CAUSA AREA PARANÁ: LAS VÍCTIMAS REVELAN EL PLAN SISTEMÁTICO DE LA REPRESIÓN.

Viernes, 31 de octubre de 2014
Las víctimas revelan el plan sistemático de la represión
Los testigos Irigoyen y Paduán declararon en la causa Área Paraná. Dieron datos que confirman el mecanismo de la represión ilegal y la responsabilidad de Jorge Appiani y Hugo Moyano

Ausente. Como ya sucedió en anteriores audiencias, Appiani no asistió al plenario para preservar a las víctimas. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Alfredo Hoffman
ahoffman@uno.com.ar

A esta altura de la etapa de plenario de la causa Área Paraná, que ayer tuvo su 10ª audiencia, la sistematicidad de la represión ilegal en la región ha sido demostrada de forma contundente por los más de 20 testigos que prestaron declaración ante el juez federal Leandro Ríos. Este plan sistemático comprendía la detención sin orden judicial de las víctimas en sus casas, en la vía pública o en lugares de trabajo; su traslado a centros clandestinos de detención, donde eran alojadas en condiciones infrahumanas; aplicación de torturas, apremios, vejaciones, abusos sexuales y amenazas, y sometimiento a parodias de juicios donde se las condenaba por supuestas actividades ilícitas en base a declaraciones autoincriminatorias falsas firmadas bajo tortura. Quienes no sobrevivieron a este plan, integran la lista de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Los nombres que en los testimonios aparecen como responsables son los de los imputados Jorge Humberto Appiani, como encargado de la confeccionar las declaraciones falsas y de intervenir en la aplicación de tormentos; José Anselmo Appelhans, como director de la Unidad Penal 1º, donde eran habituales las torturas y los apremios; Susana Bidinost, directora de la cárcel de mujeres, de donde las detenidas eran sacadas para ser torturadas; el militar Alberto Rivas como miembro del Consejo de Guerra; el médico Hugo Moyano, como controlador de los castigos en función del estado de salud de las víctimas; y Oscar Obaid y Carlos Zapata como integrantes de los grupos de tareas. El octavo imputado, Cosme Demonte, está acusado por la desaparición de Pedro Sobko y Victorio Erbetta y su nombre comenzaría a escucharse en los próximos días.

Otros nombres que aparecen con asiduidad son los de Osvaldo Conde, comisario de la Policía Federal ya fallecido, y el enigmático Ramiro, todavía no identificado pero que, según dos testigos, podría ser el represor Marino González. Conde y Ramiro eran los principales torturadores e interrogadores.

Ayer fue el turno de dos expresos políticos que, ya en democracia, ocuparon cargos en gobiernos provinciales y municipales. Se trata de José Daniel Irigoyen, exintendente de Gualeguaychú y actual funcionario del Ministerio de Planificación, y Néstor Daniel Pinocho Paduán, quien fue director de Transporte de Entre Ríos y subsecretario de Promoción Económica de la Municipalidad de Paraná. Ambos relataron los padecimientos del secuestro y de la tortura, al tiempo que destacaron el valor de la militancia en aquellos agitados años de la historia argentina. Justamente, las víctimas de la represión eran en su gran mayoría militantes políticos, sindicales, estudiantiles o religiosos.




La precisión de Irigoyen


Sin abandonar su serenidad habitual, Irigoyen repasó su periplo con especial detalle en las fechas y los nombres. Relató que fue detenido mucho antes del golpe de Estado, el 28 de noviembre de 1974, cuando se encontraba trabajando en el Iosper, donde tenía actividad gremial. Hombres de la Policía de Entre Ríos lo pusieron a disposición de la Justicia Federal, que rápidamente le dictó falta de mérito.

Pero en lugar de ser puesto en libertad fue trasladado a la delegación Paraná de la Policía Federal. Siguió detenido a pesar de que se dispuso su sobreseimiento definitivo. Estuvo en la Unidad Penal de Gualeguaychú, en la de Coronda y en la UP 1 de la capital entrerriana, donde a fines de 1976 comenzó a instruirse la causa en su contra que sería llevada ante el Consejo de Guerra, una forma de “legalizar” a los presos políticos ante las presiones de organismos internacionales. “Inventaron una causa por el asesinato de (Jorge) Cáceres Monié (diciembre de 1975) y sobre eso se hizo una profusa propaganda en los medios de comunicación; pero yo estaba preso desde mucho antes”, resaltó en su paso por el recinto ubicado en calle 25 de Mayo de Paraná.

Irigoyen contó que se negó todo el tiempo a firmar las declaraciones armadas, lo que le valió varias sesiones de torturas con golpes y picana eléctrica. “El 13 de enero de 1977 el director de la cárcel, Appelhans, nos dio un discurso en el que nos amenazó con represalias si no firmábamos todo lo que nos daban”, dijo. Inmediatamente lo llevaron a la Casa del Director, encapuchado, donde lo sometieron a golpes y diversos métodos de tormentos. Como no firmó, lo trasladaron a un calabozo en otro sector de la cárcel, incomunicado.

De noche lo volvieron a llevar a la Casa del Director, en la caja de una camioneta, con dos capuchas. Lo acostaron sobre una cama metálica, lo ataron y le pasaron corriente eléctrica. Identificó a Conde como quien manejaba la picana. También estaban presentes Appiani y Moyano y más lejos alcanzó a ver a Rivas y al fallecido Carlos Patricio Zapata, presidente del Consejo de Guerra. Cada vez que le levantaban la capucha para obligarlo a firmar, leía un poco el papel que le ponían delante. Como se acusaba a sí mismo y a otros compañeros, no firmó. La escena se repitió otras veces. También lo sometieron a varios simulacros de fusilamiento. Sobre el rol del médico imputado, Irigoyen sostuvo: “Después de cada sesión, Moyano iba a ver si podían seguir torturando. Se sentaba al costado de la parrilla y me auscultaba el corazón”. Appiani, por su parte, colaboraba: lo agarraba para que Conde le pateara los genitales, aseguró.

El domingo 23 de enero, día en que debía ser enjuiciado, lo sacaron del calabozo y lo llevaron a cara descubierta al despacho de Appelhans. Allí, Conde le dio la última oportunidad de firmar, pero tampoco lo hizo. Al día siguiente lo retiraron del aislamiento y lo alojaron con el resto de los presos políticos. En marzo de 1977 fue trasladado a la cárcel de Resistencia donde continuaron los maltratos y los apremios. Allí lo liberaron el 26 de diciembre de 1978, sin documentos y sin dinero. Pesaba 44 kilos. “Es necesario que haya justicia para que nunca más vuelva a ocurrir. Fue porque luchábamos por un mundo mejor”, finalizó.





Paduán involucró a Appiani y a Moyano


Daniel Paduán fue detenido en su casa, en la zona de Churruarín y Grella, en febrero de 1977, cuando tenía 19 años. Acababa de llegar de visitar a sus amigos Fabián y Martín Uranga. Estaban él y su madre solos cuando tocaron la puerta. Al atender le pusieron una pistola en la cabeza y una ametralladora en la panza. “¿Vos sos Pinocho?”, le preguntaron hombres vestidos de civil. Lo encapucharon, lo subieron a un Falcon y lo trasladaron en dirección a la Toma Vieja. A mitad de camino lo pasaron a un camión Unimog, que lo depositó en el sótano de un lugar que luego identificaría como la vieja comisaría de El Brete. Allí fueron las primeras torturas.

El siguiente destino fue una vivienda dentro de los cuarteles, dijo, y luego de una semana lo trasladaron a un calabozo del escuadrón de Comunicaciones donde tomó contacto con otros secuestrados. De los calabozos lo llevaban a esa misma casita en los cuarteles para cada sesión de tortura, donde Ramiro era uno de los que instrumentaba los tormentos.

En esos momentos, Paduán, como otras víctimas, era revisado por un médico que llegaba para controlar su estado de salud. Se supone que se trataba de Moyano, pero él no pudo verlo por la capucha. Sí lo vio tiempo después en la cárcel, donde pretendió mostrarle las lastimaduras que tenía en la espalda, realizadas con una especie de látigo, pero Moyano no quiso ni siquiera verlas.




Appiani, con un papel estratégico


Daniel Paduán también nombró a Appiani como quien armaba las declaraciones y realizaba trámites antes y durante al Consejo de Guerra. Cuando le hizo elegir un pseudodefensor –un militar de apellido Cruz– lo acosó pegándole una cachetada en la cabeza. Y también Appiani estaba presente en las torturas, donde la voz gruesa y ronca de Ramiro, a quien nunca pudo verle la cara, estaba presente permanentemente en los interrogatorios.

La parodia de juicio en su contra fue por un supuesto intento de copamiento del Regimiento de Concordia, en el cual aparecía como principal acusado el detenido-desaparecido Jorge Emilio Papetti. Paduán no conocía a Papetti, ni sabía que en Concordia había un regimiento.

Paduán se emocionó al recodar la lucha de sus familiares y la desesperación que los embargaba cuando no sabían cuál había sido su destino. También recordó especialmente al abogado Eduardo Solari, defensor suyo y de la mayoría de los presos políticos. Y, sobre todo, recordó al colegio La Salle, a las actividades sociales y políticas que allí realizaban. Durante las torturas, los represores buscaban que incriminara al rector de la institución Reinaldo Stang, le preguntaban por armas que supuestamente había en el colegio o por los “entrenamientos guerrilleros” con los que confundían a los campamentos que eran más bien retiros espirituales. Hizo un reconocimiento a la conformación de los centros de estudiantes, la lucha por el medio boleto estudiantil y la Unión de Estudiantes Secundarios, cuyos dirigentes Eduardo Germano, Mario Menéndez y Luis Alberto Fadil –quienes más se movilizaron por el boleto– fueron desaparecidos por la dictadura.
Fuente:DiarioUnoER