DIFUSIÓN.

Buenos Aires, 21 de octubre de 2014

EN EL MARCO DE LA SENTENCIA POR EL JUICIO “LA CACHA”

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN SEÑALIZARÁ

EL EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “LA CACHA” Y EL EX DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA 101 DE LA PLATA

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Red Federal de Sitios de Memoria- señalizará el próximo VIERNES 24 de OCTUBRE el ex centro clandestino de detención “La Cacha” y el ex Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en la ciudad de La Plata, por su funcionamiento durante el terrorismo de Estado.

La primera señalización será a las 11horas en la Ruta provincial Nº 36 y Calle 197, Lisandro Olmos, en el acceso al ex centro clandestino de detención. La segunda tendrá lugar a las 15, en Calle 55 entre 7 y 8, de la ciudad de La Plata, donde funcionó el Destacamento 101.

Organizados por esta Secretaría junto con su par de la provincia de Buenos Aires y la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de La Plata, los actos contarán con la presencia de funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.

Estas marcaciones se organizan en el marco de la sentencia del juicio por los crímenes relacionados con “La Cacha”, que tendrá lugar este mismo viernes 24, a las 18 horas, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, ubicado en Calle 4 entre 51 y 53.

Una vez concluidos los actos de señalización, desde el ex Destacamento 101 partirá una marcha hacia las puertas del tribunal, para acompañar la lectura del veredicto.

El Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y el ex centro clandestino de detención “La Cacha”.

Desde el Destacamento de Inteligencia 101, dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en el partido de La Plata y otras localidades bonaerenses a partir de 1975 y, de manera sistemática, en el marco del plan de terror y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El Destacamento 101 coordinaba las tareas de inteligencia para el secuestro de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Estas tareas incluían la ejecución de los operativos ilegales de detención, el traslado a centros clandestinos, la realización de interrogatorios bajo tortura y la determinación del destino final de las víctimas, que podían ser derivadas a cárceles, asesinadas o desaparecidas.

Según investigaciones judiciales, este Destacamento  también comandó la represión en el ex centro clandestino de detención “La Cacha”, donde sobrevivientes reconocieron a miembros de su personal civil de inteligencia a cargo de los interrogatorios, las guardias y la aplicación de torturas. Según testimonios y fuentes judiciales, “La Cacha” funcionó desde mediados de 1976 hasta fines  de 1978 y se estima que por allí pasaron más de doscientas personas.

Algunos de los crímenes cometidos en “La Cacha” están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata desde diciembre de 2013, juicio que concluye con la sentencia del próximo viernes. La causa tiene 21 imputados, 13 de los cuales eran miembros del Destacamento 101.

La política nacional de señalizaciones

La preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.

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