Los carabineros de Bachelet son igual a los carabineros de Pinochet
Dura represión policial en Chile, en la recordación del golpe pinochetista: una mujer muerta y heridos por el aniversario del golpe de Pinochet
11.09.2014
Santiago, Chile - Una mujer muerta por un disparo en la cabeza, un policía herido en el rostro, un colectivo quemado y daños diversos fue el resultado de disturbios ocurridos en Santiago esta madrugada, cuando se conmemora el 41º aniversario del golpe que encabezó Augusto Pinochet en 1973, y a dos días del atentado explosivo en el subte santiaguino que provocó 14 heridos. Según fuentes policiales, los disturbios se concentraron en los municipios de Peñalolén, San Bernardo, Quilicura y Cerro Navia, donde grupos de encapuchados levantaron barricadas, encendieron fogatas, atacaron vehículos y se enfrentaron con la policía.
En La Granja, en el sector sur de Santiago, una mujer de 64 años recibió un balazo en la cabeza cuando regresaba a su casa tras un paseo.
La víctima, identificada como Rosa Ester Mandujano Muñoz, de 68 años, murió esta mañana luego de que los médicos intentaran salvarle la vida por espacio de 10 horas y las autoridades policiales confirmaron que se trató de una bala perdida, por lo que el hecho quedó sujeto a investigación y que en ese momento no había manifestaciones en el sector.
En San Bernardo, al sur de Santiago, el cabo de Carabineros Marcelo Burgos fue alcanzado por esquirlas en un ojo y otras partes del rostro cuando apagaba una barricada en la avenida Colón de ese municipio. En los incidentes, los manifestantes incendiaron también un automóvil y trataron de atacar una comisaría de Carabineros.
Pasada la medianoche, una veintena de encapuchados incendiaron un colectivo del transporte urbano en Peñalolén, al sur oriente de la capital chilena, aunque siete de ellos fueron detenidos por la policía.
Más de mil detenidos por disturbios en Chile
septiembre 12, 2014
“Actos de vandalismo en la periferia de Santiago, dos colectivos quemados, barricadas, tiroteos y mil 300 detenidos”, resume el diario El Clarín como balance de la jornada de protestas en el marco de un nuevo 11 de septiembre.
Cabe señalar que el 11 de septiembre es una fecha emblemática para los chilenos, se conmemoran 41 años del golpe de estado militar de Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende, motivo por el cual incluso la presidenta de Chile, Michelle Bachelet encabezó un evento para conmemorar la fatídica fecha; la presidenta fue víctima de la represión de la dictadura, por lo que aprovechó el aniversario para hacer un llamado a romper el silencio, para que se haga justicia; “Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados, lo he dicho estos días y lo repito hoy: es el momento de hermanarnos en la verdad y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, señaló la presidenta en solemne ceremonia.
Chile ha conmemorado desde hace varios años esta fecha, no obstante fue en el año 1998, en la comunidad de La Pincoya, que en el marco de protestas por el 25 aniversario del golpe de estado, Claudia López, una joven militante anarquista y estudiante de danza, fue asesinada por la espalda por un carabinero (policía), desde entonces se ha convertido en una de las fechas simbólicas para el anarquismo chileno, en la cual acostumbran realizar barricadas, marchas y demás actos de protesta en contra del sistema.
Esto lo sabe la policía de Chile quien tiene presente también que es uno de los periodos más activos de los jóvenes disidentes chilenos, pues desde los últimos días de agosto, realizaron también decenas de actos de protesta que desbordaron el orden social en las calles, conmemorando el asesinato de otro joven chileno Manuel Gutiérrez Reinoso, quien a sus 16 años, fue muerto por las balas de la policía al momento que llevaba a su hermano en silla de ruedas a mirar de cerca las protestas con barricadas, una de las llamas de esperanza que ha encendido la mecha en los corazones de miles de jóvenes chilenos quienes acostumbran desbordar las protestas con ataques contra emblemas del poder financiero y la policía en estas fechas.
La policía de investigaciones de Chile, informó hace unas horas que la ola de protestas en el marco de un nuevo 11 de septiembre, ha dejado esta vez un saldo de hasta el momento mil 350 detenidos.
Seis policías heridos y barricadas en el 41 aniversario del golpe en Chile
12/09/2014
Santiago de Chile, 11 sep.- Seis carabineros heridos, barricadas y enfrentamientos con la policía se registraron en distintos puntos de la capital chilena al filo de la medianoche de este jueves, en un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973. Además, una decena de municipios de la región metropolitana del Gran Santiago sufren cortes en el suministro de energía eléctrica como consecuencia de la acción de grupos vandálicos, informó la compañía distribuidora Chilectra.
La conmemoración del 41 aniversario del golpe militar está marcada este año por el atentado del lunes en una estación del metro de Santiago, que causó 14 heridos, y tres explosiones ocurridas posteriormente en un centro comercial de la contigua ciudad de Viña del Mar.
El incidente más grave en lo que va de esta jornada sucedió en el municipio santiaguino de San Benardo, donde el oficial de Carabineros José Herrera Elgueta recibió una perdigonada en el rostro y fue trasladado a un hospital que informó de que su vida no corre peligro.
Además, en la comuna de Renca el sargento segundo José Cid Manríquez recibió un disparo en un pie y fue traslado en una ambulancia hasta un centro asistencial para ser atendido.
En el municipio de Melipilla un grupo de individuos lanzó cócteles molotov y disparos de perdigones a las fuerzas especiales de Carabineros en las proximidades de una caseta de peaje de la autopista y cuatro policías resultaron lesionados.
Uno de los policías heridos fue trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago, distante 70 kilómetros.
El metro de la capital se vio obligado a clausurar el servicio antes de su horario habitual la línea 4 debido a que varios trenes fueron atacados en el tramo que transcurre en superficie, mientras que en el municipio de Puente Alto un autobús del sistema de transporte público Transantiago fue incendiado por desconocidos.
Además, en la autopista urbana Vespucio Sur, que lleva al aeropuerto, varios encapuchados lanzaron bombas molotov a los vehículos, informó Carabineros.
Este incidente hizo que varios de ellos se dieran la vuelta y regresaran en sentido contrario hacia Santiago, informaron los propios automovilistas a radio Biobío.
Por otro lado, un corte de energía eléctrica afectó al hospital Luis Tisné, en el municipio de Peñalolén, que pudo seguir funcionando gracias a un generador para casos de emergencia.
Los desórdenes se extendieron a otras ciudades de Chile, entre ellas Concepción, Viña del Mar, Valparaíso y Chillán.
Poco antes de que comenzaran los disturbios, cientos de personas se congregaron en los alrededores del Estadio Nacional, considerado como el principal centro de detención después del 11 de septiembre de 1973, para rendir un homenaje a los ejecutados y desaparecidos tras el golpe.
Los familiares de las víctimas de la represión también rindieron tributo a sus seres queridos con un acto cultural celebrado en Villa Grimaldi, principal centro de detención, tortura y exterminio de la policía política de Augusto Pinochet entre 1974 y 1978.
CHILE
11 de Septiembre en Lo Hermida: “…Y verías la vida tal como es”
Crónica de la noche del 11 desde la población
Lo Hermida, con la visión que los medios de comunicación no se atreven a mostrar porque cuando no hay desorden la prensa no llega.
por Angela Barraza Risso·
Por esta razón, hicimos eco a la invitación que recibimos, de ir a pasar el 11 de septiembre a la Población Lo Hermida. Para que las versiones de la oficialidad no sean las únicas que se encuentren disponibles y se puedan enterar, gracias a sus protagonistas, de como son realmente las cosas.
A las 9 de la noche, en la estación Grecia de la línea 4 del metro, el clima tenía un color enrarecido. Muy poca gente circulando, negocios cerrados y silencio. Más parecía una escena de The Walking Dead que una estación de metro. La poca gente que transitaba por el lugar lo hacía con expresiones de preocupación (en la mayoría de los casos) y con paso apurado. Al salir del metro, lo primero que se veía era un grupete de Carabineros, custodiando la calle y atrás, una hilera de barricadas. Los amigos de Lo Hermida me fueron a buscar al lugar y subimos hacia el oriente por Grecia, caminando, para que pudiera hacer una impresión de lo que estaba pasando.
A parte de barricadas, se veía harta gente que miraba desde fuera de sus casas. Familias completas conversando de forma relajada. Muchas risas, chistes, niños jugando, y pequeños grupitos de personas que sumaban cajas o palos al fuego. En realidad más parecían fogatas de playa que barricadas y esa dinámica se repetía en cada esquina, pasando también por La Faena, hasta llegar a Lo Hermida.
Mientras caminábamos la gente me iba contando de cómo se vive año a año la conmemoración del golpe militar en la población.
Me comentaban de la represión de Carabineros, de la forma en que los gaseaban, de que la gente estaba cansada de la estigmatización injusta, de que los medios los identificaban como un lumperío que arroja escenas casi de guerrilla, y también me comentaban de que muchos de los “manifestantes” son personas de afuera. Porque sentían que usaban la fecha y la población como una forma de hacer “turismo extremo” y que eso molestaba profundamente ya que validan lo que dicen los medios de prensa y luego toman sus pilchas y se van, dejando atrás el olor a lacrimógenas, la basura, los trastes quemados y llegan a sus casas limpias y con otro paisaje.
Me contaron también de la historia potente de Lo Hermida, de su tradición política, de las ejecuciones que se llevaron a cabo en dictadura y de cómo la gente se levanta con fuerza y se organiza, a pesar de satanización mediática, de la pobreza, la droga, la falta de oportunidades.
Me contaron la historia de su sede social, de los avances que se han hecho en materia de programas educativos alternativos, de la liga de fútbol femenino, de la biblioteca popular, de las bordadoras que siguen con la tradición de Violeta Parra y del amor y del orgullo que sienten por esa historia común de esfuerzo que ha sido una característica distintiva de su gente.
A medida que avanzaba la noche, nos internamos por los pasajes y lo que vi fue realmente lindo: una población en donde la gente se conoce y conversa. En donde las familias salen a comentar lo que pasa, en donde se preguntan mutuamente cómo están, con interés real por el vecino. Pero también vi en sus caras la preocupación por el día siguiente, por sus ancianos enfermos, por sus niños con asma, ya que sabían lo que se venía.
De pronto, los gritos, los “chaucha”, los silbidos, los disparos y la humareda. La gente entrando rápidamente a sus casas, abriendo las rejas para dar resguardo a quien lo necesita. Los pacos en sus carros blindados gaseando las calles, entrando a toda velocidad por los pasajes, volviendo el aire irrespirable.
Sus arremetidas eran tan violentas que no quedaba nadie en la noche y aun dentro de las casas era difícil respirar. No faltó el cafecito amigo que apareció para relajar la garganta y poder seguir conversando.
Mientras pasa la historia de tal o cual, se siente un ruido similar al zumbido de un insecto grande. Todos empezamos a preguntarnos qué pasa, hasta que nos damos cuenta de que anda un dron sobrevolando nuestro cielo. Bajito, rasante con la intimidad de nuestros cigarros y nos deja con la sensación de que nos están escuchando.
Y luego otra vez gente corriendo, metiéndose por los pasajes para buscar resguardo. Humo, más humo y entre el humo los códigos para saber quién anda y era verdad eso de que están los anarkocuikos haciendo el turismo del rebelde y son más de los que yo pensaba. Atrás se queda un amigo quien está tan afectado por las bombas que no puede respirar, sus ojos están super rojos, y al final vomita. Allá parten un par de vecinos para asistirlo. Esa dinámica se repite hasta, más o menos, las 2 de la mañana, en donde quedamos todos tan afectados que se acabó el mambo.
Me sorprendió la violencia, la cantidad de bombas lacrimógenas que se lanzaban al interior de los pasajes, sin importar si adentro estaba Al-Qaeda, un matrimonio de octogenarios conectados a un tanque de oxígeno o una mujer recién parida. Ahí todos éramos como bichos a los que había que echarles tanax. Me sentí como un pulgón siendo fumigado varias veces porque se resiste a caer. Y las bombas que eran disparadas por mano eran lanzadas a los cuerpos. En mi tránsito por Lo Hermida pude ver a par de un lesionados por los golpes de las bombas y ante mi pregunta de ¿Por qué no lo denuncian? la respuesta era la misma: ¿Y quien nos va a escuchar? ¿Quién nos va a creer? ¿A quién le va a importar?
“guarda, que está la prensa”
En una de mis vueltas por Grecia, cámara en mano, me tocó ver a un grupo de pacos que estaban custodiando la carnicería Río Bueno. Yo le estaba sacando fotos al monumento de ejecutados políticos que hay en una plaza, porque ahí se realizó un acto conmemorativo y una velatón un poco más temprano. En ese momento, uno de ellos se disponía a disparar una bomba lacrimógena a un puñado de personas que estaban al medio de la calle prendiendo un fogón. En ese momento, me doy vuelta y comienzo a sacarle fotos con flash, para que se diera cuenta de que lo estaba viendo (mi credencial es grande y blanca, entonces se iba a dar cuenta de que era de prensa). Efectivamente me vieron y uno de ellos, que estaba más atrás dijo “guarda, que está la prensa”. Gracias a eso, desistió de disparar y volvió a su sitio. Eso dejó en clara evidencia que no era bueno lo que estaba haciendo. Que no debía ser retratado y que la ausencia de ojos de prensa permite que actúen con total impunidad. Lo cierto es que nunca se imaginaron que había prensa del otro lado. Ni en una casa gaseada; ni en un pasaje y escuchando los testimonios de personas que llevan años padeciendo lo mismo, para retratar, no sólo en fotografías, sino con palabras.
Y verías la vida tal como es
Estamos acostumbrados a que nos digan que Villa Francia, Villa Portales, San Bernardo, La Pincoya, La Victoria, La Legua, El Castillo, La Faena, Los Copihues, Los Morros, Villa Parinacota, Huelén con Mapocho en Cerro Navia, La Huamachuco, Lo Hermida, y un largo etc. son puntos conflictivos en la ciudad y no únicamente los 11 de septiembre. Y es verdad. Pero están enfocando mal el conflicto. Acá se está banalizando un tema que es más profundo y más duro que un semáforo roto o neumáticos quemados. El problema de fondo es que en Chile hay una pobreza que se mete debajo de la alfombra; que hay ciudadanos que están siendo víctimas de discriminación por vivir en donde las papas queman; que es más fácil decirle al resto de los afortunados que no viven en una población que no pasen por ciertos lugares, antes de hacerse cargo y preguntarse realmente por qué pasa lo que pasa.
Esta crónica tiene como objetivo liberar la voz de una colectividad. Hacer que esta experiencia circule y que llegue a todas las poblaciones en donde pasa lo mismo para representar en una minúscula parte lo que nadie más se atreve a mostrar. Quisimos ser un aporte en el retrato, siempre parcial, de una historia mal contada. Para dar un poco de objetividad, aportando el punto de vista del que está siendo grabado por los canales como un delincuente. Porque esa mirada es unilateral, arbitraria y violenta para el pobre que se encuentra indefenso ante los aparatos de difusión del poder.
Finalmente quisiera agradecerle a toda la gente linda que me atendió y me cuidó en Lo Hermida. A Félix, a Claudio, a Ricardo, al Cholo, al Gato, a Fernando y a todos los que se organizan y siguen luchando la mañana del 12, a patadas con los cascos de las bombas (que son demasiados) y el resto de los días del año. Agradecerle también a la gente que posó para las fotos, demostrando que no tienen nada que ocultar ni temer porque no son más que gente igual que los que están leyendo esto.
Fuente: El desconcierto
Incidentes en Concepción por conmemoración del 11 de septiembre
Con el bloqueo del tránsito y enfrentamientos con Carabineros un grupo de desconocidos comenzó la mañana de este jueves en Concepción.
Los incidentes se registraron frente al Liceo Enrique Molina Garmendia durante una nueva jornada de 11 de septiembre.
Posteriormente los efectivos ingresaron al establecimiento, ya que algunos sujetos comenzaron a lanzar piedras y bombas molotov desde la terraza del liceo.
BURLA GENERALIZADA a periodista de CHILEVISION por cobertura de incidentes por el 1 de septiembre
La periodista Daniela Valdés, reportera del canal abierto Chilevisión fue objeto de burlas tras despachar en terreno los incidentes asociados al 11 de septiembre con casco y chaleco antibalas. Las redes sociales no esperaron para difundir imagenes exagerando el contexto de la solitaria reportera.
Por Equipo El Desconcierto
11/09/2014i
Así apareció la reportera, y en las redes explotó la burla generalizada.
CHILE LOS MILITARES GENOCIDAS SIGUEN REIVINDICANDO EL GOLPE PINOCHETISTA
El texto apareció en un diario nacional y en él condenan los procesos en contra de quienes "crearon las condiciones que nos dieron la seguridad". "Jamás abandonaremos a los que expusieron su vida por la grandeza de Chile", afirmaron.
10/09/2014
Esta frase es parte una inserción titulada "Saludo a todo Chile" que apareció publicada en un diario nacional a un día de la conmemoración de los 41 años del golpe de Estado en 1973 al país y que es firmada por varios organismos vinculados a las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidos algunos con personal en retiro.
El texto, que aparece inserto en la edición de La Tercera de este miércoles, expresa una reivindicación del golpe militar y se condenan los procesos en contra de algunos miembros de las FF.AA. y de Orden por su actuar en dictadura.
"Saludamos a todos los Chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. La tarea de reconstrucción efectuada por toda la Nación de las FF.AA. y de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973, sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y la seguridad", dice la inserción.
Además, señala que, "sin embargo, hay un tema pendiente, mientras delincuentes, subversivos, terroristas y asesinos de militares han sido indultados, amnistiados o protegidos; quienes combatieron y crearon las condiciones que nos dieron la seguridad y orden imperantes que permitieron el progreso de la Nación, en la actualidad han sido condenados sin el debido proceso y faltando a principios jurídicos universales".
Los organismos firmantes de este texto aseguraron que "no descansaremos de hacer presente, en todos los lugares posibles y ante quien sea necesario, esta irregular situación que hiere el concepto de justicia y solidaridad de todo chileno".
Reacciones ante inserto
Al respecto, el ex alcalde de Providencia, coronel en retiro Cristián Labbé, explicó que "lo que queremos señalar es la unidad de las instituciones armadas en el grado de gente pasiva, que está en retiro, que mantenemos una unidad tradicional de nuestras instituciones".
"Tenemos en estos días el espíritu muy alto, pero la inserción habla por si sola, a buen entendedor pocas palabras. Lo que quisimos comunicar está suficientemente claro y compartido por las cuatro instituciones", añadió.
Por su parte, el presidente del Cuerpo de Generales en Retiro, Iván González, indicó que "yo no estoy diciendo injustamente condenados, yo no estoy hablando de la resolución de los jueces, pero nosotros creemos que las disposiciones que se apliquen a nosotros sean las mismas que se aplicaron para el resto, que se respeten normas jurídicas, la prescripción, la cosa juzgada, que los delitos que se castiguen sean los que están vigentes en la normativa legal".
"Hay errores, nunca se recibió, nunca hubo una orden de exterminio, son cosas individuales, son situaciones individuales no institucionales", agregó. Mientras tanto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, recalcó que "estuve seis meses en los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, vendado, torturado todos los días. Después me mandaron casi dos años a campos de concentración y nunca fui juzgado, nunca tuve debido proceso".
"Entonces de qué se quejan ellos que actuaron de esa manera, ellos son los culpables de la situación que ha vivido Chile y que todavía desgraciadamente nos sigue dividiendo en estas épocas", sostuvo el diputado. Y el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, aseguró que "lo que está plasmado ahí es la opinión de un grupo de personas que se siente afectada.
Es muy respetable, muy legítimo, podrá uno compartirlo o no. En lo persona, Renovación Nacional ha sido clara: la llamada es mirar hacia el futuro con pleno respeto a los derechos humanos y con condena como lo hemos dicho desde los primeros días, no ahora, no en los últimos meses o con cartas de última hora.
Fuente: www.cooperativa.cl
CHILE
Seis meses de gobierno de Bachelet: seguimos gobernados por titulares
por www.eldesconcierto.cl
Al cumplirse 6 meses de gobierno de la Nueva Mayoría, parece un momento propicio para realizar balances y evaluaciones sobre la gestión gubernamental. Tras el vértigo de los primeros cien días, plagados de anuncios y declaraciones rimbombantes (en la retina quedará lo de la retroexcavadora que no fue), hoy transversalmente se percibe un momento de tensa calma y creciente cuestionamiento, dado fundamentalmente por tres factores: una errática agenda gubernamental agudizada por las tensiones internas de la NM; un reagrupamiento de la oposición de derecha, severamente derrotada en la última elección; y el rechazo que actores sociales como la CONFECH o las bases del Colegio de Profesores, han mostrado ante las iniciativas oficialistas. Esto ha llevado incluso a algunos dirigentes de la NM a sugerir la posibilidad de un ajuste de gabinete para reforzar áreas que han funcionado deficitariamente.
A nuestro juicio el problema radica en que se empieza a hacer carne una crisis de las expectativas abiertas con la asunción de Bachelet. Estas se sustentaban en la promesa de apertura de un nuevo ciclo de reformas sociales y políticas, que darían respuesta a las demandas ciudadanas por transformaciones estructurales, que se venían expresando en diversos frentes desde el año 2006 a lo menos. También se creía que las fuerzas políticas que llegaron a reforzar a la vieja Concertación (PC, RD, MAS, IC), le imprimirían una nueva energía y presionarían por mayores avances en materia social.
Nada de esto ha ocurrido.
Primero, y en esto hay que ser muy claros, el programa de gobierno enunciaba algunos cambios importantes, pero sin comprometer en varios casos plazos concretos o medidas precisas. Es un documento lleno de lagunas y prolífico en sus expresiones de deseos y consignas. Este marco conceptual (el programa), era lo suficientemente ambiguo como para ser suscrito y respaldado por actores políticos tan disímiles como los que hoy conforman el conglomerado oficialista. Es decir, es un documento útil para hacer campaña, pero poco funcional a la hora de diseñar una agenda de gobierno y medidas legislativas. Esto lo hace fácil presa de la manipulación, la interpretación interesada, lo que conduce a equívocos y malos entendidos
El gobierno se ha pasado seis meses tratando de explicar lo que quiere hacer, explicando y re-explicando sus dichos, desdiciéndose frente a la cuña desafortunada o borrado alguna iniciativa preliminar que no cuenta con piso político. Esto genera un cuadro de incertidumbre, al cual la derecha y los medios interesados han sabido sacar partido para mostrar las inconsistencias programáticas del bacheletismo. Por otro lado, las llamadas reformas estructurales han ido “bajando la puntería”, y se han ido ajustando paulatinamente “a la medida de lo posible”.
La reforma tributaria, sin mediar necesidad, salió a buscar en los salones y cocinas del gran empresariado la anuencia de los poderes fácticos. La presidenta desestimó recientemente la asamblea constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución. Por su parte en educación, tras anunciar el 21 de mayo la reforma más importante de los últimos 50 años, esta se ha enredado en proyectos de ley específicos, sin una hoja de ruta clara, ni un diseño integral que apunte a cambios profundos. En estricto rigor, lo que tenemos son 3 proyectos de ley, pero no una reforma que aborde cambios en el currículum, la formación inicial docente, la institucionalidad y el financiamiento del sistema de educación superior, el aseguramiento de la calidad, entre otros temas sobre los cuales hace años existe consenso entre los actores incumbentes sobre la necesidad de abordarlos.
Por último, a estas alturas surgen legítimas dudas sobre la real vocación transformadora de las fuerzas del arco progresista de la NM. Es un dato que estas han sido incapaces de contrarrestar a los sectores conservadores de la coalición, pero también se les ha visto obsecuentes con los tibios enunciados provenientes de La Moneda. A ratos parecen más interesados en demostrar que son capaces de maniobrar como bisagras con el movimiento social, dada su presencia en organizaciones sindicales y gremiales, que de impulsar reformas en el plano laboral o educacional. Se aprecia que gastan tiempo tratando de desacreditar (sin éxito por cierto) el rol del movimiento estudiantil y a la vez guardan silencio (para resguardar los equilibrios al interior de la NM) frente al actuar de Walker, Armanet, Aylwin y compañía. Claramente fuerzas políticas como RD y el PC deben definir si sus tesis de “colaboracionismo crítico” o “un pie en el gobierno y el otro en la calle” se sustentan a estas alturas del partido o requieren hacer una nueva lectura.
En síntesis, a seis meses seguimos gobernados por titulares. Los mismos que venimos escuchando desde la larga campaña presidencial. Los tiempos políticos empiezan a agotarse y de no haber un giro radical en el actuar gubernamental, asistiremos a un nuevo fracaso político de Bachelet, tal cual ocurrió con su mentado “gobierno ciudadano” en su período anterior.
Fuente: www.eldesconcierto.cl
Tras el atentado en Santiago:
LAS BOMBAS EN SANTIAGO Y LA URGENCIA DE UNA REFLEXIÓN PROFUNDA
FELIPE RAMIREZ
SEP 10
El reciente atentado terrorista, que afectó a 14 personas en los alrededores de la estación de metro Escuela Militar, ha puesto a la izquierda de súbito ante una serie de temas pendientes que debatir. Entre ellos, el siempre complejo tema de la violencia en las manifestaciones, sobre todo estudiantiles, y la presencia histórica de agitadores eternos al interior de las organizaciones más radicalizadas.
Ante esta situación lo primero es lo primero, y esto es la condena enérgica a un atentado que, sean quienes sean sus autores, golpea al pueblo chileno dejando heridos de diversa gravedad. Esta ha sido la tónica general de los pronunciamientos que las diversas organizaciones de izquierda han realizado, sin embargo resulta necesario enfatizarla, y expresar a través de cualquier medio, no solo la condena, sino que también la solidaridad con las víctimas y sus familias.
Esto, en un momento en el que las sospechas se dirigen casi automáticamente hacia grupos “anarquistas”. Si bien no es posible descartar de entrada la participación de alguna persona o grupo de personas desequilibrados que se reivindiquen de izquierda, la historia nos dice que tampoco podemos ignorar la posible participación de agentes del Estado o de grupos neofascistas en la colocación de la bomba. Consideración que adquiere relevancia en un contexto en el que el gobierno se encuentra asediado por la presión de la derecha empresarial, en orden de frenar las reformas que tímidamente ha planteado el ala progresista de la Nueva Mayoría.
Un punto que no se puede ignorar tampoco, es que en un par de semanas más se realizará una cumbre antiterrorista mundial convocada por los Estados Unidos, en la que se quiere comprometer a Chile en algunos apartados, como recibir presos provenientes de Guantánamo, dar apoyo en el concierto latinoamericano a la estrategia imperialista en Oriente Medio y reestructurar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las FF.AA. bajo asesoría y financiamiento norteamericano. Como decíamos en una columna publicada en este mismo portal hace un tiempo atrás, se hace indispensable debatir respecto a cómo profundizar la democratización de nuestras FF.AA., y esa discusión incorpora necesariamente el debate respecto a los aparatos de inteligencia en un contexto democrático.
El clima de inseguridad que se está instalando puede ser determinante para que el gobierno acepte las condiciones de EE.UU. y se replantee su línea de inteligencia y seguridad, entre ellas su compromiso de una Ley Antiterrorista más respetuosa de los DD.HH. Máxime cuando se encuentra en plena discusión en el Congreso el proyecto que busca derogar la actual Ley Antiterrorista.
De lo que podemos estar seguros es que es importante mantener la calma, mirar los hechos fríamente, y cerrar filas condenando el ataque de manera firme e ineludible, y esa ha sido la tónica del conjunto de la izquierda. Lo segundo, es tomar determinaciones respecto al futuro, enfrentar los debates pendientes y profundizar nuestro compromiso, combatiendo el miedo que se busca instalar de forma progresiva en la opinión pública.
La primera hipótesis: el anarquismo insurreccional
Para los medios de comunicación y varias autoridades, los primeros sospechosos fueron los “anarquistas”, quienes han reivindicado numerosos ataques con bombas durante los últimos años. Si bien los comunicados que han justificado este tipo de acciones son heterogéneos, muchos se han situado desde una postura anti social, criticando no sólo al Estado o al “poder” sino que también a la “masa”. La alusión al caos y a la destrucción violenta del sistema, a figuras como Severino di Giovanni y la lógica del “Ai Ferri Corti” han sido constantes.
Sin embargo, los ataques reivindicados siempre fueron a lugares simbólicos, nunca se buscó generar víctimas, incluso cuando se estaba desarrollando el tristemente célebre “caso bombas”, y fueron realizados en espacios y horarios en los que no habían personas en los alrededores. De ahí precisamente, que las únicas víctimas contabilizadas en este tipo de hechos fueron dos perpetradores de los mismos.
Por supuesto, sería irresponsable descartar la existencia de provocadores e infiltrados en este tipo de espacios, que impulsaran la realización de acciones criminales con el objetivo de generar un escenario que justificara una persecución hacia las organizaciones de izquierda. Ejemplos de infiltraciones ya han sido investigadas, un ejemplo se encuentra en el libro “La trampa (Historia de una infiltración)” que cuenta cómo un miembro de la inteligencia de la dictadura creó una facción del MIR, impulsó acciones radicalizadas y llevó a la muerte a varios jóvenes en su intento por llegar a “peces gordos” de la resistencia.
Tampoco podemos descartar que existan algunos en la izquierda que desprecien de tal manera la vida de humana, de quienes consideran sus “enemigos”, como para realizar un ataque de estas características.
Segunda hipótesis: los aparatos de inteligencia
Históricamente los aparatos de seguridad del Estado han buscado infiltrar a las organizaciones sociales y/o de izquierda. Desde los agentes de policía al interior de los primeros sindicatos hasta la integración de agentes provocadores en partidos políticos, esta práctica ha sido algo sistemático desde hace más de un siglo.
La Ojrana, la policía secreta zarista, llegó a tener un infiltrado encabezando el aparato armado del Partido Bolchevique, y en Chile el ejército infiltró a Osvaldo “Guatón” Romo como dirigente vecinal en Lo Hermida durante la Unidad Popular, y tras el Golpe de Estado apareció entregando gente como miembro de la DINA.
Durante los primeros años de la transición, la Concertación desplegó un aparato de inteligencia llamado “La Oficina”, en orden de desarticular a los grupos de izquierda que continuaban reivindicando la lucha armada. En 1992 ese espacio, conformando por militantes del PS que contactaba ex militantes rodriguistas y miristas para que colaboraran con el gobierno, monta una falsa operación de venta de armas al “Destacamento Mirista Pueblo en Armas” para posteriormente realizar allanamientos.
La CNI por su parte, no solamente armó falsos enfrentamientos para asesinar presos y asaltó bancos para financiarse –asesinando de paso a 2 ejecutivos en Calama en 1981- sino que también hizo explotar un auto frente a la casa del Embajador de Chile en Argentina, René Rojas, debido a tensiones que existían con él a raíz de sus labores en el exterior.
No es posible dejar de mencionar 2 casos ocurridos una década después del regreso a la democracia. El primero es el llamado “Caso cartas-bombas”, desarrollado el año 2001 poco tiempo después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. En ese momento, dos oscuros personajes: Humberto López Candia, antiguo informante de “La Oficina” y ex mirista, junto a Lenin Guardia, ex mirista y ex socialista y “analista de inteligencia” enviaron dos cartas-bombas a la Embajada de Estados Unidos en Santiago y a la oficina del abogado Luis Hermosilla y se contactaron con el gobierno para entregarle información sobre los supuestos responsables. Según develó la investigación policial, el objetivo de ambos fue generar un ambiente de peligro que les permitiera ganar dinero vendiendo información al Ministerio del Interior y que empresarios y políticos contrataran sus servicios como expertos en seguridad.
El segundo hace alusión al memorándum de inteligencia que Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia de la Dictadura (CNI) le intentó entregar al gobierno de Sebastián Piñera en mayo de 2011. En ese documento, el antiguo funcionario de la represión se ofrecía a apoyar las labores de inteligencia de la ANI para neutralizar la actuación de grupos mapuche y anarquistas, así como avanzar en la “neutralización política de Michelle Bachelet” y denuncia que funcionarios de la mencionada ANI le estarían entregando información a políticos de la entonces Concertación. Según afirmó en su momento Radio Universidad de Chile, el contacto sería realizado a través del Senador Francisco Chahuán.
Tercera hipótesis: La extrema derecha
La derecha chilena ha tenido siempre un carácter extremadamente duro a la hora de defender sus posiciones y sus privilegios. A fines del siglo XIX la aristocracia sublevó a la marina en 1891 para derrocar a un presidente, cuyo programa de gobierno buscaba terminar con el monopolio del salitre, y durante el siglo XX no dudó en utilizar al ejército para reprimir huelgas.
En la década de los 30 se formaron las Milicias Republicanas, cuerpo paramilitar que organizó a 80 mil personas en regimientos a lo largo de todo el país,en virtud de apartar a las Fuerzas Armadas de la política luego de la “República Socialista”. Su lema era “Orden, Paz, Hogar y Patria“, y tuvo su continuación en el Partido Acción Nacional, que abogaba por un Estado de carácter corporativo. En esa misma década el Movimiento Nacional Socialista de Chile formó grupos de choque –las Tropas Nacistas de Asalto- para disputar la calle a las organizaciones de izquierda.
Ya en los años 70 un sector de la derecha apostó por el terrorismo y las bombas para evitar que Salvador Allende asumiera el gobierno. Los asesinatos, ataques a la infraestructura nacional y la acción de las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales de “Patria y Libertad” buscaron generar las condiciones para un golpe militar. Luego del 11 de septiembre de 1973, varios de sus activistas se incorporaron a la DINA.
Si bien mucho tiempo ha pasado desde esa época, han sido varias las declaraciones de empresarios que han amenazado con retomar esa senda en caso de que no se ceda a sus demandas y se “meta en cintura” a los sindicatos, o se frenen las tímidas reformas del gobierno. Así lo dijo Sven von Appen en el marco de la huelga portuaria cuando afirmó que si la Presidenta Bachelet tiene un mal manejo económico “buscamos un nuevo Pinochet”. Esa postura la reafirmó el Presidente de La Polar en mayo de este año cuando aseguró que “después no hay que lamentarse si salen reformulaciones nuevas de Patria y Libertad”, en una clara amenaza al gobierno y a la izquierda.
Por otra parte, los viejos grupos neonazis o pinochetistas que se habían organizado a partir de los años 2000 han abandonado la esfera pública, lo que no significa que hayan abandonado su activismo o se hayan desarticulado. Ya sea en su versión más marginal del cabeza rapada que “limpia” la calle, o el despliegue de organizaciones políticas estructuradas como el antiguo “Frente Orden Nacional”, sería un grave error ignorarlos, sobre todo tras la develación de nexos limitados con miembros de los aparatos de seguridad del Estado tras la muerte de Tomás Vilches el año 2006.
Inglaterra supo durante los años 90 del nacimiento de “Combat 18”, una organización armada y paramilitar neonazi responsable de la muerte de numerosos inmigrantes y que durante la pasada década creó células en varios países de Europa y América Latina. Sus miembros combatieron a favor de Serbia en las guerras tras la disolución de Yugoslavia, y actualmente respaldan al gobierno de Ucrania en la guerra civil en contra de los separatistas prorrusos, junto a neo-nazis de una docena de países.
La urgencia de reflexionar
Es claro que en este momento es muy difícil decantar por una de estas tres opciones. Tampoco se trata de jugar al detective y tratar de buscar a los culpables efectivos del atentado de Escuela Militar, pero sí identificar factores de riesgo que de una u otra manera condicionarán el desarrollo del trabajo político de la izquierda de aquí para adelante.
Entre estos están, como decíamos recién, la existencia de grupos aislados y radicalizados hasta el paroxismo en una muy mal comprendida “guerra social”, el despliegue de provocadores y la generación de operativos de inteligencia, para gatillar la represión y perfeccionar la legislación represiva a partir de la Ley Antiterrorista y otras herramientas del Estado, o bien la reagrupación de la extrema derecha tal como sucede actualmente en Europa.
Pero junto con el rechazo firme a este tipo de acciones en términos generales, la izquierda tiene un debate mucho más urgente que desarrollar en torno a la violencia y sus consecuencias.
Durante los últimos años nos ha faltado decisión para tomar una posición ante una serie de sucesos que, a pesar de ser contraproducentes y altamente cuestionables, no han sido condenados por la izquierda ante el temor de ser acusados de “amarillos” o “reformistas”, como si esas denominaciones respondieran a un elemento discursivo, estético o meramente “táctico”.
Es así como no hemos sido capaces de cuestionar aquellas ocasiones en que las manifestaciones callejeras se han transformado de una instancia para demostrar capacidad de movilización, adhesión popular a las demandas y expresión de organización y fuerza, en una mera ritualización del enfrentamiento callejero con la policía.
De igual forma, guardamos silencio cuando en el marco de la valiente lucha de los estudiantes, se causaron graves daños a la infraestructura de diversos liceos en toma.Lo mismo hicimos cuando algunos, aprovechando la lucha estudiantil, realizaron salidas callejeras e incendiaron micros, en más de alguna oportunidad aún con pasajeros arriba.
El año 2011 el movimiento social por la educación fue capaz de copar la calle exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad a pesar de que el gobierno buscó negarnos nuestro derecho a manifestarnos. Mientras el Presidente Piñera intentaba prohibirnos marchar por la Alameda utilizando a Carabineros, el 4 de agosto miles de personas copaban el centro de Santiago y ejercían la autodefensa, prendían barricadas y legítimamente hacían valer su derecho por la fuerza. Esa legitimidad ganada se pierde ante acciones sin justificación como las que mencionábamos.
No se trata de equiparar el ataque en Escuela Militar a las acciones mencionadas, que hasta el momento nadie ha justificado, pero sí de superar trancas que nos dificultan poder tomar una posición clara frente al tema de la violencia más allá de la actual coyuntura. Tampoco se trata de reducir el problema a un plano de ética abstracta, sino de colocar las cosas en perspectiva: el movimiento social tiene derecho a defender sus derechos, incluso cuando ello implique desafiar los marcos legales vigentes o los dictámenes de los gobiernos. Pero la lucha social no puede ser excusa para creer que ésta se trata de ejercer “un método de lucha” por más radical que parezca.
Por último, no es posible pronunciarse sobre este tema sin la consideración acerca la violencia estructural de la sociedad chilena. Las diferencias sociales son claras y evidentes para quien desee mirarlas, los sueldos son bajos, las pensiones miserables, el marco legal actual está diseñado para impedir o dificultar la organización social y la marginalidad es la herramienta favorita de los poderosos para desincentivarla.
Sin embargo, cuando todo ello falla, no hay nada mejor que revivir el miedo. El relato impuesto por la dictadura cívico militar sale a flote ante sucesos como estos. En la calle es posible escuchar comentarios que hacen alusión a un Golpe de Estado, y la desconfianza en el otro, alimentada poco a poco durante estos años, se transforma en parte de nuestra cultura diaria.
La izquierda tiene el desafío de enfrentar y combatir el miedo con organización, con claridad política y con valentía. La militancia como pasatiempo tiene que ser superada, y se tiene que asumir que no hay espacio para ingenuidades y relatos románticos cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas.
Fuente: www.perspectivadiagonal.org
Chile… ¿paraíso del ‘terrorismo’?
Escribe Luis Casado
El idioma ya no es una herramienta de comunicación sino un biombo detrás del cual esconden la realidad. Allí escribí que jamás los esbirros de la DINA o la CNI fueron calificados de ‘terroristas’. Como tampoco lo fueron el general Silva Renard, verdugo de los mineros y sus familias en la Escuela Santa María de Iquique, ni las tropas que fueron a imponer la llamada “Pacificación de la Araucanía”.
Los Lautaro, los Caupolicán, los Colo-Colo contemporáneos, son calificados de ‘terroristas’ por continuar, empecinadamente, la lucha que iniciaron sus ancestros contra la invasión de otros conquistadores no menos bestiales que los de hoy.
Amalgamar diferentes hechos –de variada gravedad– envolviéndolos todos en el cómodo calificativo de ‘terrorismo’ no ayuda ni a entender sus causas, ni a identificar a los responsables. Y esconde una responsabilidad mayor: la del Estado y sus organismos de “inteligencia” (?), supuestamente encargados de prevenirlos.
Una rápida mirada a la historia reciente nos muestra que los malhechores del 99,9% de los atentados a los derechos humanos portaban uniforme de las FFAA, y señala sin lugar a dudas que obedecían órdenes superiores. Un puñado de uniformados duerme en prisión, lo que permite ocultar que sus inspiradores civiles duermen en el Parlamento y a veces en algún ministerio.
En materia de violencia política las clases dominantes le llevan años luz de ventaja a los bomberos locos del anarquismo y de la izquierda pistolera. Si los segundos son ampliamente conocidos de los organismos de “inteligencia”, las primeras suelen formar parte de estos últimos, y a veces los dirigen.
De ahí que cuando un irresponsable ‘combatiente anti-imperialista’ pone un petardo, dos horas más tarde prolongue su reflexión guerrera en prisión. Si hay dificultades para identificar al ‘terrorista’, apuesto mi camisa que el responsable a) ya está en el extranjero, b) se oculta en algún cómodo resort, c) volvió al regimiento, d) ya recibió instrucciones y dinero para fundirse en el medio ambiente.
Los detectives de la literatura policíaca, de Sherlock Holmes a Georges Simenon y Hercule Poirot, pasando por los periodistas de Millenium, suelen hacerse una pregunta ineludible: ¿A quién beneficia el crimen? La fórmula Cui bono, popularizada por Cicerón, es tan antigua como la Roma antigua.
Séneca utilizó otra forma en Medea (acto primero, escena primera, versos 500-501): "Cui prodest scelus, is fecit", o sea: Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido.
De ahí que resulte caricatural que algún diputado sugiera indagar entre los barbouzes de la dictadura. Un policía normalmente constituido no puede despreciar ninguna pista, no debe eliminar ninguna hipótesis ni dar por inocente a nadie sino hasta haber identificado fehacientemente al culpable.
Los americanos, tan dinámicos a la hora de hacer dinero con cualquier vaina, lo comprendieron muy bien cuando produjeron ese portento de falsas pistas que constituye la serie The Killing (¿quién mató a Rosie Larsen?).
Quienes se apresuraron a lanzar sobre Chile el manto de la Reconciliación (¿te acuerdas?) se hicieron responsables de un crimen llamado impunidad, también denominado “Justicia en la medida de lo posible”. Con ello estaban garantizando que la historia se reprodujese algún día no muy lejano. Algo me hace pensar “Henos aquí”.
Ante un sabroso pisco sour, frente al mar en Miraflores (Lima), Máximo me dice: “A la hora de perdonar… me gustaría saber qué diablos estoy perdonando…. Visto que todos son inocentes de crímenes contra la humanidad, que nunca entregaron a los desaparecidos, que hay un pacto de silencio, que la verdad es dispensada con cuenta-gotas, que Ricardo Lagos les garantizó el ocultamiento de la verdad durante 50 años, que los que están en prisión no son sino los lampistas, los ‘últimos monos’, los testa di ferro, los chivos expiatorios… de verdad, me gustaría saber qué diablos tengo que perdonar”.
Yo de investigaciones de este tipo no tengo ni idea. Pero algo me dice (tal vez las películas de Hollywood…) que hay asesinos en serie, psicópatas, genocidas y otros dementes que no se detienen sino cuando los ponen fuera de combate.
Y como asesinos en serie, en los últimos 40 años… ¿Hace falta que te haga un dibujo? fuente: Politika
Ley Antiterrorista: las razones que rechazan su aplicación una vez más
Desde su campaña, la presidenta Bachelet aseguró que su gobierno no volvería a invocar la cuestionada Ley Antiterrorista, promulgada en dictadura, contra el pueblo mapuche.
Pese a que ésta ha sido criticada por diversos organismos internacionales, la presidenta anunció que volverán a utilizarla luego de la explosión de bomba ocurrida en Escuela Militar.
Sin embargo, en los seis meses de gobierno de la Nueva Mayoría, la cuestionada legislación ha sido invocada en tres ocasiones. La última vez fue hace pocos días, luego de que un artefacto explosivo explotara en el Metro de Santiago. Al respecto, el titular del Interior, la propia presidenta y otros ministros de La Moneda defendieron la medida asegurando que en este delito se puso en claro peligro la seguridad de pasajeros y trabajadores.
La Ley Antiterrorista, no obstante, sigue en tela de juicio. Durante años, abogados, acusados, académicos y especialistas han criticado su aplicación en Chile debido a las falencias de la legislación construida bajo la administración militar.
La normativa fue creada en 1984, cuando el régimen de Augusto Pinochet se enfrentaba a la ola de protestas que surgían en el país y un sector de la izquierda comenzaba a validar la vía armada insurreccional. Con la llegada de la democracia, durante el gobierno de Patricio Aylwin, ésta fue modificada para eliminar los rasgos más ideológicos de la ley. Sin embargo, esto no solucionó todos sus problemas.
Organismos internacionales rechazan su aplicación
“El Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo…”, expuso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en el sexto informe periódico que envió a Chile. El organismo está encargado de supervisar la implementación de un tratado sobre derechos humanos adherido por el Estado.
En específico, en uno de sus puntos más llamativos, el documento invitó a las autoridades a asegurarse de que su lucha contra el terrorismo “no esté dirigida a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural”. Además, instó al Ejecutivo a asegurar que las garantías procesales sean respetadas.
En tanto, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, señaló que, más allá de discutir sobre los casos que requieren su aplicación, “el problema es que la ley en sí misma es mala, ya que vulnera los derechos y garantías procesales de los implicados. Es muy vaga. Concordamos plenamente con lo manifestado por la comisión de la ONU”.
La Ley Antiterrorista permite la utilización de testigos “sin rostro”, la extensión de los períodos de prisión preventiva y obstaculiza el acceso a medidas cautelares. Por ello, aseguran juristas como Jorge Contesse y Rodrigo Román, puede afectar directamente los derechos civiles de los individuos.
Por otra parte, el senador PPD Felipe Harboe también ha manifestado sus críticas hacia la normativa, asegurando que “el actual cuerpo fue dictado en un contexto histórico completamente distinto y no pasa los estándares modernos de respeto a los derechos fundamentales”.
Unicef manifestó sus críticas a la aplicación del cuerpo legal a niños y, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó revocar ocho condenas resueltas en 2003 contra siete mapuches y la activista Patricia Troncoso, amparadas en la ley.
Su uso en causas judiciales vinculadas a mapuche, e incluso su aplicación ante detonación de bombas ha sido objeto de cuestionamientos. En el mediático Caso Bombas, de hecho, se acusó a 14 personas y se mantuvo una extensa investigación donde todos fueron absueltos y El Estado, condenado a cancelar las costas del juicio.
ley antiterrorista
Investigaciones a la espera de un cambio
A raíz de los cuestionamientos internacionales y la nula eficiencia de la ley, la presidenta Bachelet formó una comisión de ocho abogados para que trabajar en las propuestas de una nueva legislación. En las revisiones, además, se ha incluido la perspectivas de organizaciones de Derechos Humanos, Carabineros, fiscales, agrupaciones mapuche y miembros de la ANI. Todos han apoyado su cambio o derogación.
“Como gobierno, tenemos una comisión de expertos que va a modificar la ley porque lo que se busca es que las personas sean sancionadas y condenadas, y no que se abuse de un instrumento jurídico. ¿Cuántas condenas hay entre los formalizados por la Ley Antiterrorista? Sólo el 10%. Debemos mejorarla, con una mirada de fondo y moderna”, ha declarado el ministro Rodrigo Peñailillo.
Hasta ahora, los compromisos del gobierno de no invocar la Ley Antiterrorista –su uso ha sido solicitado en tres casos, incluyendo a un activista mapuche- no pueden ser excusados eternamente ante las promesas de cambio. Lo ocurrido tras el llamado “bombazo” en Escuela Militar, que terminó con 8 lesionados, apura las resoluciones respecto a una normativa que carece de condiciones y la legitimidad necesaria para encontrar a los culpables.
Fuente: www.eldesconcierto.cl
CHILE
Medios, ética y responsabilidad política
A tres días de la emisión del reportaje que vincula a los colectivos estudiantiles con el bombazo de la Estación Metro Escuela Militar, las denuncias acumuladas contra Canal 13 en el Consejo Nacional de Televisión suman casi un centenar. Junto a ellas, el rechazo al reportaje firmado por el periodista Patricio Nunes se expresa desde los más diversos colectivos estudiantiles hasta el mundo académico. Mientras tanto, en las redes sociales circula en abundancia la inevitable comparación entre las portadas del diario La Segunda del martes 9 de septiembre 2014 con aquellas que encubrieron la desaparición de 119 compatriotas en el marco de la Operación Colombo, el 12 de junio de 1975. Desde aquí surgen nuevamente las preguntas respecto del rol activo de los grandes medios de comunicación en Chile en la creación de climas políticos propicios a la desestabilización o a la criminalización de los movimientos sociales y sus demandas
Sin embargo, huelga repetir que el reportaje emitido por Canal 13 no constituye un caso único, ni quizás el más evidente que busca establecer una relación entre movimientos sociales y terrorismo. Cabe recordar el tratamiento otorgado de lo que ha sido rotulado como “conflicto Mapuche”, donde la mayor parte de la cobertura se orientó a sostener las tesis de las fiscalías (por cierto, muchas de ellas desestimadas en los fallos judiciales posteriores), sin otorgar espacio alguno al análisis del trasfondo de los hechos, siendo el más fundamental la responsabilidad histórica del Estado.
Tampoco en estos casos se informó respecto de la utilización desmedida de la violencia por parte de agentes del mismo Estado (bombas lacrimógenas, balines de plomo, golpes, etc.) contra las comunidades movilizadas, incluyendo niños. Todo ello ya ha sido largamente acreditado en diversas denuncias y en el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado chileno por “violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas”.
En todos los casos mencionados la narración periodística se construye desde el artificio, es decir desde una puesta en relación ad hoc de elementos, imágenes y cuñas desconectados del origen y seleccionados exclusivamente en función de un relato al servicio de la tesis esgrimida. Así, el reportaje de Canal 13, titulado “Radiografía a los colectivos estudiantiles”, es introducido a partir de la vinculación expresa entre anarquistas y radicales con encapuchados, la agresión contra periodistas y la colocación de artefactos explosivos en el Metro.
El texto periodístico busca aquí su sustento en tres grandes tipos de fuentes directas: el saber académico que le otorgaría “profundidad” al análisis, la experiencia policial como conocimiento experto y las entrevistas a dirigentes estudiantiles. Entre estos últimos, los dirigentes secundarios aparecen indirectamente como los rostros presuntos que permiten afirmar el vínculo entre la acción delictiva y su sustento político. El vicepresidente de la Fech, Sebastián Aylwin, y el académico de la Universidad de Chile, Óscar Aguilera ya han establecido el uso tendencioso de sus entrevistas.
Los dirigentes de los colectivos secundarios, desprovistos de recursos institucionales y menos conocidos, probablemente no tengan la misma posibilidad de que sus denuncias adquieran la publicidad de los primeros. Este es un ejercicio peligroso en tanto se constituye en el soporte expreso de la construcción de un enemigo interno y de unos culpables presuntos. Sabemos bien del poder que ejercen las grandes empresas de comunicación sobre la sociedad chilena.
También conocemos del entramado de intereses que se expresan en sus directorios. No obstante, la experiencia pasada y reciente, obliga con urgencia a interrogar ética y políticamente ese poder y sus ejercicios. No se trata de que los medios no intervengan en la escena política, ni tampoco de la discusión sobre veracidad y objetividad. Lo que aquí está en juego es nuevamente el tipo de intervención que realizan y el sustento en una operatoria que cuestiona la ética periodística y la responsabilidad política de los medios.
En efecto, aquí se movilizan formas de análisis y una naturalización de las relaciones sociales como una confrontación entre enemigos, se legitima el control como modelo ideal y única forma posible de sociedad. Lo que es peor, es preciso interrogarnos hasta dónde esta operación discursiva que sustenta la necesidad de mayor represión contra el movimiento social (constituido en enemigo interno), también termina legitimando la acción violenta como única respuesta posible.
Fuente: http://www.elmostrador.cl
Envío:ResumenLatinoamericano
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