25 de Septiembre de 2014
ESTELA DE CARLOTTO ESTUVO PRESENTE EN LA AUDIENCIA
La querella de Abuelas pidió perpetua para 16 represores en el juicio La CachaLes imputó homicidio en concurso real con el delito de genocidio, por la desaparición de seis embarazadas. "Seguramente quien entregó al nieto de Estela está sentado entre estos imputados", dijo el abogado Lovelli en el alegato.
Víctimas- El juicio abordó, entre otros, los casos de Laura Carlotto, María Rosa Tolosa, Noemí Casado y María Elena Corvalán.
Ya en el tramo final del juicio, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli y Coleen Torre, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que condene a penas de prisión perpetua a 16 imputados por los delitos de "homicidio en concurso ideal con el delito de genocidio". Los consideraron partícipes de los asesinatos de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, ambas secuestradas embarazadas y asesinadas después de dar a luz, y de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, todos hechos cometidos en 1977 en el centro que funcionó en viejos galpones de Radio Provincia ubicados detrás de la cárcel de Olmos.
Los pedidos de pena máxima cayeron como una sentencia para todos los integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, entre ellos su jefe: Gustavo Adolfo Cacivio, alias "El Francés". También para los ex personal civil de inteligencia (PCI) Claudio Raúl Grande, Raúl Ricardo Espinosa y Rufino Bartalla; para el ex penitenciario Héctor "El Oso" Acuña; su jefe de Inteligencia Penitenciaria, Isaac Crespín Miranda, y para el ex marino Juan Carlos Herzberg. Lo mismo pidieron para el ex ministro de gobierno bonaerense en la dictadura, Jaime Lamont Smart.
Lovelli y Torre solicitaron penas por las desapariciones de seis embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio en ese centro: María Rosa Tolosa, madre de los mellizos restituidos Reggiardo Tolosa; María Elena Corvalan, mamá de la nieta restituida Natalia Suárez Nelson; Cristina Marroco, quien perdió el embarazo en la tortura; Graciela Quesada, cuyo hijo permanece apropiado; Olga Noemí Casado, madre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado; y Laura Carlotto, madre de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela restituido el 5 de agosto pasado.
"Seguramente quien entregó al nieto de Estela está sentado entre estos imputados", planteó Lovelli al iniciar el alegato, en el que destacó las características de La Cacha, que estuvo “comandada de primera mano por el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, asistido por el Servicio Penitenciario Bonaernese, la Armada y el apoyo operativo del Regimiento 7 del Ejército", detalló.
Torre subrayó que las apropiaciones fueron "una forma de llevar a cabo el genocidio", porque "completaron su objetivo de destruir totalmente al grupo a exterminar: quienes ellos denominaban subversivos".
Las palabras de la querella fueron seguidas desde la primera fila del público por Estela de Carlotto. "Estos alegatos revuelven toda mi historia", dijo a Tiempo Argentino al retirarse de la audiencia. "Esto renueva un poco la necesidad de que estos juicios se hagan porque ha sido una masacre la que han hecho con el pueblo argentino", remarcó. La presidenta de Abuelas dijo que asistió a los alegatos "con la alegría del nieto encontrado" y subrayó que los juicios por los crímenes de la dictadura cívico militar "son fundamentales". "La Plata es un ejemplo, empezando por aquellos juicios por la verdad, cuando no había ni un derecho y sólo las abuelas podíamos llevar presos a los apropiadores pero al resto no, pero ahora estamos con la justicia plena. Las cosas, más temprano que tarde, llegan", finalizó.
Fuente:TiempoArgentino
24-9-2014
La Cacha
Tramo final del juicio
“Seguro que el entregador de Ignacio Guido es uno de los imputados"
La Cacha
Tramo final del juicio
“Seguro que el entregador de Ignacio Guido es uno de los imputados"
Lo dijo uno de los abogados de Abuelas, que pidió prisión perpetua para 16 de los 21 imputados en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha. Los ex efectivos de la policía bonaerense y Juan Carlos Herzberg quedaron fuera de la acusación porque no participaron de los delitos contra las seis mujeres embarazadas.
Fotos:Matias Adhemar
Los delitos que les atribuyeron son, tal vez, de los más atroces: privación ilegal de la libertad y tormentos agravados –por su condición de funcionarios públicos y por ser sus víctimas perseguidos políticos- sobre seis mujeres embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina de la cárcel de Olmos o alguna cueva cercana –María Elena Corvalán, María Rosa Tolosa, Cristina Marroco, Graciela Quesada, Olga Noemí Casado y Laura Carlotto- y el homicidio agravado de las últimas dos. Los ex efectivos de la policía bonaerense y el marino Juan Carlos Herzberg quedaron fuera de la acusación porque –aclararon los letrados- no estaban involucrados en los delitos contra esas seis víctimas.
Laura Carlotto pasó nueve meses secuestrada allí. En la exposición, los abogados de la institución inscribieron su aparición en la trama de este juicio. “Seguramente, quien entregó al nieto de Estela debe estar sentado entre los 21 imputados”, dijo uno de los abogados esta mañana, en el inicio de una nueva audiencia por los crímenes de La Cacha, antes de entrar de lleno en el tramo más técnico de su alegato. “Es un honor que abuelas y nietos estén escuchándonos aquí, porque hemos tenido conquistas para nuestra institución durante este debate”, agregó.
Sentada en las primeras filas del auditorio, seguía la alocución Estela Barnes de Carlotto, que encontró el 5 de agosto pasado a su nieto, nacido muy probablemente cerca de ese centro clandestino. “Hoy vengo a escuchar estos alegatos con la alegría de haber encontrado a mi nieto, pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror”, dijo la presidenta del organismo al retirarse, sobre una y media de la tarde. “Este tribunal, esta ciudad, han sido un ejemplo de estos procesos, desde que nacieron los juicios por la verdad”, afirmó. Y agregó esperanzada: “la justicia llega, tarde pero siempre llega”. También escuchó el alegato Leonardo Fossati Ortega, un nieto restituido en el año 2005.
En la primera parte del alegato, los abogados Emanuel Lovelli y Colleen Torre lamentaron algunas falencias en la etapa de instrucción del juez federal Manuel Blanco, a quien atribuyeron parte de la responsabilidad de que no hayan sido incluidos los casos de algunos nietos nacidos en las sombras mientras sus madres estuvieron ahÍ: los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, Sebastián Casado Tasca –la Cámara de Apelaciones lo excluyó por no considerar probado que Adriana, su madre, estuvo en La Cacha- y Silvia Cugura Casado.
En La Cacha, el embarazo de las secuestradas apenas supuso un breve alivio para el cautiverio. Su régimen de supervivencia no fue muy distinto al de los demás secuestrados, puntualizaron los abogados, “salvo por una mayor ración de comida o un poco de leche, o por dejarlas caminar un poco por el centro. Y esto no se debía a un rasgo de humanidad de los represores, sino que era para que el embarazo llegara a término para poder robarles sus hijos”, explicaron. “Les robaron la posibilidad de que sus hijos crecieran con sus familias, el primer paso, amamantarlos”.
Sobre los objetivos específicos que tramaban sus captores con el plan sistemático de robo de bebés –cuya existencia fue probada en una causa judicial que tuvo sentencia en 2012-, Torre mencionó al menos dos: “continuar con la desaparición de las madres, porque si los devolvían quedaba claro que las habían tenido cautivas clandestinamente al menos hasta el momento del parto y, por el otro, era otra manera de continuar la ideología que motivó el genocidio”.
Entre las ventajas estratégicas que ofrecía la ubicación de La Cacha -en un predio donde había dos unidades penitenciarias provinciales-, los abogados detallaron dos: por un lado, la seguridad adicional que daban los dispositivos carcelarios –aunque la posibilidad de escape de los secuestrados fuera remota-, y por el otro dos aspectos logísticos: proveían la alimentación y la sala de partos. “Tenían una maternidad a cincuenta metros. No tenían que hacer nada: llevaban a las detenidas a dar a luz, les robaban el niño y las devolvían a su cautiverio, o las mataban, como hicieron”, dijo el letrado. Allí, en la maternidad acondicionada en la cárcel de mujeres, nacieron Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y María Natalia Suarez Nelson.
“La Cacha fue particularísima, porque no fue un sitio oficial del Ejército, no tenía personal asignado, y actuaban distintas fuerzas que no mostraban las internas del ejército y de la Armada, al menos en la convivencia de distintas guardias: la de los “Carlitos” y la de los PCI”. Para la exposición de la querella, la división de roles tenía un fundamento territorial y de clase. Mientras que la Marina participaba de los secuestros de obreros del polo industrial de La Plata, Berisso y Ensenada, el Destacamento de Inteligencia 101 se ocupaba de los militantes urbanos, en su mayoría universitarios.
A partir de la reconstrucción del camino recorrido por los bebés robados de La Cacha hasta sus apropiadores, explicaron los querellantes, pudieron descubrir cómo se articulaban las fuerzas represivas que operaban ahí. El entregador de Natalia Suárez Nelson, nacida por cesárea en la Unidad 8 que estaba pegada al centro clandestino, fue el marino Juan Carlos Herzberg. Por Sebastián Casado Tasca, se supo que su entregador había sido Ricardo Luis Von Kiaw, un teniente general que había cumplido funciones en el 77 y 78 en el Destacamento de Inteligencia 101. El imputado Ricardo Fernández era primo hermano de Samuel Miara, el policía federal que apropió a los mellizos Reggiardo Tolosa, y padrino de bautismo de uno de ellos. El “gato” Agustín Arias Duval –jefe del Destacamento muerto durante el juicio- fue quien le facilitó la gestión de Silvia Cugura Casado, a su apropiador Esteban Santillan, que había revestido en el Batallón 601. “A partir de los entregadores de los chicos, pudimos tender ciertos puentes a los acusados que están juzgándose”, dijo Torre. Ese, dijo, era el fundamento de una conclusión: “no nos quedan dudas que los imputados que están siendo juzgados aquí, al menos conocían el destino de Guido e hicieron silencio hasta el día de hoy”.
Fuente:Infojus
Los represores de La Cacha
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió penas de prisión perpetua para 16 de los 21 represores juzgados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, incluido el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Smart. El alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estuvo a cargo de los abogados Emanuel Lovelli y Colleen Torre, en representación de familiares de las víctimas María Rosa Tolosa, Graciela Quesada, Cristina Marroco, María Elena Corvalán, Olga Casado y Laura Carlotto. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, presente en la audiencia, dijo haber concurrido “con la alegría de haber hallado a mi nieto pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror”. Los abogados consideraron que hay “pruebas contundentes” para condenar a perpetua por los casos que impulsa Abuelas a Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo “el Francés” Cacivio, Emilio Herrero Anzorena, Héctor “Oso” Acuña, Rufino Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande y Luis Perea.
Fuente:Pagina12
24.09.2014
Miguel Etchecolatz y Jaime Smart podrían agregar nuevas condenas a su "foja"
Abuelas pidió prisión perpetua para 15 acusados por crímenes de lesa humanidad en La Cacha
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Etchecolatz acumula condenas por violación de los DDHH
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió hoy la pena de prisión perpetua para 15 de los represores juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino conocido como "La Cacha", por su participación, entre otros delitos, en los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado. El pedido lo formularon al Tribunal Oral Federal Nº 1, que preside Carlos Rozanski, los abogados Emanuel Lovelli y Coleen Torre en representación de los familiares de una parte de las víctimas que fueron ilegalmente detenidas y torturadas en ese centro que funcionó en las afueras de La Plata.
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien estuvo presente en la audiencia de hoy, aseguró que concurrió a escuchar los alegatos "con la alegría de haber hallado a mi nieto, pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror". "Este tribunal, esta ciudad, han sido un ejemplo de estos procesos, desde que nacieron los juicios por la verdad", dijo y añadió que "la justicia llega, tarde, pero siempre llega".
En su alegato, Lovelli y Torre pidieron la prisión perpetua de quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, James Smart, por considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público doblemente agravada por haberlo hecho con violencia y bajo amenazas, y tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, por homicidio calificado doblemente agravado y por genocidio. Esa querella representa a los familiares de las víctimas de María Rosa Tolosa, Graciela Quesada, Cristina Marroco, María Elena Corvalán, Olga Casado y Laura Carlotto.
Lovelli y Torre evaluaron que existen "elementos de prueba contundentes" para condenar como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y genocidio a Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo"el Francés" Cacivio y Emilio Herrero Anzorena; y como coautores a Héctor "Oso" Acuña, Rufino Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande y Luis Perea.
Torre aseguró que "había un aparato represivo de poder, con asignación de roles, por lo que cada uno tenía una tarea específica que cumplir tanto en el plano legal como en el ilegal". Detalló que "los jefes en el centro clandestino controlaban los interrogatorios bajo tortura y definían quién moría y quién vivía" y consideró que "al plan de apropiación de niños, los secuestros, las patotas y las torturas dan cuenta tanto de la ilegalidad de ese plan como de la existencia de un aparato ilegal".
En alusión a los imputados, la letrada sostuvo que "los mandos intermedios no sólo eran retransmisores de las órdenes generales sino que eran quienes ordenaban cometer los delitos" y agregó que "dichas órdenes adquirían mayor precisión a medida que bajaban en la cadena de mando".
En tanto, Lovelli expresó que "los testigos-víctimas hicieron reconocimientos fotográficos y señalamientos idóneos y válidos" de los represores y analizó que "ello es una prueba importante ya que en todos los casos se corroboró el hecho con la persona y con la función que cumplía en el destacamento".
En el juicio se juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el comisario Miguel Etchecolatz, por crímenes cometidos en perjuicio de 147 víctimas y se investigan los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Entre esos delitos se cuenta el asesinato de Laura Carlotto.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en antiguas instalaciones de la planta transmisora de Radio Provincia. Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
Fuente:Telam
En su alegato, Lovelli y Torre pidieron la prisión perpetua de quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, James Smart, por considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público doblemente agravada por haberlo hecho con violencia y bajo amenazas, y tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, por homicidio calificado doblemente agravado y por genocidio. Esa querella representa a los familiares de las víctimas de María Rosa Tolosa, Graciela Quesada, Cristina Marroco, María Elena Corvalán, Olga Casado y Laura Carlotto.
Lovelli y Torre evaluaron que existen "elementos de prueba contundentes" para condenar como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y genocidio a Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo"el Francés" Cacivio y Emilio Herrero Anzorena; y como coautores a Héctor "Oso" Acuña, Rufino Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande y Luis Perea.
Torre aseguró que "había un aparato represivo de poder, con asignación de roles, por lo que cada uno tenía una tarea específica que cumplir tanto en el plano legal como en el ilegal". Detalló que "los jefes en el centro clandestino controlaban los interrogatorios bajo tortura y definían quién moría y quién vivía" y consideró que "al plan de apropiación de niños, los secuestros, las patotas y las torturas dan cuenta tanto de la ilegalidad de ese plan como de la existencia de un aparato ilegal".
En alusión a los imputados, la letrada sostuvo que "los mandos intermedios no sólo eran retransmisores de las órdenes generales sino que eran quienes ordenaban cometer los delitos" y agregó que "dichas órdenes adquirían mayor precisión a medida que bajaban en la cadena de mando".
En tanto, Lovelli expresó que "los testigos-víctimas hicieron reconocimientos fotográficos y señalamientos idóneos y válidos" de los represores y analizó que "ello es una prueba importante ya que en todos los casos se corroboró el hecho con la persona y con la función que cumplía en el destacamento".
En el juicio se juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el comisario Miguel Etchecolatz, por crímenes cometidos en perjuicio de 147 víctimas y se investigan los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Entre esos delitos se cuenta el asesinato de Laura Carlotto.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en antiguas instalaciones de la planta transmisora de Radio Provincia. Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
Fuente:Telam
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