el silencio permite que los años pasen y que los poderosos, no sólo Lona y todas aquellas personas que estén involucradas en la violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura, sino también que sigua la impunidad en todo ámbito… la corrupción, el narcotráfico y también los crímenes de lesa humanidad”.

complicidad civil  
El fiscal federal Horacio Azzolín  aseguró que “todo lo que tenga que ver con la complicidad civil está surgiendo a la luz, fundamentalmente porque las investigaciones avanzan y porque los juicios orales aportan un caudal muy rico de información”.

En este sentido destacó: “Esto no está pasando sólo en Salta, sino también a nivel nacional porque estamos hablando también de la investigación de la complicidad civil, en todo lo que tiene que ver con la economía”.
“Los juicios avanzan y tienen que seguir haciéndolo necesariamente”, sentenció el fiscal.

Azzolín: “Había una disputa política de parte de Romero hacia Ragone”
Horacio Azzolín recordó que durante el juicio que se hizo hace dos años, surgió que los opositores de Miguel Ragone eran Roberto Romero y gran parte de la dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica, los sindicatos que respondían al peronismo ortodoxo.

El fiscal federal sostuvo que nunca se pudo determinar claramente que lo sucedido con Ragone haya sido instigado por Roberto Romero.

No obstante señaló: “Había una disputa política de parte de Romero hacia Ragone y esa disputa a lo mejor se podría haber puesto de manifiesto más fuerte si Ragone volvía a la vida política con las internas que se iban a realizar en el Partido Peronista allá por el 76”.

Asimismo mencionó: “Lo que sí recuerdo,  y que me llamó mucho la atención, es que tuve un ataque bastante fuerte de El Tribuno en ese momento, cuando decían que yo estaba muy interesado en saber quiénes eran los opositores políticos de Miguel Ragone y yo sí recuerdo haber dicho que sí, que estaba muy interesado en lo que hacía al contexto de lo que sucedía en Salta”.

Cambios en los integrantes de la Cámara Federal
“La Cámara Federal de Salta ha tenido mucho que ver en que las causas hayan tenido tantas demoras, con una interpretación mezquina y amarreta acerca de los que son los crímenes de lesa humanidad”, aseveró Horacio Azzolín.

El fiscal federal planteó en este aspecto que “da la casualidad de que el beneficiado es el exjuez federal de Salta y el exintegrante de esa Cámara Federal (Ricardo Lona)”.

“Eso es lo que a uno le deja un tufillo medio raro, pero más allá de eso uno no puede tejer. Lo cierto y concreto es que ahora esperamos que la Cámara Federal, que tiene otra integración, esté a la altura de las circunstancias, que respete los pasos de la Casación y nos permita avanzar con las condiciones propias de un estado de derecho”, apuntó Azzolín.

Ya hacia el final y acerca del la situación de salud de los represores, exclamó: “Yo quiero a Lona sano porque lo quiero sentado en el juicio. El día de mañana no quiero que esté en prisión domiciliaria porque está enfermo, lo quiero sano, sentado en el juicio, escuchando las audiencias y para eso lo que se necesita es que las decisiones se tomen rápido porque si no los años pasan y eso es lo que nosotros hemos llamado siempre impunidad biológica”.

“Tal vez el juego de ellos sea ese, esperar a tener 70 años y enfermarse para conseguir prisión domiciliaria, que si bien es un derecho, tiene sus riesgos porque les permite a los operadores del poder seguir haciéndolo desde sus casas”, finalizó el fiscal federal Horacio Azzolín.
Fuente:SaltaEntreLineas