19 de Octubre de 2014
El hallazgo del adolescente que era buscado hace seis años está inmerso en las irregularidades que rodean a las morgues de hospitales porteños
Abogados de la familia Arruga reclaman un Registro Nacional de Personas NNQuieren evitar que se repitan casos como el del joven de Lomas del Mirador o Jonathan "Kiki" Lezcano, cuyos familiares los seguían buscando cuando ambos ya habían sido enterrados en el cementerio de la Chacarita.
Tras denunciar penalmente al jefe de gobierno Mauricio Macri por las situaciones detectadas en los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Durand, Muñiz, Piñero y Santojanni, entre otros centros de salud de la comuna, Gallardo fue dos veces recusado por el gobierno porteño. Al Hospital Santojanni, se supo el viernes, llegó Luciano en una ambulancia del SAME el 31 de enero de 2009 a las 3:21 de la mañana. Según un expediente de la justicia de instrucción, el joven de La Matanza, hincha de River, hijo de Mónica y hermano de Vanesa, había sido atropellado por un auto en la intersección de Emilio Castro y General Paz. Luciano fue operado a las horas de haber ingresado al Santojanni. El expediente judicial indica que a las 8 de la mañana de ese mismo día el pibe del Barrio 12 de Octubre, Lomas del Mirador, murió producto de las heridas. Su madre, Mónica Alegre, recuerda que estuvo en la recepción del Santojanni preguntando por él. Le dijeron que había un chico atropellado pero que no sabían nada de su hijo.
La coincidencia trágica de esa escena –en la que una madre pide por su hijo y le contestan que no saben nada sin saber que el joven está allí, en ese mismo lugar, ya fallecido y catalogado como NN– volvió a poner en evidencia el descontrol, la irresponsabilidad y la falta de rigor que imperan en los hospitales de buena parte del país. Por lo menos en el tratamiento de los cadáveres sin identificar, de los cuerpos que nadie reclama. Ante esta cruda realidad, el grupo de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) de La Matanza, que trabajó activamente en el patrocinio de la familia de Luciano, decidió retomar la campaña para exigir la sanción de una ley que cree un Registro Nacional de Personas Identificadas como NN. El objetivo del proyecto se propone crear un mecanismo centralizado que permita contrastar en tiempo real, de forma inmediata y a medida que va llegando la nueva información, los registros de personas desaparecidas (que suelen iniciarse como trámites de averiguación de paradero) con los datos de personas no identificadas que existen en hospitales, comisarías, cementerios, morgues, neuropsiquiátricos, etcétera.
Uno de los impulsores de esta propuesta es el abogado Juan Manuel Combi, uno de los patrocinantes de la familia de Luciano en el pedido de hábeas corpus que, tras ser aceptado por la Cámara de Casación Penal, quedó bajo la órbita del juez federal de Morón, Juan Pablo Salas. Combi trabajó en tándem con los abogados y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "El proyecto forma parte de un trabajo colectivo en el que veníamos trabajando. Porque tenemos el antecedente de (Jonathan) Kiki Lezano, en el que a la familia se la tuvo dos meses y medio buscando cuando el cuerpo ya estaba enterrado como NN en la Chacarita. Queremos crear un Registro Nacional que sea el encargado de identificar todas las causas que ingresan el Poder Judicial con denuncia de desaparición o búsqueda de paradero. Además, con la creación de ese Registro la policía tendría la obligación inmediata de informar, en un plazo de 24 horas, mientras que los cementerios y los hospitales, por su lado, deberán tener al día sus libros con el registro de las personas no identificadas, delimitar y conservar correctamente las parcelas, y otras exigencias que no se cumplen", explicó Combi en diálogo con Tiempo Argentino.
El abogado de la ADPH contó que el texto con el proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Personas No Identificadas fue entregado a legisladores, funcionarios y otros organismos de Derechos Humanos. Hasta ahora no tuvo demasiadas devoluciones. "Jamás nos llamó ningún legislador", confió. Combi fue un partícipe clave de todo el proceso del hábeas corpus, que terminó con la identificación de una huella digital de Luciano que había sido tomada por la Policía Bonaerense, y su coincidencia con la que se le había realizado a un joven fallecido en el Hospital Santojanni a principios de 2009.
"Quiero destacar el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque lo que ha
hecho con este cotejo (de huellas dactilares), a través del hábeas corpus, ha sido muy prolijo. Se sometieron al hábeas corpus, como correspondía. Cuando las cosas se hacen bien, también hay que reconocerlo", comentó Combi en diálogo con este diario.
La gestión a la que había referencia el abogado patrocinante de la familia de Luciano estuvo a cargo de la abogada Natalia Federman, Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una vez que el pedido de hábeas corpus quedó firme y a cargo del juez Salas, el magistrado convocó a todas las partes, entre ellas diversos órganos del Estado: Federman participó en representación de la cartera de Seguridad. "La iniciativa de proponer un Registro Nacional me parece bien, pero una iniciativa de este tipo implica la articulación de muchas instancias judiciales, provinciales, municipales. Habría que ver cómo implementarlo para que sea efectivo, habría que hacerlo de una manera que asegure efectividad", insistió la funcionaria. Ante la consulta de Tiempo, Federman aseguró que el déficit más grave en este tipo de casos pasa por el pésimo registro de los NN. "Tenemos que mejorar la eficiencia de la gestión de información sobre NN en todas las instancias, tanto personas no identificadas vivas como fallecidas", exhortó.
La guía de búsqueda de la procuración
Los 5 años, 8 meses y 17 días que demoró el Estado argentino en informarle a la familia de Luciano Arruga que su hijo había sido enterrado como ‘NN’ en la Chacarita pusieron crudamente al descubierto la irresponsabilidad con la que se gestiona la información de las personas no identificadas. Una excepción a todo este panorama es la Guía Práctica para la Búsqueda de Personas que elaboró la Procuración General de la Nación a través de un equipo de especialistas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Se trata de un protocolo de actuación muy completo, distribuido a todos los fiscales del ministerio público para ser utilizado ante casos de desapariciones. “Creemos que esta guía va a contribuir a la modificación cultural que necesitamos en los fiscales, que deben ser más proactivos”, explicó a Tiempo el fiscal Marcelo Colombo, coordinador de la Protex y principal responsable de la Guía. Consultado sobre la propuesta de sancionar por ley un Registro Nacional de Personas NN, Colombo lo consideró “una muy buena idea”. “Hay que iniciar una búsqueda de paradero de cada una de las provincias, para luego cruzar esa información con los cuerpos enterrados como NN que nadie ha identificado. Me parecería bueno sacar eso por ley”, planteó el fiscal.
Fuente:TiempoArgentino
ROBERTO CIPRIANO, DE LA COMISION PROVINCIAL DE LA MEMORIA
“Indagar qué pasó realmente”
La muerte de Luciano Arruga reveló el control territorial de la Bonaerense y la espectacular incompetencia de las instituciones.
Por Pedro Lipcovich
“Estas cosas se venían denunciando hacía tiempo y el caso las visibilizó.”
“Aun en el caso, todavía no comprobado, de que la muerte de Luciano Arruga haya sido por accidente, las deficiencias en la investigación acusan a la Policía Bonaerense y muestran cómo a la Justicia no le interesa lo que les pase a los pibes de barriadas pobres”: así lo sostuvo Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, al dialogar con este diario en el día después de la presunta aparición del cuerpo del joven desaparecido en 2009. La movilización social suscitada por el caso fue lo que activó la investigación, y “demostró y puso en vidriera que la Policía Bonaerense recluta pibes para robar y libera zonas para que ellos roben: esto no ha dejado de pasar, sigue pasando y es un dato clave, tanto para entender el problema de la inseguridad como para saber cuál es la función de la policía en el control territorial de los barrios periféricos”.
–Si se confirma que Luciano Arruga murió en un accidente vial, ¿esto podría alentar a quienes exculpan a instituciones con antecedentes de violaciones a derechos humanos, como la Policía Bonaerense?
–Primero, todavía hay muchas dudas sobre si fue un accidente: ante todo hay que indagar qué fue lo que efectivamente pasó con la muerte de Luciano. Pero, aun en el caso de que haya sido un accidente, eso no desmiente la responsabilidad de la Policía Bonaerense. Los primeros dos años de la investigación estuvieron a cargo de la Justicia provincial, que a su vez la delegó en la Bonaerense: no se indagó sobre algo tan básico como si estaba internada o si había fallecido en un hospital. Entonces, en cualquier caso hay responsabilidad importante de la fuerza por no haber encontrado a Luciano inmediatamente de ocurrido el hecho.
–Además, la Bonaerense tenía una historia en relación con Arruga...
–Está acreditado, en causas penales, que él había sido víctima de distintos hechos de violación a sus derechos humanos y, concretamente, que había sido torturado en un destacamento policial; es que la policía había intentado reclutarlo para robar y él no había querido. Son innegables los hechos que padeció poco antes de su muerte en relación con la organización delictiva de la Policía Bonaerense: hasta un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, poco antes de renunciar a ese cargo reconoció que la policía reclutaba pibes para robar, como distintas organizaciones veníamos denunciando.
–¿Se puede afirmar que el caso Arruga puso de manifiesto estas situaciones?
–Estas cosas se venían denunciando desde hacía tiempo pero el caso las visibilizó, las puso en vidriera. Y esta es una cuestión clave en el orden de la inseguridad. La policía libera zonas para permitir que los pibes que recluta vayan a robar. Y esto no está resuelto, sigue pasando, no es que a partir del caso de Luciano se modificó. El crimen de la niña Candela Rodríguez también demostró la clara relación de la policía con el delito. La policía sigue ejerciendo violencia sistemática en las barriadas humildes, sigue armando causas, sigue la connivencia con el delito organizado. Todo eso está intocado, nadie se metió todavía con eso.
–El caso de Luciano Arruga dio lugar a una movilización social importante: ¿cómo evalúa esto?
–Es que este caso alude a un problema padecido por un sector importante de la sociedad. Lo que le pasó a Luciano con la policía es lo que pasa en las barriadas populares del conurbano bonaerense y en otras ciudades: ser víctima constante de la violencia institucional. Esto es lo que llevó a que el caso impactara de ese modo. Y hay otros antecedentes: los casos de Andrés Núñez, de Miguel Bru, incluso de Julio López: tienen que ver con desapariciones, torturas; en todos, la Policía Bonaerense aparece implicada.
–¿Qué significación atribuye a las deficiencias que ahora se revelan en la investigación?
–Se trata de un problema estructural del Estado. Se manifestó también en lo que pasó en La Plata con las inundaciones del año pasado: se decía que había habido menos de 50 muertos cuando la causa que después se abrió mostró que eran por lo menos 89. Esa causa descubrió serias deficiencias de los procedimientos en la morgue y de las disposiciones del registro de las personas para enterrar a la gente: desidia, desorganización, malos funcionamientos burocráticos que permiten enterrar a alguien sin saber quién es y que podrían facilitar el ocultamiento intencional de una muerte. A Luciano lo enterraron como NN sin agotar los pasos mínimos de cualquier investigación. Y esto muestra también cómo el padecimiento de los pibes en los barrios pobres no le interesa a la Justicia: ellos son lo que el sistema, incluida la Justicia, desecha. Hay un prejuicio importante contra ellos: se supone que son “pibes chorros”, se cree inmediatamente en cualquier versión policial. Cuando se trata de un pibe de otro sector social, todo el aparato del Estado va a buscar de manera diferente, va a poner otros recursos y otro interés.
–Si no hubiese sido por la movilización social, seguramente no se hubiera conocido nunca el destino de Luciano Arruga...
–Sin duda. De entrada, el juez y la Cámara de Apelaciones habían rechazado el hábeas corpus presentado. Cuando, en julio de este año, la Cámara de Casación aceptó el hábeas corpus y dispuso que se investigara bien, el juez convocó a una audiencia donde se dispusieron medidas que hicieron posible encontrarlo. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Ahí se ve cómo trata el Estado a estos pibes pobres.
Causa penal y hábeas corpus
“La causa penal se sigue tramitando y el hábeas corpus prosigue con el ADN, para identificar el cadáver y demás medidas para dar con más certezas”, destacó Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. En julio pasado, la Cámara, al aceptar el hábeas corpus presentado por la familia de Luciano Arruga con patrocinio del CELS, impulsó la investigación que, anteayer, reveló que el joven –desaparecido en febrero de 2009– falleció en el Hospital Santojanni y fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, luego de haber sido atropellado por un auto en General Paz y Mosconi. Por su parte, la Fiscalía General de La Matanza dio a conocer un comunicado en el que afirma que “en abril de 2009, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación contestó que no se había recibido en la morgue judicial, para su autopsia, cadáver alguno con características similares” a las de Luciano Arruga.
Fuente:Pagina12
18-10-2014
Arruga El derrotero judicial de los familiares de LucianoCaso Arruga: los responsables de una causa mal investigada
Por: Ana Soffietto
Apenas 5 días después de la desaparición de Luciano Arruga, su familia presentó un habeas corpus que fue desestimado. A partir de allí comenzó un entramado de demoras y decisiones polémicas de jueces y fiscales que terminaron entorpeciendo la investigación.
Arruga El derrotero judicial de los familiares de LucianoCaso Arruga: los responsables de una causa mal investigada
Por: Ana Soffietto
Apenas 5 días después de la desaparición de Luciano Arruga, su familia presentó un habeas corpus que fue desestimado. A partir de allí comenzó un entramado de demoras y decisiones polémicas de jueces y fiscales que terminaron entorpeciendo la investigación.
La primera denuncia fue inmediata. Luciano Arruga no aparecía y su familia presentía lo peor. Era 31 de enero de 2009. Cinco días después, presentaron un habeas corpus que fue desestimado al instante por un juez. Entonces empezó el peregrinar por la burocracia judicial, con fiscales y jueces que hoy están imputados por irregularidades mientras la investigación estuvo a su cargo. Nadie podía imaginar en ese entonces que tendrían que pasar cinco años y ocho meses para tener, al menos, una respuesta. Hace poco más de un año que el caso de Luciano Arruga fue aceptado como desaparición forzada y apenas unos meses desde que la justicia admitió el pedido de habeas corpus. “En principio la finalidad se cumplió, que era tener información”, dijo hoy en Radio América el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
La primera detención de Luciano fue ilegal: el 22 de septiembre de 2008, lo encerraron desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde en el destacamento de Lomas del Mirador, que no puede albergar detenidos. Allí fue torturado: Mónica Alegre, a mamá, Vanesa Orieta, la hermana, lo escucharon gritar.
El 31 de enero de 2009 Luciano desapareció y la familia recorrió hospitales y comisarías en su búsqueda. Mónica Alegre se acercó a la comisaría para realizar la denuncia. Se la tomaron luego de mucho insistir. Más tarde, al leer la copia que también tras mucha insistencia logró conseguir, encontró que allí había datos falsos, como que Luciano tenía una causa por robo y que era adicto a la marihuana. Aún más, la denuncia llegó la fiscalía recién cinco días después de la desaparición del joven. Se inició una causa por averiguación de paradero a cargo del juez criminal de La Matanza Gustavo Blanco. Él rechazó el pedido de habeas corpus que hizo la familia.
Cuando finalmente la familia logró que la fiscal del caso Roxana Castelli los recibiera, por única vez, la funcionaria judicial estaba acompañada por uno de los policías que Vanesa Orieta había denunciado ya en tres escritos. Poco antes de que se reunieran, apareció ese día un testimonio que afirmaba que Luciano había estado en el destacamento de Lomas del Mirador y lo habían torturado.
Castelli tuvo 45 días el caso en sus manos: suficientes, dijeron los familiares de Luciano, para estancar la causa.
Mientras que la instrucción estuvo en manos de la fiscal, apareció un pedido de rescate en un almacén del barrio. En esa nota se decía que Luciano estaba en Villa Palito y que si lo querían con vida, la familia tenía que pagar con veinte papeles de cocaína. Apenas un rato después, los abuelos de Luciano recibieron otra vez el mensaje, esta vez por teléfono.
Entonces Castelli pidió que la desligaran del caso: una causa sobre drogas es federal, se excusó. No lo consiguió, pero logró que interviniera la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Justo. Según relató Damián Piraino, integrante de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga y uno de los abogados de la causa, en el libro “Detrás de Luciano”, la DDI levantó a cuanto chico encontró en el barrio de Luciano, el 12 de Octubre, y los obligó a declarar bajo amenaza.
Agotados, los familiares de Luciano se presentaron en la fiscalía general. Luego de escucharlos, la fiscal Ochoa decidió apartar a Roxana Castelli por distraer la causa y delegar la pesquisa en los mismos policías del destacamento policial de Lomas del Mirador que Vanesa Orieta había denunciado como sospechosos.
La investigación quedó en manos de la fiscal Celia Cejas, perteneciente a la UFI 1. Enseguida ordenó el secuestro de los registros policiales del destacamento de Lomas del Mirador y la comisaría 8ª. Allí encontraron palabras tachadas el día de la desaparición de Luciano. También aparecieron borrones los días anteriores.
Cejas tomó declaraciones a los policías del destacamento, la Comisaría 8ª y la comisaría de Don Bosco, y a los presos que estuvieron detenidos la misma noche que Luciano. De los testimonios de los detenidos surgió que Luciano estuvo la noche de su desaparición en la comisaría 8ª.
Además, pericias con perros rastreadores señalaron que Luciano estuvo en el destacamento, en un patrullero y en un terreno cercano, mientras que otras demostraron que dos móviles que tenían que estar patrullando en forma separada, estuvieron juntos y fuera de su circuito aquel día: durante dos horas permanecieron en un descampado conocido como Monte Dorrego. Uno de estos móviles era el que reconocieron los perros.
Aún así, el rastrillaje que ordenó Celia Cejas fue incompleto y tuvo que repetirse dos años después. El día que iba a realizarse una noticia provocó otra demora: un testigo dijo saber dónde estaba Jorge Julio López. El nuevo rastrillaje tendría que esperar diez días más.
Como resultado del avance de la causa, en abril de 2010 los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron apartados del destacamento por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Sin embargo, para julio ya estaban reubicados. Después de idas y vueltas, recién en 2013 volvieron a pasar a disponibilidad a pedido de los familiares.
En tanto, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, exhortaba al Estado argentino a considerar la causa Arruga como desaparición forzada.
Recién en enero de 2013, cuatro años después de la desaparición de Luciano, el juez Blanco accedió al pedido de federalizar la causa y declinó su competencia. La carátula pasó a ser “desaparición forzada” y quedó a cargo del juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Días después fue detenido y exonerado Julio Diego Torales en la causa paralela que investiga las torturas contra Luciano. Para octubre de ese año, un legajo reservado probó que la fiscal Celia Cejas había intervenido los teléfonos de la familia. Cels, APDH La Matanza y la familia de Luciano Arruga pidieron el juicio político a Cejas y Castelli. A pesar de estos avances, nadie sabía aún dónde estaba Luciano Arruga.
Fue por eso que a fines de abril de este año, la familia de Arruga volvió a presentar un habeas corpus, esta vez con el Cels, por desaparición forzada de persona. Aunque hacía más de cinco años que nadie sabía nada del joven, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón dijo que no, que ya había una causa, que para qué. La familia volvió a intentarlo y esta vez fueron por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Morón. Una vez más, la respuesta fue no.
Finalmente, tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal dijeron que sí, que la causa abierta busca responsabilidades penales pero que todavía había que encontrar a Luciano y eso era un urgente.
Y entonces sí, seis años después, el cuerpo de Luciano apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. “La causa penal sigue tramitando para determinar a los culpables”, dijo el juez Borinsky, que pertenece a la sala que lleva adelante el caso.
18-10-2014
Arruga
La clave fue un cotejo de huellas digitales
Paso a paso, cómo identificaron el cuerpo de Luciano Arruga
Arruga
La clave fue un cotejo de huellas digitales
Paso a paso, cómo identificaron el cuerpo de Luciano Arruga
El plan de búsqueda que dio con el cuerpo de Luciano Arruga comenzó a idearse en los Tribunales Federales de Morón el último 23 de septiembre entre el juez, el fiscal federal y funcionarios del gobierno nacional y provincial. La directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación da detalles exclusivos del camino que llevó a terminar con la incertidumbre del paradero del joven.
Luciano Arruga dejó de ser un desaparecido el jueves a la noche, cuando un dactilógrafo de la Policía Científica de la Federal entregó al Juzgado Federal de Morón el cotejo de huellas digitales que había dado positivo. Había cruzado las muestras de un cuerpo enterrado en 2009 como NN después de un accidente de tránsito y las del joven de La Matanza. El viernes a la mañana los operadores judiciales de Morón y Natalia Federman, directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, fueron hasta el Juzgado de Instrucción 16 de la ciudad de Buenos Aires donde tramitó la causa del accidente. Ahí encontraron el expediente completo donde había fotos del cuerpo del supuesto NN. No había dudas: era Luciano y estaba enterrado en una tumba del cementerio de Chacarita. En 48 horas se había desatado, después de 5 años y 8 meses, un nudo de incerteza, encubrimiento policial y desidia judicial.
La única vez que Luciano en sus 16 años registró sus huellas digitales fue después de una tortura. No renovó su DNI a los 8 años ni tramitó una cédula o un pasaporte. Solo tenía su documento de nacimiento sin impresiones dactilares. En septiembre de 2008 los policías del destacamento de Indart 106 lo detuvieron por una causa en la que se investigaba el robo de celulares. Ahí, lo hicieron “tocar el pianito”, como se dice en la jerga policial. Cuando salió, el chico le contó a su familia que Julio Diego Torales le había pegado mientras otros dos policías lo sostenían. Por el caso se abrió un proceso penal por “severidades y vejaciones”. Torales fue exonerado y arrestado.
En esa causa estaban las muestras dactilares del chico que hoy tendría 22 años. Con este documento en su poder el Juez Federal de Morón Juan Pablo Salas, que lleva el expediente por su desaparición forzosa, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que desplegara todos los recursos posibles para cotejar esas huellas con distintos registros de NN. “Desde la dirección de Derechos Humanos pusimos a disposición de la causa el conocimiento que habíamos construido en nuestra búsqueda de desaparecidos”, explicó Federman a Infojus Noticias.
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El equipo de dactilógrafos de la Policía Federal revisó sus archivos generales. No encontraron coincidencia. Usaron el sistema de software AFIS (Automated Fingerprint Identification System) que permite el cotejo masivo de huellas digitales y tampoco hallaron nada. Por último, repasaron los libros matrices de la Policía Científica donde se registra el trabajo cotidiano. Ahí, se dieron cuenta que en febrero de 2009, fecha de la desaparición del joven, habían trabajado en la mesa de cadáveres con tres NN. Uno de ellos podía ser Luciano. El martes el equipo de Federman consiguió una fotocopia de las huellas que le habían tomado a ese cadáver. La causa por el accidente había sido archivada. Las muestras dactilares del cadáver de Luciano estuvieron todo este tiempo en un cajón que alguien abrió el viernes.
“El Sistema dactiloscópico argentino, conocido como Sistema Vucetich, considera identificación entre 12 y 15 puntos. El cuerpo de Luciano tenía 30 puntos de coincidencia. La idea era hacer un barrido. Empezamos por el registro que tiene la Federal pero íbamos a seguir con otras fuerzas de seguridad”, explicó Federman. Y agregó: “Cuando el juzgado obtuvo las huellas nosotros pedimos originales y en 48 horas estaba resuelto el caso”.
“Una medida tan elemental como el cotejo de huellas llevó casi seis años de un terrible derrotero judicial para la familia. Dos investigaciones judiciales desatendieron el caso: la que tenía que buscar a Luciano y la que archivó una causa en la que había un menor de edad fallecido sin hacer ninguna investigación”, dice el documento que difundió ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En más de cinco años todas las hipótesis habían conducido a callejones sin salida. El verdadero plan de búsqueda que dio con el cuerpo comenzó a idearse en los Tribunales Federales de Morón el último 23 de septiembre entre el juez, el fiscal federal y funcionarios del gobierno nacional y provincial.
Ese encuentro fue la puesta en marcha del pedido de la Sala IV de Casación Penal cuando hizo lugar, en julio, al habeas corpus presentado en abril los abogados del CELS. El recurso había sido rechazado dos veces antes de llegar al máximo tribunal penal. Los organismos de derechos humanos como CELS y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, la familia y sus amigos que se organizaron fueron quienes empujaron la búsqueda del chico. Un habeas corpus abrió la puerta para identificar a Luciano. No era la primera vez que se presentaba este recurso por el chico. A días de su desaparición, Mónica Alegre, su madre, y Vanesa Orieta, la hermana habían confeccionado uno. El juez criminal de La Matanza Gustavo Blanco lo rechazó.
El joven que lo atropelló, los médicos del SAME, los del Santojanni, forenses, dactilógrafos, quienes lo enterraron: ninguno pudo ponerle nombre a ese NN. El caso tuvo que pasar por todas las instancias judiciales para que un dactilógrafo de la Policía Científica analizara las huellas.
La dudas sobre el accidente
Según la versión policial, el primer día de febrero de 2009 un auto atropelló a Luciano en la vía rápida de la General Paz, en el cruce con Emilio Castro, frente a una garita de la policía. Iba de provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, pero atravesaba la autopista por un lugar que los peatones no usan para cruzar. El joven de 21 años que lo chocó dio el aviso a la policía.
A las 3.21 de la mañana una ambulancia del SAME llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni. Lo operaron y ya fuera del quirófano, murió a las 8 de la mañana de ese día. Su madre lo fue a buscar a ese mismo hospital. En la recepción le dijeron que había entrado un chico atropellado pero que no sabían nada de su hijo. Ella siguió buscando en otros hospitales, salitas y comisarías.
Las huellas dactilares del cuerpo enterrado como NN habían sido tomadas el 3 de febrero de 2009 en la Morgue Judicial. En ese entonces, los especialistas de la Policía Científica cotejaron las muestras para conocer la identidad del chico pero los resultados fueron negativos. La autopsia que le hicieron en el Hospital Santojanni estimó que el chico encontrado tenía entre 25 y 30 años. El expediente detalla que el cuerpo del joven, entonces NN, presentaba traumatismos en la cabeza, un brazo, el torso y los tobillos, que las lesiones se habían debido al accidente de tránsito y que por ellas había fallecido. “Las fotos demuestran que estaba muy lastimado”, dijo una fuente judicial de la investigación a esta agencia.
Esa causa penal tramitó a cargo de la jueza de instrucción Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez. El conductor que manejaba declaró ante la Justicia, se lo investigo por homicidio culposo pero fue sobreseído durante la investigación. La causa fue a un cajón que se abrió recién ayer.
La sombra del encubrimiento policial no se despejó con la aparición del cuerpo. La familia denunció desde un principio que la bonaerense hostigaba a Luciano porque no quería robar para ellos. Además, la noche de su desaparición al menos dos jóvenes detenidos contaron que lo vieron en el destacamento de Lomas del Mirador. Estaba el piso moribundo. Lo habían golpeado. El registro de entradas de esa dependencia policial fue adulterado: tenía borrones, tachaduras y enmiendas con corrector.
Por la desaparición de Luciano fueron acusados ocho policías que estaban de guardia la noche del 31 de enero de 2009. Los policías fueron desplazados en 2013, aunque nunca llegaron a ser procesados.
Ayer en la conferencia de prensa en el CELS en la que Horacio Verbitsky hizo el anuncio de la identificación se plantearon varios interrogantes que ahora deberá resolver la Justicia.
El primero: ¿Qué hacía Luciano en Emilio Castro y General Paz? También plantea dudas el hecho de que muy cerca de donde ocurrió el accidente hay una garita policial que no actuó esa noche. Además, según contó Verbitsky, el chico no tenía zapatillas al momento del accidente. "No cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Hay que saber la verdad", dijo ayer Vanesa Orieta, la hermana.
El 17 de octubre de 2014 será recordado para la familia y los amigos de Luciano como la fecha en la que pudieron tener una mínima certeza después de casi seis años. El duelo, para ellos, comenzó ayer.
Fuente:Infojus
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