POR PRIMERA VEZ, EL SECRETARIO DEL VICARIO CASTRENSE EN LA DICTADURA ES IMPUTADO EN UNA CAUSA
La lista de Grasselli
El actual obispo militar compiló en los años duros un fichero con cientos y cientos de casos que le llevaban los familiares. Fue testigo en las causas de derechos humanos, pero nadie había reparado en que también era capellán castrense y, por lo tanto, funcionario de la dictadura. Y ahora la pregunta es cómo obtenía la información.
Por Alejandra Dandan
Emilio Grasselli, actual vicario castrense.Imagen: Gustavo Molfino
El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del obispo Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense durante la dictadura y hoy él mismo vicario castrense. Es la primera vez que sucede. Entre las pruebas más importantes se encuentran los datos de su filiación como funcionario del Estado represivo, un dato que estuvo a mano desde siempre, pero sobre el que se ha reparado recién en los últimos tiempos. Según esos datos, Grasselli no era sólo secretario del vicario, como venia sosteniendo en su defensa, sino que de acuerdo con la nómina oficial de capellanes castrenses y auxiliares del Ejército de la Capellanía Mayor del Ejército, “ejerció el puesto de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército entre el 1º de diciembre de 1967 y el 31 de marzo de 1980”.
“En todas sus declaraciones, Grasselli omitió esta información y es relevante mencionarlo porque un capellán castrense es funcionario público”, señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaborado a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y parte del análisis de Delgado. “El vicariato castrense es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual y un conjunto de obligaciones.”
Ahora quien debe decir si el obispo va ser a llamado es el juez Julián Ercolini, a cargo de otra parte de la investigación en una causa hasta ahora sin avances.
Grasselli es una de las personas más nombradas en las búsquedas de los familiares de desaparecidos. Muchísimos hicieron cola durante horas para verlo en la capilla Stella Maris y preguntar por sus seres queridos con la esperanza de obtener información. Con los datos, Grasselli construyó un enorme fichero. Armó listados, prometió y en ocasiones proveyó respuestas. Hasta ahora, la Justicia lo llamó como testigo en seis ocasiones, como señala el Informe: en septiembre y diciembre de 1984, 1999, 2001, 2011 y hace dos semanas.
Nunca estuvo imputado, aunque hay causas que los jueces no hacen prosperar. En el juzgado de Ercolini hay una investigación abierta luego del primer juicio de robo de niños, impulsada por el fiscal Martín Niklison y el TOF 6. En el juzgado de Sergio Torres desde septiembre de 2013 hay una informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con datos que lo ubican como uno de los propietarios de la isla El Silencio, del Tigre, vendida a Jorge Radice, el marino contador de la ESMA, para ser usada como centro clandestino temporario para los prisioneros de la Armada. El dato, además, esta documentado en el libro El Silencio, de Horacio Verbitsky, de 2005.
El informe
El Informe de la CMP se presentó el lunes pasado. Lo hizo el Programa de Justicia sobre delitos de lesa humanidad que coordina Claudia Bellingeri. Lo más impactante es que por primera vez se organiza el mundo de información sobre Grasselli, reúne y contrasta sus declaraciones y reconstruye la lógica de trabajo. “No hay información del padre Emilio Grasselli en los archivos de la Dipba (...) No obstante encontramos información significativa en el fichero elaborado por Grasselli sobre 2075 personas detenidas, cuyas copias posee esta Comisión. Lo que sigue es un análisis preliminar del mismo.”
El fichero está en manos de la Justicia desde 1999. “En todas las ocasiones (Grasselli) explicó que la creación de su fichero personal tuvo relación directa con la necesidad de sistematizar la información que iba obteniendo, porque llegado un momento era muchísima gente no solo la que se acercaba a pedir información sobre familiares, sino también la que aportaba datos de otras personas. Dice el sacerdote: ‘Primero hacía una lista pero nos sobrepasó. Como en aquella época no había computación, comencé a hacer fichas y así formé un fichero. En la primera parte de la ficha ponía nombre, el lugar del hecho y el día que me visitaba, y en el anverso, algún dato o dirección de alguien a quien podía comunicarse por si llegara una novedad. Cuando venía monseñor (Adolfo Servando Tortolo) cada semana, cada 15 días, le presentaba esa lista y él hacía una copia y la mandaba al Ministerio del Interior, a veces al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina’ (Testimonio de Grasselli, Circuito Camps, La Plata 2011)”.
Según el testimonio del propio Grasselli, “el fichero contiene información de cerca de 2500 personas detenidas. En la mayoría de los casos fueron los familiares o amigos quienes aportaron parte de esa información al sacerdote. Como es sabido, a partir del golpe muchos familiares o amigos recurrieron a la Iglesia Católica en busca de información sobre paraderos. El sacerdote Grasselli ejercía su trabajo en la pastoral vinculado con el vicariato castrense para las Fuerzas Armadas”.
“La noticia de esa atención corrió rápidamente y las familias víctimas acudían con la esperanza de tener alguna información”, mencionan en este caso un texto de Emilio Mignone, del libro Iglesia y dictadura de 1986.
¿Cuánta gente atendió Grasselli? ¿Cuántas fichas? ¿Durante cuántos años? “No queda claro el período en el que armó el fichero”, dice la CMP. En 2001, por ejemplo, dijo que lo hizo entre 1974 y 1978 o 1979. También que tomó pocos casos previos al golpe; que lo hizo por cuatro años y que atendió entre 20 y 50 casos por día. Pero los números no dan. Si hubiese atendido 20 personas por día en 8 meses, de abril a noviembre, habría hecho 4800 fichas. El número sería mayor multiplicado por cuatro años. El número da bien sólo si hubiesen sido 2,5 personas por día. Así, la CMP sostiene que exageró intentando elaborar una imagen propia de sacrificio y derechos humanos. También, que no elaboró fichas de todos los detenidos y de las consultas. Un dato que puede verse corroborado, por ejemplo, porque “se ha comprobado que Grasselli mantuvo vínculos con detenidos de los cuales no elaboró fichas. Es el caso de quienes estaban alojados en la ESMA en calidad de ‘reeducados’”.
También es posible que haya destruido fichas que lo comprometieran. Como ejemplo se menciona el caso de José David Aleksosky. Su hermano declaró que visitó a Grasselli en 1976 y que el cura tomó los datos. Cuando citaron al cura en 1999, le mencionaron esa ficha. “Cuando me mencionaron la citación, busco la ficha y no la encuentro –dijo–, adelanto, advierto, que no sé qué pasó con esa ficha, tal vez la retuvo monseñor. Era un caso particular o estará traspapelada.”
Las fuentes
Otro punto siempre en duda es cómo obtenía información sobre los casos y su rol en esa cadena. Siempre dijo que lo hacía a través de su superior, monseñor Tortolo. En 1999 dijo que “de las gestiones sólo se encargaba el vicario. Ese trámite lo hacía él personalmente, a veces enviaba cartas”. Pero el Informe sugiere que él mismo podría haber tenido acceso a la información: por sus funciones efectivas y el mundo de relaciones del cargo. Entre 1955 y 1975, por ejemplo, fue secretario privado del cardenal Antonio Caggiano, primero arzobispo de Rosario y luego arzobispo de Buenos Aires y vicario castrense. En 1975, cuando Caggiano renunció, Grasselli pasó a ser secretario de Tortolo que entonces era arzobispo de Paraná, presidente de la Comisión Episcopal argentina y vicario. Según el diario de Victorio Bonamín, provicario castrense, Caggiano le pidió a Tortolo que lo mantenga en el puesto.
En ese sentido, es cierto que cumplía funciones de secretario. Ahora bien, dice el CMP: “Sin embargo al atender la agenda y las actividades del vicariato, su trabajo pastoral se ejercía centralmente en la sede oficial de la institución, la Iglesia Stella Maris, sita en el predio del edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, donde además trabajan y se reunía el vicario castrense Bonamín y los capellanes mayores de las tres fuerzas: José Mario Ricardo Menestrina (Ejército), Domingo Carmelo Genise (Armada) y Ovidio Feliz Tripodi (Fuerza Aérea). Además, según admitió en 2001, ‘algunos soldados de la Armada lo ayudaban en el armado de fichas’”, dice. “En los hechos, el sacerdote cumplió una función correspondiente al vicariato, no estatutaria, pero función al fin.” Tortolo, además, “era entre mayo de 1975 y 1976 el eclesiástico con más poder político en la Iglesia” con “tres cargos jerárquicos en simultáneo”. Y finalmente, también está su rol en la capellanía en comisión.
Todavía no hay certezas del rol que efectivamente cumplió, pero hay algunas pistas.
Mercedes Soiza Reilly es fiscal del juicio ESMA. “Durante el megajuicio que se está desarrollando en la causa ESMA, hemos escuchado innumerable cantidad de relatos que dan cuenta del rol que le cupo a la Iglesia durante la última dictadura militar. La imagen de Grasselli aparece en cada uno de estos testimonios. Surge la confianza que las familias depositaban en él buscando una respuesta. En algunos casos era él quien pedía información del resto del grupo familiar. Las largas filas fueron la imagen frecuente, que para aquellos años, tuvo la iglesia Stella Maris, lugar donde el cura atendía a los familiares. Avanzar en la participación que tuvo Grasselli en los hechos criminales cometidos, que tuvieron relación directa con el cargo que ocupaba, demuestra una vez más que las estructuras militares funcionaron con la colaboración necesaria de todas las Instituciones del Estado.”
Mignone habló en 1986 en ese mismo sentido. “Resulta evidente que los jefes militares permitieron –o tal vez promovieron– esta actividad de Grasselli porque favorecía sus planes, creaba confusión, alentaba esperanzas y adormecía la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el inútil registro de denuncias del Ministerio del Interior.”
La renuncia de Grasselli a una capellanía castrense para tomar otra de mayor rango.
El código del fichero
- Edad
- Documento
- Profesión
- Fecha y lugar de detención
- Nombre de guerra
- Fecha de visita de quien requiere información
- Información sobre el paradero recabada después a través de las gestiones Grasselli-Tortolo
- Datos que aparecen con nomenclatura particular: N/D; S/N; DIF; Muerto, acompañados de la fecha que se obtuvieron. Por ejemplo: 22 nov de 76 N/D; O muerto: 18-2; O liberado 23.9.78; o 6 septiembre. UN 9.
- Fecha de su respuesta al familiar. Por ejemplo: 21 de mayo N/D. O: respuesta por carta el 23 de mayo.
- Letra inicial del apellido de la persona detenida, seguida de un número. Lo que sugiere, dice la CPM, que exista un orden alfabético y de las cifras. Por ejemplo, A9 era el apellido ubicado en el noveno lugar entre todos los apellidos con A.
- Dirección postal y o teléfono del contacto para comunicarse ante cualquier novedad en el avance de la gestiones.
Según explicó él mismo en 2001, las nomenclaturas significan:
N/D: No Detenido. Las autoridades le informan que la persona buscada no se encuentra detenida en ninguna dependencia oficial.
S/N: Sin Noticias. Las autoridades no tienen información.
DIF: Dificultades. No recibe respuesta de las autoridades.
Las fuentes del vicario
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria revela el legajo militar del sacerdote y sus contradicciones.
El cerco judicial en torno al ex secretario del vicariato castrense y capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, Emilio Teodoro Grasselli, se cierra cada vez más. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria enviado el lunes pasado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aporta nuevos elementos judiciales que comprometen al sacerdote, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez luego de que el fiscal federal Federico Delgado pidiera su citación indagatoria. El trabajo se suma al legajo castrense del cura que desnuda las omisiones de Grasselli cada vez que declaró en tribunales.
Delgado requirió el 16 de septiembre que se interrogue al cura porque consideró que estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a 'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado". El pedido del procurador fue en el marco de la causa que se abrió en diciembre de 2013 en los tribunales federales de Comodoro Py a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el juicio por la Verdad. El juez Julián Ercolini debe pronunciarse.
Un día antes del pedido de citación que realizó Delgado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elevó a la procuración coordinada por Jorge Auat un análisis preliminar –hoy en poder del fiscal– sobre el fichero que elaboró Grasselli, que contaba con información sobre más de 2 mil desaparecidos. En aquellas fichas, secuestradas en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, el cura registraba datos de las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris, sede del vicariato castrense, en pos de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. Allí anotaba datos sobre el desaparecido y quién requería la información. Muchas veces, el sacerdote informaba que la víctima había sido asesinada. En el informe se precisó que al menos 22 de los testimonios mencionaron a Grasselli en los juicios de lesa humanidad. El cura continúa en actividad confesando feligreses.
En el trabajo de la CPM se confeccionó una historia del fichero, se describieron las contradicciones en las que cayó Grasselli en las cinco declaraciones judiciales que prestó desde 1984 (no se tomó en cuenta el testimonio que brindó el 28 de agosto pasado en la megacausa Campo de Mayo). También se hizo un cruce entre los datos de las fichas y el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Y se aportó una serie de valiosas interpretaciones sobre el rol que desempeñó el cura durante el terrorismo de Estado. El informe se elaboró en respuesta a una solicitud que realizó la Unidad Fiscal para conocer si existía material sobre Grasselli en la ex DIPPBA, que gestiona la comisión.
LAS FICHAS. En declaraciones judiciales Grasselli dijo que había confeccionado aproximadamente 2500 fichas y que atendió entre 20 y 50 familiares por día. Se trata de una afirmación "problemática", según la comisión. "Suponiendo que atendía 20 casos por día, en un lapso de 8 meses habría alcanzado un total de 4800 fichas, una cifra superior a la real". Ante este escenario, para la CPM se abren tres hipótesis:
1) Que el número de personas atendidas por día fue menor y que Grasselli exageró para mostrarse como un defensor de los Derechos Humanos;
2) Que el sacerdote no elaboró fichas de todas las personas.
3) Que muchas tarjetas fueron eliminadas antes de que la Cámara Federal de La Plata secuestrara el fichero. Esta tesis se sostiene en que Grasselli tuvo 16 años para deshacerse de las fichas que lo comprometían. El caso de José David Aleksosky, quien desapareció el 22 de octubre de 1976, alimenta esta línea investigativa: el hermano de José, Lázaro, declaró en tribunales que cuando lo vieron a Grasselli, este tomó nota. Esa anotación nunca se encontró. En sintonía con este punto, el informe de la comisión recuerda que en abril de 2009, un juez planteó dos posibilidades: "Que Grasselli daba información a las fuerzas armadas sobre qué detenidos estaban siendo buscados" o "que tenía otra lista además del fichero, con otro tipo de información".
CONTRADICCIONES. En un apartado especial, la comisión remarcó las contradicciones en las que incurrió el sacerdote a lo largo de sus testimonios judiciales. "Entre sus declaraciones de 1984 y 2011 hay una tendencia a recordar menos nombres, acontecimientos, lugares y detalles", se sintetiza. Además, añade que Grasselli siempre adjudicó al difunto Tórtolo las gestiones ante las Fuerzas Armadas para obtener datos sobre los desaparecidos. Sin embargo, se destaca que "al menos en dos casos quedó de manifiesto que él también realizó gestiones. Una fue ante Ojeda, Jefe de la Policía Federal; otra por el caso Aleksosky".
En todas sus citaciones judiciales, el cura aseguró "que no tenía ningún contacto con las Fuerzas Armadas" durante el terrorismo de Estado. La comisión derriba su afirmación: señala, entre otras cosas, que Grasselli contó con ayuda de soldados de la Marina "en el armado de las fichas". A esto se suma un dato clave, que el cura omitió en todas sus testimoniales: que fue capellán castrense en el Ejército hasta 1980. La exclusión esconde
una grosera contradicción.
PRUEBA. El legajo castrense de Grasselli, que estuvo en poder del ministerio de Defensa, se convirtió en otra prueba comprometedora. Según aquel documento, el sacerdote se desempeñó como capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército, desde el 1 de diciembre de 1967 hasta el 31 de marzo de 1980, cuando renunció al cargo para acceder a su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa", en "el mismo cargo de asistente de S.E, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967".
El entonces vicario castrense aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados en bien de las Fuerzas Armadas". El retaceo de su cargo de capellán no es menor. Un capellán castrense es un funcionario público. Como tal, Grasselli debió denunciar todos los crímenes que conoció durante el ejercicio de su función. Para la Comisión Provincial por la Memoria "hay indicadores suficientes para sostener que Grasselli tuvo rápido conocimiento de la existencia de centros clandestinos", "de los asesinatos de detenidos" y "de que se producían nacimientos en cautiverio".
EL ROL. ¿Qué función cumplió Grasselli en la maquinaria represiva?, se preguntan los analistas de la comisión. Si su acción tuvo una intención favorable, impulsada por Tórtolo, "no se explica cómo las gestiones del vicariato fueron tan acotadas y no sobrepasaron las barreras de la simple consulta a las autoridades militares", se afirma en el informe.
"Tampoco se explica por qué no existió ninguna oposición de los militares a la iniciativa", agregan.
La comisión profundiza en esta línea: "No debería descartarse la posibilidad de que los militares encontraran útil la acción del vicariato, en función de: 1) Saber qué detenidos eran buscados por sus familiares (...). 2) Ampliar información acerca de las actividades políticas de los detenidos". Es decir, que hacía inteligencia para nutrir de información a las FF.AA.
"Puede sugerirse otra motivación, esta propia de la institución: construir una imagen de la Iglesia relacionada con la defensa de los Derechos Humanos", indica la comisión. Este último argumento se derrumba con un dato concreto: de todos los familiares que recurrieron al vicariato en busca de información, sólo en una ocasión se pudo obtener una respuesta esclarecedora respecto del paradero de la víctima. Se trata del caso de Mercedes Borra.
Emilio Mignone escribió en Iglesia y dictadura, publicado en 1986: "La responsabilidad penal y moral de Grasselli surge por no haber denunciado la existencia de detenidos-desaparecidos y de centros clandestinos de detención, pese a su condición de funcionario público. Esto supone la comisión de los delitos de encubrimiento y complicidad." Estas palabras, expresadas 28 años atrás, tienen plena vigencia y desnudan la lentitud de la justicia que, en los últimos días, parece haber salido de su letargo.
Las otras causas que enfrenta
En el documento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria se hace referencia a un aspecto que debiera profundizarse: los vínculos que Grasselli mantuvo con autoridades de la ESMA. Se trata de un aspecto sin desarrollo en el informe y "permitiría hablar de otra tarea que cumplió (el cura) además de la atención a familiares en el vicariato castrense y por fuera del fichero". Se trata de otra pesquisa que se instruye en los tribunales de Comodoro Py y está a cargo del juez Sergio Torres, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En ese expediente hay un documento esclarecedor, que este diario publicó el 7 de septiembre: el registro de la propiedad bonaerense que comprueba que Grasselli era co-propietario de la isla El Silencio, inmueble que fue utilizado por la Armada como centro clandestino de detención, en 1979.
Además, en una tercera causa, el fiscal de San Martín, Miguel Blanco García Ordas, está investigando la participación de Grasselli en los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Campo de Mayo atento al grado de capellán que ostentaba. En los próximos días se espera una resolución al respecto.
Fuente:TiempoArgentino
Uno de los misterios pendientes en la investigación de Grasselli es el de las fichas. A veces parecen códigos cifrados. Uno de los mayores aportes de la CPM tal vez tenga que ver con esta “traducción”. “Es necesario tener la dimensión del fichero –dice el ahora imputado–. Los nombres que lo conforman implican un porcentaje importante respecto de la cifra total de detenidos–desaparecidos.” En ese sentido lo consideran una fuente documental de relevancia. Globalmente, las fichas tenían dos lados.
En el frente figuraba:
- Nombre y apellido de las personas buscadas.- Edad
- Documento
- Profesión
- Fecha y lugar de detención
- Nombre de guerra
- Fecha de visita de quien requiere información
- Información sobre el paradero recabada después a través de las gestiones Grasselli-Tortolo
- Datos que aparecen con nomenclatura particular: N/D; S/N; DIF; Muerto, acompañados de la fecha que se obtuvieron. Por ejemplo: 22 nov de 76 N/D; O muerto: 18-2; O liberado 23.9.78; o 6 septiembre. UN 9.
- Fecha de su respuesta al familiar. Por ejemplo: 21 de mayo N/D. O: respuesta por carta el 23 de mayo.
- Letra inicial del apellido de la persona detenida, seguida de un número. Lo que sugiere, dice la CPM, que exista un orden alfabético y de las cifras. Por ejemplo, A9 era el apellido ubicado en el noveno lugar entre todos los apellidos con A.
En el reverso se puede leer:
- Nombre y apellido del familiar o amigo que requería la información- Dirección postal y o teléfono del contacto para comunicarse ante cualquier novedad en el avance de la gestiones.
Según explicó él mismo en 2001, las nomenclaturas significan:
N/D: No Detenido. Las autoridades le informan que la persona buscada no se encuentra detenida en ninguna dependencia oficial.
S/N: Sin Noticias. Las autoridades no tienen información.
DIF: Dificultades. No recibe respuesta de las autoridades.
Las fuentes del vicario
La CMP contrastó información de las fichas con los archivos de la ex Dipba. Uno de los casos más luminosos es el de los Ciuffo. Ciuffo Daniel Jesús y Catalina Juliana Oviedo de Ciuffo, su esposa, desaparecieron el 20 de abril de 1977. La madre de Daniel Jesús hizo la denuncia. Estuvieron aparentemente en el Vesubio. El 24 de mayo aparecen en el cementerio de Monte Grande 16 cadáveres. La madre de Daniel siguió denunciando su desaparición. El 31 de marzo de 1982, ella le escribió una carta a Jaime Smart en la que menciona gestiones ante Grasselli y que sigue sin noticias. En el fichero de Grasselli hay una ficha de Ciuffo Daniel Jesús y Catalina Juliana Oviedo de Ciuffo, denuncia realizada por Olga F. de Ciuffo, la madre, quien habría tenido una audiencia con Grasselli el 2.5.77. En la ficha figura la misma ficha que en los legajos: muerto el 24 de mayo. Para la CPM, esto revela que Grasselli recibió información vía militar y no de familiares, y que el dato de “Muerto” obliga a pensar cómo obtuvo esa información.
Fuente:Pagina12
21 de Septiembre de 2014
Los vínculos de la iglesia con la dictadura cívico-militar
Nuevos elementos comprometen al ex capellán GrasselliUn informe de la Comisión Provincial por la Memoria revela el legajo militar del sacerdote y sus contradicciones.
Confesionario - Grasselli, anoche, todavía en actividad, en la parroquia Nuestra señora de Luján (Castrense) - Foto: edgardo gÓmez
Delgado requirió el 16 de septiembre que se interrogue al cura porque consideró que estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a 'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado". El pedido del procurador fue en el marco de la causa que se abrió en diciembre de 2013 en los tribunales federales de Comodoro Py a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el juicio por la Verdad. El juez Julián Ercolini debe pronunciarse.
Un día antes del pedido de citación que realizó Delgado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elevó a la procuración coordinada por Jorge Auat un análisis preliminar –hoy en poder del fiscal– sobre el fichero que elaboró Grasselli, que contaba con información sobre más de 2 mil desaparecidos. En aquellas fichas, secuestradas en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, el cura registraba datos de las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris, sede del vicariato castrense, en pos de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. Allí anotaba datos sobre el desaparecido y quién requería la información. Muchas veces, el sacerdote informaba que la víctima había sido asesinada. En el informe se precisó que al menos 22 de los testimonios mencionaron a Grasselli en los juicios de lesa humanidad. El cura continúa en actividad confesando feligreses.
En el trabajo de la CPM se confeccionó una historia del fichero, se describieron las contradicciones en las que cayó Grasselli en las cinco declaraciones judiciales que prestó desde 1984 (no se tomó en cuenta el testimonio que brindó el 28 de agosto pasado en la megacausa Campo de Mayo). También se hizo un cruce entre los datos de las fichas y el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Y se aportó una serie de valiosas interpretaciones sobre el rol que desempeñó el cura durante el terrorismo de Estado. El informe se elaboró en respuesta a una solicitud que realizó la Unidad Fiscal para conocer si existía material sobre Grasselli en la ex DIPPBA, que gestiona la comisión.
LAS FICHAS. En declaraciones judiciales Grasselli dijo que había confeccionado aproximadamente 2500 fichas y que atendió entre 20 y 50 familiares por día. Se trata de una afirmación "problemática", según la comisión. "Suponiendo que atendía 20 casos por día, en un lapso de 8 meses habría alcanzado un total de 4800 fichas, una cifra superior a la real". Ante este escenario, para la CPM se abren tres hipótesis:
1) Que el número de personas atendidas por día fue menor y que Grasselli exageró para mostrarse como un defensor de los Derechos Humanos;
2) Que el sacerdote no elaboró fichas de todas las personas.
3) Que muchas tarjetas fueron eliminadas antes de que la Cámara Federal de La Plata secuestrara el fichero. Esta tesis se sostiene en que Grasselli tuvo 16 años para deshacerse de las fichas que lo comprometían. El caso de José David Aleksosky, quien desapareció el 22 de octubre de 1976, alimenta esta línea investigativa: el hermano de José, Lázaro, declaró en tribunales que cuando lo vieron a Grasselli, este tomó nota. Esa anotación nunca se encontró. En sintonía con este punto, el informe de la comisión recuerda que en abril de 2009, un juez planteó dos posibilidades: "Que Grasselli daba información a las fuerzas armadas sobre qué detenidos estaban siendo buscados" o "que tenía otra lista además del fichero, con otro tipo de información".
CONTRADICCIONES. En un apartado especial, la comisión remarcó las contradicciones en las que incurrió el sacerdote a lo largo de sus testimonios judiciales. "Entre sus declaraciones de 1984 y 2011 hay una tendencia a recordar menos nombres, acontecimientos, lugares y detalles", se sintetiza. Además, añade que Grasselli siempre adjudicó al difunto Tórtolo las gestiones ante las Fuerzas Armadas para obtener datos sobre los desaparecidos. Sin embargo, se destaca que "al menos en dos casos quedó de manifiesto que él también realizó gestiones. Una fue ante Ojeda, Jefe de la Policía Federal; otra por el caso Aleksosky".
En todas sus citaciones judiciales, el cura aseguró "que no tenía ningún contacto con las Fuerzas Armadas" durante el terrorismo de Estado. La comisión derriba su afirmación: señala, entre otras cosas, que Grasselli contó con ayuda de soldados de la Marina "en el armado de las fichas". A esto se suma un dato clave, que el cura omitió en todas sus testimoniales: que fue capellán castrense en el Ejército hasta 1980. La exclusión esconde
una grosera contradicción.
PRUEBA. El legajo castrense de Grasselli, que estuvo en poder del ministerio de Defensa, se convirtió en otra prueba comprometedora. Según aquel documento, el sacerdote se desempeñó como capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército, desde el 1 de diciembre de 1967 hasta el 31 de marzo de 1980, cuando renunció al cargo para acceder a su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa", en "el mismo cargo de asistente de S.E, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967".
El entonces vicario castrense aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados en bien de las Fuerzas Armadas". El retaceo de su cargo de capellán no es menor. Un capellán castrense es un funcionario público. Como tal, Grasselli debió denunciar todos los crímenes que conoció durante el ejercicio de su función. Para la Comisión Provincial por la Memoria "hay indicadores suficientes para sostener que Grasselli tuvo rápido conocimiento de la existencia de centros clandestinos", "de los asesinatos de detenidos" y "de que se producían nacimientos en cautiverio".
EL ROL. ¿Qué función cumplió Grasselli en la maquinaria represiva?, se preguntan los analistas de la comisión. Si su acción tuvo una intención favorable, impulsada por Tórtolo, "no se explica cómo las gestiones del vicariato fueron tan acotadas y no sobrepasaron las barreras de la simple consulta a las autoridades militares", se afirma en el informe.
"Tampoco se explica por qué no existió ninguna oposición de los militares a la iniciativa", agregan.
La comisión profundiza en esta línea: "No debería descartarse la posibilidad de que los militares encontraran útil la acción del vicariato, en función de: 1) Saber qué detenidos eran buscados por sus familiares (...). 2) Ampliar información acerca de las actividades políticas de los detenidos". Es decir, que hacía inteligencia para nutrir de información a las FF.AA.
"Puede sugerirse otra motivación, esta propia de la institución: construir una imagen de la Iglesia relacionada con la defensa de los Derechos Humanos", indica la comisión. Este último argumento se derrumba con un dato concreto: de todos los familiares que recurrieron al vicariato en busca de información, sólo en una ocasión se pudo obtener una respuesta esclarecedora respecto del paradero de la víctima. Se trata del caso de Mercedes Borra.
Emilio Mignone escribió en Iglesia y dictadura, publicado en 1986: "La responsabilidad penal y moral de Grasselli surge por no haber denunciado la existencia de detenidos-desaparecidos y de centros clandestinos de detención, pese a su condición de funcionario público. Esto supone la comisión de los delitos de encubrimiento y complicidad." Estas palabras, expresadas 28 años atrás, tienen plena vigencia y desnudan la lentitud de la justicia que, en los últimos días, parece haber salido de su letargo.
Las otras causas que enfrenta
En el documento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria se hace referencia a un aspecto que debiera profundizarse: los vínculos que Grasselli mantuvo con autoridades de la ESMA. Se trata de un aspecto sin desarrollo en el informe y "permitiría hablar de otra tarea que cumplió (el cura) además de la atención a familiares en el vicariato castrense y por fuera del fichero". Se trata de otra pesquisa que se instruye en los tribunales de Comodoro Py y está a cargo del juez Sergio Torres, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En ese expediente hay un documento esclarecedor, que este diario publicó el 7 de septiembre: el registro de la propiedad bonaerense que comprueba que Grasselli era co-propietario de la isla El Silencio, inmueble que fue utilizado por la Armada como centro clandestino de detención, en 1979.
Además, en una tercera causa, el fiscal de San Martín, Miguel Blanco García Ordas, está investigando la participación de Grasselli en los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Campo de Mayo atento al grado de capellán que ostentaba. En los próximos días se espera una resolución al respecto.
Fuente:TiempoArgentino
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