Comienzan los alegatos en el proceso por nueve casos de apropiaciones de bebés
El juicio por la maternidad clandestina
La etapa de alegatos será inaugurada por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.
Por Ailín Bullentini
Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.
Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.
Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.
Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.
Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.
Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.
Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.
La etapa de alegatos será inaugurada por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.
Por Ailín Bullentini
Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.
Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.
Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.
Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.
Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.
Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.
Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.
lunes, 10 de noviembre de 2014
Planificadores de apropiaciones
Planificadores de apropiaciones
Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.
Por Ailín Bullentini
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.
La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.
Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.
Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.
Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.
La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.
Por Ailín Bullentini
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.
La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.
Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.
Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.
Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.
La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea benítes-Dumont
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