EL FONDO FINTECH ADVISORY ANUNCIO QUE ACEPTARA EL PROPUESTO CANJE 2014/15
El tercer canje
David Martínez Guzmán, titular del Fondo de Inversión Fintech Advisory, anuncia en esta entrevista su voluntad de aceptar el canje de sus bonos reestructurados en 2005 y 2010 bajo ley extranjera, por otros emitidos en el país bajo la legislación argentina. Entiende que esto aislaría a los fondos buitre litigantes y al juez Griesa, que tendría un consenso absoluto del mercado, que no violaría la cláusula de pari passu y que esto sería ratificado por los tribunales de Manhattan.
Por Horacio Verbitsky
El Fondo de Inversión Fintech Advisory, que posee títulos de la deuda pública argentina por una cifra que su titular, David Martínez Guzmán, menciona como “centenares de millones de dólares” y que según fuentes del mercado se aproximan a los mil millones, es el primer particular interesado que afirma su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso para declarar de interés público “la reestructuración de la deuda 2005-2010 y su pago soberano local a la totalidad de los acreedores, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”. Ante una consulta para esta nota, Martínez dijo desde Grecia que estaba dispuesto a aceptar las condiciones propuestas para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”. Para ello propone un canje de la deuda reestructurada que Griesa defaulteó a la fuerza, por nuevos títulos, emitidos en moneda extranjera pero bajo jurisdicción local. El emisor podría ser el Banco Nación, con la garantía de la República Argentina, y los tenedores de los títulos de 2005 y 2010 podrían proponerle al Banco Nación su canje por la nueva deuda doméstica. El deudor pasaría a ser el Banco Nación. Cree que esa operación tendría un “consenso absoluto”, que a Griesa le sería muy difícil obstaculizarla y que si lo intentara no sería respaldado por la Cámara de Apelaciones, porque se trataría de emisión de deuda interna. A su juicio en septiembre no se debería realizar un nuevo depósito en el Banco Mellon de Nueva York, porque eso equivaldría al intento de pegar un vaso roto, sino avanzar directamente hacia el canje bajo ley argentina. Como la cadena de pagos ya se rompió y el juez controla muchos eslabones, la solución radical que avizora Martínez es el canje para pagar bajo la ley argentina, lo cual sería consistente con la cláusula de pari passu, al tratarse de deuda doméstica. Hasta ahora el gobierno ha insistido en que la Argentina no entró en default, porque depositó el pago, pero no es evidente por cuánto tiempo más podrá mantenerse esta posición ante la secuela de hechos consumados que se producen en el barrio sur de la isla de Manhattan.
Martínez es uno de los inversores que compraron bonos argentinos durante el gobierno de Carlos Menem. Después del default de fin de siglo ingresó en el canje realizado en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Siguió comprando títulos a tenedores que no aceptaron aquella propuesta y que en vez de litigar prefirieron desprenderse de esos papeles a precios de mercado y volvió a participar en el canje de 2010.
Repitió la operación a partir de entonces y hoy posee una cantidad no especificada de bonos en default. En este punto no difiere de su archirrival Paul Singer. Pero Martínez afirma que lo hace con miras a participar en un tercer canje y considera que una vez aprobada la ley, una propuesta concreta formulada a los bonistas congregaría un porcentaje de aceptación superior al 98 por ciento.
Los títulos canjeados en 2005 y 2010 junto con los que por el mismo valor podrían emitirse en 2014, se depositarían en un fideicomiso, con condición de reversibilidad. Es decir que si en algún momento futuro la interferencia judicial cesara, los tenedores podrían elegir con cuáles papeles quedarse. Algunas de estas cosas no constan de forma explícita en el proyecto de ley, pero ninguna de ellas está vedada por su texto. A contramano de las visiones apocalípticas que difunden otros hombres de negocios, Martínez sostiene que la economía argentina es sólida, que no hay problemas de mercado para el cumplimiento de sus obligaciones y que las condiciones son propicias para el crecimiento de un mercado de capitales local, bajo legislación argentina, un fenómeno similar al que sucedió en países como Colombia o Perú. Como prueba de ello alega que los bonos con que la Argentina pagó la expropiación del 51 por ciento de Repsol-YPF fueron recibidos con avidez por el mercado, donde su cotización subió desde su emisión hace tres meses. Repsol decidió desprenderse de esos papeles y el mercado los absorbió en media hora, exagera. Admite que el interés que pagan aún es elevado y que la Argentina merece una tasa más baja.
Un ataque indebido
Lo que sigue es parte del diálogo mantenido con Martínez Guzmán:
–¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley?
–Es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido.
–¿Usted aceptaría los mecanismos contenidos en el proyecto?
–Sí. Este será un proceso largo y complejo. Por un lado está la sentencia judicial sobre el litigio con fondos a los que no les interesa negociar, que se dedican a demandar a los países en dificultades y ahora están planeando hacerlo con Portugal. Quieren un trato preferencial sobre el de los mayores depositantes y el de las multinacionales que luego de la crisis de fin de siglo renegociaron sus contratos, que tampoco podían cumplirse. Para que cobren, el juez tomó medidas que dañan al país y a otros acreedores, como nosotros. Como la Argentina ya había acordado la regularización de su deuda con el Club de París y había emitido bonos para pagar la indemnización a Repsol y a quienes ganaron juicios en el CIADI pensaron que con esta medida cedería. Pero la Argentina no se dejó extorsionar.
–¿En qué consiste la extorsión?
–En una medida que daña a todos los que teníamos contratos válidos. Al romper los contratos el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer eso, con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas o en Tokio y que no tienen nada que ver con los litigantes.
–¿Y la respuesta argentina?
–Se trata de una iniciativa general y de un mecanismo de ordenamiento para aislar al juez. Es la forma correcta de recuperar la capacidad de conducción de sus negocios, reconstruir la cadena de pagos de los bonos reestructurados. El Banco Nación puede pagarle a la Comisión Nacional de Valores, que a su vez les pagará a los tenedores de los bonos.
–Los bonos están depositados en bancos. ¿El juez puede prohibirles realizar esa operación?
–Al Banco Nación y a la CNV no. Euroclear es una empresa constituida en Bélgica, que está blindada contra embargos de estos mismos litigantes. Pero es una empresa muy conservadora que además tiene una oficina en Nueva York, por lo cual es probable que no se anime a pagar sin autorización del juez. En ese caso, nosotros y el Estado vamos a litigar contra Euroclear en Bélgica, por los daños que nos provoque.
–Ustedes y el Estado, ¿juntos o cada uno por su lado?
–Por separado, pero tanto no-sotros como el Estado lo vamos a hacer. Nosotros no estamos en el negocio del litigio, el que nos metió es el juez. Pero no puede dar órdenes en cualquier parte, porque viola nuestro derecho de propiedad sobre el que no tiene ninguna autoridad.
–¿Buscarían que un juez belga diga que Griesa no tiene autoridad sobre empresas de ese país?
–Sí. Pero también vamos a apelar en Estados Unidos y en Londres todas las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un plan local. Le recuerdo a qué velocidad el mercado absorbió los bonos emitidos para pagarle la indemnización a Repsol. Hay muchos inversores dispuestos a hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de la Argentina y la voluntad de pago de su gobierno. Griesa podría seguir entrometiéndose y prohibir que ingresen al nuevo canje los fondos de inversión sobre los cuales puede imponer la jurisdicción de Nueva York. Pero nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado, el mercado quiere una solución y esa nueva propuesta no violaría la cláusula de pari passu bajo ninguna de sus interpretaciones posibles. No es lo mismo evadir una orden de no pagar que canjear los títulos por un bono doméstico. Los hold-outs representan 7500 millones de dólares, de los cuales sólo la mitad entró en litigio. El resto prefirió vender, y así fue que nosotros seguimos comprando. Algunos querrán ver qué pasa en enero, cuando venza la cláusula RUFO e incluso habrá quienes decidan esperar a 2016, con la esperanza de que gobierne Macri y les pague todo lo que piden. Aun así el canje local sería exitoso, porque restablecido el orden y la cadena de pagos por el actual gobierno y si el 85 por ciento lo acepta, el resto estaría obligado por la cláusula de acción colectiva. El resto de los holdouts ingresarían al canje, Singer y Griesa quedarían aislados y ése sería el momento de negociar la solución definitiva.
–¿Qué porcentaje de los bonos están en Nueva York y en consecuencia son susceptibles a lo que usted llama la interferencia de Griesa?
–Es imposible saberlo. Los papeles están físicamente depositados en los bancos, pero nadie sabe quién es el último tenedor, porque hay constantes movimientos de mercado, compras y ventas. Hay fondos que no podrían entrar en el canje local pero están dispuestos a vender a quienes sí desean hacerlo.
–Usted es el primer inversor que declara interés en un canje bajo ley argentina. ¿No es un caso excepcional, en defensa de las demás inversiones que tiene en el país y que dependen de la regulación estatal?
–No creo. El caso de los bonos entregados a Repsol es elocuente. Cuando la empresa española decidió venderlos, el mercado no tardó ni media hora en absorberlos. La Argentina tiene números básicos excelentes y hace mucho tiempo que no sale al mercado, donde hay apetito por bonos en dólares bajo ley local.
–El plazo es largo, pero la tasa fue un poco más alta de la que están consiguiendo otros países.
–La Argentina venía de un default y no había salido al mercado a colocar títulos. Merece mejores tasas y las conseguirá. De hecho esos bonos están aumentando su cotización, porque está claro que no hay problemas con el crédito argentino. No sé qué podría hacer Griesa para detener esta tendencia del mercado. La legislación argentina es aceptable, nadie tiene recelos de que el Congreso vaya a modificar las condiciones.
–¿Cómo se le pone límite a Griesa, que se anima a calificar de ilegal un proyecto de ley que tratará el Congreso de un país soberano?
–Diplomáticamente. Una cosa son los litigantes y su reclamo, otra muy distinta la extralimitación del juez. Y además con una propuesta concreta de canje. Tampoco creo que la Cámara de Apelaciones vaya a seguir al juez en todas sus incongruencias. Griesa liberó de responsabilidad al BoNY por no transferir a Euroclear los fondos para nosotros que depositó la Argentina. Ya apelamos esa decisión y lo seguiremos haciendo con cada una que adopte Griesa. La Cámara lo respaldó cuando Griesa forzó esa interpretación del pari passu como única manera de forzar a la Argentina. Pero ahora hay muchas víctimas. Proponerse impedir que la Argentina reestablezca relaciones con todos los hold-in y emita deuda doméstica ya es demasiado.
–¿Cuánto tiempo demoraría la Cámara de Apelaciones?
–Calculamos unos tres meses. También hay toda una discusión acerca de qué es deuda externa y qué es deuda interna. Griesa dijo que no quería afectar los pagos a Repsol, que se realizan en títulos en dólares pero bajo jurisdicción local. Esto es contradictorio con la decisión del mismo juez que considera deuda externa los Discount en dólares. Ni sabía que existían los bonos para Repsol y ahora intenta diferenciarlos, cosa que es imposible, porque son idénticos y bajo la misma jurisdicción, tienen el mismo código alfanumérico ISIN (International Securities Identification Number). Son fungibles, indistinguibles.
–Si todas las apelaciones fracasaran, si entidades financieras conservadoras acataran los diktat de Griesa por miedo a represalias...
–La instancia del canje local es inatacable por el juez. Los bonos quedarían depositados en el fideicomiso y serían reversibles.
–¿Reversibles?
–Sí. Esto significa que cuando se restablezca la cadena de pagos externa, quienes ingresaron al canje en dólares o euros pero con ley local, tendrían la posibilidad de elegir si se quedan con esos nuevos títulos, o vuelven a los originarios reestructurados en 2005 o 2010.
Estaba escrito
Por Horacio Verbitsky
Los medios y las fuerzas políticas de la oposición que se pronuncian sobre el conflicto con la justicia de Nueva York y los fondos buitre ponen el acento en la impericia y la improvisación del gobierno (Julio Cobos), la soberbia de quienes subestimaron el problema (Sergio Massa), los discursos mágicos (Maurizio Macrì), la pésima defensa del Estado (Elisa Carrió) o su inoperancia (Hermes Binner). Sin embargo, en los considerandos del proyecto de ley de declaración de interés público de los canjes de 2005 y 2010, consta que ya en diciembre de 2003, al conocer la estrategia del fondo NML de Paul Singer, la Argentina solicitó al juez Thomas Griesa que garantizara la posibilidad de pago a los acreedores y declarara que al pagar a quienes aceptaran el canje por entonces propuesto no violaría la cláusula de pari passu. En una audiencia realizada en enero de 2004 la República Argentina pidió que Griesa dejara sentado que “la cláusula pari pa-ssu (i) no requiere pago a prorrata, (ii), no establece la prohibición de pagar a un acreedor y (iii) no ordena el cese de pagos por no pagar a uno o más acreedores”. El juez desechó el reclamo por prematuro y expresó que la interpretación de esa cláusula que según la Argentina planeaba invocar NML le parecía “muy extraña”. Pero en 2010, el fondo de Singer solicitó permiso para modificar su demanda, alegando que la cláusula pari passu “implicaba que si algún acreedor del Estado no recibía el pago correspondiente, dicho Estado tenía prohibido efectuar pago alguno de su deuda, pues todos debían recibir un ‘trato igualitario’” y pidió que el juez impidiera el pago a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 a menos que, en simultáneo o por anticipado, se pagara a NML y los demás co-demandantes, el total de sus tenencias no reestructuradas. A Griesa ya no le pareció una interpretación tan extraña y accedió en dos decisiones de diciembre de 2011 y febrero de 2012. La posibilidad de una interferencia semejante también había sido prevista en las ofertas de canje de 2005 y 2010, en las que se advertía expresamente que los pagos de la Argentina a los tenedores de Títulos Nuevos “podrán ser afectados, ordenados o de otro modo cuestionados por los tenedores que se negaron a participar en la Oferta o por otros acreedores de la Argentina”. Casi sin excepción, los comentarios de prensa interpretan que la ley procura cambiar el lugar de pago de los bonos. Esto no se desprende de su articulado, que tal como está previsto en los contratos de reestructuración sólo reemplaza al agente fiduciario BoNY, dada su “pública y notoria incapacidad de actuar” por un fondo fiduciario constituido por el Banco Nación, en una cuenta del Banco Central idéntica a la que tiene allí el BoNY. El cambio de legislación y jurisdicción es apenas una posibilidad que el Estado pondría a disposición de los tenedores de títulos, sólo si ellos lo solicitaran ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro”, impuesta por los tribunales de Nueva York. Otra afirmación corriente sobre el tema es que el actual gobierno no puede desconocer la jurisdicción de Wall Street porque la aceptó en los canjes de 2005 y 2010. El detalle que falta es que el litigio se dirime en el tribunal de Griesa, no involucra títulos emitidos en aquellas reestructuraciones sino antes del default de fin de siglo, por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Por Horacio Verbitsky
Mexicano, radicado en Londres pero también con residencia en Nueva York, David Martínez Guzmán tiene fuertes inversiones en la Argentina, no sólo financieras, y mantiene estrechas relaciones con el gobierno nacional y con los principales medios y figuras de la oposición. Socio del Grupo Clarín con el 40 por ciento de Cablevisión, fue el accionista minoritario que aceptó la ley audiovisual y antes del emblemático plazo del 7 de diciembre de 2012 formuló una propuesta de adecuación cuando la Corte Suprema de Justicia aún no había convalidado su constitucionalidad. El Grupo Clarín impugnó esa propuesta alegando que el accionista minoritario carecía de facultades para presentarla pero al año siguiente la hizo propia, evitando de ese modo que el Estado le impusiera una adecuación de oficio y le impidiera decidir de qué activos debería desprenderse y a quien vendérselos. Desde el comienzo del conflicto, Martínez trató de mediar entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional, alegando que su interés no era la política sino el negocio de la televisión por cable. Temperamentalmente inclinado a la negociación nunca compartió las pasiones del caso. Sensible a las posiciones del ex presidente Néstor Kirchner, sin embargo fue comprensivo con la posición de Héctor Horacio Magnetto a quien, según Martínez, no era razonable exigirle “una rendición incondicional”. Además es el accionista principal de Telecom Argentina y está a la espera de la aprobación oficial para la toma de control de esa empresa de telecomunicaciones, para lo cual debería desprenderse de su participación en Cablevisión porque la ley prohíbe que los prestadores de servicios públicos posean medios de comunicación audiovisual. Bajo y delgado, aparenta menos de los 57 años que tiene. También es el accionista controlante de Genneia, una empresa de energías alternativas radicada en Neuquén. En una carta enviada hace un mes al matutino La Nación, Martínez Guzmán dijo que su “apuesta consistente, exitosa y de largo plazo en la Argentina se basa en sus sólidos fundamentos de crecimiento, y en el caso de los bonos soberanos reflejan mi juicio de que la Argentina es sin duda uno de los mejores créditos de la región”. Luego de cuestionar la sintonía de ese diario “con los intereses de los fondos litigantes”, Martínez concluyó que “el proceso de reincorporación de la Argentina a los mercados internacionales será acelerado, ayudado ciertamente por su indiscutible solvencia financiera y la firme y probada voluntad de pago de su gobierno”. En 2012, puso fin a una conversación off the record sobre su relación con el Grupo Clarín y las perspectivas de aplicación de la ley audiovisual, anunciando que lo esperaba el intendente de Tigre, Sergio Massa.
ANALISIS SOBRE EL RECHAZO AL PROYECTO OFICIAL DE PAGO SOBERANO DE LA DEUDA EXTERNA
Los opositores no quieren riesgos
Con matices, la mayoría de la oposición adelantó que no acompañará la iniciativa oficial para pagar la deuda en la Argentina. Página/12 consultó a politólogos para entender las causas y consecuencias de la actitud en contra del gobierno nacional.
Por Sebastian Abrevaya
Todos en contra. Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Binner y Pino Solanas.
Al anunciar el envío de la iniciativa al Congreso, la presidenta Cristina Fernández hizo especial hincapié en la voluntad del oficialismo de aceptar modificaciones y alternativas: “Estamos siempre abiertos a las propuestas y somos todo oídos a quienes tengan una solución mejor. El proyecto está en el Parlamento y cualquier ciudadano puede ir a exponer y aportar ideas”, aseguró CFK. Sin embargo, y a pesar de los constantes reclamos por la “falta de diálogo” del kirchnerismo, el grueso de la oposición no recogió el guante sino que, en algunos casos, denunció la intención de “socializar” la responsabilidad en un conflicto mal manejado. Esta actitud opositora contrastó con el viaje que realizaron hace unos meses a Estados Unidos acompañando al Frente para la Victoria antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema norteamericana. De esa visita a Nueva York habían participado legisladores de todas las bancadas políticas, con excepción de la Coalición Cívica.
Tras el reciente anuncio, el primero en salir a cuestionar al gobierno fue el PRO de Mauricio Macri: “No vamos a aplaudir el default como lo hicieron muchos en 2002. Por eso, el bloque de legisladores del PRO va a votar en contra de este proyecto”, dijo el jefe de Gobierno porteño. Luego le siguió el líder del Frente Renovador, Sergio Massa: “No vamos a acompañar el camino elegido, es equivocado y peligroso”, sostuvo Massa, que para diferenciarse del líder del PRO anticipó que presentarán una propuesta alternativa. Los radicales también cuestionaron al Gobierno y rechazaron el proyecto que propone un canje voluntario de los bonos bajo ley norteamericana por otros bajo ley argentina y también reemplazar el pago a través del Banco de Nueva York por Nación Fideicomisos. Para diferenciarse de todos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció su abstención y aclaró que en el caso, muy poco probable, de empate, votaría en contra. El socialista Hermes Binner no quiso anticipar la posición de su partido aunque calificó de “innecesario” el proyecto, igual que la UCR. Además, el ex gobernador santafesino reconoció que en el Frente Amplio Unen analizaron la posición a seguir con cierto temor a quedar asociados a los intereses de los capitales especulativos. El único opositor que se pronunció a favor fue Humberto Tumini, de Libres del Sur, quien si bien le pegó al Gobierno, les pidió a sus socios del FA-Unen diferenciarse de la postura macrista.
En este contexto, Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, consideró que la oposición “está utilizando su sentido común”. “Si se alinea con el Gobierno, no capitaliza la confrontación con Griesa y corre el riesgo de pagar el precio después de enero, cuando el frente internacional se abra a distintas resoluciones. No importa si es por convicción o por oportunismo, la respuesta de la oposición no puede ser otra que denunciar a los buitres y al Gobierno”, afirmó Calvo, en línea también con el planteo de Leiras. La referencia al mes de enero se debe al vencimiento de la cláusula RUFO, la que establece que la Argentina debe equipararles a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 cualquier oferta superior a la que se les hizo a ellos. En el escenario actual, a partir de esa fecha podría producirse una negociación con mayor libertad con los holdouts.
Por otro lado, Calvo sostuvo que la oposición no pagaría un costo por oponerse a la medida, aun cuando el oficialismo lo venga cuestionando por tener una “actitud mezquina”. “No tiene mayoría en el Congreso, no maneja el Ministerio de Economía, no tiene vínculo con Griesa y no tiene control sobre ninguna política del Gobierno. Se puede sentar, criticar a Griesa y al Gobierno, decir que lo hubieran hecho bien y esperar que le llegue el turno para probarlo”, remató el investigador, casi describiendo la conferencia de Massa en el teatro Picadilly cuando luego de cuestionar la iniciativa kirchnerista afirmó: “Este conflicto tiene solución. Si no nos escuchan, en 476 días (los que faltaban para el fin del mandato de CFK) lo vamos a resolver nosotros”.
Por su parte, Leiras diferenció al radicalismo, ya que al tratarse del principal partido de oposición en el Congreso, actúa con una “responsabilidad institucional” y evita correr riesgos en un escenario que se asoma incierto. Según el politólogo, a diferencia de otros casos como la estatización de YPF, que la UCR acompañó con su voto, la ley de pago soberano no tiene un abanico de consecuencias claras que permita aventurar los distintos escenarios que se desencadenarían con su aprobación. Por eso tampoco es negocio para los opositores acompañar al Gobierno.
Nicolás Tereschuk, politólogo y uno de los editores del blog Artepolítica, hace hincapié en la “fragmentación” del espectro opositor, en contraposición con la “homogeneidad” del oficialismo y sus precandidatos presidenciales. “Cuando se habla de la crisis de los partidos políticos y la destrucción del sistema de partidos a partir de 2001, habría que pensar si el FpV –con todas sus flaquezas institucionales– no termina posicionándose como ‘un partido como los de antes’ donde hay diferencias sobre distintos temas entre los candidatos pero no sobre un conjunto de temas centrales, una ‘plataforma’”, analizó Tereschuk.
El politólogo agregó que al igual que en otros sistemas presidencialistas sudamericanos, con bajo nivel de institucionalización, el choque no se da entre partidos (oficialismo-oposición) sino directamente entre el presidente y la oposición. “El presidente suele estar en el centro y la oposición reacciona. En este caso se da lo mismo”, completa. Por otro lado, incorpora otro elemento para entender la actitud de la oposición: “Los candidatos no actúan en el vacío. Hay sectores que los apoyan. Si firman documentos con el Foro de Convergencia Empresarial (la Rural, UIA, AEA, IDEA, etc.) tienen vínculo con sectores a los que este tipo de planteos de Cristina les parecen negativos, no van a salir tampoco a apoyar la iniciativa”, concluyó.
Fuente:Pagina12
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