Por Verónica Lugo @bretanicsgirl
Durante la posguerra las tenciones geopolíticas y el choque ideológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos llevaron al país del norte, del continente americano, a instaurar en todos los países vecinos una forma de gobierno que garantizará el “orden” y la “paz” de este lado del hemisferio. De este modo y con la finalidad de combatir aquellas ideologías, Estados Unidos respaldó los golpes de estado perpetrados en Latinoamérica.Así lo aseguró el teórico estadounidense Noam Chomsky.
Y continúa. La administración bajo la tutela de J.F. Kennedy cimentó el camino a la reorientación de la política exterior. Es con él (con Kennedy) que se ejecuta la invasión a Bahía de Cochinos, donde el gobierno norteamericano no salió muy bien librado, y es también, con él, que se da inicio a la persecución y hostigamiento de Jango Goulart para, posteriormente, moldear un golpe de estado en Brasil.
La sangrienta dictadura de Pinochet instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973 con la muerte de Salvador Allende fue la advertencia previa del departamento de Estado norteamericano para el gobierno de Isabel Perón. A mediados de los años setenta todos los países de Suramérica eran gobernados por dictaduras militares, todos, excepto Argentina que era el único país que se mantenía bajo un régimen democrático.
El 24 de marzo de 1976 una junta militar integrada por general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Messera y el brigadier Ramón Agosti, asumió el poder en Argentina tras derrocar a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Las juntas militares y el golpe de Estado no solamente se efectuaron por la intromisión de los Estados Unidos sino también por la adhesión implícita de las altas esferas del sector económico de Argentina representada por religiosos, conservadores y algunos medios de comunicación que buscaban eliminar toda forma de participación popular. (Continúa la argumentación de míster Chomsky).
Una vez en el poder, los militares suspendieron todo tipo de actividad política, parlamentaria y gremial e idearon un "monstruoso" esquema represivo contra los ciudadanos bajo el pretexto de mantener y hacer prevalecer el orden, dentro del cual, se prohibieron las huelgas en el país; se invalidaron los derechos de los trabajadores y se vedaron todo tipo de reuniones intelectuales, al grado de llevar a cabo una quemazón colosal de libros y revistas considerados peligrosos por el nuevo estado militar.
Es mediante esta paradoja de legalidad dentro de la ilegalidad, que el orden militar quebrantó los derechos humanos de los argentinos e incurrió en crímenes de todo tipo tales como la censura a periodistas; la persecución de militantes políticos; la detención arbitraria de líderes sindicales; la tortura y la desaparición forzada de intelectuales, artistas y líderes estudiantiles y la substracción de menores.
A pesar de la represión que padecían los argentinos los reclamos para el gobierno opresor no se hicieron esperar. Las demandas de las madres de los desaparecidos fueron las primeras en pronunciarse. Esto generó que asociaciones civiles de todo el mundo voltearan a ver la situación por la que atravesaba en Argentina.
Es hasta el fracaso en las Islas Malvinas que se da la caída de la dictadura de Argentina. Poco después de perder la Guerra de las Malvinas, Reinaldo Bignone asume la presidencia de Argentina e intenta una última jugada a favor de los militares.
Bignone destruyó todos los archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas y dictó una la ley que establecía la amnistía para todos los militares que participaron en la represión de Argentina.
Caído el régimen dictatorial hubo mucho que resolver en materia de derechos humanos. La sociedad argentina exigió la aplicación de la justicia para todos aquellos militares que habían violado la ley y cometido crímenes de lesa humanidad. El juicio a las Juntas Militares comenzó en Argentina el 22 de abril de 1985. Sus integrantes fueron acusados, pero no todos fueron sentenciados.
El juicio se estableció con los datos proporcionados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), en 1986, donde fueron condenados a cadena perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera; Roberto Eduardo Viola fue sentenciado a 17 años; el almirante Armando Ambruschini a 8 años; el brigadier Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses; Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
Años más tarde, el 29 de diciembre de 1990, los represores militares que habían sido condenados, se vieron beneficiados por la indulgencia que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina volvió a sentar en el banquillo a los acusados y dictamino nuevas sentencias. En la sala de audiencias se les tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de testimonios que exhibieron ante el mundo la escalofriante etapa de la dictadura.
Hoy a casi treinta años de haber iniciado el juicio contra las Juntas Militares, Argentina es el único país de Latinoamérica que ha sometido a juicio a todos sus dictadores y represores.
No obstante muchos de los actores intelectuales que llevaron a cabo los procesos de reorganización geopolítica de la llamada doctrina de seguridad nacional han muerto sin haber recibido, a consideración propia, un castigo justo y a pesar de haber razones legales sólidas de sobra para enjuiciar a ex altos mandos del gobierno norteamericano, cuyos actos demuestran que estuvieron involucrados en esta etapa oscura que envuelve a América Latina, han sido absueltos por la propia ley que no suele estar del lado de la justicia, ni de la supuesta soberanía que ejerce todo países independiente, sino del poder.
Fuente:AgenciaN22
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