16-11-2014
Crimen Ferreyra
Santiago del Estero
Hoy se realizará un festival conmemorativo en el polideportivo de Campo de Mayo
Cristian Ferreyra, el duende que cuida el monte
Crimen Ferreyra
Santiago del Estero
Hoy se realizará un festival conmemorativo en el polideportivo de Campo de Mayo
Cristian Ferreyra, el duende que cuida el monte
A tres años del asesinato del militante del Mocase, en pleno desarrollo del juicio, Infojus Noticias conversó con amigos, familiares y compañeros para reconstruir la vida de este joven de 22 años que luchó y murió por el derecho a la tierra.
Por: Gustavo Ahumada
A la hora de la siesta, el 16 de noviembre de 2011, Cristian “Cacho” Ferreyra estaba en Monte Quemado, en una asamblea del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Se reunían en la casa de su amigo Darío Godoy y fue allí dónde una moto interrumpió la placidez del pueblo. Con una Ithaca en la mano, Javier y Anton Juárez mandaron llamar al joven militante por la tierra. Los dos eran empleados del empresario santafesino Jorge Ciccioli, quien decía que los terrenos que ocupaban eran de su propiedad. Finalmente Cristian salió:
- Dejate de joder con este campo- le dijo uno de los Juárez.
- Qué va a ser tu campo. Vos no tenés nada que hacer en este campo- le respondió Cristian.
Ángela, la esposa de Cristián vio la escena y pegó un grito:
- ¡A Cacho no!
Se escuchó un tiro, después otro, la moto arrancó y se fue. Cristian quedó tirado. Se desangró en plena siesta. Su sangre quedó en la tierra.
***
A los 10 años, Cristian era el más grande de sus hermanos. La cosa no era fácil. Leandro, su padre, hacía un tiempo que no podía trabajar. Le habían amputado un brazo por un tumor. Mirta, su esposa, se hizo cargo del trabajó duro y salió a cortar quebracho al monte.
Cristián la acompañaba y desde entonces no dejó de trabajar. Al trabajo de hacer postes, se le agregó el cuidado de los animales. Mientras crecía, criaba a sus hermanos más chicos, y la escuela la terminaba “a las cansadas” como recuerdan sus compañeros. No era de hablar mucho y si alguien le decía algo enseguida se retiraba. Ni jugar al fútbol sabía.
“Siempre estaba en la casa trabajando. Los sábados y domingos también”, cuenta su cuñado José Cuellar.
Todavía adolescente, Cristian empezó a salir con Ángela y cuando fueron mayores de edad se fueron a vivir juntos. Ella es sobrina de Javier Juárez, el de la moto, quien muchas veces lo increpó. En la zona se cuenta que lo amenazaba y hasta lo golpeaba. “Cacho nunca contaba nada, se enteraban por otro segundo o tercero, en la casa no decía que le habían pegado”, recuerda su familia.
Cristian hacía doce o trece postes por día. Con Ángela se habían empezado a construir un ranchito. En ese tiempo, Cristian comenzó a ver cómo al paraje de San Antonio, donde vivían, iban llegando empresarios y se alambraba la zona. Algunos vecinos sólo atinaban a decir “será de ellos la tierra” y se quedaban en silencio.
Pero Cristian comenzó a dudar. Tiempo atrás, el Mocase había ayudado en la zona con la construcción de aljibes y galpones. Cristian y su cuñado José los conocieron allí. El tiempo pasó y el problema comenzó a ser mayor. Además de los alambrados, se veían desmontes. “No podemos dejar esto así” le decía Cristian a José cuando en la siesta hablaban de lo que veían monte adentro. Ángela ya estaba embarazada y Cristian se decidió a militar.
Comenzó a ir a reuniones para ver qué podían hacer hablando con los abogados del movimiento. Cristian tomó la posta en la zona y recorría en moto los más de 60 kilómetros que separan San Antonio de Monte Quemado para ir a la policía provincial, que nunca le tomaba sus denuncias.
Con el tiempo llegó a integrar la Secretaria de Producción del Mocase.
- Iba llevando la voz de los compañeros. Aunque no hablaba mucho era uno de los pocos que andaba agitando. Iba para adelante- cuenta el militante Cariló Olaiz.
Cristian se las ingeniaba. Era uno de los pocos con celular por aquellos años pero la señal era un problema. Él se trepaba a los quebrachos en busca de conexión para poder comunicar todo lo que pasaba. “Tenemos que seguir haciendo denuncias”, repetía.
Matías, su hijo, nació en 2009. Aunque ya tenía familia propia, Cristian seguía pasando todas las tardes por la casa de Miriam. Se acomodaba en la tierra y apoyaba, como cuando niño, la cabeza en el regazo de su madre. Descansaba, se tranquilizaba y pensaba.
***
Tres años después de su asesinato, también a la hora de la siesta, desde una carpa del Mocase en Monte Quemado, suena un chamamé. Desde allí trasmiten un programa de radio que acompaña el juicio que tiene como acusados al empresario Ciccioli y a su patota. Hoy se realiza un festival en el polideportivo para honrar su memoria bajo el lema
"Ni un muerto más por el derecho a la tierra" Su madre, sus compañeros y su esposa reclaman justicia para Cristian. Los campesinos de la zona dicen que se transformó en un Sacháyoj, un duende que deambula en el monte y protege a los árboles de la voracidad humana.
Fuente:Infojus
07 de Noviembre de 2014
Una crónica del juicio de Monte Quemado
El grito santiagueño
Por primera vez un empresario sojero es acusado como responsable en un crimen cuyo trasfondo es el conflicto por la tierra. Al mismo tiempo, la participación como querellante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) transforma al proceso en un foro público de discusión sobre los agronegocios, sobre la violencia que genera el capitalismo extractivo, sobre la tenencia de la tierra y la producción de alimentos para la población.
El 16 de noviembre de 2011, Francisco Javier Juárez, nacido y criado en el Paraje La Firmeza, fue en su moto Honda Stone negra hasta el rancho de César Darío Godoy, ubicado en el Paraje Campo de Mayo. Juárez era empleado del empresario José Antonio Ciccioli. Y tenía una escopeta. Godoy había invitado a almorzar a su primo Cristian Ferreyra. Ambos formaban parte del Movimiento Campesino. Juárez entró al terreno, les pidió que salieran a conversar, y cumplió las amenazas que venía anunciando hacía varios meses. Los baleó. A sus 23 años, Cristian murió desangrado esa misma tarde, frente a su esposa Ángela Beatriz y su hijo Matías, de dos años. Darío sobrevivió de milagro.
Casi tres años después, el martes 4 de noviembre, la presidenta de la Cámara del Crimen de Primera Nominación, doctora Élida Suárez de Bravo, dio inicio al juicio con la lectura de la requisitoria elaborada por el Ministerio Público. Por decisión del Tribunal se alquiló un salón de fiestas que adaptaron para la ocasión. Los ochenta lugares previstos para el público se colmaron de veedores, periodistas e invitados de la querella. En primera fila se ubicó la enorme Nora Cortiñas. También llegaron respresentantes del CELS y de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Afuera, una multitud de mil campesinos poblada de banderas y surgida del monte esperaba por justicia entre discursos, consignas y chacareras. Era una ampliación del campo de batalla en esta guerra por el m2.
La primera audiencia estuvo íntegramente dedicada a discusiones de tipo procedimental. De un lado, los tres abogados defensores presentaron sendos recursos de nulidad por supuestas incongruencias en la instrucción de la fiscalía, que fueron rechazados por el Tribunal. Por su parte, la querella, conformada por los representantes legales del Mocase, vio limitada su participación durante el proceso: podían presentar y controlar pruebas, pero no estaban autorizados a elaborar alegato ni proponer penas. Un desliz del equipo jurídico campesino durante la etapa de instrucción del proceso determinó esta decisión técnica con lamentables consecuencias políticas.
Enterados de la limitante interpuesta por el Tribunal, el Movimiento Campesino decidió cortar la ruta nacional 16. Los abogados Oscar Rodríguez (miembro de la APDH de La Plata) y Natalia Gramajo deliberaron con los militantes del Mocase cómo reaccionar. No les parecía justo que formalidades corporativas estuvieran por encima del derecho a querellar de los campesinos. El torniquete judicial se estrechaba y los excluía del proceso. Tal vez, un acto de fuerza podría conmoverlos. Así las cosas, se decidió continuar el debate al interior del recinto.
Oscar Rodríguez pidió a los jueces revisar el criterio. En una larga exposición, por momentos airada, enhebró argumentos académicos y jurisprudencias varias. Puso en primer plano el derecho de las víctimas y mencionó la importancia simbólica de su representado Sergio Ferreyra, que también fuera herido aquel 16 de noviembre, por su condición de militante del Mocase. Citó declaraciones, artículos y estatutos de legislaciones internacionales referidas a los derechos humanos que amplían el acceso a la Justicia. Aun así, los jueces resolvieron “no hacer lugar a la petición formulada porque de lo contrario el acusado se vería sorprendido por una acusación desconocida de la cual no pudo defenderse”.
Fue entonces cuando, desde el público presente en la sala, surgió un alarido de protesta. Deolinda Carrizo, más conocida como la Deo, llegada desde Quimilí, dijo: “Su Señoría: ahí aparece el Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero está metido en ese expediente. ¡Queremos tener nuestra voz!”. La presidenta del Tribunal respondió desde su micrófono: “Si me permite, señora, el Movimiento Campesino está representado por sus abogados. ¿Ustedes piden justicia? Dejennos seguir”. Otra vez Oscar Rodríguez pidió la palabra, para insistir con su reclamo. “Les pido a los compañeros del Movimiento Campesino que escuchen en silencio, pero el tribunal debe también escuchar al pueblo y especialmente a su parte más humilde, porque la democracia es disenso y hay que asumir ese conflicto. Señora presidente, yo represento la palabra del Movimiento Campesino en este juicio y exigimos nuestro derecho a alegar”. Aplausos. La jueza pidió silencio. Se enojó. La Justicia privilegiaba guardar sus formas.
Sobre el final de la jornada fueron llamados a declarar los seis imputados por el crimen. Además del asesino Francisco Javier Juárez, se acusa a sus hermanos Walter y Victor Hugo Juárez, y a Mario y Carlos Abregú, como miembros de la banda parapolicial al servicio del empresario José Antonio Ciccioli. Todos se negaron a hablar.
Durante el miércoles 5 y el jueves 6 se escucharon numerosos testimonios que hicieron foco en reconstruir los hechos y sus motivaciones. Emotivos y determinantes fueron los de Mirta Noemí Salto (la madre), Ángela Beatriz Juárez (la viuda) y Sergio Javier Ferreyra (el primo).
Mirta contó que, mientras agonizaba, Cristian le confesó: “Mamita, me han baleado porque le dije que las tierras son nuestras”. Describió con detalles la trama mafiosa articulada en los parajes rurales por el jefe Ciccioli, su capataz Demetrio Palomo (excluido del juicio por problemas de salud) y la banda de los Juárez y los Abregú. Enumeró las amenazas recibidas. Y concluyó con una exigencia: “A mí me han hecho doler. El dolor es mío y lo llevo en las entrañas. Necesito que me hagan justicia. Es gente perversa, que mata por un pedazo de tierra. Y todavía hoy me siguen amenazando”.
La declaración de Ángela Beatriz fue esperada con expectativas. Además de concubina del joven asesinado, Ángela es prima-hermana de los principales acusados. Luego del traumático suceso ella decidió alejarse del Movimiento Campesino, aceptó los consejos y la ayuda del ex gobernador de la provincia Gerardo Zamora y eligió representante legal propio. Sin embargo, su testimonio confirmó los principales elementos presentados por la acusación: que el ataque de Francisco Javier Juárez y su banda había sido anunciado y planificado; que la orden, las armas y el financimiento fueron provistas por el empresario Ciccioli; que el origen del problema no fue ninguna riña entre vecinos sino un conflicto por la tierra. Además dijo que su hijo Matías, todavía hoy, a sus cinco años, recuerda que a su padre “lo mataron como a un perro”.
A su turno, Sergio hizo énfasis en la conflictividad que vienen padeciendo hace varios años en la zona, desde la llegada de los abanderados del agronegocio. Con un tono enérgico y montuno, casi salvaje, que descolocó a los magistrados, mencionó los intentos anteriores de empresarios salteños por desmontar el campo de San Bernardo, lindero a sus territorios.
Explicó lo que significa la resistencia y la organización campesinas. Y especificó con precisión que el arma usada por Javier Juárez era una Itaka recortada corrediza, calibre 12, grande, muy distinta a las escopetas que suelen utilizar los pobladores cuando salen a cazar.
En Monte Quemado, dos ideas distintas de lo que debe ser la justicia se han articulado. El Estado y las comunidades. La ilustración y lo plebeyo. La burocracia y la lucha social. El monte y la ciudad. El recelo es mutuo. También el interés en congeniar. El punto en discusión es la responsabilidad del poder económico. Esto recién comienza y vale la pena prestar atención.
15 de Noviembre de 2014
Crónica del juicio de Monte Quemado
El grito santiagueño II
En el banquillo de los acusados no sólo se sienta, diariamente, el autor material del crimen, Javier Juárez. También el resto de los integrantes de una banda parapolicial que pretendía imponer su prepotencia en la zona para contrarrestar la influencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe). El séptimo imputado, el más importante, es el empresario santafesino Jorge Antonio Ciccioli, sindicado como partícipe secundario del crimen, por haber organizado una fuerza de choque a su servicio con el objetivo de privatizar las tierras campesinas.
Finalizada la sexta audiencia y transcurridos los testimonios más sustanciales, el debate evidenció que no estamos ante un hecho meramente policial. Se trata de un caso testigo, en el marco de conflictos sociales que se expanden, junto a un nuevo tipo de violencia, extractiva y esencialmente anticomunitaria. Entre los cientos de campesinos de diferentes puntos del país que se reúnen frente a la sala judicial para escuchar las declaraciones y acompañar a sus testigos, así como entre los veedores y periodistas llegados de distintas ciudades para difundir las alternativas del pleito, crece una incógnita: ¿será la justicia capaz de asumir la magnitud histórica del litigio o primarán los automatismos de una corporación que suele estar al servicio de los poderosos?
Inteligencia campesina. Cuando el señor Egidio Angel Strapazzón, filósofo con estudios en teología y desarrollo rural, terminó su declaración ante la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, un aplauso general brotó del público. La presidenta del Tribunal Élida Suárez de Bravo, como es lógico, detuvo el impulso: “Por favor, discúlpenme, no es por frustrarles un aplauso que bien merecido se lo puede tener el licenciado. Pero quiero que nos ubiquemos. Les pido por favor”.
Pero durante los 45 minutos casi sin interrupciones que duró la alocución de Strapazzón, se tornó palpable el sentido profundo de lo que está en juego. “Yo creo que lo que nos pasó es que de repente el campesinado recuperó su autoestima, o recuperó por fin su lugar y su rol en el mundo. Y en gran parte, en la Argentina, eso fue obra del campesinado santiagueño, porque el MoCaSe fue quien despertó de nuevo la necesidad de organizarse, allá por los años ’90. Cuidemos eso, que es un jardín, porque somos, con Misiones y Jujuy, el campesinado más grande del país. Y quizás no tengamos la escala de producción del empresario, pero tenemos calidad de cultura y de productos alimentarios. Si hubiera una decisión colectiva de apoyarnos, nosotros podríamos producir alimentos sanos y baratos para nuestras comunas y mercados”.
Se trata, según el testimoniante, de reconocer que la inteligencia campesina es cada vez más valiosa y necesaria. Para construir un modelo que incluya este saber es preciso un diálogo con el Estado, con los empresarios, con la sociedad civil y con el mundo. Pero esa conversación debe incluir un reconocimiento ético de los sujetos que hasta muy poco eran considerados inferiores o atrasados. Por eso el MoCaSe puso tanta importancia en este juicio. Por eso también centró sus esfuerzos en la construcción de una Universidad Campesina en la localidad de Ojo de Agura, con reconocimiento del Ministerio de Eduación. Y participa activamente en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), en la Vía Campesina, y en las asambleas de la FAO que se celebran tres veces al año.
Strapazzón se refirió a un reciente encuentro que tuvieron con el Papa Francisco, quien mostró su preocupación por las consecuencias de una muerte como la de Cristian. “Porque aquí no se está juzgando un hecho aislado, aquí se está poniendo en discusión también el tema del hambre. Es decir, estamos debatiendo cómo se producen los alimentos y la cuestión de la soberanía alimentaria”.
El lenguaje de lo común. El mismo miércoles 12 de noviembre declaró en la causa Cariló Olais, de 37 años, ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, quien vive en la ciudad de Quimilí desde 2003. Conoció a Cristian Ferreyra y su familia cuando en 2007 construyeron varios aljibes en la comunidad de San Antonio, como parte del desarrollo de proyectos productivos impulsados por el MoCaSe. Olais resumió la historia reciente de los conflictos por la tierra en la región. Con la ayuda de imágenes satelitales (que la jueza no aceptó como evidencia), mostró cómo se incrementaron los alambrados y desmontes durante los últimos años. El propio testigo denunció esta situación irregular en reiteradas ocasiones ante la Dirección General de Bosques y Fauna. Sin embargo, los desmontes sólo fueron suspendidos luego del asesinato de Cristian Ferreyra. “El Estado tuvo que esperar a que muera alguien para tomar una medida”, dijo el ingeniero agrónomo.
Terminada la exposición, sobrevino un debate clave a partir de las preguntas propuestas por los abogados defensores. Dos lenguajes distintos e inconmensurables, el de la propiedad privada y el de la posesión comunitaria, subieron a escena.
–Quería preguntarle si usted, como una persona que sabe y como técnico, tiene registrado satelitalmente, o como sea, que el campo de San Bernardo (reclamado en propiedad por el empresario Ciccioli) y el de Campo de Mayo (donde sucedió el asesinato) son propiedades distintas.
–Yo hablo de parajes, que no es lo mismo que hablar de propiedades. Una propiedad consiste en un título de dominio, y requiere una posesión efectiva. Cuando uno habla de paraje se refiere a un territorio que no tiene un título de dominio, todavía, pero existen otras herramientas legales: concretamente, el relevamiento como comunidad indígena determina la posesión actual y pública de esas tierras. Un paraje es un caserío, donde hay viviendas, y también “a la vuelta”, es decir alrededor, un territorio para el pastoreo de animales, un monte donde extraer madera. A partir del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en la Constitución se reconocen también otros usos como pueden ser la contemplación, la caza, etc. ¿Y cuál es el límite entre un paraje y otro? Hay dos tipos de límites. Uno es el que prescribe la propiedad privada, el de los alambrados. Pero no hay un límite para el uso comunitario. Por ejemplo, los animales que están en Campo de Mayo llegan pastoreando hasta San Bernardo o hasta San Antonio, y a la inversa. Y no se confunden los animales porque cada uno regresa a su propia aguada.
El abogado de la defensa interrumpe, y repregunta:
–Discúlpeme Presidenta, derecho real lo rendí hace 32 años. Concretamente lo que yo le pregunto a usted ingeniero, en relación a su profesión, es si San Bernardo y Campo de Mayo son dos propiedades distintas. Dejemos de lado ahora las comunidades.
–Discúlpeme pero yo estudié seis años, y también trabajé mucho tiempo, y le puedo asegurar que está mal hablar en este caso de propiedades. Es un concepto equivocado, porque no son propiedades sino lotes de catastro que pueden tener propietario nominal o no, pero no son de ninguna manera propiedades. El relevamiento de comunidades indígenas hecho en toda la Provincia determina territorios muy amplios que incluyen lotes con propietarios nominales en su interior. Entonces, no se puede hablar de propiedades.
El dolor y la fiesta. Al costado de las deliberaciones judiciales hay otro tiempo, paralelo y plebeyo, donde la justicia se conjuga según modalidades más sensibles y solidarias. A tres años del asesinato de Cristian, el MoCaSe organiza un Festival por la Tierra en el Polideportivo de Monte Quemado, con la presencia de Rally Barrionuevo y numerosos artistas. Pocos días después, el sábado 22 de noviembre, la actividad se muda a Buenos Aires (porque no es cierto que se trate de un asunto puramente rural), para celebrar una Peña Santiagueña y Campesina, con los cantautores Liliana Herrero y Peteco Carabajal, entre otros.
Los conflictos por la tierra se multiplican y el momento de los alegatos y las sentencias se aproximan. El Movimiento Campesino sabe que el resultado de este juicio no será menor. Está en juego la capacidad de las instituciones para acoger y darle relevancia a las importantes tensiones sociales y económicas que hoy marcan el pulso de la democratización.
Fuente:MiradasalSur
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