27-10-2014
Esta mañana en la morgue del Cuerpo Médico Forense
Los peritos buscan determinar cómo murió Luciano Arruga
Esta mañana en la morgue del Cuerpo Médico Forense
Los peritos buscan determinar cómo murió Luciano Arruga
Tras evaluar los restos, los peritos resolveran si se hará una nueva autopsia. En 40 días estarán los resultoados del análisis de los huesos. Participaron especialistas del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en la exhumación del cuerpo realizada el miércoles.
El juez federal de Morón a cargo de la causa, Juan Pablo Salas, es quien ordenó las pericias en el marco de la investigación por desaparición forzada. Busca contar con más información sobre la muerte del chico en el Hospital Santojanni después de que lo atropellara un auto sobre General Paz.
Al adolescente de 16 años el forense José Ángel Patitó ya le había practicado una autopsia el 3 de febrero de 2009 que quedó registrada bajo el número 253/2009. En ese estudio el especialista contó los traumatismos que tenía en la cabeza, un brazo, el torso y los tobillos.
Dijo que había muerto como consecuencia del accidente. Luciano no había podido ser identificado y fue enterrado como NN.
En la exhumación, además de Salas, participaron el fiscal federal de Morón Sebastián
Basso junto a su secretario Santiago Moore; un perito del Cuerpo Médico Forense; expertos del Equipo Argentino de Antropoligía Forense, y los abogados representantes de la querella Juan Manuel Combi (APDH La Matanza) y Maximiliano Medina (CELS).
También se sumó, a pedido de Basso, la reconocida perito Virginia Creimer, integrante de la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Penal (DATIF) de la Procuración General de la Nación. Creimer, especialista en Medicina Legal y en clínica quirúrgica, colaborará en determinar si el cadáver presentaba lesiones previas al accidente de tránsito.
La médica intervino como perito en casos resonantes como el triple crimen de General Rodríguez, en el que estableció la secuencia de los homicidios de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35). También encabezó el equipo que descubrió que el joven Guillermo Garrido (24) había sido asesinado en la comisaría de la localidad rionegrina de El Bolsón, cuando habían querido pasar el hecho por un suicidio. La forense además fue convocada en la causa por las torturas sufridas por Diego González en una seccional de la localidad bonaerense de Olavarría.
Luciano tenía 16 años el 31 de enero de 2009, cuando fue visto por última vez y su familia denunció su desaparición. Después un primer momento su mamá y hermana dijeron que la policía bonaerense estaba detrás de la desaparición de Luciano. Tres meses antes el joven había estado detenido en el destacamento de la localidad de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008, donde su hermana, Vanesa Orieta, escuchó que fue torturado. En principio, la causa por "averiguación de paradero" fue tramitada por las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas. En febrero de 2013 pasó al fuero federal de Morón como “desaparición forzada”.
El 17 de octubre, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y la familia de la víctima informaron que el cuerpo de Luciano estaba en el cementerio de la Chacarita como NN. Según explicaron, el joven fue atropellado a las 3.21 del 31 de enero de 2009 -tres horas después de ser visto por última vez-, en avenida General Paz y Emilio Castro, en el barrio porteño de Mataderos, cerca del destacamento policial investigado. El joven fue llevado por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Santojanni, ya que el conductor dio aviso a la Policía, y entre el horario del accidente y las 8 murió tras ser operado en el centro de salud. En la autopsia realizada por entonces, el médico José Patitó determinó que tenía traumatismos en la cabeza, el brazo izquierdo, el torso y los tobillos y que la causa de su muerte era un accidente.
Si bien la causa está en secreto de sumario, se conoció que el conductor del auto, que ahora tiene 26 años, declaró el martes pasado ante el juez de Morón Juan Pablo Salas y aportó "datos claves" para la investigación. Una de las dudas principales es por qué Luciano cruzaba a esa hora por la vía rápida de la autopista cuando cerca había un puente y si apareció descalzo tras el accidente a raíz del impacto o por otra razón.
27-10-2014
Luciano Arruga
Avanza el proceso
Unificaron el pedido de juicio político a las fiscales y al juez del caso Arruga
Luciano Arruga
Avanza el proceso
Unificaron el pedido de juicio político a las fiscales y al juez del caso Arruga
La decisión se tomó el 20 de octubre pasado, tres días después de la identificación del cuerpo de Luciano Arruga. El joven había sido enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. La denuncia de su desaparición tiene casi seis años.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió acumular las causas contra las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco en un solo expediente. Todos ellos siguen en funciones y están acusados de entorpecer la investigación sobre la desaparición de Luciano Arruga. Existe “conexidad objetiva”, indicó el cuerpo en su resolución del 20 de octubre pasado, en la que unificó los pedidos de juicio político solicitados por la mamá de Arruga, Mónica Alegre, y los abogados Juan Manuel Combi y Paula Litvachky, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La resolución –tomada de oficio a la que accedió Infojus Noticias- llegó tres días después de que el CELS, junto a la madre y la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, informaran que habían logrado identificar el cuerpo del joven de 16 años: estaba enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Su muerte –según la autopsia 253/2009- se había producido después de que lo atropelló un automovilista en la vía rápida en General Paz y Emilio Castro el mismo día de su desaparición.
La familia de Arruga lo buscaba desde el 31 de enero de 2009 y su cuerpo apareció porque junto con sus abogados insistieron en la presentación de un hábeas corpus y eso permitió cruzar los datos tomados en la autopsia con los del destacamento de Lomas del Mirador, donde había sido detenido y torturado tres meses antes de su desaparición. Y donde se sospecha que estuvo antes de ser atropellado. Sin embargo, el accidente –ocurrido a metros de un paso peatonal- sólo explica cómo murió. Aún queda establecer cómo es que llegó hasta allí y qué pasó en las horas previas a su muerte.
“El cruce de información que permitió encontrar el cuerpo del joven se hizo cinco años y ocho meses después de que la familia comenzara a buscarlo. Durante todo este tiempo, sus familiares fueron maltratados y desatendidos por la justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde el momento en que Luciano fue visto por última vez múltiples instituciones del Estado intervinieron. Ninguna de estas instituciones buscó a Luciano ni se ocupó de investigar con seriedad para encontrar una respuesta”, subrayó el CELS cuando se conoció el resultado del cotejo de las huellas dactilares, el 17 de octubre pasado.
Cuando Luciano no volvió a su casa en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, su mamá y su hermana hicieron la denuncia en el destacamento policial de Lomas del Mirador, ubicado sobre la calle Indart. Era el mismo lugar donde trabajaban los policías que hostigaban a Luciano. Néstor Díaz, el policía a cargo de la dependencia, recién dio aviso a la Justicia cinco días después. La UFI 7, a cargo de Castelli, tomó conocimiento de la desaparición de Luciano el 5 de febrero de 2009. Ahí se abrió una causa penal por averiguación de paradero. Esa caratula se mantuvo durante cuatro años.
La familia no esperó los tiempos policiales. El 3 de febrero de 2009 presentó un recurso de habeas corpus ante el Juzgado de Garantías 5 de La Matanza bajo el número de expediente 233. Ese primer pedido, hecho tres días después de la desaparición, fue rechazado.
En los pedidos de juicio político, solicitados en octubre del año pasado, la madre de Arruga y los abogados del CELS aseguraron que la fiscal Castelli delegó “la investigación en la misma policía que la familia señalaba como sospechada” de la desaparición del adolescente. Y puntualizó que Castelli “desobedeció” la Resolución 1390 de la Procuración General bonaerense, que establece que los policías deben ser apartados de las investigaciones en este tipo de casos.
“Es decir, no se trató de un error en su apreciación personal sino de una desobediencia clara a una directiva de la Procuradora de la provincia, con consecuencias irreversibles para la investigación”, indicaron en la presentación y señalaron que la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, decidió apartar a Castelli por desobedecer esa resolución.
Además, la acusación incluye al juez Banco quien aceptó los pedidos de intervención telefónica a los familiares de Arruga que había solicitado la fiscal Cejas, quien tomó la causa cuando Castelli fue apartada. Esa medida –que se mantuvo durante más de un año- comenzó a aplicarse en abril de 2009 sobre los teléfonos celulares de la mamá, la hermana, la abuela y su pareja; y se extendió hasta agosto de 2010.
Tampoco se investigaron otros posibles delitos cometidos por el personal policial: adulteración de los registros de las comisarías y prácticas de hostigamiento y reclutamiento de menores de edad para la comisión de delitos. El equipo especial de investigación dispuesto por la Procuración General de la provincia se diluyó luego de 90 días en los que no se produjeron novedades importantes.
“Incurrió en serias irregularidades que han implicado una grave violación a la privacidad e intimidad de los familiares de una víctima de violencia institucional. Además, quedó demostrado que durante gran parte de la investigación, mantuvo una sospecha sobre los familiares intervenidos respecto de una posible vinculación con la propia desaparición del joven Luciano Arruga”, se precisó en el pedido de juicio político.
Con las acusaciones unificadas, el próximo paso es que se reúna el jurado que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria. A ese encuentro deben ir también los integrantes del cuerpo: los senadores Rubén Oliva y Luciano Martini (Frente para la Victoria); y los diputados Guillermo Britos (Unión Celeste y Blanco), María Elena Torresi (Frente Renovador), Guido Lorenzino Matta (Frente para la Victoria). Además, está integrado por los conjueces Carlos Alvarez, Diana Fiorini, Graciela Mesina, Diego Molea y Luciano Locatelli.
En esa reunión, que se realizará según lo prevé el artículo 27 de la Ley 14.088, los integrantes del jurado deberán decidir –por mayoría de votos- si corresponde avanzar con la instrucción del caso.
Fuente:Infojus
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