02 de Septiembre de 2014
Primer caso en la provincia que aborda la complicidad judicial con el genocidio
Un ex juez y un ex fiscal de Chaco irán a juicio por su actuación en la dictaduraRoberto Mazzoni y Luis Córdoba habrían encubierto tormentos.
Imputados - Córdoba (izq) y Mazzoni, a juicio tras cinco años de dilaciones.
La elevación de la causa fue ordenada por el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky. Ahora, será el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña el que deberá fijar la fecha de inicio del proceso. De lograr conformar el tribunal, el debate podría comenzar este mismo año.
El juez decidió elevar los casos de Mazzoni y Córdoba por incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y el encubrimiento de los tormentos a detenidos que estaban a su disposición.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, que integran Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, había reclamado acusar a ambos como coautores de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos, criterio que el magistrado rechazó. Para los fiscales, la asociación ilícita habría permitido visibilizar el rol conjunto de la justicia con el área de inteligencia del Ejército y con la policía provincial.
Córdoba y Mazzoni son los sobrevivientes de una camada de funcionarios que con su accionar garantizaron la impunidad del genocidio en esa provincia. Junto a ellos actuaron los ya fallecidos Carlos Flores Leyes y Domingo Reska, secretario y prosecretario del juzgado federal que encabezó el ex juez.
TRABAS. La causa tiene larga data y debió sortear muchas trabas y demoras, característico de las causas en las que la justicia se investiga a sí misma por su actuación durante la dictadura. El pedido de indagatoria ocurrió en 2009. Sin embargo, el primer juez de la causa, Juan Piñero, evitó que quedaran imputados al dictarles el sobreseimiento.
Recién con la salida de Piñero, apartado por haber representado como abogado al acusado Casco, Córdoba y Mazzoni fueron indagados y detenidos por Skidelsky, en 2012.
"Fueron integrantes del plan sistemático en virtud que habrían tomado conocimiento de los hechos que habrían cometido miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad afectados a la ‘lucha contra la subversión’", señalaron los fiscales. Y agregaron que "tuvieron en sus manos el conocimiento y decisión de numerosos legajos que daban cuenta y denunciaban las atrocidades que ejecutaban las fuerzas militares".
El aporte de Cordoba y Mazzoni fue sustancial, señalaron los fiscales: "(Militares y policías) contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo sin que los magistrados federales se inmuten, pues eran parte del mismo equipo". "Los mandos militares y policiales sabían que la justicia federal no iba a actuar, hicieran lo que hiciera, cualquiera fuera la atrocidad que cometieran", detallaron.
El aporte de los imputados fue decisivo porque "sus actuaciones diligentes y oportunas hubieran impedido en algunos casos el accionar criminal", y al no haber investigado "aseguraron la continuidad de la ejecución del plan de represión", concluyó la unidad fiscal.
LAS VICTIMAS. Las denuncias contra Córdoba y Mazzoni se acumulan en la justicia desde la vuelta de la democracia. Ya en el Juicio a las Juntas, la ahora senadora Graciela de la Rosa, denunció al poder judicial chaqueño como cómplice de su cautiverio. "El juez Córdoba, a quien acompañaba su secretario Flores Leyes, me hizo pasar al despacho de noche y me puso una lámpara sobre los ojos. Se reían a carcajadas, entonces les pregunté si estaba en un interrogatorio policial o ante un juez federal y me respondió: "'Pensá lo que quieras que es lo mismo, vos sabes cómo es esto, trabajamos en equipo'", contó la testigo.
Fuente:TiempoArgentino
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